Nacionales
Amarante Baret: en RD hay más teléfonos que gente
Amarante Baret se quejó de que el Indotel no es la institución que fue por la falta de recursos que enfrenta
Carlos Amarante Baret, director del Indotel.
El director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Carlos Amarante Baret, dijo que en el país hay nueve millones de teléfonos celulares y un millón 300 mil de líneas fijas. “A eso se le llama teledensidad, es decir, qué cantidad de teléfonos tenemos por habitante, entonces la teledensidad nos da 105 por ciento, es decir, tenemos más teléfonos que gente”, afirmó.
Amarante Baret aclaró que el hecho de que en el país la cantidad de líneas telefónicas supere el número de habitantes, no significa que todos los ciudadanos tienen acceso a ese servicio. “Los números cuando se proyectan como porcentajes por habitantes son engañosos y te vas a encontrar con una concentración de esas líneas móviles en los principales centros urbanos del país en detrimento de las comunidades más rurales y más apartadas”, expresó.
Sostuvo que el Indotel trata de dar respuesta a esa brecha en el servicio para que todos los ciudadanos tengan acceso a todos los productos de telecomunicaciones.
Carlos Amarante Baret fue entrevistado en el marco del Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe en un encuentro encabezado por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el subdirector, Esteban Delgado; el jefe de redacción de apertura, Héctor Marte, y la editora del portal, Sandra Guzmán. También participó la comunicadora Elisa Mariot.
Un millón 900 mil líneas Internet
El director del Indotel informó que en el país hay un millón 900 mil líneas de Internet, lo que representa un crecimiento 600 mil nuevas líneas en dos años cuando había un millón 300 mil. “Ha habido un crecimiento importante en términos de líneas de Internet porque el Indotel lo que aspira es que el pueblo esté bien servido en términos de las telecomunicaciones y como órgano regulador, el Indotel se encarga de propiciar que las compañías hagan las inversiones de lugar”, dijo Amarante Baret.
Explicó que el servicio de las telecomunicaciones es un negocio y que por eso las compañías prestadoras de ese producto, en sentido general, hay comunidades donde no les interesa invertir porque no representan ventajas económicas. Dijo que actualmente desarrollan un acuerdo con la empresa Claro-Codetel para la ampliación de la banda ancha rural que permite a comunidades ubicadas en lugares lejanos que el servicio les llegue. Dijo que actualmente los supervisores de ese organismo están visitando esos puntos para verificar que se han satisfecho las necesidades en ese sentido.
Ahogado por falta de recursos
Amarante Baret explicó que el Indotel se sustenta con el 2% que cobra a las telefónicas por las llamadas, pero que desde el 2010 se estableció un artículo transitorio en la Ley de Presupuesto que obliga al organismo a depositar el 50 por ciento de ese cobro ante la Tesorería Nacional. “Hubo un genio en el año 2010 en el Ministerio de Hacienda que convenció al compañero presidente Fernández de que el Indotel tenía demasiado dinero, y entonces qué hace con tanto dinero el Indotel habiendo tantas necesidades”, expresó.
Dijo que la proyección para este año es que se recaude por ese concepto unos mil 200 millones de los que 600 mil deben depositarse en la Tesorería Nacional. Dijo que de los 600 millones restantes, 585 millones se van en pago de servicios del personal.
“El Indotel lo que viene haciendo es agotando los recursos que se habían juntado si esto no se resuelve, la gente tiene que acostumbrarse a que mientras tenga ese cuchillo clavado no va a ser la institución que era”, afirmó. Sostuvo que incluso la capacidad de respuesta a muchas demandas ha sido limitada por la falta de dinero.
En cinco minutos desactivan celulares robados
Amarante Baret sostuvo que las compañías de teléfono en un máximo de cinco minutos deben reportar al Indotel las denuncias del robo teléfonos celulares para proceder a desactivarlo. “El que robó el teléfono o el que se lo compró va a desbloquearlo automáticamente eso es rechazado porque la compañía no puede activarlo”, afirmó. Dijo que mantienen una línea de trabajo directa con la Policía a fin de perseguir los delitos que se cometen por el robo de celulares.
El director del Indotel sostuvo que el crimen organizado es el reto por vencer en cuanto al robo de teléfonos celulares dado que los aparatos sustraídos se los llevan a Colombia, Venezuela y Haití. Explicó que ante esa situación, el Indotel está procediendo a firmar acuerdo con esos países para que los aparatos no puedan ser activados. Dijo que ya tiene firmado un convenio de ese tipo con Colombia.
