Opinión
¡Alto a la Barrick, a su presa de cola y la minería asesina!
Por Narciso Isa Conde
BARRICK GOLD, previo anunció del gobierno comprometiéndose a “ayudarla” a cometer el crimen, emprendió a tiros sucios su embestida para construir otra presa de cola húmeda en Cotuí, próxima a la ya saturada presa el Llagal.
Las presas de colas húmedas son lagunas de veneno, depósitos de desechos tóxicos derivados de los procesos propios de la minería del oro; vulnerables a las fallas geológicas, los terremotos, los huracanes, los vicios de construcción, la mala gestión y los errores humanos.
Sus derrames -y ya del Llagal estuvo agrietándose- tienen efectos catastróficos hacia las aguas superficiales y subterráneas y sobre las comunidades.
Son lagunas eternas de alto riesgo para los países que la aceptan.
Ya en Europa están prohibidas y en muchas partes son sustituidas por los depósitos secos; mucho más seguros, pero sus costos más altos las mineras se resisten a asumir.
BOMBA DE VENENO Y CONTRATO ESTAFA
A falta de valor para nacionalizar la Barrick Gold, antes de hacerle cualquier otra concesión, el gobierno de turno debería por lo menos modificar sustancialmente el contrato-estafa que le garantiza a Barrick cargar al estado los pasivos ambientales, las consecuencias de las presas de cola húmedas, las compensaciones a los propietarios de terrenos en la reserva fiscal, la toma de agua gratis de la Presa de Hatillo, la impunidad de delitos ambientales y las ventajas financieras concedidas.
Concretamente, la presa de cola húmeda del Llagal es un depósito de veneno de larga duración y altos riesgos aún después de concluida la vida útil de la mina.
Agregar en la cercanía de la del Llagal, otra presa de cola similar es como colocar una enorme bomba de veneno.
Al cierre de la mina y la retirada de Barrick, contrato estafa traslada la responsabilidad de la gestión, costos y manejo al Estado dominicano, incluyendo la responsabilidad jurídica.
Ante cualquier falla que produzca impactos significativos, ese contrato libera de manera explícita a la compañía minera.
Urge, pues la prohibición de la construcción de cualquier otra presa similar en esa zona y otras peores como el caso del proyecto Gold Quest en SJM.
NO A LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE EXPANSIÓN DE BARRICK GOLD
En tales circunstancias hemos luchado contra la expansión de la explotación minera a beneficio de la Barrick en el contexto de las leyes neo-coloniales vigentes; así como contra la propuesta de otra presa de cola húmeda.
Pero, aun así, la anterior administración de Abinader-PRM impuso el decreto 270-22, que amplía la concesión de la Reserva Fiscal de Montenegro en 3,113 hectáreas mineras, totalizando unas 7,995; reserva situada precisamente en el área de expansión de la Barrick Gold.
Se argumenta que esa expansión no es para explotación de minerales, sino solo para lo relacionado con el proyecto de presa de cola húmeda. Pero esto está muy mal, aun sea solo un proyecto sujeto, como todos, a presentación de los estudios de impacto ambiental y de factibilidad en un plazo de 36 meses, lo que no es nuevo como condicionante y constituye un simple trámite que será aprobado, como los anteriores, de manera servil sin mayor revisión.
En este caso lo diferente apunta para peor, porque al conceder nuevas áreas de expansión con el decreto gubernamental que amplía esa reserva fiscal, se cargan sobre el Estado –y no sobre la corporación transnacional- los costos de compensaciones materiales al valor de la tierra y a la reubicación de los viejos propietarios; consolidando y potenciando la estafa a los fondos que los contribuyentes aportan.
Otra diferencia es la flagrante violación por el actual gobierno de procedimientos que deberían ser inviolables, en tanto se señaló de entrada que “el proyecto es de altísimo interés para el Estado dominicano” y mas tarde se agregó que “el gobierno esta ayudando a BarricK en la construcción de la nueva presa de cola húmeda”; lo que es un respaldo anticipado inusual.
Ese decreto era y es legalmente innecesario, confuso, complaciente y con pinta tramposa.Y la embestida actual de la minera para imponer la presa de cola húmeda merece un gran repudio.
DERROTADOS EN YAMASÁ, VUELVEN A LA CARGA EN COTUÍ CON JUANA BARCELÓ AL FRENTE DE LA PN
El movimiento ambiental popular, exhibiendo gran poder con las movilizaciones multitudinarias realizadas en Yamasá, logró impedir la presa de cola húmeda en esa zona y conquistó la declaratoria de los Siete Picos como área protegida.
