Economía
Alquiler vivienda se traga en SD el 88 % del salario
Santo Domingo se enfrenta a un creciente desafío: el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más complicado debido al drástico aumento de los precios en comparación con los salarios promedio.
La situación es tal que los ciudadanos se ven obligados a destinar un 88 % de sus ingresos mensuales para poder pagar el alquiler.
“Todos tenemos un sueldo pírrico, no te da ni siquiera para hacer la compra de una semana… Ya una casa no cuesta menos de 7 mil u 8 mil pesos el alquiler,” lamenta un residente de la ciudad.
El artículo 59 de la Constitución de la República Dominicana reconoce el derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales.
A pesar de esta disposición legal, el país sigue lidiando con un déficit habitacional alto. Según el Ministerio de Industria y Comercio, en 2017 se estimaba en 830 mil unidades, pero un estudio Oxfam, de 2020, elevó ese número a más de 2 millones de viviendas en déficit.
En el ámbito de los bienes raíces, Santo Domingo se ha convertido en la séptima ciudad más inasequible a nivel mundial, y es la primera en América Latina. Un análisis de la plataforma Online Mortgage Advisor revela que el costo del alquiler en la ciudad ha aumentado considerablemente entre 2018 y 2022.
El periodista Jairon Severino, experto en finanzas, en conversación con “Reporte Especial con Julissa Céspedes”, por CDN37, indica que este incremento de precios no es exclusivo de la construcción, debido a que el mundo en general enfrenta un aumento en los costos que inevitablemente se refleja en los precios finales de diversos productos y servicios.
Mélido Marte, director regional de Remax-RD, destaca que la pandemia cambió los patrones de gasto de las personas, redirigió parte de sus recursos hacia el sector inmobiliario, especialmente propiedades secundarias, lo que aumentó la demanda y, en consecuencia, los precios.
Los costos en el mercado de bienes raíces, sean en venta o alquiler, se rigen por las leyes de oferta y demanda. En Santo Domingo, la alta demanda de alquileres en el centro de la ciudad, particularmente por parte de extranjeros y estudiantes, ha contribuido al alza de precios.
Para comprender la magnitud de la situación, se hizo una comparación entre el salario neto mensual promedio en la ciudad y el costo medio de alquiler de un apartamento de una habitación en el centro urbano entre 2018 y 2022. Los resultados son alarmantes, porque el alquiler aumentó significativamente, mientras que los salarios apenas se mantuvieron.
La disparidad entre zonas urbanas y rurales en términos de tenencia de viviendas es evidente. En la zona rural, el 68.2% de las viviendas es de propiedad absoluta, mientras que en la zona urbana, este indicador disminuye a un 47.7%.
Una modificación
El Ministerio de Vivienda ha propuesto modificar la Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios como una opción para regular el aumento de los alquileres. Según la propuesta, los propietarios podrían aumentar las rentas en caso de mejoras en las viviendas, pero con un límite del 20% del alquiler actual. Esto podría generar preocupaciones sobre precios iniciales más altos por parte de los propietarios.
Sin embargo, queda la pregunta de si los costos de vivienda y alquiler continuarán aumentando en el futuro o si habrá alguna disminución en los precios. Esto es especialmente relevante para la mayoría de las familias de clase media que luchan por encontrar viviendas asequibles en el polígono central de Santo Domingo.
El panorama de la vivienda en Santo Domingo es complejo y plantea interrogantes sobre el futuro del mercado inmobiliario y el acceso a viviendas asequibles en la ciudad. A medida que los precios de vivienda continúan su ascenso, se vuelve crucial explorar más a fondo las razones detrás de este fenómeno y las perspectivas a futuro.
Guillermo Caram, exgobernador del Banco Central de República Dominicana, señala que el poder adquisitivo de los salarios en el país es insuficiente debido al alto costo de los alimentos, servicios y bienes en general.
Esto deja a las familias dominicanas con presupuestos ajustados y dificultades para afrontar los costos crecientes de la vivienda. Es notable que el alquiler es más común en la clase media, especialmente en los grupos socioeconómicos de nivel medio-bajo y en el nivel medio y medio-alto. Estos grupos representan aproximadamente el 44.1% y el 44.7% de los inquilinos, respectivamente.
Mélido Marte enfatiza que el insumo principal en bienes raíces es la tierra. Antes de la pandemia, el costo por metro cuadrado de terreno en el Polígono Central era de alrededor de mil dólares.
Actualmente, ese mismo metro cuadrado ronda los 3,000 dólares, lo que inevitablemente se refleja en los precios de las viviendas construidas en esta área del territorio nacional.
Más de la mitad de las ocupadas son alquiladas
Los alquileres, al igual que la inflación, han sufrido alzas. Gabriel del Río Doñé, un sindicalista, subraya que los salarios en República Dominicana, en general, son miserables, lo que hace que los aumentos de alquiler sean aun más difíciles de afrontar.
