Opinión
¡Alto a la Barrick, a su presa de cola y la minería asesina!
Por Narciso Isa Conde
BARRICK GOLD, previo anunció del gobierno comprometiéndose a “ayudarla” a cometer el crimen, emprendió a tiros sucios su embestida para construir otra presa de cola húmeda en Cotuí, próxima a la ya saturada presa el Llagal.
Las presas de colas húmedas son lagunas de veneno, depósitos de desechos tóxicos derivados de los procesos propios de la minería del oro; vulnerables a las fallas geológicas, los terremotos, los huracanes, los vicios de construcción, la mala gestión y los errores humanos.
Sus derrames -y ya del Llagal estuvo agrietándose- tienen efectos catastróficos hacia las aguas superficiales y subterráneas y sobre las comunidades.
Son lagunas eternas de alto riesgo para los países que la aceptan.
Ya en Europa están prohibidas y en muchas partes son sustituidas por los depósitos secos; mucho más seguros, pero sus costos más altos las mineras se resisten a asumir.
BOMBA DE VENENO Y CONTRATO ESTAFA
A falta de valor para nacionalizar la Barrick Gold, antes de hacerle cualquier otra concesión, el gobierno de turno debería por lo menos modificar sustancialmente el contrato-estafa que le garantiza a Barrick cargar al estado los pasivos ambientales, las consecuencias de las presas de cola húmedas, las compensaciones a los propietarios de terrenos en la reserva fiscal, la toma de agua gratis de la Presa de Hatillo, la impunidad de delitos ambientales y las ventajas financieras concedidas.
Concretamente, la presa de cola húmeda del Llagal es un depósito de veneno de larga duración y altos riesgos aún después de concluida la vida útil de la mina.
Agregar en la cercanía de la del Llagal, otra presa de cola similar es como colocar una enorme bomba de veneno.
Al cierre de la mina y la retirada de Barrick, contrato estafa traslada la responsabilidad de la gestión, costos y manejo al Estado dominicano, incluyendo la responsabilidad jurídica.
Ante cualquier falla que produzca impactos significativos, ese contrato libera de manera explícita a la compañía minera.
Urge, pues la prohibición de la construcción de cualquier otra presa similar en esa zona y otras peores como el caso del proyecto Gold Quest en SJM.
NO A LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE EXPANSIÓN DE BARRICK GOLD
En tales circunstancias hemos luchado contra la expansión de la explotación minera a beneficio de la Barrick en el contexto de las leyes neo-coloniales vigentes; así como contra la propuesta de otra presa de cola húmeda.
Pero, aun así, la anterior administración de Abinader-PRM impuso el decreto 270-22, que amplía la concesión de la Reserva Fiscal de Montenegro en 3,113 hectáreas mineras, totalizando unas 7,995; reserva situada precisamente en el área de expansión de la Barrick Gold.
Se argumenta que esa expansión no es para explotación de minerales, sino solo para lo relacionado con el proyecto de presa de cola húmeda. Pero esto está muy mal, aun sea solo un proyecto sujeto, como todos, a presentación de los estudios de impacto ambiental y de factibilidad en un plazo de 36 meses, lo que no es nuevo como condicionante y constituye un simple trámite que será aprobado, como los anteriores, de manera servil sin mayor revisión.
En este caso lo diferente apunta para peor, porque al conceder nuevas áreas de expansión con el decreto gubernamental que amplía esa reserva fiscal, se cargan sobre el Estado –y no sobre la corporación transnacional- los costos de compensaciones materiales al valor de la tierra y a la reubicación de los viejos propietarios; consolidando y potenciando la estafa a los fondos que los contribuyentes aportan.
Otra diferencia es la flagrante violación por el actual gobierno de procedimientos que deberían ser inviolables, en tanto se señaló de entrada que “el proyecto es de altísimo interés para el Estado dominicano” y mas tarde se agregó que “el gobierno esta ayudando a BarricK en la construcción de la nueva presa de cola húmeda”; lo que es un respaldo anticipado inusual.
