Nacionales
Amarante Baret: en RD hay más teléfonos que gente
Amarante Baret se quejó de que el Indotel no es la institución que fue por la falta de recursos que enfrenta
Carlos Amarante Baret, director del Indotel.
El director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Carlos Amarante Baret, dijo que en el país hay nueve millones de teléfonos celulares y un millón 300 mil de líneas fijas. “A eso se le llama teledensidad, es decir, qué cantidad de teléfonos tenemos por habitante, entonces la teledensidad nos da 105 por ciento, es decir, tenemos más teléfonos que gente”, afirmó.
Amarante Baret aclaró que el hecho de que en el país la cantidad de líneas telefónicas supere el número de habitantes, no significa que todos los ciudadanos tienen acceso a ese servicio. “Los números cuando se proyectan como porcentajes por habitantes son engañosos y te vas a encontrar con una concentración de esas líneas móviles en los principales centros urbanos del país en detrimento de las comunidades más rurales y más apartadas”, expresó.
Sostuvo que el Indotel trata de dar respuesta a esa brecha en el servicio para que todos los ciudadanos tengan acceso a todos los productos de telecomunicaciones.
Carlos Amarante Baret fue entrevistado en el marco del Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe en un encuentro encabezado por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el subdirector, Esteban Delgado; el jefe de redacción de apertura, Héctor Marte, y la editora del portal, Sandra Guzmán. También participó la comunicadora Elisa Mariot.
Un millón 900 mil líneas Internet
El director del Indotel informó que en el país hay un millón 900 mil líneas de Internet, lo que representa un crecimiento 600 mil nuevas líneas en dos años cuando había un millón 300 mil. “Ha habido un crecimiento importante en términos de líneas de Internet porque el Indotel lo que aspira es que el pueblo esté bien servido en términos de las telecomunicaciones y como órgano regulador, el Indotel se encarga de propiciar que las compañías hagan las inversiones de lugar”, dijo Amarante Baret.
Explicó que el servicio de las telecomunicaciones es un negocio y que por eso las compañías prestadoras de ese producto, en sentido general, hay comunidades donde no les interesa invertir porque no representan ventajas económicas. Dijo que actualmente desarrollan un acuerdo con la empresa Claro-Codetel para la ampliación de la banda ancha rural que permite a comunidades ubicadas en lugares lejanos que el servicio les llegue. Dijo que actualmente los supervisores de ese organismo están visitando esos puntos para verificar que se han satisfecho las necesidades en ese sentido.
Ahogado por falta de recursos
Amarante Baret explicó que el Indotel se sustenta con el 2% que cobra a las telefónicas por las llamadas, pero que desde el 2010 se estableció un artículo transitorio en la Ley de Presupuesto que obliga al organismo a depositar el 50 por ciento de ese cobro ante la Tesorería Nacional. “Hubo un genio en el año 2010 en el Ministerio de Hacienda que convenció al compañero presidente Fernández de que el Indotel tenía demasiado dinero, y entonces qué hace con tanto dinero el Indotel habiendo tantas necesidades”, expresó.
Dijo que la proyección para este año es que se recaude por ese concepto unos mil 200 millones de los que 600 mil deben depositarse en la Tesorería Nacional. Dijo que de los 600 millones restantes, 585 millones se van en pago de servicios del personal.
“El Indotel lo que viene haciendo es agotando los recursos que se habían juntado si esto no se resuelve, la gente tiene que acostumbrarse a que mientras tenga ese cuchillo clavado no va a ser la institución que era”, afirmó. Sostuvo que incluso la capacidad de respuesta a muchas demandas ha sido limitada por la falta de dinero.
En cinco minutos desactivan celulares robados
Amarante Baret sostuvo que las compañías de teléfono en un máximo de cinco minutos deben reportar al Indotel las denuncias del robo teléfonos celulares para proceder a desactivarlo. “El que robó el teléfono o el que se lo compró va a desbloquearlo automáticamente eso es rechazado porque la compañía no puede activarlo”, afirmó. Dijo que mantienen una línea de trabajo directa con la Policía a fin de perseguir los delitos que se cometen por el robo de celulares.
