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Amarante Baret: en RD hay más teléfonos que gente
Amarante Baret se quejó de que el Indotel no es la institución que fue por la falta de recursos que enfrenta
Carlos Amarante Baret, director del Indotel.
El director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Carlos Amarante Baret, dijo que en el país hay nueve millones de teléfonos celulares y un millón 300 mil de líneas fijas. “A eso se le llama teledensidad, es decir, qué cantidad de teléfonos tenemos por habitante, entonces la teledensidad nos da 105 por ciento, es decir, tenemos más teléfonos que gente”, afirmó.
Amarante Baret aclaró que el hecho de que en el país la cantidad de líneas telefónicas supere el número de habitantes, no significa que todos los ciudadanos tienen acceso a ese servicio. “Los números cuando se proyectan como porcentajes por habitantes son engañosos y te vas a encontrar con una concentración de esas líneas móviles en los principales centros urbanos del país en detrimento de las comunidades más rurales y más apartadas”, expresó.
Sostuvo que el Indotel trata de dar respuesta a esa brecha en el servicio para que todos los ciudadanos tengan acceso a todos los productos de telecomunicaciones.
Carlos Amarante Baret fue entrevistado en el marco del Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe en un encuentro encabezado por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el subdirector, Esteban Delgado; el jefe de redacción de apertura, Héctor Marte, y la editora del portal, Sandra Guzmán. También participó la comunicadora Elisa Mariot.
Un millón 900 mil líneas Internet
El director del Indotel informó que en el país hay un millón 900 mil líneas de Internet, lo que representa un crecimiento 600 mil nuevas líneas en dos años cuando había un millón 300 mil. “Ha habido un crecimiento importante en términos de líneas de Internet porque el Indotel lo que aspira es que el pueblo esté bien servido en términos de las telecomunicaciones y como órgano regulador, el Indotel se encarga de propiciar que las compañías hagan las inversiones de lugar”, dijo Amarante Baret.
Explicó que el servicio de las telecomunicaciones es un negocio y que por eso las compañías prestadoras de ese producto, en sentido general, hay comunidades donde no les interesa invertir porque no representan ventajas económicas. Dijo que actualmente desarrollan un acuerdo con la empresa Claro-Codetel para la ampliación de la banda ancha rural que permite a comunidades ubicadas en lugares lejanos que el servicio les llegue. Dijo que actualmente los supervisores de ese organismo están visitando esos puntos para verificar que se han satisfecho las necesidades en ese sentido.
Ahogado por falta de recursos
Amarante Baret explicó que el Indotel se sustenta con el 2% que cobra a las telefónicas por las llamadas, pero que desde el 2010 se estableció un artículo transitorio en la Ley de Presupuesto que obliga al organismo a depositar el 50 por ciento de ese cobro ante la Tesorería Nacional. “Hubo un genio en el año 2010 en el Ministerio de Hacienda que convenció al compañero presidente Fernández de que el Indotel tenía demasiado dinero, y entonces qué hace con tanto dinero el Indotel habiendo tantas necesidades”, expresó.
Dijo que la proyección para este año es que se recaude por ese concepto unos mil 200 millones de los que 600 mil deben depositarse en la Tesorería Nacional. Dijo que de los 600 millones restantes, 585 millones se van en pago de servicios del personal.
“El Indotel lo que viene haciendo es agotando los recursos que se habían juntado si esto no se resuelve, la gente tiene que acostumbrarse a que mientras tenga ese cuchillo clavado no va a ser la institución que era”, afirmó. Sostuvo que incluso la capacidad de respuesta a muchas demandas ha sido limitada por la falta de dinero.
En cinco minutos desactivan celulares robados
Amarante Baret sostuvo que las compañías de teléfono en un máximo de cinco minutos deben reportar al Indotel las denuncias del robo teléfonos celulares para proceder a desactivarlo. “El que robó el teléfono o el que se lo compró va a desbloquearlo automáticamente eso es rechazado porque la compañía no puede activarlo”, afirmó. Dijo que mantienen una línea de trabajo directa con la Policía a fin de perseguir los delitos que se cometen por el robo de celulares.