El estudio de Online Mortgage Advisor también compara los salarios promedio en Santo Domingo con los de otras ciudades, como Cancún, México. Sorprendentemente, vivir en la capital dominicana parece ser más costoso en términos de alquiler que en Cancún, una ciudad turística reconocida.
En Santo Domingo, más de la mitad de las viviendas ocupadas, el 50.3%, son alquiladas, es decir, cinco de cada 10 son alquiladas.
Economía
Pro Consumidor interviene ante conflicto por retiro de verifones en estaciones de combustibles
Autoridades buscan un acuerdo entre Anadegas y proveedores de sistemas de pago electrónico para evitar que los consumidores resulten afectados
SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que varias instituciones del Estado intervienen en el conflicto surgido entre la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) y los proveedores de dispositivos electrónicos de pago, ante el anuncio de retirar los verifones de cientos de estaciones de combustibles.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que las gestiones son encabezadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con la participación de esa entidad y otros organismos públicos, con el objetivo de propiciar un entendimiento entre las partes.
La preocupación de las autoridades surge después de que Anadegas anunciara que, a partir del próximo 25 de septiembre, retiraría los verifones de más de 700 estaciones afiliadas, decisión que podría limitar las opciones de pago con tarjetas de crédito y débito disponibles para los consumidores.
“El consumidor no puede resultar afectado”
Alcántara hizo un llamado a los representantes de Anadegas para que permitan que las conversaciones continúen mientras las instituciones involucradas procuran encontrar una solución.
“Las partes tienen que ponerse de acuerdo, porque el consumidor no puede resultar afectado”, manifestó el funcionario.
Indicó que Pro Consumidor mantiene comunicación con los directivos de la organización de detallistas y da seguimiento a las gestiones desarrolladas por las demás instituciones estatales.
El objetivo, explicó, es impedir que las diferencias existentes entre los propietarios de estaciones y las entidades vinculadas al procesamiento de pagos electrónicos terminen trasladándose a los usuarios.
Anadegas anuncia retiro de verifones
El conflicto está relacionado con los costos que implica para los establecimientos comerciales procesar pagos mediante tarjetas a través de los verifones, situación que Anadegas entiende afecta los márgenes económicos de las estaciones de combustibles.
Ante esas diferencias, la organización anunció el retiro de esos dispositivos en las estaciones afiliadas desde el 25 de septiembre.
De materializarse la medida en los términos anunciados, los clientes de esas estaciones podrían enfrentar cambios en las alternativas disponibles para pagar sus compras de combustibles.
Autoridades buscan acuerdo antes del 25 de septiembre
La intervención gubernamental procura que las partes alcancen un entendimiento antes de la fecha anunciada por Anadegas y que cualquier solución preserve las opciones de pago disponibles para los usuarios.
Alcántara insistió en que las diferencias comerciales entre los sectores involucrados deben ser resueltas sin trasladar sus consecuencias a quienes compran combustibles.
Pro Consumidor continuará dando seguimiento a las conversaciones, mientras el MICM y las demás instituciones participantes buscan una salida que concilie los intereses de los detallistas, los proveedores de servicios de pago y los derechos de los consumidores.
Celso Juan Marranzini sostiene que el déficit comercial dominicano con Estados Unidos, superior a US$5,000 millones, constituye un elemento a considerar en las conversaciones sobre el cereal
SANTO DOMINGO.– El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, consideró que República Dominicana y Estados Unidos tienen espacio para mantener un proceso de diálogo en torno a las importaciones de arroz estadounidense y las medidas adoptadas para proteger la producción nacional.
Marranzini se refirió específicamente a la petición estadounidense para que el Gobierno dominicano derogue el Decreto 693-24, que establece condiciones arancelarias para las importaciones del cereal procedente de Estados Unidos.
Durante su participación en el Desayuno de Listín Diario, el dirigente empresarial recordó que las relaciones comerciales entre ambos países están reguladas por el DR-Cafta, resultado de un proceso de negociación entre las partes.
“Como en toda negociación, cada parte tiene que ceder, siempre y cuando se llegue a un acuerdo que convenga a todos”, expresó Marranzini, quien valoró que el Gobierno dominicano haya optado por manejar el tema mediante el diálogo con Estados Unidos.
Destaca déficit comercial superior a US$5,000 millones
El presidente del Conep señaló que República Dominicana mantiene un déficit comercial de más de US$5,000 millones con Estados Unidos, aspecto que, a su entender, debe formar parte del análisis de las relaciones económicas entre ambos países.
Sostuvo que las exportaciones dominicanas hacia el mercado estadounidense complementan determinadas cadenas de valor y argumentó que no están orientadas a desplazar empresas, empleos o productores estadounidenses.
Marranzini también destacó la relación histórica y comercial entre República Dominicana y Estados Unidos y planteó la conveniencia de impulsar conjuntamente estrategias de “nearshoring”, inversión, comercio y generación de empleos.
