Nacionales
Amarante Baret: en RD hay más teléfonos que gente
Amarante Baret se quejó de que el Indotel no es la institución que fue por la falta de recursos que enfrenta
Carlos Amarante Baret, director del Indotel.
El director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Carlos Amarante Baret, dijo que en el país hay nueve millones de teléfonos celulares y un millón 300 mil de líneas fijas. “A eso se le llama teledensidad, es decir, qué cantidad de teléfonos tenemos por habitante, entonces la teledensidad nos da 105 por ciento, es decir, tenemos más teléfonos que gente”, afirmó.
Amarante Baret aclaró que el hecho de que en el país la cantidad de líneas telefónicas supere el número de habitantes, no significa que todos los ciudadanos tienen acceso a ese servicio. “Los números cuando se proyectan como porcentajes por habitantes son engañosos y te vas a encontrar con una concentración de esas líneas móviles en los principales centros urbanos del país en detrimento de las comunidades más rurales y más apartadas”, expresó.
Sostuvo que el Indotel trata de dar respuesta a esa brecha en el servicio para que todos los ciudadanos tengan acceso a todos los productos de telecomunicaciones.
Carlos Amarante Baret fue entrevistado en el marco del Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe en un encuentro encabezado por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el subdirector, Esteban Delgado; el jefe de redacción de apertura, Héctor Marte, y la editora del portal, Sandra Guzmán. También participó la comunicadora Elisa Mariot.
Un millón 900 mil líneas Internet
El director del Indotel informó que en el país hay un millón 900 mil líneas de Internet, lo que representa un crecimiento 600 mil nuevas líneas en dos años cuando había un millón 300 mil. “Ha habido un crecimiento importante en términos de líneas de Internet porque el Indotel lo que aspira es que el pueblo esté bien servido en términos de las telecomunicaciones y como órgano regulador, el Indotel se encarga de propiciar que las compañías hagan las inversiones de lugar”, dijo Amarante Baret.
Explicó que el servicio de las telecomunicaciones es un negocio y que por eso las compañías prestadoras de ese producto, en sentido general, hay comunidades donde no les interesa invertir porque no representan ventajas económicas. Dijo que actualmente desarrollan un acuerdo con la empresa Claro-Codetel para la ampliación de la banda ancha rural que permite a comunidades ubicadas en lugares lejanos que el servicio les llegue. Dijo que actualmente los supervisores de ese organismo están visitando esos puntos para verificar que se han satisfecho las necesidades en ese sentido.
Ahogado por falta de recursos
Amarante Baret explicó que el Indotel se sustenta con el 2% que cobra a las telefónicas por las llamadas, pero que desde el 2010 se estableció un artículo transitorio en la Ley de Presupuesto que obliga al organismo a depositar el 50 por ciento de ese cobro ante la Tesorería Nacional. “Hubo un genio en el año 2010 en el Ministerio de Hacienda que convenció al compañero presidente Fernández de que el Indotel tenía demasiado dinero, y entonces qué hace con tanto dinero el Indotel habiendo tantas necesidades”, expresó.
Dijo que la proyección para este año es que se recaude por ese concepto unos mil 200 millones de los que 600 mil deben depositarse en la Tesorería Nacional. Dijo que de los 600 millones restantes, 585 millones se van en pago de servicios del personal.
“El Indotel lo que viene haciendo es agotando los recursos que se habían juntado si esto no se resuelve, la gente tiene que acostumbrarse a que mientras tenga ese cuchillo clavado no va a ser la institución que era”, afirmó. Sostuvo que incluso la capacidad de respuesta a muchas demandas ha sido limitada por la falta de dinero.
En cinco minutos desactivan celulares robados
Amarante Baret sostuvo que las compañías de teléfono en un máximo de cinco minutos deben reportar al Indotel las denuncias del robo teléfonos celulares para proceder a desactivarlo. “El que robó el teléfono o el que se lo compró va a desbloquearlo automáticamente eso es rechazado porque la compañía no puede activarlo”, afirmó. Dijo que mantienen una línea de trabajo directa con la Policía a fin de perseguir los delitos que se cometen por el robo de celulares.
El director del Indotel sostuvo que el crimen organizado es el reto por vencer en cuanto al robo de teléfonos celulares dado que los aparatos sustraídos se los llevan a Colombia, Venezuela y Haití. Explicó que ante esa situación, el Indotel está procediendo a firmar acuerdo con esos países para que los aparatos no puedan ser activados. Dijo que ya tiene firmado un convenio de ese tipo con Colombia.
247 mil quejas en 10 años
Desde el 2003 a la fecha el Indotel ha recibido más de 247 mil quejas de ciudadanos que sienten que se les han vulnerado sus derechos. Dijo que solo en el 2012 recibieron más de mil quejas por violaciones en los servicios de telefonía. Asimismo, dijo que en los últimos diez años han reconocido derecho a los usuarios por un valor de 75 millones de pesos que las prestadoras de servicio han tenido que devolver a los clientes. Explicó que la mayoría de las quejas se hacen vía telefónica y que las personas que quieran pueden ir personalmente.
