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Almeyda asegura partidos no actúan sin recursos; dice democracia no es gratis

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Al referirse a la iniciativa del presidente de la República, Luis Abinader de recortar el 50% de los fondos destinados a los partidos políticos, el dirigente de la Fuerza del Pueblo, aseguró este martes que si esas organizaciones no tienen recursos no pueden actuar, afirmando que la democracia no es gratis, sino que le cuesta al Estado y a la sociedad.

Franklin Almeyda, indicó que una cosa es el control de los fondos y otra muy diferente la necesidad de esos fondos para que el sistema democrático tenga funcionalidad.

“Es un tema que nos preocupa mucho a nosotros porque las organizaciones políticas logran aporte de sus miembros y militantes, pero el Estado para garantizar el ejercicio democrático en el país tiene que lograr que los partidos políticos tengan recursos, de los cuales se conozcan el origen y si hay desvíos de esos recursos que tengan sanciones”, dijo el ex funcionario.

Sostuvo además que la crisis que enfrenta el país actualmente se arreciará en el año 2021, principalmente en el sector económico.

“Hay una cosa más grave que la crisis económica y es la crisis de desempleo y el año que viene será más trágico todavía y se sentirá en el estómago y el bolsillo».

Sobre el rol de oposición de la FP

Al cuestionarlo sobre la oposición de “seda” realizada al partido de Gobierno en comparación con la que está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que no existe fuerza de similitud entre las dos organizaciones.

«No nos compare con el PLD, cuando el PLD tiene un cuarto lleno de expedientes. Ellos están actuando a la defensiva», dijo

Destacó que lo importante para los funcionarios del partido morado era hacerse ricos, razón por la cual decidió salir de ese partido.

«Nosotros echamos un pleito por más de 10 años en esa organización tratando de salvar el propósito inicial del partido», resaltó.

Sobre la escogencia de los miembros y titulares de la Junta Central Electoral (JCE) manifestó que la independencia no  garantiza eficiencia, es por esto que dice que el órgano necesita una persona idónea.

«El nivel profesional en la gente y la idoneidad es lo que cuenta», concluyó.

elcaribe.com.do

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Si hay duda JCE pagaría prueba de paternidad.

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Santo Domingo, RD.-La Junta Central Electoral es facultada por la ley 4-23, sobre los actos del estado civil  a requerir a un juez la autorización de una prueba científica, cuando la declaración de nacimiento sea realizada por el presunto padre y el oficial civil tenga dudas sobre la paternidad.

Según la nueva legislación, esa prueba científica será pagada con el presupuesto de la JCE.

“Si la declaración de nacimiento del niño o niña es realizada por el padre y el oficial del Estado Civil tuviese alguna duda sobre la paternidad, solicitará a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, a los fines de que promueva ante el juez de paz del municipio correspondiente, la autorización de la prueba científica que permita establecer la paternidad, cuyo costo estará a cargo del presupuesto de la Junta Central Electoral (JCE)”, establece el artículo 73, en el párrafo III.

La norma legal también dispone, en el párrafo II del artículo 73, que “si el oficial civil tuviese alguna duda sobre la existencia del niño o la niña cuyo nacimiento se declara, podrá exigir su presentación inmediata.”

Mientras, en el párrafo I de ese mismo artículo, la norma legal señala si en las solicitudes de inscripción de nacimiento fuera de la jurisdicción donde ocurrió, existieran desavenencia entre los padres, será asentado en la oficialía de la demarcación donde se produjo el nacimiento.

La ley 4-23 obliga a registrar el nacimiento, además de los progenitores, al Ministerio de Salud, a los centros médicos, al personal de salud que haya intervenido en el parto cuando ocurriera fuera de un establecimiento médico, al pariente más cercano, o, en su defecto, cualquier persona mayor de edad que haya estado presente en el lugar del parto.

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Postergan para la próxima semana juicio de Operación 13.

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El juicio contra los imputados en el fraude de mas de 500 millones de pesos en un sorteo de la Lotería Nacional en el mes de mayo del 2021, fue aplazado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para el 13 de este mes de febrero.

La audiencia de este lunes, la tercera virtual consecutiva por razones de salud de una de las juezas, se realizó solo para recesar, según el abogado Plutarco Jáquez porque, según explicó, la ley estipula que luego de leerse la acusación, el juicio no debe detenerse por más de diez días porque se cae y hay que empezar de cero.

Solo a diez de los once imputados en el fraude se les conoce el juicio de fondo porque uno está prófugo.

Las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conocen el expediente presentado por el Ministerio Público, que ha nombrado el caso como Operación 13 por ser el bolo del fraude.

Jáquez es el abogado de Valentina Rosario Cruz, Rafael Mesa, Jonathan Brea y Carlos Berigüete.

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Proyecto Bachilleres Bilingües ya no va, dice el Inafocam

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Por no iniciarse en el tiempo previsto y por no estar contemplado en el Plan Operativo Anual del 2022,  fue suspendido el proyecto de capacitación de bachilleres bilingües productivos, según lo informó el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam).

De acuerdo con la entidad, para adjudicar el proyecto a Valdez Professional Training, SRL (PTS) fue necesaria una modificación presupuestaria que implicó el «desvío de RD$598 millones, equivalentes al 94 por ciento de los fondos del instituto», previamente destinados para la capacitación de los docentes a través de diplomados, talleres, seminarios y cursos en las diferentes áreas y líneas pedagógicas.

El Inafocam alegó que la gestión que encabeza Francisco Ramírez encontró varias irregularidades, entre ellas la discrepancia entre el tiempo establecido para los resultados del personal a ser impactado por la alegada capacitación y que, según PTS, en solo tres meses los participantes tendrían dominio del idioma, lo que es pedagógicamente improbable.

“La investigación comprobó que la contratación fue sometida mediante proceso de excepción como proveedor único marcado con la ficha Inafocam-PEPU-2022-0002, de fecha 21 de septiembre del 2022 en violación al artículo 3, numeral 6, del Reglamento 543-12 de la Ley 360-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, establece una nota de prensa del instituto.

Precisa que en la revisión y validación de la contratación se evidenció que, en reiterados momentos, tanto la Dirección General de Compras y Contrataciones como la Contraloría General de la República, realizaron observaciones al proceso que no fueron asumidas, y que la rescisión estuvo amparada en que dicho contrato tampoco cumple con el requisito de estar registrado ante la Contraloría General de la República.

La entidad dijo que la formación bilingüe sigue siendo una prioridad para la actual administración, poniendo como ejemplo que actualmente la empresa PTS cuenta con varios proyectos en ejecución y que solamente en diciembre pasado le fueron pagados a su propietario Juan Valdez, la suma de 17,534,050 millones de pesos por diplomados y seminarios impartidos.

Garantizó que la enseñanza del idioma inglés se realizará, pero siempre de acuerdo con el cumplimiento a las leyes, normas, ordenanzas y protocolos de transparencia y calidad.

En los tribunales

La Contraloría General de la República y las Direcciones de Presupuesto y Contrataciones Públicas cuestionaron el proceso de selección utilizado en un contrato entre el Inafocam y Valdez Professional Training Systems (PTS). El acuerdo está en los tribunales.

Juan Valdez, gerente de PTS, dijo al programa El Informe con Alicia Ortega que haría valer en los tribunales los derechos que tiene sobre el contrato firmado con el Inafocam y ya sometió ante el Tribunal Superior Administrativo al contralor de la República.

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