El director del Indotel sostuvo que el crimen organizado es el reto por vencer en cuanto al robo de teléfonos celulares dado que los aparatos sustraídos se los llevan a Colombia, Venezuela y Haití. Explicó que ante esa situación, el Indotel está procediendo a firmar acuerdo con esos países para que los aparatos no puedan ser activados. Dijo que ya tiene firmado un convenio de ese tipo con Colombia.
247 mil quejas en 10 años
Desde el 2003 a la fecha el Indotel ha recibido más de 247 mil quejas de ciudadanos que sienten que se les han vulnerado sus derechos. Dijo que solo en el 2012 recibieron más de mil quejas por violaciones en los servicios de telefonía. Asimismo, dijo que en los últimos diez años han reconocido derecho a los usuarios por un valor de 75 millones de pesos que las prestadoras de servicio han tenido que devolver a los clientes. Explicó que la mayoría de las quejas se hacen vía telefónica y que las personas que quieran pueden ir personalmente.
Modifican reglamento de servicio telefónico
Amarante Baret informó que hace una semana fue modificado el reglamento del servicio telefónico donde se introdujeron cambios en la forma de reclamo de los usuarios. “En este reglamento se clasifican las averías y se prevé como los usuarios pueden hacer las reclamaciones de lugar a los fines de que sus derechos no sean vulnerados”, dijo.
Explicó que en caso de que el cliente no quede satisfecho con la prestadora de servicios, el Indotel tiene el departamento de servicio al usuario para que las personas hagan las reclamaciones. Sostuvo que en primera instancia el Indotel busca salidas amigables entre el usuario y la prestadora del servicio de telecomunicaciones y que la mayoría de los reclamos se han resuelto por mutuo acuerdo.
Dijo que el Indotel trabaja para brindar un mejor y mayor servicio a la ciudadanía, metas que -dijo- han logrado en un alto porcentaje.
30% de las salas digitales no tienen Internet
Amarante Baret reveló que de mil 300 salas digitales que fueron instaladas en el país solo hay 900 funcionando. “Esos proyectos comenzaron muy bien, pero detecté que mucha gente comenzó a cansarse y comenzaron a abandonar centros, por ejemplo, de unos mil 300 centros, hay 900 funcionando”, dijo. Explicó que de esa cantidad hay un 30 por ciento que no tiene conectividad para acceder al Internet. Afirmó que ese organismo hizo un levantamiento a fin de que los centros sean conectados porque sin el servicio de Internet no tienen razón de ser.
Internet para todos los municipios
El director de Indotel reveló que está en comunicación con el presidente de la Federación de Municipios, Juan de los Santos, para lanzar el proyecto de ampliación de banda ancha a través de los municipios con una inversión que supera los 30 millones de pesos. Dijo que desarrolla el programa de becas que benefician unos 100 jóvenes para estudios superiores con una inversión que supera los 41 millones de pesos.
La televisión tiene que prepararse a era digital
El funcionario les advirtió a los propietarios de plantas televisoras que deben prepararse para pasar del sistema análogo al digital porque es irreversible ir hacia la televisión digital. “Eso conlleva ciertos niveles de inversión y el Estado en algún momento tendrá algún tipo de facilidad para agilizar el cambio”, consideró. Sostuvo que la comisión que encabeza el Indotel para que en el país se produzca el cambio de la televisión análoga a la digital trabaja en una consulta a los ejecutivos de las plantas televisoras.
“El PLD no puede ser una agencia de empleos”
El miembro del Comité Político del PLD sostuvo que el PLD ha construido una maquinaria electoral exitosa, pero que no se puede reducir a eso debido a que el partido oficial fue concebido para ser un ente de intermediación y transformación. “El octavo congreso debe detener lo que unos llaman una perredeización en el PLD, pero también es un proceso de balaguerización y esos dos procesos se dan a costa del boschismo”, expresó.
Comité Político
La extensión de la reunión fue porque estábamos discutiendo el anteproyecto de ley de partidos y el tema de la Barrick Gold”.