Modifican reglamento de servicio telefónico
Amarante Baret informó que hace una semana fue modificado el reglamento del servicio telefónico donde se introdujeron cambios en la forma de reclamo de los usuarios. “En este reglamento se clasifican las averías y se prevé como los usuarios pueden hacer las reclamaciones de lugar a los fines de que sus derechos no sean vulnerados”, dijo.
Explicó que en caso de que el cliente no quede satisfecho con la prestadora de servicios, el Indotel tiene el departamento de servicio al usuario para que las personas hagan las reclamaciones. Sostuvo que en primera instancia el Indotel busca salidas amigables entre el usuario y la prestadora del servicio de telecomunicaciones y que la mayoría de los reclamos se han resuelto por mutuo acuerdo.
Dijo que el Indotel trabaja para brindar un mejor y mayor servicio a la ciudadanía, metas que -dijo- han logrado en un alto porcentaje.
30% de las salas digitales no tienen Internet
Amarante Baret reveló que de mil 300 salas digitales que fueron instaladas en el país solo hay 900 funcionando. “Esos proyectos comenzaron muy bien, pero detecté que mucha gente comenzó a cansarse y comenzaron a abandonar centros, por ejemplo, de unos mil 300 centros, hay 900 funcionando”, dijo. Explicó que de esa cantidad hay un 30 por ciento que no tiene conectividad para acceder al Internet. Afirmó que ese organismo hizo un levantamiento a fin de que los centros sean conectados porque sin el servicio de Internet no tienen razón de ser.
Internet para todos los municipios
El director de Indotel reveló que está en comunicación con el presidente de la Federación de Municipios, Juan de los Santos, para lanzar el proyecto de ampliación de banda ancha a través de los municipios con una inversión que supera los 30 millones de pesos. Dijo que desarrolla el programa de becas que benefician unos 100 jóvenes para estudios superiores con una inversión que supera los 41 millones de pesos.
La televisión tiene que prepararse a era digital
El funcionario les advirtió a los propietarios de plantas televisoras que deben prepararse para pasar del sistema análogo al digital porque es irreversible ir hacia la televisión digital. “Eso conlleva ciertos niveles de inversión y el Estado en algún momento tendrá algún tipo de facilidad para agilizar el cambio”, consideró. Sostuvo que la comisión que encabeza el Indotel para que en el país se produzca el cambio de la televisión análoga a la digital trabaja en una consulta a los ejecutivos de las plantas televisoras.
“El PLD no puede ser una agencia de empleos”
El miembro del Comité Político del PLD sostuvo que el PLD ha construido una maquinaria electoral exitosa, pero que no se puede reducir a eso debido a que el partido oficial fue concebido para ser un ente de intermediación y transformación. “El octavo congreso debe detener lo que unos llaman una perredeización en el PLD, pero también es un proceso de balaguerización y esos dos procesos se dan a costa del boschismo”, expresó.
Comité Político
La extensión de la reunión fue porque estábamos discutiendo el anteproyecto de ley de partidos y el tema de la Barrick Gold”.
Televisión digital
Trabajamos para producir el cambio para el 2015, que es la fecha que se ha fijado como límite para dar el apagón analógico y pasar a la era digital”.
Portabilidad
Aquí se está en los siete días para que la compañía de la que te quieres desconectar proceda a hacer el cambio y nosotros quisiéramos que eso sea cortado a 24 horas” .
Santo Domingo, 5 mar (EFE).- Francia y República Dominicana anunciaron este jueves la instalación de una academia regional, con sede en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), para la capacitación y el entrenamiento de las fuerzas de seguridad de la región del Caribe.
Santo Domingo.-Tras la aprobacion en primera lectura por parte del Senado del proyecto de ley que busca eliminar los articulos 156 y 157 de la Ley 20-23, organica del régimen electoralo, se han encendido los debates sobre el tema luego de dormir el sueno del olvido.
El jurista Alberto Fiallo Billini rechazó el marco jurídico propuesto por el senador Ramón Rogelio Genao (PRSC-La Vega) y su ratificación en la Cámara Alta, y advirtió que lo más grave es que se trata de “un enfrentamiento directo” con una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), cuyas decisiones son vinculantes, “lo que no ha pasado en 16 años”.
El proponente del recurso ante el TC para regular las candidaturas independientes en el sistema electoral dominicano aclaró que, si bien el Congreso acostumbra a ignorar las sentencias exhortativas de la alta corte que le obligan a emitir una ley, ahora, con el proyecto aprobado en primera lectura, “no es tan sencillo” como no escuchar al Tribunal Constitucional, porque –a su juicio- se trata de un enfrentamiento directo con el órgano que interpreta la Carta Magna.
Dijo que el Congreso no puede legislar eliminando un derecho fundamental, como el de participar como candidato independiente.
“Participar como candidato independiente es una expresión del derecho a elegir, pero eso se dijo hace más de 30 años. En Latinoamérica tenemos de 18 países hispanoamericanos, tenemos 10 que tienen candidatos independientes: México tiene candidatos independientes desde hace más de 100 años, pero aquí lo importante es que el problema es que no se le puede obligar a una persona que para participar en política, para ser candidato, tenga que inscribirse en un partido político”, sostuvo.