247 mil quejas en 10 años
Desde el 2003 a la fecha el Indotel ha recibido más de 247 mil quejas de ciudadanos que sienten que se les han vulnerado sus derechos. Dijo que solo en el 2012 recibieron más de mil quejas por violaciones en los servicios de telefonía. Asimismo, dijo que en los últimos diez años han reconocido derecho a los usuarios por un valor de 75 millones de pesos que las prestadoras de servicio han tenido que devolver a los clientes. Explicó que la mayoría de las quejas se hacen vía telefónica y que las personas que quieran pueden ir personalmente.
Modifican reglamento de servicio telefónico
Amarante Baret informó que hace una semana fue modificado el reglamento del servicio telefónico donde se introdujeron cambios en la forma de reclamo de los usuarios. “En este reglamento se clasifican las averías y se prevé como los usuarios pueden hacer las reclamaciones de lugar a los fines de que sus derechos no sean vulnerados”, dijo.
Explicó que en caso de que el cliente no quede satisfecho con la prestadora de servicios, el Indotel tiene el departamento de servicio al usuario para que las personas hagan las reclamaciones. Sostuvo que en primera instancia el Indotel busca salidas amigables entre el usuario y la prestadora del servicio de telecomunicaciones y que la mayoría de los reclamos se han resuelto por mutuo acuerdo.
Dijo que el Indotel trabaja para brindar un mejor y mayor servicio a la ciudadanía, metas que -dijo- han logrado en un alto porcentaje.
30% de las salas digitales no tienen Internet
Amarante Baret reveló que de mil 300 salas digitales que fueron instaladas en el país solo hay 900 funcionando. “Esos proyectos comenzaron muy bien, pero detecté que mucha gente comenzó a cansarse y comenzaron a abandonar centros, por ejemplo, de unos mil 300 centros, hay 900 funcionando”, dijo. Explicó que de esa cantidad hay un 30 por ciento que no tiene conectividad para acceder al Internet. Afirmó que ese organismo hizo un levantamiento a fin de que los centros sean conectados porque sin el servicio de Internet no tienen razón de ser.
Internet para todos los municipios
El director de Indotel reveló que está en comunicación con el presidente de la Federación de Municipios, Juan de los Santos, para lanzar el proyecto de ampliación de banda ancha a través de los municipios con una inversión que supera los 30 millones de pesos. Dijo que desarrolla el programa de becas que benefician unos 100 jóvenes para estudios superiores con una inversión que supera los 41 millones de pesos.
La televisión tiene que prepararse a era digital
El funcionario les advirtió a los propietarios de plantas televisoras que deben prepararse para pasar del sistema análogo al digital porque es irreversible ir hacia la televisión digital. “Eso conlleva ciertos niveles de inversión y el Estado en algún momento tendrá algún tipo de facilidad para agilizar el cambio”, consideró. Sostuvo que la comisión que encabeza el Indotel para que en el país se produzca el cambio de la televisión análoga a la digital trabaja en una consulta a los ejecutivos de las plantas televisoras.
“El PLD no puede ser una agencia de empleos”
El miembro del Comité Político del PLD sostuvo que el PLD ha construido una maquinaria electoral exitosa, pero que no se puede reducir a eso debido a que el partido oficial fue concebido para ser un ente de intermediación y transformación. “El octavo congreso debe detener lo que unos llaman una perredeización en el PLD, pero también es un proceso de balaguerización y esos dos procesos se dan a costa del boschismo”, expresó.
Comité Político
La extensión de la reunión fue porque estábamos discutiendo el anteproyecto de ley de partidos y el tema de la Barrick Gold”.
Televisión digital
Trabajamos para producir el cambio para el 2015, que es la fecha que se ha fijado como límite para dar el apagón analógico y pasar a la era digital”.
Portabilidad
Aquí se está en los siete días para que la compañía de la que te quieres desconectar proceda a hacer el cambio y nosotros quisiéramos que eso sea cortado a 24 horas” .
Nacionales
Migración detecta cientos de extranjeros indocumentados en fincas agrícolas de seis provincias
Las inspecciones realizadas por la Dirección General de Migración identificaron cerca de 700 extranjeros en situación irregular, con la mayor concentración en una explotación tomatera de San Juan. Las autoridades también investigarán posibles incumplimientos laborales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) extendió sus labores de fiscalización a diferentes zonas de producción agrícola del país, donde identificó cerca de 700 ciudadanos extranjeros que presuntamente no contaban con la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano.
