Opinión
¡Alto a la Barrick, a su presa de cola y la minería asesina!
Por Narciso Isa Conde
BARRICK GOLD, previo anunció del gobierno comprometiéndose a “ayudarla” a cometer el crimen, emprendió a tiros sucios su embestida para construir otra presa de cola húmeda en Cotuí, próxima a la ya saturada presa el Llagal.
Las presas de colas húmedas son lagunas de veneno, depósitos de desechos tóxicos derivados de los procesos propios de la minería del oro; vulnerables a las fallas geológicas, los terremotos, los huracanes, los vicios de construcción, la mala gestión y los errores humanos.
Sus derrames -y ya del Llagal estuvo agrietándose- tienen efectos catastróficos hacia las aguas superficiales y subterráneas y sobre las comunidades.
Son lagunas eternas de alto riesgo para los países que la aceptan.
Ya en Europa están prohibidas y en muchas partes son sustituidas por los depósitos secos; mucho más seguros, pero sus costos más altos las mineras se resisten a asumir.
BOMBA DE VENENO Y CONTRATO ESTAFA
A falta de valor para nacionalizar la Barrick Gold, antes de hacerle cualquier otra concesión, el gobierno de turno debería por lo menos modificar sustancialmente el contrato-estafa que le garantiza a Barrick cargar al estado los pasivos ambientales, las consecuencias de las presas de cola húmedas, las compensaciones a los propietarios de terrenos en la reserva fiscal, la toma de agua gratis de la Presa de Hatillo, la impunidad de delitos ambientales y las ventajas financieras concedidas.
Concretamente, la presa de cola húmeda del Llagal es un depósito de veneno de larga duración y altos riesgos aún después de concluida la vida útil de la mina.
Agregar en la cercanía de la del Llagal, otra presa de cola similar es como colocar una enorme bomba de veneno.
Al cierre de la mina y la retirada de Barrick, contrato estafa traslada la responsabilidad de la gestión, costos y manejo al Estado dominicano, incluyendo la responsabilidad jurídica.
Ante cualquier falla que produzca impactos significativos, ese contrato libera de manera explícita a la compañía minera.
Urge, pues la prohibición de la construcción de cualquier otra presa similar en esa zona y otras peores como el caso del proyecto Gold Quest en SJM.
NO A LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE EXPANSIÓN DE BARRICK GOLD
En tales circunstancias hemos luchado contra la expansión de la explotación minera a beneficio de la Barrick en el contexto de las leyes neo-coloniales vigentes; así como contra la propuesta de otra presa de cola húmeda.
Pero, aun así, la anterior administración de Abinader-PRM impuso el decreto 270-22, que amplía la concesión de la Reserva Fiscal de Montenegro en 3,113 hectáreas mineras, totalizando unas 7,995; reserva situada precisamente en el área de expansión de la Barrick Gold.
Se argumenta que esa expansión no es para explotación de minerales, sino solo para lo relacionado con el proyecto de presa de cola húmeda. Pero esto está muy mal, aun sea solo un proyecto sujeto, como todos, a presentación de los estudios de impacto ambiental y de factibilidad en un plazo de 36 meses, lo que no es nuevo como condicionante y constituye un simple trámite que será aprobado, como los anteriores, de manera servil sin mayor revisión.
En este caso lo diferente apunta para peor, porque al conceder nuevas áreas de expansión con el decreto gubernamental que amplía esa reserva fiscal, se cargan sobre el Estado –y no sobre la corporación transnacional- los costos de compensaciones materiales al valor de la tierra y a la reubicación de los viejos propietarios; consolidando y potenciando la estafa a los fondos que los contribuyentes aportan.
Otra diferencia es la flagrante violación por el actual gobierno de procedimientos que deberían ser inviolables, en tanto se señaló de entrada que “el proyecto es de altísimo interés para el Estado dominicano” y mas tarde se agregó que “el gobierno esta ayudando a BarricK en la construcción de la nueva presa de cola húmeda”; lo que es un respaldo anticipado inusual.