Según el abogado, el derecho a participar como candidato independiente está avalado en la Constitución y tiene cerca de 100 años.
En la sentencia 0788 de 2024, el Tribunal Constitucional determinó que los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 impedían de forma excesiva o condicionada la postulación de candidatos independientes, al exigir que éstos dependieran de partidos u organizaciones políticas existentes.
Precisa que ese requisito limita el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos sin necesidad de vínculo partidario.
Frente Cívico y Social: el Congreso debe sujetarse a la Constitución y al TC
Sobre el tema se pronunció también el presidente del Frente Cívico y Social (FCS), Isaías Ramos, quien explicó que la aprobación de la pieza en el Senado no es tan simple como parece, ya que se trata del alcance que esta pudiera tener sobre los derechos políticos en la democracia.
Elías Wessin, presidente de la comisión especial de la Cámara de Diputados que estuvo a cargo de los proyectos de ley de candidaturas independientes, dijo que se sorprendió con la iniciativa del Senado, ya que la Cámara Baja estuvo apoderada de la misma propuesta, sometida por el diputado Rogelio Alfonso Genao (hijo del senador).
Detalló que la comisión especial de diputados rindió un informe no favorable, consensuado con la mayoría de los miembros de la comitiva, diciendo que había que buscarle una ruta adecuada a las candidaturas independientes mediante una modificación a la Constitución.
“Lo que hemos dicho es que, necesariamente, hay que introducir una modificación constitucional para que esas candidaturas sean factibles, porque sencillamente la Constitución dice claramente que cualquier candidatura debe expresarse bajo el esquema o la plataforma de los partidos políticos. Esa es la opinión y se mantiene igualita”, señaló.
El senador Ramón Rogelio Genao defendió su propuesta legislativa, la cual está pendiente de una segunda discusión en la Cámara Alta para pasar a la Cámara de Diputados. Dijo que con la sentencia 0788/24, el Tribunal Constitucional legisla y suplanta un poder que está definido por la Ley Suprema, que es el Congreso Nacional.
Señaló que, al eliminar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley del Régimen Electoral, sale del país la discusión de las candidaturas independientes.
Recordó, además, que la Constitución establece las candidaturas sólo a través de partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
También se pronunció el vocero de los diputados del Partido de la Liberación de Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, al indicar que la solución más viable es que los candidatos independientes cumplan con los mismos requisitos que se les exigen a los partidos políticos.
Ricardo de los Santos: el Pleno puede hacer los reparos que considere
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos (PRM-Sánchez Ramírez), explicó que la iniciativa de ley apenas ha sido aprobada en primera discusión, pero que en la segunda el Pleno tiene la facultad de hacerle todos los reparos que considere.
La Cámara Alta aprobó ayer en primera lectura el proyecto legislativo que deroga los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.
Para poder ser efectiva, la pieza deberá ser acogida por el Senado en segunda discusión y en dos lecturas por la Cámara de Diputados. De ahí, la iniciativa iría al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
En las candidaturas independientes, las personas se postulan a un cargo de elección popular sin pertenecer a un partido, movimiento o agrupación política, y sin que los mismos sirvan de plataforma para su propuesta electoral.
Santo Domingo, R.D.-El abogado de Raymer Pastor de los Santos, implicado en el caso Coral, solicitó ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional una sentencia de absolución total en favor de su defendido. El argumento principal es que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones de lavado de activos y testaferrato.
Wendy Lora, representante legal del imputado, planteó a los jueces que el análisis de las pruebas de la defensa, sumado a las debilidades de la acusación, robustecen la postura de inocencia de Pastor de los Santos.
Conforme a la acusación del Ministerio Público, Raymer Pastor de los Santos es señalado como presunto testaferro del general Julio Camilo de los Santos Viola, subdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).
Sin embargo, Lora sostuvo que no existen pruebas que vinculen al imputado con fondos ilícitos ni con la estructura de corrupción que pretende establecer la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
«Las calificaciones legales no subsisten ni conviven con la de testaferrato. No se ha probado ningún tipo de asociación de malhechores que vincule a nuestro representado con actividad delictiva alguna», afirmó la abogada ante las magistradas.
Asimismo, la defensa solicitó el cese de las restricciones financieras y patrimoniales que pesan sobre el imputado, incluyendo, levantamiento de la prohibición de traspaso de propiedades ante la DGII y el Registro Inmobiliario, el reintegro de los fondos generados por el alquiler de tres solares en el proyecto Cabirma del Este, los cuales, según la defensa, han sido retenidos de forma irregular, así como levantamiento inmediato del congelamiento de todos los productos bancarios de Pastor de los Santos.
La defensa pidió al tribunal rechazar la querella y constitución en actoría civil presentada por el Estado dominicano.
Wendy Lora argumentó que dicha querella no fue presentada conforme a la norma y que carece de pruebas que vinculen las acciones de su cliente con un perjuicio real al patrimonio público. Además, señaló que «los daños morales no pueden ser reconocidos a las personas jurídicas o al Estado», solicitando así que se desestime cualquier pretensión indemnizatoria.