Nacionales
Amarante Baret: en RD hay más teléfonos que gente
Amarante Baret se quejó de que el Indotel no es la institución que fue por la falta de recursos que enfrenta
Carlos Amarante Baret, director del Indotel.
El director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Carlos Amarante Baret, dijo que en el país hay nueve millones de teléfonos celulares y un millón 300 mil de líneas fijas. “A eso se le llama teledensidad, es decir, qué cantidad de teléfonos tenemos por habitante, entonces la teledensidad nos da 105 por ciento, es decir, tenemos más teléfonos que gente”, afirmó.
Amarante Baret aclaró que el hecho de que en el país la cantidad de líneas telefónicas supere el número de habitantes, no significa que todos los ciudadanos tienen acceso a ese servicio. “Los números cuando se proyectan como porcentajes por habitantes son engañosos y te vas a encontrar con una concentración de esas líneas móviles en los principales centros urbanos del país en detrimento de las comunidades más rurales y más apartadas”, expresó.
Sostuvo que el Indotel trata de dar respuesta a esa brecha en el servicio para que todos los ciudadanos tengan acceso a todos los productos de telecomunicaciones.
Carlos Amarante Baret fue entrevistado en el marco del Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe en un encuentro encabezado por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el subdirector, Esteban Delgado; el jefe de redacción de apertura, Héctor Marte, y la editora del portal, Sandra Guzmán. También participó la comunicadora Elisa Mariot.
Un millón 900 mil líneas Internet
El director del Indotel informó que en el país hay un millón 900 mil líneas de Internet, lo que representa un crecimiento 600 mil nuevas líneas en dos años cuando había un millón 300 mil. “Ha habido un crecimiento importante en términos de líneas de Internet porque el Indotel lo que aspira es que el pueblo esté bien servido en términos de las telecomunicaciones y como órgano regulador, el Indotel se encarga de propiciar que las compañías hagan las inversiones de lugar”, dijo Amarante Baret.
Explicó que el servicio de las telecomunicaciones es un negocio y que por eso las compañías prestadoras de ese producto, en sentido general, hay comunidades donde no les interesa invertir porque no representan ventajas económicas. Dijo que actualmente desarrollan un acuerdo con la empresa Claro-Codetel para la ampliación de la banda ancha rural que permite a comunidades ubicadas en lugares lejanos que el servicio les llegue. Dijo que actualmente los supervisores de ese organismo están visitando esos puntos para verificar que se han satisfecho las necesidades en ese sentido.
Ahogado por falta de recursos
Amarante Baret explicó que el Indotel se sustenta con el 2% que cobra a las telefónicas por las llamadas, pero que desde el 2010 se estableció un artículo transitorio en la Ley de Presupuesto que obliga al organismo a depositar el 50 por ciento de ese cobro ante la Tesorería Nacional. “Hubo un genio en el año 2010 en el Ministerio de Hacienda que convenció al compañero presidente Fernández de que el Indotel tenía demasiado dinero, y entonces qué hace con tanto dinero el Indotel habiendo tantas necesidades”, expresó.
Dijo que la proyección para este año es que se recaude por ese concepto unos mil 200 millones de los que 600 mil deben depositarse en la Tesorería Nacional. Dijo que de los 600 millones restantes, 585 millones se van en pago de servicios del personal.
“El Indotel lo que viene haciendo es agotando los recursos que se habían juntado si esto no se resuelve, la gente tiene que acostumbrarse a que mientras tenga ese cuchillo clavado no va a ser la institución que era”, afirmó. Sostuvo que incluso la capacidad de respuesta a muchas demandas ha sido limitada por la falta de dinero.
En cinco minutos desactivan celulares robados
Amarante Baret sostuvo que las compañías de teléfono en un máximo de cinco minutos deben reportar al Indotel las denuncias del robo teléfonos celulares para proceder a desactivarlo. “El que robó el teléfono o el que se lo compró va a desbloquearlo automáticamente eso es rechazado porque la compañía no puede activarlo”, afirmó. Dijo que mantienen una línea de trabajo directa con la Policía a fin de perseguir los delitos que se cometen por el robo de celulares.
