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Editorial

Amable no es tan amable

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Amable Aristy Castro era, antes de convertirse un buen día en potentado, mensajero del Banco Popular, nada parecido a un heredero de fortuna.

De esa humilde condición, Amable pasó a formar filas en el Partido Reformista, donde se ascendía por cualquier vía, incluso la delictiva.

Joaquín Balaguer, maestro en el oscuro arte de corromper, le permitió el ascenso hasta llegar a su meta más ansiada, dirigir de por vida la Liga Municipal Dominicana.

Mientras tanto, insistentes rumores lo ligan fuertemente al tráfico humano hacia Puerto Rico y hasta en el de drogas pero nadie se ha atrevido a someterlo y ni siquiera investigarlo.

De buenas a primeras, Amable Aristy Castro surgió como un oligarca en Higuey: estaciones de gasolina, un costoso helicóptero, negocios de autos y casi toda actividad importante de toda la provincia pasaron a manos de este antiguo empleado bancario de la más humilde condición.

El ha dicho que la virgen de la Altagracia lo protege, extendiendo una línea de defensa para que sectores de la iglesia católica le tiren la toalla ya que él les ha dado mucho dinero por su silencio, lo cual es indesmentible.

Amable terminó con una riqueza que hasta Trujillo envidiaría, con todo y haberse apoderado del país entero.

Cómo surgió todo ésto y cómo creció un hombre que no heredaba ni un centavo?

Por vía de la tolerancia de la corrupción sobre todo de la “clase” política que tenemos que sin pudor alguno, se la pasó negociando con Amable, un hombre capaz de renunciar a la condición de senador de la República en varias ocasiones, pues consideraba que, dada su inmensa fortuna, no la necesitaba.

A este hombre le hicieron una auditoria cuyos resultados en la LMD espantan: Ahí hay de todo en materia de corrupción, malversación, gastos excesivos y sin embargo, Leonel Fernández quería negociar con él para que lo apoyara políticamente.

La condición de político dominicano es la misma que cualquier descarado.

Es más, para ser político aquí, primero hay que ser un descarado confiable al sistema.

La liga fue todo para él, su fuente de ingresos más altos, su finca, su medio particular para hacerse de uno dinero sin dar un golpe y para toda la vida.

Amable Aristy Castro merece ser enjuiciado imparcialmente pero con sentido de justicia verdadera, no politizada ni colocándolo como víctima, que es lo que él desea ahora.

Los políticos no son perdonavidas y quien lo defienda es su cómplice.

No hay otra explicación.

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Editorial

Una cosa son las palabras y otra los hechos.

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Hay una famosa expresión bíblica que dice “por sus hechos los conoceréis”, lo cual es aplicable a los congresistas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuya palabra clave de su presidente Luis Abinader es la transparencia.

En realidad, se trata de una palabra hueca que los propios hechos la desmienten, porque hablar de combatir la corrupción y establecer leyes para tolerarla o promoverla parece que no se trata de una conducta que tenga coherencia y que en consecuencia merezca respeto.

El nuevo Código Penal, el cual se pone al margen de todo el derecho convencional internacional, busca colocar en sólo veinte años para que prescribe cualquier delito o crimen que implique el robo de miles de millones de pesos en contra del Estado y la sociedad.

Cualquiera podría pensar que el PRM se ha vuelto loco, pero la verdad es que lo que refleja este nuevo Código Penal es que los intereses pesan más que las palabras e incluso hasta más que cualquier buena intención, si es que existe.

Este intento de imponer un nuevo Código Penal aberrante e incluso hasta inmoral, no dice otra cosa de que el pueblo dominicano camina por un sendero muy peligroso que difícilmente pueda revertirse a menos que el ciudadano actúe diligentemente.

Sin dudas que parece que se requiere continuar la fiesta con la corrupción que representa una retranca para una verdadera democracia, porque buscar que muera un acto de corrupción de grandes magnitudes en un plazo de 20 años, indica que se busca estimular esta conducta enemiga del crecimiento y el desarrollo nacional.

El nuevo Código Penal es una “papa caliente” que pasa a mano del presidente Luis Abinader, quien, conjuntamente con el PRM, han jugado con pasarse la pelota entre uno y otro, a fin de evadir su responsabilidad contraída con las promesas que hicieron durante la campaña electoral, principalmente en el año 2020.

El problema es que, ante la visión unilateral e individual que prevalece en el PRM, muy difícilmente pueda haber una salida idónea a las aberraciones contenidas en el nuevo Código Penal, aunque la jugada podría ser que el presidente lo objete o lo devuelva al Congreso Nacional para su modificación, pero con el propósito de que el mismo se convierta en ley en forma automática como lo establece la ley.