Las inspecciones fueron realizadas los días 15 y 16 de octubre de 2026 y forman parte de las acciones desarrolladas por el organismo para verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias en actividades económicas que utilizan mano de obra extranjera.
Los equipos de inspección intervinieron en establecimientos agrícolas de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana.
Durante las jornadas, las autoridades verificaron la situación documental de trabajadores y recopilaron información sobre las condiciones existentes en las explotaciones agrícolas visitadas.
Finca de San Juan concentra mayor cantidad de casos
Uno de los hallazgos más significativos se produjo en una explotación dedicada al cultivo de tomates, ubicada en San Juan de la Maguana.
En ese establecimiento, los inspectores identificaron aproximadamente 520 extranjeros que, según las informaciones ofrecidas por Migración, se encontraban en condición migratoria irregular.
La cantidad representa una proporción considerable de los casos detectados durante las jornadas realizadas en las distintas provincias.
En otros cinco centros de trabajo inspeccionados, los equipos oficiales contabilizaron 114 empleados, distribuidos entre 86 ciudadanos haitianos y 28 dominicanos.
De los trabajadores haitianos identificados en esos establecimientos, 80 carecían de una condición migratoria regular, de acuerdo con los registros levantados por las autoridades.
Estas cifras reflejan la presencia de trabajadores extranjeros en determinadas actividades agrícolas y plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación y verificación documental utilizados por los empleadores.
Autoridades examinarán posibles infracciones laborales
Además de comprobar la situación migratoria de los trabajadores, los inspectores recopilaron información relacionada con las condiciones encontradas en los lugares intervenidos.
La Dirección General de Migración informó que dará seguimiento a los resultados y remitirá a las instituciones competentes aquellos casos que requieran investigaciones adicionales.
Entre los aspectos que podrían ser examinados figuran posibles incumplimientos de las disposiciones laborales y situaciones que involucren la protección de niños, debido a que durante algunas inspecciones se constató la presencia de menores de edad.
La presencia de niños en un establecimiento agrícola no constituye por sí sola una prueba de explotación infantil, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias particulares de cada caso.
De igual manera, las eventuales responsabilidades de empleadores o administradores deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y conforme a la legislación aplicable.
Migración anuncia continuidad de las fiscalizaciones
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana, reiteró que las inspecciones continuarán en las áreas donde se registra una elevada concentración de trabajadores extranjeros.
El funcionario señaló que las acciones forman parte de los mecanismos de control dirigidos a garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración número 285-04.
Las intervenciones también buscan determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de infracciones identificadas durante las verificaciones.
El reforzamiento de las fiscalizaciones en actividades productivas coloca nuevamente en discusión la necesidad de establecer mecanismos eficaces para la contratación regular de trabajadores extranjeros, especialmente en sectores que requieren cantidades significativas de mano de obra.
Actividad agrícola y regulación migratoria
La producción agropecuaria dominicana utiliza trabajadores nacionales y extranjeros en labores de siembra, mantenimiento y recolección de productos.
En ese contexto, las inspecciones migratorias pueden tener repercusiones sobre la organización de las actividades productivas y las prácticas de contratación en determinadas explotaciones agrícolas.
La aplicación de las normas migratorias debe desarrollarse conjuntamente con el respeto a los derechos laborales y las garantías legales de las personas sometidas a verificación.
Asimismo, el seguimiento a los empleadores resulta fundamental para determinar si existen prácticas de contratación contrarias a las disposiciones migratorias o laborales vigentes.
Las autoridades deberán establecer, de manera individual, la condición jurídica de las personas identificadas y las medidas que correspondan conforme al ordenamiento dominicano.
Operativos se extenderán a otras actividades productivas
El fortalecimiento de los controles migratorios forma parte de las acciones oficiales dirigidas a fiscalizar la presencia de trabajadores extranjeros en distintos sectores de la economía.
Aunque las inspecciones cuyos resultados fueron divulgados se concentraron en explotaciones agrícolas, la estrategia de fiscalización también contempla espacios laborales como las obras de construcción.
La DGM mantiene su propósito de ampliar la supervisión en zonas de alta concentración de mano de obra extranjera, mientras las instituciones competentes deberán evaluar las posibles infracciones detectadas.