El director del Indotel sostuvo que el crimen organizado es el reto por vencer en cuanto al robo de teléfonos celulares dado que los aparatos sustraídos se los llevan a Colombia, Venezuela y Haití. Explicó que ante esa situación, el Indotel está procediendo a firmar acuerdo con esos países para que los aparatos no puedan ser activados. Dijo que ya tiene firmado un convenio de ese tipo con Colombia.
247 mil quejas en 10 años
Desde el 2003 a la fecha el Indotel ha recibido más de 247 mil quejas de ciudadanos que sienten que se les han vulnerado sus derechos. Dijo que solo en el 2012 recibieron más de mil quejas por violaciones en los servicios de telefonía. Asimismo, dijo que en los últimos diez años han reconocido derecho a los usuarios por un valor de 75 millones de pesos que las prestadoras de servicio han tenido que devolver a los clientes. Explicó que la mayoría de las quejas se hacen vía telefónica y que las personas que quieran pueden ir personalmente.
Modifican reglamento de servicio telefónico
Amarante Baret informó que hace una semana fue modificado el reglamento del servicio telefónico donde se introdujeron cambios en la forma de reclamo de los usuarios. “En este reglamento se clasifican las averías y se prevé como los usuarios pueden hacer las reclamaciones de lugar a los fines de que sus derechos no sean vulnerados”, dijo.
Explicó que en caso de que el cliente no quede satisfecho con la prestadora de servicios, el Indotel tiene el departamento de servicio al usuario para que las personas hagan las reclamaciones. Sostuvo que en primera instancia el Indotel busca salidas amigables entre el usuario y la prestadora del servicio de telecomunicaciones y que la mayoría de los reclamos se han resuelto por mutuo acuerdo.
Dijo que el Indotel trabaja para brindar un mejor y mayor servicio a la ciudadanía, metas que -dijo- han logrado en un alto porcentaje.
30% de las salas digitales no tienen Internet
Amarante Baret reveló que de mil 300 salas digitales que fueron instaladas en el país solo hay 900 funcionando. “Esos proyectos comenzaron muy bien, pero detecté que mucha gente comenzó a cansarse y comenzaron a abandonar centros, por ejemplo, de unos mil 300 centros, hay 900 funcionando”, dijo. Explicó que de esa cantidad hay un 30 por ciento que no tiene conectividad para acceder al Internet. Afirmó que ese organismo hizo un levantamiento a fin de que los centros sean conectados porque sin el servicio de Internet no tienen razón de ser.
Internet para todos los municipios
El director de Indotel reveló que está en comunicación con el presidente de la Federación de Municipios, Juan de los Santos, para lanzar el proyecto de ampliación de banda ancha a través de los municipios con una inversión que supera los 30 millones de pesos. Dijo que desarrolla el programa de becas que benefician unos 100 jóvenes para estudios superiores con una inversión que supera los 41 millones de pesos.
La televisión tiene que prepararse a era digital
El funcionario les advirtió a los propietarios de plantas televisoras que deben prepararse para pasar del sistema análogo al digital porque es irreversible ir hacia la televisión digital. “Eso conlleva ciertos niveles de inversión y el Estado en algún momento tendrá algún tipo de facilidad para agilizar el cambio”, consideró. Sostuvo que la comisión que encabeza el Indotel para que en el país se produzca el cambio de la televisión análoga a la digital trabaja en una consulta a los ejecutivos de las plantas televisoras.
“El PLD no puede ser una agencia de empleos”
El miembro del Comité Político del PLD sostuvo que el PLD ha construido una maquinaria electoral exitosa, pero que no se puede reducir a eso debido a que el partido oficial fue concebido para ser un ente de intermediación y transformación. “El octavo congreso debe detener lo que unos llaman una perredeización en el PLD, pero también es un proceso de balaguerización y esos dos procesos se dan a costa del boschismo”, expresó.
Comité Político
La extensión de la reunión fue porque estábamos discutiendo el anteproyecto de ley de partidos y el tema de la Barrick Gold”.
Televisión digital
Trabajamos para producir el cambio para el 2015, que es la fecha que se ha fijado como límite para dar el apagón analógico y pasar a la era digital”.
Portabilidad
Aquí se está en los siete días para que la compañía de la que te quieres desconectar proceda a hacer el cambio y nosotros quisiéramos que eso sea cortado a 24 horas” .
Nacionales
Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.