El director del Indotel sostuvo que el crimen organizado es el reto por vencer en cuanto al robo de teléfonos celulares dado que los aparatos sustraídos se los llevan a Colombia, Venezuela y Haití. Explicó que ante esa situación, el Indotel está procediendo a firmar acuerdo con esos países para que los aparatos no puedan ser activados. Dijo que ya tiene firmado un convenio de ese tipo con Colombia.
247 mil quejas en 10 años
Desde el 2003 a la fecha el Indotel ha recibido más de 247 mil quejas de ciudadanos que sienten que se les han vulnerado sus derechos. Dijo que solo en el 2012 recibieron más de mil quejas por violaciones en los servicios de telefonía. Asimismo, dijo que en los últimos diez años han reconocido derecho a los usuarios por un valor de 75 millones de pesos que las prestadoras de servicio han tenido que devolver a los clientes. Explicó que la mayoría de las quejas se hacen vía telefónica y que las personas que quieran pueden ir personalmente.
Modifican reglamento de servicio telefónico
Amarante Baret informó que hace una semana fue modificado el reglamento del servicio telefónico donde se introdujeron cambios en la forma de reclamo de los usuarios. “En este reglamento se clasifican las averías y se prevé como los usuarios pueden hacer las reclamaciones de lugar a los fines de que sus derechos no sean vulnerados”, dijo.
Explicó que en caso de que el cliente no quede satisfecho con la prestadora de servicios, el Indotel tiene el departamento de servicio al usuario para que las personas hagan las reclamaciones. Sostuvo que en primera instancia el Indotel busca salidas amigables entre el usuario y la prestadora del servicio de telecomunicaciones y que la mayoría de los reclamos se han resuelto por mutuo acuerdo.
Dijo que el Indotel trabaja para brindar un mejor y mayor servicio a la ciudadanía, metas que -dijo- han logrado en un alto porcentaje.
30% de las salas digitales no tienen Internet
Amarante Baret reveló que de mil 300 salas digitales que fueron instaladas en el país solo hay 900 funcionando. “Esos proyectos comenzaron muy bien, pero detecté que mucha gente comenzó a cansarse y comenzaron a abandonar centros, por ejemplo, de unos mil 300 centros, hay 900 funcionando”, dijo. Explicó que de esa cantidad hay un 30 por ciento que no tiene conectividad para acceder al Internet. Afirmó que ese organismo hizo un levantamiento a fin de que los centros sean conectados porque sin el servicio de Internet no tienen razón de ser.
Internet para todos los municipios
El director de Indotel reveló que está en comunicación con el presidente de la Federación de Municipios, Juan de los Santos, para lanzar el proyecto de ampliación de banda ancha a través de los municipios con una inversión que supera los 30 millones de pesos. Dijo que desarrolla el programa de becas que benefician unos 100 jóvenes para estudios superiores con una inversión que supera los 41 millones de pesos.
La televisión tiene que prepararse a era digital
El funcionario les advirtió a los propietarios de plantas televisoras que deben prepararse para pasar del sistema análogo al digital porque es irreversible ir hacia la televisión digital. “Eso conlleva ciertos niveles de inversión y el Estado en algún momento tendrá algún tipo de facilidad para agilizar el cambio”, consideró. Sostuvo que la comisión que encabeza el Indotel para que en el país se produzca el cambio de la televisión análoga a la digital trabaja en una consulta a los ejecutivos de las plantas televisoras.
“El PLD no puede ser una agencia de empleos”
El miembro del Comité Político del PLD sostuvo que el PLD ha construido una maquinaria electoral exitosa, pero que no se puede reducir a eso debido a que el partido oficial fue concebido para ser un ente de intermediación y transformación. “El octavo congreso debe detener lo que unos llaman una perredeización en el PLD, pero también es un proceso de balaguerización y esos dos procesos se dan a costa del boschismo”, expresó.
Comité Político
La extensión de la reunión fue porque estábamos discutiendo el anteproyecto de ley de partidos y el tema de la Barrick Gold”.
Televisión digital
Trabajamos para producir el cambio para el 2015, que es la fecha que se ha fijado como límite para dar el apagón analógico y pasar a la era digital”.
Portabilidad
Aquí se está en los siete días para que la compañía de la que te quieres desconectar proceda a hacer el cambio y nosotros quisiéramos que eso sea cortado a 24 horas” .
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.