Sin embargo, la presión se ha trasladado de nuevo a Cotuí y esta vez con la avanzada atropellante de grandes contingentes policiales bajo el mando de la Presidenta de la Minera asesina, Juana Barceló.
Barrick tiene antecedentes criminales recientes en Tanzania y en Mali, que incluyen contrataciones de mercenarios empleados para desalojar, destruir viviendas, agredir violentamente y estafar a las comunidades acosadas. Las denuncias fueron hechas por Blood Gold Report y por Miningwatch Canadá.
Ese esquema criminal está aplicándose aquí a cargo de la presidenta de Barrick, Juana Barceló.
La diferencia es que todavía no han tenido que usar tropas mercenarias, porque tienen comprada a la PN y al Gobierno, sobornando y financiando áreas del presupuesto nacional con la entrega por adelantado de impuesto. Todo para imponer un depósito de veneno y prolongar un contrato estafa.
CONFLUENCIA UNITARIA Y PROPUESTAS CONTUNDENTES PARA TRIUNFAR.
La iglesia católica de base está acompañando las comunidades agredidas por la minería criminal y ha sido agredida
La alta jerarquía condenó a Barrick y defendió a los sacerdotes diocesanos.
La encíclica ecológica del Papa Francisco está influyendo en esa actitud de la cúpula católica.
Ese apoyo forzó a la negociación y el hecho encendió los motores del movimiento socio ambiental.
El Grupo de Sacerdotes en Reflexión, Herder Cámara llamó a la movilización y ya se acordó una gran marcha para el 22 de enero.
La Coalición Ecológica y Popular de Bonao decidió acompañar militantemente todas las iniciativas destinadas a impedir el nuevo intento de imponer la presa de cola en Cotuí…
La Red Nacional Socio-ambiental está en pie de lucha.
La Marcha está anunciada y Barrick y el gobierno quieren bloquearla.
En tales circunstancias es sabio desconfiar del gobierno y confiar en la movilización y la protesta popular con demandas claras y precisas.
Con la presa de cola húmeda no se debe conciliar. Tampoco con el contrato estafa.
Después del desalojo forzado, involuntario y violento de las comunidades, Barrick pretende una negociación en la que se acepte su presa de cola húmeda y el gobierno asuma compensaciones y riesgos.
Eso es minería neocolonial inaceptable. El problema no es solo compensar las familias desalojadas, sino también –y fundamentalmente- rechazar el contrato-estafa con Barrick y su presa de cola.
No olvidar que es una minera voraz y asesina y que Barrick y Juana Barceló dominan la PN y el gobierno.
Con la presa de cola húmeda no se debe conciliar. Tampoco con el contrato estafa.
Si el pueblo logró impedir su construcción en los 7 picos, puede impedir su instalación en Sambrana.
Hay otras opciones en materia de presa de cola y tratamiento de los desechos tóxicos, como las hay en los términos del contrato.
Este combate no se debe perder y hay que estar alerta y enfrentando las otras amenazas de la minería y la depredación ambiental asesinas: Gold Quest en San Juan, Uni Gold y Barrick en Dajabón, Loma Miranda, la barcaza en Los Negros, las granceras en todo el país, el Pomier en San Cristobal, Belfond y Acero Estrella en Barahona.
La cola de Barrick es larga y es justo pisársela sin contemplaciones,
Los gobiernos de ultraderecha podrán expulsar inmigrantes, quitar derechos y mandar las mujeres a cocinar y fregar, pero no ofrecerán solución a lo que realmente está causando malestar a muchas personas: la discrepancia entre el bienestar prometido y deseado, y las precariedades económicas existentes.
Por Rosario Espinal
A pesar del triunfo de Lula en Brasil, es evidente el avance de la ultraderecha en el mundo. Las causas son diversas, pero hay elementos en común: el hartazgo de muchas personas con lo existente y la búsqueda de chivos expiatorios para distraer la atención de los problemas de fondo.
Los chivos expiatorios permiten culpar a alguien (usualmente a un grupo vulnerable) de los males sentidos; males que muchos no comprenden y que unos pocos explican a su conveniencia para consumo masivo. De ahí que la ultraderecha se sustente en culpar a los inmigrantes, los gais, los trans, las mujeres, los ambientalistas, etc.
Ellos, según la agitación constante de la ultraderecha, son culpables del desempleo, del gasto en servicios públicos, de la delincuencia, de la pérdida de valores, del colapso de la familia tradicional, etc.
¿Qué hay realmente en el trasfondo? Sociedades que no han podido ofrecer el bienestar prometido a amplios segmentos de la ciudadanía.
En regímenes autoritarios no hay que inventar muchos cuentos porque las fuerzas represivas impiden o sofocan los brotes de insatisfacción. En sociedades con ciertas libertades públicas hay que identificar culpables para el desquite. De ahí que el auge de la ultraderecha se exprese actualmente en democracias longevas.