Televisión digital
Trabajamos para producir el cambio para el 2015, que es la fecha que se ha fijado como límite para dar el apagón analógico y pasar a la era digital”.
Portabilidad
Aquí se está en los siete días para que la compañía de la que te quieres desconectar proceda a hacer el cambio y nosotros quisiéramos que eso sea cortado a 24 horas” .
Nacionales
Operación Armum: tribunales imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a investigados
Propietarios y representantes de varias armerías deberán cumplir además presentación periódica e impedimento de salida; el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el manejo y comercialización de armas y municiones
SANTO DOMINGO.– Distintos tribunales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción contra propietarios y representantes de establecimientos vinculados a la Operación Armum, investigación mediante la cual el Ministerio Público procura establecer la existencia de presuntas operaciones irregulares relacionadas con armas de fuego, municiones y otros pertrechos.
Las decisiones judiciales contemplan garantías económicas que oscilan entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida de la República Dominicana sin autorización judicial.
Tribunal fija garantías millonarias en el Distrito Nacional
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica de RD$4 millones contra Braulio Veras Rodríguez, mientras que a Henry Leónidas Tejeda Peralta le fue impuesta una garantía de RD$3.5 millones.
En el caso de Alexis Díaz Rodríguez, la garantía fue fijada en RD$3 millones.
Asimismo, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena deberán prestar garantías económicas de RD$2 millones cada uno.
A Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada les fueron impuestas garantías de RD$1 millón, mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.
La investigación también alcanza a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
Otros tres investigados en Santo Domingo Este
En la jurisdicción de Santo Domingo Este, el tribunal dispuso una garantía económica de RD$500,000, acompañada de presentación periódica e impedimento de salida, contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
En esa demarcación también figura bajo investigación la armería Los Héctor y Joso Eirl.
Ministerio Público investiga presuntas violaciones a la Ley 631-16
El órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, particularmente por hechos vinculados con tenencia ilícita, almacenamiento irregular e intermediación ilegal de armas y municiones.
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados podrían estar sujetos a penas de entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de las infracciones que finalmente puedan ser establecidas durante el proceso.
La decisión correspondiente a los investigados del Distrito Nacional fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.
Unas 200 armas y 40,000 municiones ocupadas
La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos realizados simultáneamente en diferentes puntos del Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
Durante esas intervenciones, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones, además de cargadores, miras telescópicas, equipos modificados y armas que presuntamente carecían de la documentación correspondiente.
Según la investigación del Ministerio Público, algunos de los establecimientos intervenidos supuestamente funcionaban sin licencia, con permisos vencidos o realizando actividades para las cuales no estaban autorizados.
Las autoridades investigan igualmente la alegada retención de armas pertenecientes a terceros y la comercialización irregular de municiones.
Las medidas de coerción impuestas constituyen decisiones cautelares dentro de un proceso todavía en investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público continuar reuniendo los elementos probatorios y a los tribunales determinar posteriormente las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos imputados.
Abinader defiende el nivel de inversión y asegura que, en términos absolutos, los recursos destinados a obras prácticamente duplican los de 2019
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader proyectó que la inversión pública de la República Dominicana concluirá 2026 en aproximadamente 2.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras defendió el manejo de los recursos destinados a obras y cuestionó la manera en que sectores de la oposición comparan los indicadores económicos de su administración.
El mandatario sostuvo que las comparaciones deben tomar en consideración tanto el tamaño actual de la economía como la diferencia entre valores absolutos y relativos.
Durante LA Semanal, dedicada en esta ocasión a analizar la economía, la estabilidad macroeconómica, el empleo, los indicadores sociales y el sector externo, Abinader señaló que sectores opositores utilizan indistintamente cifras porcentuales o absolutas dependiendo del indicador que pretenden evaluar.
“A veces los amigos de la oposición te hablan en términos relativos y otras veces te hablan en términos absolutos”, manifestó el gobernante.