Los resultados de estas jornadas vuelven a colocar sobre la mesa el desafío de conciliar el cumplimiento de la legislación migratoria, las necesidades de los sectores productivos y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
El organismo electoral amplía las facilidades para que los ciudadanos obtengan el nuevo documento de identidad antes de abril de 2027. Cerca de tres millones de dominicanos residentes en el país todavía tienen pendiente completar el trámite, según los datos divulgados.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Junta Central Electoral (JCE) intensificó las jornadas de renovación de la cédula de identidad y electoral mediante el desplazamiento de unidades móviles a diferentes comunidades del territorio nacional, acompañadas de un servicio de transporte gratuito para facilitar el acceso de la población a los centros de atención.
La iniciativa procura reducir las dificultades de desplazamiento que enfrentan algunos ciudadanos y acelerar la entrega del nuevo documento, cuyo proceso de sustitución deberá completarse antes de abril de 2027, de acuerdo con el calendario anunciado por las autoridades electorales.
Según las cifras divulgadas, aproximadamente cuatro millones de dominicanos han renovado su documento de identidad, mientras que cerca de tres millones de residentes en el país todavía tienen pendiente realizar el procedimiento.
Buscan facilitar el acceso a los servicios de cedulación
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, ha destacado la necesidad de acercar los servicios de identificación a las comunidades, particularmente aquellas donde los ciudadanos enfrentan mayores dificultades para trasladarse a las oficinas tradicionales.
Como parte de las medidas implementadas, el organismo dispone de vehículos que ofrecen transporte de ida y vuelta sin costo para las personas interesadas en completar el proceso.
Asimismo, unidades equipadas con sistemas de amplificación recorren diferentes sectores para informar a los residentes sobre las fechas de las jornadas, los lugares de atención y los puntos habilitados para abordar el transporte gratuito.
Esta modalidad permite ampliar el alcance del programa y facilitar la participación de ciudadanos que, por razones económicas, laborales o de movilidad, encuentran obstáculos para acudir a los centros permanentes de cedulación.
Operativos disponibles en varias localidades
Entre los lugares incluidos en el calendario divulgado por la institución figura la comunidad El Torito, en Santo Domingo Norte, donde se programó una jornada del 16 al 18 de octubre, en horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
El servicio fue ubicado en la parroquia San Pablo de la Cruz, situada en la calle principal número uno, esquina Proyecto, urbanización Santa Cruz.
Durante esas mismas fechas y horarios se estableció otro punto de atención en Las Cubayas, específicamente en el Liceo Secundario Don Juan Rodríguez, próximo al cruce del Abanico.
En La Gina, distrito municipal perteneciente a Miches, el operativo está previsto del 18 al 22 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.
Los servicios se ofrecerán en la Junta Distrital, ubicada en la carretera Miches-Sabana de la Mar.
Santiago contará con jornada extendida
En Santiago de los Caballeros, la JCE habilitó un operativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, cuya duración está prevista hasta el jueves 22 de octubre.
La jornada contempla atención de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.
Para los sábados y domingos, el horario establecido es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
La ampliación de horarios busca ofrecer alternativas a quienes deben cumplir compromisos laborales o académicos durante las jornadas ordinarias.
Renovación forma parte de la actualización del registro ciudadano
El proceso de sustitución de la cédula constituye una de las principales iniciativas administrativas de la Junta Central Electoral, debido a la importancia del documento para la identificación de las personas y la realización de múltiples gestiones públicas y privadas.
Además de su utilización en los procesos electorales, la cédula es necesaria para operaciones bancarias, trámites institucionales, servicios comerciales y otras actividades que requieren acreditar la identidad de los ciudadanos.
La renovación también está vinculada con la actualización de los registros de identificación y del padrón electoral, instrumentos esenciales para el funcionamiento del sistema democrático dominicano.
El organismo ha establecido abril de 2027 como fecha límite para la sustitución del documento anterior, conforme al calendario divulgado.
Llamado a completar el procedimiento
Las autoridades electorales procuran que la mayor cantidad posible de ciudadanos obtenga su nueva cédula dentro del plazo establecido, evitando acumulaciones de solicitudes durante las últimas etapas del proceso.
Con los operativos móviles y las facilidades de transporte, la JCE busca reducir las barreras de acceso y ampliar la cobertura territorial de los servicios de identificación.
Se recomienda a los interesados consultar los canales oficiales del organismo antes de desplazarse, debido a que los puntos móviles y sus horarios pueden experimentar modificaciones.