Ese decreto era y es legalmente innecesario, confuso, complaciente y con pinta tramposa.Y la embestida actual de la minera para imponer la presa de cola húmeda merece un gran repudio.
DERROTADOS EN YAMASÁ, VUELVEN A LA CARGA EN COTUÍ CON JUANA BARCELÓ AL FRENTE DE LA PN
El movimiento ambiental popular, exhibiendo gran poder con las movilizaciones multitudinarias realizadas en Yamasá, logró impedir la presa de cola húmeda en esa zona y conquistó la declaratoria de los Siete Picos como área protegida.
Sin embargo, la presión se ha trasladado de nuevo a Cotuí y esta vez con la avanzada atropellante de grandes contingentes policiales bajo el mando de la Presidenta de la Minera asesina, Juana Barceló.
Barrick tiene antecedentes criminales recientes en Tanzania y en Mali, que incluyen contrataciones de mercenarios empleados para desalojar, destruir viviendas, agredir violentamente y estafar a las comunidades acosadas. Las denuncias fueron hechas por Blood Gold Report y por Miningwatch Canadá.
Ese esquema criminal está aplicándose aquí a cargo de la presidenta de Barrick, Juana Barceló.
La diferencia es que todavía no han tenido que usar tropas mercenarias, porque tienen comprada a la PN y al Gobierno, sobornando y financiando áreas del presupuesto nacional con la entrega por adelantado de impuesto. Todo para imponer un depósito de veneno y prolongar un contrato estafa.
CONFLUENCIA UNITARIA Y PROPUESTAS CONTUNDENTES PARA TRIUNFAR.
La iglesia católica de base está acompañando las comunidades agredidas por la minería criminal y ha sido agredida
La alta jerarquía condenó a Barrick y defendió a los sacerdotes diocesanos.
La encíclica ecológica del Papa Francisco está influyendo en esa actitud de la cúpula católica.
Ese apoyo forzó a la negociación y el hecho encendió los motores del movimiento socio ambiental.
El Grupo de Sacerdotes en Reflexión, Herder Cámara llamó a la movilización y ya se acordó una gran marcha para el 22 de enero.
La Coalición Ecológica y Popular de Bonao decidió acompañar militantemente todas las iniciativas destinadas a impedir el nuevo intento de imponer la presa de cola en Cotuí…
La Red Nacional Socio-ambiental está en pie de lucha.
La Marcha está anunciada y Barrick y el gobierno quieren bloquearla.
En tales circunstancias es sabio desconfiar del gobierno y confiar en la movilización y la protesta popular con demandas claras y precisas.
Con la presa de cola húmeda no se debe conciliar. Tampoco con el contrato estafa.
Después del desalojo forzado, involuntario y violento de las comunidades, Barrick pretende una negociación en la que se acepte su presa de cola húmeda y el gobierno asuma compensaciones y riesgos.
Eso es minería neocolonial inaceptable. El problema no es solo compensar las familias desalojadas, sino también –y fundamentalmente- rechazar el contrato-estafa con Barrick y su presa de cola.
No olvidar que es una minera voraz y asesina y que Barrick y Juana Barceló dominan la PN y el gobierno.
Con la presa de cola húmeda no se debe conciliar. Tampoco con el contrato estafa.
Si el pueblo logró impedir su construcción en los 7 picos, puede impedir su instalación en Sambrana.
Hay otras opciones en materia de presa de cola y tratamiento de los desechos tóxicos, como las hay en los términos del contrato.
Este combate no se debe perder y hay que estar alerta y enfrentando las otras amenazas de la minería y la depredación ambiental asesinas: Gold Quest en San Juan, Uni Gold y Barrick en Dajabón, Loma Miranda, la barcaza en Los Negros, las granceras en todo el país, el Pomier en San Cristobal, Belfond y Acero Estrella en Barahona.
La cola de Barrick es larga y es justo pisársela sin contemplaciones,
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026