Inversión superaría proporción registrada en 2019
Abinader utilizó como referencia el año 2019, previo a las crisis internacionales que posteriormente impactaron la economía dominicana.
Explicó que en ese período la inversión pública representó alrededor de 2.3 % del PIB, mientras que para finales de 2026 las autoridades esperan colocarla cerca del 2.7 %.
El presidente agregó que la comparación debe considerar que la economía dominicana es actualmente de mayor tamaño.
“Nosotros este año vamos a terminar con 2.7 aproximadamente, pero estamos hablando de una economía mucho mayor”, expresó.
Según su planteamiento, cuando la comparación se realiza en valores absolutos, los recursos destinados actualmente a la inversión pública son casi el doble de los correspondientes a 2019.
El mandatario atribuyó parte de ese incremento a las obras ejecutadas en diferentes provincias y aseguró que el Gobierno también ha procurado mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.
Magín Díaz reporta crecimiento de 34 % en inversión
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, respaldó los argumentos del mandatario y aseguró que la inversión pública acumula un incremento de aproximadamente 34 % con relación al año pasado, mientras el gasto corriente habría aumentado alrededor de un 7 %.
Díaz explicó que el Gobierno busca aumentar la inversión de capital pese a las restricciones fiscales que enfrenta el país.
“El objetivo es no reducirlo”, indicó el funcionario, quien afirmó que desde su llegada al Ministerio de Hacienda procura ejecutar más recursos, mejorar la calidad del gasto y, cuando las condiciones lo permitan, incrementar la inversión.
El ministro advirtió que mantener durante varios años una inversión pública cercana al 2.5 % del PIB no sería conveniente para las necesidades de crecimiento de la economía.
Déficit fiscal y deuda pública
Durante su exposición, Díaz abordó también el comportamiento de las cuentas fiscales.
Indicó que desde 2021 el déficit fiscal promedio se ha mantenido alrededor del 3 % del PIB, proporción que consideró razonable tomando en cuenta las diferentes crisis enfrentadas durante los últimos años.
Asimismo, sostuvo que la deuda pública se ha reducido en cerca de 10 puntos porcentuales respecto del nivel máximo registrado en 2020.
No obstante, reconoció que República Dominicana continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la capacidad de generación de ingresos fiscales y con el nivel de inversión pública requerido para responder a las necesidades nacionales.
Restricciones fiscales condicionan capacidad de inversión
Díaz explicó que incrementar considerablemente la inversión pública sin disponer de nuevas fuentes de ingresos podría traducirse en un aumento del déficit fiscal.
Señaló que las autoridades han tenido que administrar esas limitaciones mediante redistribuciones presupuestarias y reducciones de determinadas partidas durante algunos períodos.
El funcionario recordó que las distintas crisis ocurridas desde 2020 dificultaron la realización de una reforma tributaria, situación que obligó al Gobierno a manejar el gasto dentro de un espacio fiscal restringido.
Gobierno explica origen de recursos para combustibles
El ministro también se refirió a los RD$30,000 millones destinados a amortiguar el impacto del incremento internacional de los combustibles.
Precisó que solo una parte reducida de esos recursos procede del denominado plan anticrisis, debido a que su implementación comenzó recientemente.
Según explicó, la mayor cantidad fue obtenida mediante ahorros y redistribuciones de partidas del gasto corriente, sin modificar el déficit establecido en el presupuesto reformulado.
Díaz adelantó que los ingresos adicionales asociados a las medidas contempladas en el plan anticrisis comenzarán a incorporarse gradualmente a las finanzas públicas.
Inversión pública vuelve al centro del debate económico
Las declaraciones colocan nuevamente en discusión el nivel de inversión que necesita República Dominicana frente a las restricciones fiscales del Estado.
Mientras el Gobierno sostiene que los recursos destinados a inversión han aumentado y proyecta cerrar 2026 con un nivel equivalente al 2.7 % del PIB, las propias autoridades reconocen la necesidad de elevar de manera sostenible la inversión pública sin comprometer la estabilidad de las finanzas nacionales.