Ese decreto era y es legalmente innecesario, confuso, complaciente y con pinta tramposa.Y la embestida actual de la minera para imponer la presa de cola húmeda merece un gran repudio.
DERROTADOS EN YAMASÁ, VUELVEN A LA CARGA EN COTUÍ CON JUANA BARCELÓ AL FRENTE DE LA PN
El movimiento ambiental popular, exhibiendo gran poder con las movilizaciones multitudinarias realizadas en Yamasá, logró impedir la presa de cola húmeda en esa zona y conquistó la declaratoria de los Siete Picos como área protegida.
Sin embargo, la presión se ha trasladado de nuevo a Cotuí y esta vez con la avanzada atropellante de grandes contingentes policiales bajo el mando de la Presidenta de la Minera asesina, Juana Barceló.
Barrick tiene antecedentes criminales recientes en Tanzania y en Mali, que incluyen contrataciones de mercenarios empleados para desalojar, destruir viviendas, agredir violentamente y estafar a las comunidades acosadas. Las denuncias fueron hechas por Blood Gold Report y por Miningwatch Canadá.
Ese esquema criminal está aplicándose aquí a cargo de la presidenta de Barrick, Juana Barceló.
La diferencia es que todavía no han tenido que usar tropas mercenarias, porque tienen comprada a la PN y al Gobierno, sobornando y financiando áreas del presupuesto nacional con la entrega por adelantado de impuesto. Todo para imponer un depósito de veneno y prolongar un contrato estafa.
CONFLUENCIA UNITARIA Y PROPUESTAS CONTUNDENTES PARA TRIUNFAR.
La iglesia católica de base está acompañando las comunidades agredidas por la minería criminal y ha sido agredida
La alta jerarquía condenó a Barrick y defendió a los sacerdotes diocesanos.
La encíclica ecológica del Papa Francisco está influyendo en esa actitud de la cúpula católica.
Ese apoyo forzó a la negociación y el hecho encendió los motores del movimiento socio ambiental.
El Grupo de Sacerdotes en Reflexión, Herder Cámara llamó a la movilización y ya se acordó una gran marcha para el 22 de enero.
La Coalición Ecológica y Popular de Bonao decidió acompañar militantemente todas las iniciativas destinadas a impedir el nuevo intento de imponer la presa de cola en Cotuí…
La Red Nacional Socio-ambiental está en pie de lucha.
La Marcha está anunciada y Barrick y el gobierno quieren bloquearla.
En tales circunstancias es sabio desconfiar del gobierno y confiar en la movilización y la protesta popular con demandas claras y precisas.
Con la presa de cola húmeda no se debe conciliar. Tampoco con el contrato estafa.
Después del desalojo forzado, involuntario y violento de las comunidades, Barrick pretende una negociación en la que se acepte su presa de cola húmeda y el gobierno asuma compensaciones y riesgos.
Eso es minería neocolonial inaceptable. El problema no es solo compensar las familias desalojadas, sino también –y fundamentalmente- rechazar el contrato-estafa con Barrick y su presa de cola.
No olvidar que es una minera voraz y asesina y que Barrick y Juana Barceló dominan la PN y el gobierno.
Con la presa de cola húmeda no se debe conciliar. Tampoco con el contrato estafa.
Si el pueblo logró impedir su construcción en los 7 picos, puede impedir su instalación en Sambrana.
Hay otras opciones en materia de presa de cola y tratamiento de los desechos tóxicos, como las hay en los términos del contrato.
Este combate no se debe perder y hay que estar alerta y enfrentando las otras amenazas de la minería y la depredación ambiental asesinas: Gold Quest en San Juan, Uni Gold y Barrick en Dajabón, Loma Miranda, la barcaza en Los Negros, las granceras en todo el país, el Pomier en San Cristobal, Belfond y Acero Estrella en Barahona.
La cola de Barrick es larga y es justo pisársela sin contemplaciones,
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?