Esa podría ser una buena jugada en el marco del régimen de legalidad, pero el cual sería una expresión muy contundente de demagogia y de no cumplimiento con lo prometido y de verdad no estar identificado con los mejores intereses de la nación.

Ya veremos.

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Editorial

Una democracia en pañales.

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Una de las instancias más importantes en cualquier democracia es la justicia, la cual si no anda bien no se puede hablar de estado de derecho.

En el país la justicia todavía anda en pañales, ya que su desempeño en vez de fortalecer la democracia lo que hace es desprestigiarla.

De esta deficiencia lo que más sorprende es el nivel de tolerancia que se produce con los tribunales que diariamente emiten sentencia al margen de figuras constitucionales como la interpretación, la ponderación y de principios como el de razonabilidad, legalidad, analogía jurídica, entre otros, que son vitales para que haya una buena administración de justicia.

Muchas veces los que se mueven en este entorno se preguntan dónde han sido formados los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación y todavía peor los miembros del ministerio público.

Acudir a un tribunal, penal o civil, en el Distrito Judicial de Santiago permite entender que tan cerca está el país de su hermano Haití, donde el Estado sólo existe de derecho, pero no de hecho, cuya distancia no es tan significativa con el dominicano.

Un tribunal haitiano lo primero es que no tiene garantía, aun si actuara en virtud de los tratados y convenciones internacionales, es decir, del derecho internacional, para mejorar sus niveles de credibilidad y en consecuencia jugar el papel que le corresponde en el marco de la democracia.

Pero el Estado dominicano no está tan lejos de esta realidad, porque si bien es cierto que el de este lado de la isla existe supuestamente de hecho y de derecho, pero el mejor espejo de lo mal que anda es el sistema de justicia.

El asunto dominicano en esta materia es tan grave que el Ministerio Público en vez de perseguir el delito y el crimen por ser el órgano creado por el Estado para estos fines, lo que hace es promover la vía de hecho y la impunidad, lo cual regularmente es avalado por los jueces de instrucción que no tienen dos dedos de frente.

Hasta que en la República Dominicana el Consejo del Poder Judicial no cree un sistema de mayor control o supervisión  por  lo menos mejorar el que ya existe, muy difícilmente pueda producirse un cambio importante en esta materia.

Lo preocupante del problema que no parece haber nadie con la disposición y el arrojo para ponerle la tapa al pomo, de cerrar un capitulo que al cabo de algunos años se llevará de paro todo el Estado nacional.

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Editorial

Es un tema recurrente

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Hace décadas que amplios sectores de la vida nacional han estado esperanzados de que el país reduzca su política de endeudamiento público, porque ella disminuye la posibilidad de invertir más en cuestiones tan importantes como la salud, la productividad y la producción nacional, por sólo citar algunos renglones que propiciarían un mayor desarrollo.

Sin embargo, los diferentes gobiernos que ha tenido el país han puesto más empeño en satisfacer los intereses de determinados grupos económicos que procurar generar la estabilidad que demanda la nación.

Es imperativo que se mejore la calidad del gasto y que se combatan con sinceridad fenómenos como la corrupción administrativa, cuya mayor parte de la deuda externa se queda entre sus garras.

Son muchas las teorías que se han levantados para justificar el déficit fiscal, el cual aumenta consistentemente y en consecuencia la mayor parte de los ingresos que tiene la nación, incluidos aquellos que provienen de la deuda externa,  va en camino a inhabilitarla, porque una buena parte de ellos hay que usarlos para el pago de intereses.

El problema nacional se complica, porque ese comportamiento de los que gobiernan y de los que acumulan grandes fortunas, sobre la base del tráfico de influencias y de otras variantes de la corrupción, no hay forma de que hagan conciencia de la gravedad del asunto.

Debe decirse, aunque duela mucho, que el PRM no parece tener las agallas para enfrentar un despilfarro que forma parte de una cultura nacional, sobre todo cuando se trata del manejo de recursos públicos.

La amenaza que genera miedo en los sectores sensatos del país es que el PRM no tiene miramientos para endeudar más al país, porque parece que no mide consecuencias a mediano y largo plazo.

Con esa visión del Estado, que consiste más en buscar prestamos al precio que sea, no va a ocurrir otra cosa que un alto endeudamiento nacional y un déficit fiscal cada día más grande y peligroso para la estabilidad del país.

El susto más grande de los dominicanos, a pesar de que votaron por las actuales autoridades nacionales, es que los niveles de improvisación y poca comprensión de sus acciones, representa un riesgo a mediano y largo plazo de un gobierno que vive de alimentar la percepción con una realidad que dice lo contrario.

Que dicho sea de paso, esa percepción que sirve para vender lo contrario de lo que realmente ocurre, máxime en el campo de la economía, es, sin lugar a dudas, el principal peligro de un país que tiene grandes retrocesos en todos y cada uno de los temas nacionales.

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