El debate, por tanto, no se limita al porcentaje del PIB destinado a obras, sino también a la capacidad del Estado para generar ingresos, controlar el déficit y convertir la inversión pública en infraestructura y servicios que tengan impacto directo en la población.
El país avanza en la exploración de minerales estratégicos en Pedernales, aunque todavía no existe explotación comercial y se esperan estudios más precisos sobre el volumen real de los recursos
SANTO DOMINGO.– El potencial de República Dominicana en tierras raras comienza a adquirir una creciente dimensión económica y geopolítica, despertando el interés de Estados Unidos y la Unión Europea en momentos en que las grandes potencias buscan asegurar el suministro de minerales considerados esenciales para las nuevas tecnologías.
El país, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa de exploración, investigación y evaluación, por lo que las estimaciones existentes no significan que actualmente haya una explotación comercial de estos recursos.
Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias de alto valor tecnológico. Son fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, imanes permanentes, turbinas eólicas y numerosos equipos vinculados a las telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas.
Gobierno estima potencial superior a 150 millones de toneladas
El presidente Luis Abinader afirmó durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que República Dominicana tendría recursos superiores a 150 millones de toneladas, aunque el Gobierno espera disponer hacia finales de este año de estimaciones más precisas.
El principal foco de atención se encuentra en Pedernales, particularmente en la Reserva Fiscal Minera Ávila, creada mediante el Decreto 430-18 en 2018.
La reserva comprende una superficie de 14,876.045 hectáreas y abarca diferentes zonas de la provincia fronteriza.
Las investigaciones científicas realizadas hasta ahora relacionan los depósitos dominicanos de tierras raras principalmente con las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco.
Un estudio encabezado por el investigador Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, determinó que estos recursos se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales.
Estados Unidos pone atención en los recursos dominicanos
El potencial minero dominicano ha trascendido el ámbito estrictamente económico.
Estados Unidos ha acompañado parte de los trabajos de exploración y evaluación realizados en Pedernales, incluyendo asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Reserva Fiscal Minera Ávila.
Durante una visita al presidente Abinader en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó el interés de Washington en trabajar conjuntamente con República Dominicana en el desarrollo de estos recursos.
El funcionario destacó la relevancia de estos minerales para tecnologías estratégicas, entre ellas las telecomunicaciones y los avances médicos, además de señalar la importancia que tiene para Estados Unidos que su desarrollo se produzca en países aliados.
Unión Europea entra en la carrera
A este interés se ha sumado la Unión Europea, que alcanzó recientemente un acuerdo con el Gobierno dominicano para impulsar investigaciones sobre tierras raras, galio y escandio presentes en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.
El convenio contempla un financiamiento de 538,000 euros y establece que las investigaciones deberán realizarse bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.
El objetivo inmediato no es iniciar operaciones mineras, sino ampliar el conocimiento científico de los depósitos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales antes de determinar la viabilidad de futuros proyectos de aprovechamiento.
Emidom tendría participación estatal
Como parte de la estrategia minera, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una entidad de capital totalmente estatal.
El Gobierno ha planteado que esta empresa tendría participación en una eventual explotación y procesamiento de minerales estratégicos, en caso de que las investigaciones determinen su viabilidad económica.
De la expectativa a la comprobación
El creciente interés de Washington y Bruselas coloca a República Dominicana ante una oportunidad que podría adquirir relevancia estratégica en los próximos años.
Pero entre poseer indicios geológicos y disponer de una industria minera comercial existe una distancia considerable.
Por ahora, el proyecto dominicano permanece en fase de exploración y evaluación, sin avances concretos hacia una explotación comercial.
La confirmación de las reservas, su concentración, los costos de extracción y procesamiento, la rentabilidad económica y las consecuencias ambientales serán factores determinantes antes de que el país pueda hablar de una verdadera industria de tierras raras.
La República Dominicana tiene ante sí un recurso potencialmente estratégico; el desafío será determinar cuánto existe realmente, cuánto puede recuperarse de manera económicamente viable y bajo qué condiciones debe aprovecharse para que sus beneficios permanezcan en el país.