En el caso específico de las sociedades capitalistas hay un mal de fondo: la promesa de prosperidad que cundió por el mundo desde la década de 1980, bajo las premisas del neoliberalismo y la globalización, desencadenaron expectativas de bienestar para una gran parte de la población mundial que no se han concretado.
Tres factores claves lo han impedido:
Primero, el neoliberalismo con sus políticas de bajos impuestos al capital y la desregulación empresarial ha producido una gran desigualdad en la distribución de la riqueza: los que más tienen, tienen muchísimo más que los demás.
Segundo, la dificultad para desmontar servicios públicos establecidos después de la Gran Depresión. Si eliminan servicios hay más desigualdad y descontento. Si los mantienen, los gobiernos enfrentan mayores déficits fiscales porque han bajado los impuestos a los ricos o les perdonan la evasión.
Tercero, la inflación pospandémica, agravada por la guerra contra Ucrania y contra Irán aumenta los costos de la energía, devastador en el mundo.
Las protestas que proliferan actualmente, sea por la vivienda, el deterioro de la educación, el costo de la vida, o la corrupción reflejan el descontento. Ahí prolifera la ultraderecha con su recetario de chivos expiatorios (simples y claros) que mucha gente asume como explicación de sus males. El sistema en su último cuplé.
Los gobiernos de ultraderecha podrán expulsar inmigrantes, quitar derechos y mandar las mujeres a cocinar y fregar, pero no ofrecerán solución a lo que realmente está causando malestar a muchas personas: la discrepancia entre el bienestar prometido y deseado, y las precariedades económicas existentes. Esta discrepancia se presenta a través del mundo.
Cuando los gobiernos de ultraderecha arrasen con muchas de las conquistas de los últimos 70 años, dejarán detrás sociedades más desiguales y convulsas, sobre las que habrá que forjar valores de solidaridad y justicia, si es que la humanidad no ha sido vencida por los humanoides de la inteligencia artificial.
Por Miguel Guerrero
El problema eléctrico sólo se resuelve tomando al toro por los cuernos. Lo primero es reconocer que la presencia del Estado en el negocio es el principal escollo en la búsqueda de una solución a la crisis energética y su grave impacto en la economía nacional, el sosiego familiar, la estabilidad de los negocios, grandes, medianos y pequeños, y todo cuanto anhelamos con proyección al futuro.
Sin ánimo de enjuiciar la labor del actual gobierno, lo cierto es que la CDEEE es parte del problema. Para esta fecha se suponía que su papel habría dejado de ser determinante y que el Gobierno aceptaría su rol de regulador, fortaleciendo las instituciones públicas llamadas por ley a pautar las reglas del negocio. En lugar de afianzar esta irrenunciable y fundamental responsabilidad, la corporación estatal ha continuado asumiendo funciones propias de una rectoría del sector que no le corresponde.
En la medida en que ese papel se incrementa desciende el de la superintendencia y de la Comisión de Energía, supuesta esta última a pautar las políticas del sector. En un sistema bien estructurado, la CDEEE sería apenas otro agente del sector, no el ostentador de un liderazgo que no es suyo. Por esa distorsión, el sistema no funciona adecuadamente y la mejor demostración de ello son los apagones y el alza de las tarifas, que tienen al garete a la población y estrangulado a los sectores productivos.
Los gobiernos han evidenciado, además, su incapacidad para liderar el sector, se vieron obligados a recurrir a organismos internacionales en la búsqueda de una salida, después de interminables promesas de solución con plantas que nadie ha visto. Admito que es una decisión difícil para un Gobierno, pero a menos que no se delimiten claramente los roles, el sector eléctrico seguirá dando tumbos.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma establece que la Secretaría de la Corte Penal Internacional , sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del estatuto de referencia, estará encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte Penal Internacional y de prestarle servicios.
De conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional la Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la CPI.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional señala, además, que el Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que gocen de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
El Estatuto de Roma también establece que los magistrados elegirán al Secretario de la Corte Penal Internacional en votación secreta por mayoría absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes. De ser necesario elegirán por recomendación del Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.
En cuanto al procedimiento de elección del Secretario de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma establece que el mismo será elegido por un periodo de cinco años en régimen de de dejación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario Adjunto será elegido por un periodo de cinco años, o por uno más breve, si así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta en el entendimiento de que prestara sus servicios según será necesario.
Finalmente, el Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaria. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la CPI, y a otras personas que estén peligro en razón del testimonio prestado . La Dependencia contara con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.
Rommelsantosdiaz@gmailcom