La institución continúa así con el despliegue de su programa de cedulación, con el propósito de facilitar que los dominicanos dispongan del nuevo documento de identidad dentro del calendario establecido.
El Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluida su presidencia, mientras continúa pendiente la publicación del acta que contiene las votaciones de la evaluación anterior.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se encamina hacia la conclusión del proceso de escogencia de seis jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de interrogantes sobre la publicidad de las decisiones adoptadas durante la evaluación de los magistrados que aspiraban a permanecer en sus funciones.
El organismo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, tiene previsto completar el procedimiento el próximo viernes 23 de octubre, fecha establecida provisionalmente para la juramentación de los nuevos integrantes del alto tribunal.
Sin embargo, el calendario llega a su fase final sin que, según una revisión del portal oficial reseñada este domingo, se haya publicado el acta correspondiente a la sesión del 8 de septiembre, cuando fueron ratificados cinco magistrados y otros dos quedaron fuera de la Suprema Corte.
Concluyen entrevistas a 83 aspirantes
El CNM agotó las jornadas de vistas públicas celebradas los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, durante las cuales fueron entrevistados 83 de los 88 candidatos preseleccionados para las posiciones disponibles.
Con la conclusión de esta etapa, corresponde a los integrantes del Consejo ponderar la trayectoria profesional, experiencia, conocimientos jurídicos y demás condiciones de los postulantes antes de adoptar las decisiones definitivas.
Entre las seis posiciones pendientes figura la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, una de las responsabilidades institucionales de mayor relevancia dentro del Poder Judicial dominicano.
El cronograma contempla que los nuevos jueces sean juramentados el 23 de octubre, aunque la fecha podría experimentar modificaciones.
Votaciones anteriores permanecen sin divulgarse
Uno de los principales aspectos que genera interrogantes es la ausencia del documento que permitiría conocer el sentido de los votos emitidos por cada integrante del Consejo durante la sesión del pasado 8 de septiembre.
En aquella reunión fueron ratificados para un nuevo período de siete años los magistrados Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.
Por el contrario, Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Elizabeth Acosta Peralta no obtuvieron la confirmación necesaria para continuar en sus funciones.
Las decisiones contribuyeron a elevar a seis el número de vacantes que deben ser cubiertas mediante el procedimiento actualmente en curso.
Tras aquella sesión, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, indicó que el registro de las votaciones quedaría incorporado en el acta correspondiente.
No obstante, según la información publicada este 18 de octubre, dicho documento todavía no estaba disponible para consulta en el portal institucional.
Publicidad de las decisiones vuelve al centro del debate
La falta de divulgación del acta adquiere especial relevancia por tratarse de decisiones relacionadas con la integración del máximo tribunal del Poder Judicial.
De acuerdo con la revisión periodística divulgada, el portal del CNM únicamente mostraba las actas 001-2026 y 002-2026, correspondientes a las sesiones del 3 y 28 de agosto.
Ambos documentos recogen actuaciones vinculadas con la organización del proceso, el calendario de evaluación y las objeciones formuladas contra postulantes, pero no contienen las votaciones individuales de la sesión de septiembre.
La publicación de las actas constituye un mecanismo importante para fortalecer la rendición de cuentas y permitir que la ciudadanía conozca cómo se desarrollan las decisiones de los órganos encargados de seleccionar a los integrantes de las altas cortes.
No obstante, la ausencia de publicación de un documento no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades en las votaciones ni invalida automáticamente las decisiones adoptadas.
Una escogencia de trascendencia institucional
La composición de la Suprema Corte de Justicia tiene repercusiones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial dominicano, debido a las competencias constitucionales y legales asignadas a este tribunal.
En ese sentido, la selección de seis nuevos magistrados representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia mediante un procedimiento fundamentado en criterios objetivos, capacidad profesional e independencia judicial.
La transparencia sobre las evaluaciones y decisiones adoptadas adquiere una importancia particular cuando se trata de garantizar que la integración del tribunal responda a las exigencias institucionales y al principio de separación de poderes.
Con las entrevistas concluidas y la decisión final pendiente, la atención se concentra ahora en las deliberaciones del Consejo y en la eventual divulgación de la documentación correspondiente a las evaluaciones anteriores.
El CNM afronta así una etapa determinante, en la que no solo deberá completar la renovación parcial de la Suprema Corte de Justicia, sino también ofrecer garantías de transparencia que permitan fortalecer la credibilidad del proceso ante la sociedad dominicana.