Nacionales
Alvarez R. ve hubo venta subvaluada de activos del Baninter
Luis Alvarez Renta
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El financista Luis Alvarez Renta, quien cumple condena por el caso de la quiebra del desaparecido Banco Intercontinental (BANINTER), remitió una carta al Procurador General de la República en la que afirma que fueron cometidas irregularidades por más de mil millones de pesos en la operación de venta de los activos de esta entidad al Scotiabank.
En su comunicación, copia de la cual obtuvo ALMOMENTO.NET, Alvarez Renta dice que ha detectado esta situación al analizar los datos e informaciones contenidas y emitidas por el propio Banco Central y la Comisión de Liquidación Administrativa del Baninter (CALB).
Señala que el Estado podría recuperar esos mil millones de pesos si hace una renegociación de los contratos en forma similar a como lo hizo con Barrick Gold, ya que hubo una venta subvaluada de esos activos, de su propiedad.
La carta
La carta tiene fecha del 18 del presente mes de octubre. El texto de la misma es el siguiente:
“Honorable Procurador General de la República
Dr. Francisco Domínguez Brito
Honorable Procuradora Adjunta
Directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Lic. Laura Guerrero Pelletier
Sus Despachos
Distinguidos Señores:
Como parte de un análisis de las acciones de la Comisión de Liquidación Administrativa del Baninter (CLAB) con respecto a nuestra participación en el caso BANINTER, a la que hemos solicitado una rendición de cuentas, hemos detectado una situación que consideramos de interés nacional, ya que refleja irregularidades que justifican la renegociación de un conjunto de contratos que puede producir al Estado la devolución de por lo menos RD$ 1,000 Millones derivados de la venta subvaluada de activos propiedad del Estado. En este sentido, y para contribuir a la transparencia en el manejo de esos recursos del Estado, deseamos presentar a ustedes una denuncia pública sobre la operación de venta de sucursales, y administración y venta de cartera de préstamos, que llevo se llevó a cabo entre Agosto y Diciembre del año 2003, entre la CLAB y el Scotiabank.
Esta denuncia está basada en un análisis de los datos e informaciones contenidas y emitidas en documentos del mismo BANCO CENTRAL Y DE LA COMISIÓN (Ver anexos 2, 3 y 4), muy particularmente en la auditoría forense realizada a la CLAB por la prestigiosa firma de auditores internacionales BDO Ortega y Asociados – de la cual entendemos que la Procuraduría tiene una copia ya que estuvo representada en esos trabajos (si no la tienen, estamos en disposición de entregarles copia), la cual decidió formalmente no entregar un informe con opinión profesional definitiva, alegando lo siguiente, citamos (Ver página 177 del referido documento):
“6. CONSIDERACIONES FINALES
580. El resultado de nuestra investigación es incompleto, debido a ciertas limitaciones que se desprenden de la naturaleza y alcance de los registros y de la documentación recibida, tal y como se revela en el contenido del presente Informe, todo lo cual se ha atribuido a la causa que originó la intervención al Banco Intercontinental, S. A., por la Autoridad Monetaria y Financiera, por lo que no podemos arribar a conclusiones con respecto a calificar los actos de las gestiones y trabajos realizados por las Comisiones que operaron el Banco Intercontinental, S. A., (En Liquidación) durante el período examinado del 7 de abril de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2004, y sobre las personas que se involucraron en las fases de administración, disolución y liquidación administrativa de dicha entidad bancaria, durante el período examinado; ni tampoco con respecto a lo requerido en base al marco legal señalado en los Términos de Referencia de este examen forense, a saber: la Ley 183-02, Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre de 2002, el Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades Financieras, y las Resoluciones de la Junta Monetaria sobre la materia. 2
581. Por otro lado, y debido a las mismas limitaciones en el alcance anteriormente señaladas, no nos fue posible preparar un Balance de Comprobación Ajustado No Auditado al cierre del 31 de diciembre de 2004, tal y como estaba previsto en los Términos de Referencia, como tampoco cuantificar los posibles efectos que podrían tener en dicho balance, las diferencias indicadas en el detalle de los análisis realizados al Balance de Comprobación No Auditado al 31 de diciembre del 2004, del Banco Intercontinental, S. A. (En Liquidación), así como tampoco podemos afirmar, que las personas que se involucraron en las fases citadas en el párrafo anterior incurrieron en errores o discrepancias materiales, intencionales o no, en el manejo de los activos y pasivos contenidos en los estados financieros. Original firmado por el representante de BDO Ortega & Asociados”. Fin de la cita.
