Comunidad en el exterior
Dominicana 86 años y su hijo de 65 mueren en incendio en Nueva York
NUEVA YORK.- La dominicana María Castro, de 86 años, y su hijo José, de 65, murieron en un incendio que consumió el apartamento donde residían en el vecindario Flatbush, de Brooklyn.
El fuego se desató alrededor de las 6:15 de la mañana en un edificio de la avenida Nostrand, cerca de Cortelyou Road, y fue controlado a las 7:38.
Los Bomberos y la Policía investigan las causas del fuego.
Residentes del edificio aseguraron haber escuchado una fuerte discusión en español minutos antes de que iniciara el incendio.
Edwin Savaille, vecino del edificio contiguo, relató al New York Post que lo despertó una pelea alrededor de las 5:45 de la mañana. “Era en español, así que no entendí lo que decían, pero las voces eran muy fuertes. Definitivamente estaban discutiendo”, dijo.
Explicó que volvió a acostarse, pero media hora después lo despertaron gritos alertando del incendio. “Miré por la ventana y vi enormes llamas. Inmediatamente saqué a mi familia, a mis mascotas y a todos los que estaban en casa”, declaró.
DOS MUJERES HERIDAS
Además de las dos víctimas mortales, otras dos mujeres, de 82 y 40 años, resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas al Hospital Universitario Downstate.
Vecinos describieron a María como una excosturera que llevaba cerca de 20 años postrada en cama por problemas de salud. José, su hijo, se dedicó a cuidarla a tiempo completo durante ese período.
Jonathan Ortiz, empleado de una tienda cercana, recordó que José acudía a diario a comprar alimentos. “Venía todos los días a buscar sopas y comida que ella pudiera comer. Él la cuidaba constantemente”, afirmó.
“Todo el vecindario los quería. La gente está devastada y muy triste por lo ocurrido”, añadió.
jt-am
Comunidad en el exterior
Darializa Chevalier se impone frente a Adriano Espallait en contienda por la nominación del Partido Demócrata.
Adriano Espaillat ya no será el candidato del Partido Democrata por el distrito congresional 13 de Nueva York, ya que aparentemente ha perdido la batalla electoral dentro de su organización frente a Darializa Avila Chevalier.
Espaillat, quien obtuvo alrededor de 29,000 votos perdió su nominación de la mano de Darializa Ávila Chevalier, quien también es de origen dominicano, y recibió más de 31,500 sufragios a su favor; con el 85.9% de los votos escrutados, ya Darializa es colocada como la ganadora de la contienda electoral.
Espaillat ocupa un puesto en el Congreso de los Estados Unidos desde el 2016, y se encuentra cursando su tercer periodo consecutivo en la Cámara de Representantes. Actualmente es el líder del caucus hispano de la cámara legislativa estadounidense.
De acuerdo a varios reportajes del LISTÍN DIARIO, cuando se desempeñó en la Asamblea Estatal, Espaillat aprobó legislación relacionada con la vivienda asequible. En el Senado estatal, apoyó un acuerdo para mantener la regulación de la renta de un millón de apartamentos.
Con su derrota en las primarias del Partido Demócrata, el 2028 marcará el último año de Espaillat como representante del sector de Nueva York que comprende el Alto Manhattan y partes del oeste del Bronx.
Por Jhonny Trinidad
El consulado de la República Dominicana en Nueva York recauda millones al año. Pasaportes: US$125. Poderes: US$35. Actas, certificaciones, legalizaciones… Cada trámite es dinero. Mucho dinero.
Entonces la pregunta duele: ¿Por qué esos recursos no se quedan en la comunidad donde se generan? ¿Por qué el dinero del consulado se va para Santo Domingo?
Legalmente, el consulado es una oficina del Estado dominicano en el exterior. Todo lo que recauda va al Tesoro Nacional. Cuenta única del Ministerio de Hacienda.
No existe ley que obligue a devolver un peso a la comunidad que pagó. El presupuesto del consulado lo decide Santo Domingo, no Washington Heights ni El Bronx. Por eso el dinero que tú pagas por tu pasaporte no mejora la calidad de vida los dominicanos en el exterior. Paga nóminas, botellas y viajes oficiales allá.
LA DIASPORA VOTA, PERO NO DECIDE
Ponemos 10 mil millones en remesas al año. Sostenemos la economía dominicana. Pero no tenemos presupuesto participativo. No decidimos en qué se invierte lo que recaudamos.
El cónsul no responde ante la comunidad. Responde ante el Canciller y el Presidente. Su meta es cumplir cuota de recaudación y lealtad política, no impacto social en el barrio. Por eso inaugura eventos, pero no financia un comedor, una clínica móvil, ni una beca para los hijos de taxistas.
NO FALTA DINERO, SINO VOLUNTAD POLICITA
Otros países lo hacen. México tiene el Programa 3×1: por cada dólar que invierte el club de migrantes, el gobierno pone 3 para obras en su pueblo. España y Ecuador tienen fondos consulares para proyectos locales.
Aquí no. Aquí el modelo es: “recauda aquí, gasta allá”. Y cuando la comunidad pide un centro cultural, una ayuda para repatriación o apoyo legal masivo, la respuesta es: “no hay presupuesto”.
LA SOLUCION ES CLARA: AUTONOMIA PRESUPUESTARIA
Merecemos que un % de lo que recauda cada consulado se quede en su demarcación. 20%, 30%. Que la comunidad, a través de sus iglesias y organizaciones, decida si ese dinero va a salud, educación, asistencia legal o ayuda a deportados.
Basta de tratar a Nueva York como cajero automático. Si los dominicanos ponemos el dinero aquí, los beneficios también deben verse aquí.
BOSTON.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a seis ciudadanos dominicanos de un fraude a programas de asistencia social en Massachusetts, valorado en más de 1.4 millones de dólares.
Santo Escolástico Cuello, Mario Báez Romero, Richard Odelis Villegas Núñez, Miguel Díaz Matos, Santo Tejada Sánchez y Yahaira Díaz Gómez habrían ejecutado un entramado delictivo que afectó programas clave como cupones de alimentos, seguro médico estatal, Seguro Social y subsidios de desempleo.
De acuerdo con las autoridades, los ahora imputados habrían actuado junto a cuatro ciudadanos estadounidenses y tres inmigrantes en condición irregular para desviar fondos públicos destinados a personas de bajos ingresos.
El fraude es investigado como delito grave. De ser hallados culpables, los acusados enfrentan penas de prisión, multas y restitución de los fondos, además de consecuencias migratorias para los no ciudadanos.