Defensa de la producción nacional
El dirigente empresarial señaló, al mismo tiempo, la necesidad de incrementar la productividad del sector agropecuario dominicano y fortalecer la seguridad alimentaria.
En el caso particular del arroz, resaltó la importancia económica y social de mantener una industria nacional sólida debido a la cantidad de provincias y productores vinculados con esa actividad.
Marranzini recordó que durante la pandemia la capacidad productiva nacional permitió al país depender en mayor medida de su propia producción de alimentos, lo que, a su juicio, demostró la importancia de fortalecer la resiliencia interna.
“Definitivamente, la productividad en el campo es algo en lo que debe seguirse avanzando para que la seguridad alimentaria cada vez sea más robusta y más resiliente”, manifestó.
¿Qué establece el Decreto 693-24?
El debate se relaciona con las condiciones comerciales acordadas para determinados productos agrícolas dentro del DR-Cafta.
Según la información suministrada, el Decreto 693-24 mantiene un arancel de 20 % para una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz importado desde Estados Unidos y establece una tasa de 99 % para las cantidades que excedan ese volumen.
La medida fue adoptada en 2024 en respuesta a planteamientos del sector arrocero dominicano ante la apertura prevista en el marco del tratado comercial.
El arroz se encuentra entre los productos agrícolas considerados especialmente sensibles debido al número de productores, trabajadores y comunidades vinculados directa o indirectamente con su producción.
Diferentes posiciones sobre la medida
La situación ha generado posiciones distintas en sectores económicos y políticos. Algunos especialistas han advertido sobre las implicaciones que podría tener mantener restricciones frente a compromisos asumidos dentro del DR-Cafta, mientras representantes del sector productivo y actores políticos han planteado la necesidad de preservar la producción nacional y la seguridad alimentaria.
En ese contexto, Marranzini favoreció que cualquier diferencia sea abordada mediante negociaciones entre República Dominicana y Estados Unidos, tomando en consideración tanto los compromisos comerciales como las particularidades de la producción agrícola dominicana.
El debate continúa abierto mientras las autoridades dominicanas evalúan las observaciones estadounidenses sobre el Decreto 693-24 y las alternativas para compatibilizar los compromisos comerciales internacionales con los intereses del sector arrocero nacional.
Tres plantas procesadoras de Canadá fueron autorizadas para exportar carne de res y productos derivados al mercado dominicano, luego de una evaluación de los controles sanitarios y de inocuidad del país norteamericano.
SANTO DOMINGO.– República Dominicana autorizó nuevamente la entrada al país de carne de res procedente de Canadá, poniendo fin a las restricciones que durante más de dos décadas limitaron el acceso de estos productos al mercado nacional.
La decisión permite la importación de carne bovina y productos cárnicos canadienses, incluidas vísceras provenientes de ganado de diferentes edades, de acuerdo con informaciones divulgadas por la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA).
Las restricciones dominicanas habían sido establecidas en 2003, luego de que Canadá reportara su primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), enfermedad conocida popularmente como “mal de las vacas locas”.
Evaluación sanitaria abrió paso a la autorización
La reapertura del mercado se produce después de una auditoría al sistema canadiense de inspección de carne bovina, en la que participaron autoridades dominicanas de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA).
Según la información ofrecida por la parte canadiense, la evaluación permitió verificar los mecanismos implementados por Canadá en materia de seguridad alimentaria, inspección de productos y sanidad animal.
Tras el proceso, las autoridades dominicanas procedieron a levantar las restricciones que permanecían vigentes para las importaciones de carne bovina de ese país.
La CFIA informó, además, que tres plantas procesadoras canadienses ya cuentan con autorización para realizar exportaciones hacia República Dominicana.
Mercado dominicano atrae a productores canadienses
La apertura representa una nueva oportunidad comercial para la industria cárnica canadiense, debido al volumen de productos que República Dominicana adquiere en los mercados internacionales.
De acuerdo con los datos divulgados, durante 2025 el país importó aproximadamente US$215 millones en carne de res y productos cárnicos procedentes de diferentes mercados.
Kyle Larkin, presidente y director ejecutivo del Consejo Canadiense de la Carne, destacó la importancia que representa el mercado dominicano para los productores de su país y señaló que la autorización permitirá a las empresas canadienses competir para abastecer a los consumidores locales.
Más competencia en el mercado nacional
La incorporación de Canadá como proveedor podría ampliar las alternativas disponibles para importadores y distribuidores dominicanos, al tiempo que introduce un nuevo competidor dentro de un mercado que depende parcialmente de las compras internacionales para cubrir su demanda.
La medida también marca la normalización de las relaciones comerciales en este segmento después de más de 20 años de restricciones sanitarias.
A partir de la autorización, las empresas canadienses habilitadas deberán cumplir con los requisitos sanitarios, de inspección y certificación establecidos por las autoridades dominicanas para que sus productos puedan ingresar y comercializarse en el territorio nacional.