Dado el origen de estos documentos, los mismos no pueden ser cuestionados por la CLAB, los auditores, ni los funcionarios del Banco Central.
El informe de los auditores describe numerosas irregularidades y violaciones a la ley Monetaria y las Resoluciones de la Junta Monetaria en el manejo, disposición y ventas de activos que pertenecían al Estado Dominicano, ya que tanto el Banco Central como la CLAB son organismos parte del mismo.
Reiteramos que, igual que en el caso de la Barrick Gold, estos contratos y acuerdos deben ser renegociados por el Estado, porque se justifica reclamar no menos de RD$ 1,000 millones de devolución, ya que este fue, como mínimo, el valor subvaluado en el precio de la operación, de acuerdo a nuestro análisis económico y de riesgos que hemos anexado (Ver anexo 1). Los anexos 2, 3 y 4 contienen todas las informaciones o datos que sirven de base para el análisis. Como aparenta ser que en los referidos contratos de venta (No hemos podido tener acceso a esos contratos, los estamos solicitando de acuerdo a la ley de Información Pública), el Banco Central – organismo autónomo del Estado – emitió ciertas garantías al Scotiabank contra acciones legales, quizás lo más conveniente es que sea el Poder Ejecutivo quien persiga el reclamo que se deriva de esta situación. Tal acción debe iniciarse de inmediato porque la posibilidad de acciones legales puede estar cerca de prescribir al haber transcurrido casi 10 años desde la transacción. Sin otro particular, los saludamos con sentimientos de consideración,
Atentamente
Luis Alvarez Renta
Sobre el Caso Baninter
El Banco Intercontinental (también conocido como BANINTER) fue la segunda mayor entidad bancaria de capital privado en la República Dominicana hasta el momento de su colapso en el año 2003, como consecuencia –según las autoridades- del mayor fraude corporativo en la historia de este país, el cual provocó ese año una crisis financiera nacional.
De acuerdo al Banco Central, solo en el 1998 se sustrajeron cerca de RD$1,300 millones de pesos de los pasivos del BANINTER por medio de InterBanco hasta cuentas paralelas en el extranjero o cuentas dentro del mismo banco para diversos propósitos: gastos personales de los ejecutivos, compra de activos, préstamos especiales a terceros, bonificaciones a cuentas sobregiradas de los mismos ejecutivos, entre otros.
A inicios del 2003 y como solución a una crisis interna, el Baninter fue puesto en venta por sus ejecutivos y fue pautada una fusión entre éste y el Banco del Progreso. Sin embargo la compra no prosperó, pues las autoridades monetarias y financieras se percataron del enorme déficit del Banco (el cual subestimaron en un principio). Terminaron interviniendo la entidad bancaria y confiscando todos sus activos antes de que se consumara dicha compra.
Por el fraude la Justicia dominicana condenó a Ramón Báez Figueroa, Luis Alvarez Renta y Marcos Báez Cocco a 10 años de prisión; y a la señora Vivian Lubrano de Castillo a cinco años y a pagar más de RD$68,800 millones de manera solidaria como indemnización a favor de la Superintendencia de Bancos y del Baninter, por daños y perjuicios.
El 22 de diciembre del 2008 el Presidente Leonel Fernández indultó a la señora Lubrano de Castillo.
En junio del 2013 el juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, José Medrano Kelys, dispuso la libertad del ex banquero Marcos Báez Cocco, al variarle la modalidad de la prisión por el arresto domiciliario, debido a problemas de salud que desde años padece.
El 15 de agosto del 2013 Báez Figueroa (Ramoncito) fue favorecido con una orden de libertad, tras cumplir la mitad de su condena de 10 años.
Alvarez Renta es el único que permanece en prisión. Actualmente está en una clínica aquejado de distintas dolencias.
almomento.net
Nacionales
Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.