Economía
Alquiler vivienda se traga en SD el 88 % del salario
Santo Domingo se enfrenta a un creciente desafío: el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más complicado debido al drástico aumento de los precios en comparación con los salarios promedio.
La situación es tal que los ciudadanos se ven obligados a destinar un 88 % de sus ingresos mensuales para poder pagar el alquiler.
“Todos tenemos un sueldo pírrico, no te da ni siquiera para hacer la compra de una semana… Ya una casa no cuesta menos de 7 mil u 8 mil pesos el alquiler,” lamenta un residente de la ciudad.
El artículo 59 de la Constitución de la República Dominicana reconoce el derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales.
A pesar de esta disposición legal, el país sigue lidiando con un déficit habitacional alto. Según el Ministerio de Industria y Comercio, en 2017 se estimaba en 830 mil unidades, pero un estudio Oxfam, de 2020, elevó ese número a más de 2 millones de viviendas en déficit.
En el ámbito de los bienes raíces, Santo Domingo se ha convertido en la séptima ciudad más inasequible a nivel mundial, y es la primera en América Latina. Un análisis de la plataforma Online Mortgage Advisor revela que el costo del alquiler en la ciudad ha aumentado considerablemente entre 2018 y 2022.
El periodista Jairon Severino, experto en finanzas, en conversación con “Reporte Especial con Julissa Céspedes”, por CDN37, indica que este incremento de precios no es exclusivo de la construcción, debido a que el mundo en general enfrenta un aumento en los costos que inevitablemente se refleja en los precios finales de diversos productos y servicios.
Mélido Marte, director regional de Remax-RD, destaca que la pandemia cambió los patrones de gasto de las personas, redirigió parte de sus recursos hacia el sector inmobiliario, especialmente propiedades secundarias, lo que aumentó la demanda y, en consecuencia, los precios.
Los costos en el mercado de bienes raíces, sean en venta o alquiler, se rigen por las leyes de oferta y demanda. En Santo Domingo, la alta demanda de alquileres en el centro de la ciudad, particularmente por parte de extranjeros y estudiantes, ha contribuido al alza de precios.
Para comprender la magnitud de la situación, se hizo una comparación entre el salario neto mensual promedio en la ciudad y el costo medio de alquiler de un apartamento de una habitación en el centro urbano entre 2018 y 2022. Los resultados son alarmantes, porque el alquiler aumentó significativamente, mientras que los salarios apenas se mantuvieron.
La disparidad entre zonas urbanas y rurales en términos de tenencia de viviendas es evidente. En la zona rural, el 68.2% de las viviendas es de propiedad absoluta, mientras que en la zona urbana, este indicador disminuye a un 47.7%.
Una modificación
El Ministerio de Vivienda ha propuesto modificar la Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios como una opción para regular el aumento de los alquileres. Según la propuesta, los propietarios podrían aumentar las rentas en caso de mejoras en las viviendas, pero con un límite del 20% del alquiler actual. Esto podría generar preocupaciones sobre precios iniciales más altos por parte de los propietarios.
Sin embargo, queda la pregunta de si los costos de vivienda y alquiler continuarán aumentando en el futuro o si habrá alguna disminución en los precios. Esto es especialmente relevante para la mayoría de las familias de clase media que luchan por encontrar viviendas asequibles en el polígono central de Santo Domingo.
El panorama de la vivienda en Santo Domingo es complejo y plantea interrogantes sobre el futuro del mercado inmobiliario y el acceso a viviendas asequibles en la ciudad. A medida que los precios de vivienda continúan su ascenso, se vuelve crucial explorar más a fondo las razones detrás de este fenómeno y las perspectivas a futuro.
Guillermo Caram, exgobernador del Banco Central de República Dominicana, señala que el poder adquisitivo de los salarios en el país es insuficiente debido al alto costo de los alimentos, servicios y bienes en general.
Esto deja a las familias dominicanas con presupuestos ajustados y dificultades para afrontar los costos crecientes de la vivienda. Es notable que el alquiler es más común en la clase media, especialmente en los grupos socioeconómicos de nivel medio-bajo y en el nivel medio y medio-alto. Estos grupos representan aproximadamente el 44.1% y el 44.7% de los inquilinos, respectivamente.
Mélido Marte enfatiza que el insumo principal en bienes raíces es la tierra. Antes de la pandemia, el costo por metro cuadrado de terreno en el Polígono Central era de alrededor de mil dólares.
Actualmente, ese mismo metro cuadrado ronda los 3,000 dólares, lo que inevitablemente se refleja en los precios de las viviendas construidas en esta área del territorio nacional.
Más de la mitad de las ocupadas son alquiladas
Los alquileres, al igual que la inflación, han sufrido alzas. Gabriel del Río Doñé, un sindicalista, subraya que los salarios en República Dominicana, en general, son miserables, lo que hace que los aumentos de alquiler sean aun más difíciles de afrontar.
El estudio de Online Mortgage Advisor también compara los salarios promedio en Santo Domingo con los de otras ciudades, como Cancún, México. Sorprendentemente, vivir en la capital dominicana parece ser más costoso en términos de alquiler que en Cancún, una ciudad turística reconocida.
En Santo Domingo, más de la mitad de las viviendas ocupadas, el 50.3%, son alquiladas, es decir, cinco de cada 10 son alquiladas.
Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.
Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.