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Amarante Baret: “Somos sensibles a preocupación ciudadana por la delincuencia”
“Somos sensibles a ese problema y estamos trabajando para reducir el impacto de la delincuencia y el crimen en el país”, declaró.
El ministro de Educación, Carlos Amarente Baret, fue el orador invitado al desayuno de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), titulado Retos y avances del sistema educativo dominicano.
Fotos: Carmen Suárez/acento.com.do
Fecha:17/09/2014
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministro de Interior y Policía, licenciado Carlos Amarante Baret, afirmó que las autoridades no son indiferentes a la preocupación que siente la ciudadanía ante los niveles de delincuencia que afectan al país, pero aseguró que se trabaja con fórmulas estructurales para combatir ese flagelo.
“Somos sensibles a ese problema y estamos trabajando para reducir el impacto de la delincuencia y el crimen en el país”, declaró.
El funcionario declaró, no obstante, que el problema es complejo y que las autoridades no tienen una vara mágica, “pero sí estamos tomando medidas estructurales para reducir la preocupación que siente la ciudadanía por los niveles de delincuencia que se advierten en el país”.
Precisó que se trabaja para atacar las causas de la delincuencia como en la persecución de los criminales.
“Por ejemplo, la Policía Nacional es el instrumento fundamental para garantizar la seguridad. Nosotros estamos transformando esa institución. Lo que sucede es que la institución que se llama Policía Nacional viene de una tradición con una estructura bastante militarizada”, manifestó.
Indicó que actualmente se está viviendo un proceso de transformación estructural de la Policía Nacional en base a la Ley Orgánica de la Policía de reciente aprobación y promulgación por el Poder Ejecutivo.
Agregó que esa legislación eliminó cuatro de institutos que a lo interno de la Policía estaban dispersos y representaban pérdida de recursos, por cuya eliminación la institución ha ahorrado unos 400 millones de pesos.
“Pero además, se ha puesto orden en términos del gasto de combustible en la Policía Nacional, que ha significado un ahorro de 600 millones de pesos”, subrayó.
El Ministro de Interior y Policía explicó que ese ahorro de mil millones de pesos, más la aportación que hizo el presidente Danilo Medina al presupuesto de la Policía han servido para aumentar los salarios de agentes y oficiales de la institución y en mejorar sus condiciones de vida en término general.
“Pero además, dentro de la Policía nosotros estamos haciendo que vuelvan a estudiar en la Escuela de Formación Policial. Hay un Instituto Policial Educativo, el IPE, que estamos obligando a los oficiales superiores, a los oficiales subalternos y alistados a que tienen que ir a estudiar las últimas técnicas de investigación, técnicas en término de inteligencia. En fin, queremos profesionalizar a la Policía”, agregó.
Declaró que lamentablemente, durante muchos años la Policía no se ocupó de renovar el pensamiento y se fue quedando atrás, pero ahora se está actualizando para concomitantemente elevar la dignidad de ser policía y para que sus miembros amen a la institución y eviten la tentación de algún delincuente.
Manifestó que el hecho de que un policía tenga acceso a la salud, seguridad social para él y su familia, planes de vivienda y otras conquistas que le dignifican la vida hacen que ame su institución, la profesión y resista cualquier propuesta de un delincuente o un criminal.
“Por otro lado, nosotros, desde el Ministerio (de Interior) estamos creando espacios de participación de la ciudadanía organizada para junto con ella trabajar el tema (de la inseguridad). Son las Mesas de Seguridad Ciudadana y Género, porque el tema de la delincuencia y el crimen es un asunto de todos y aunque el Estado tiene la mayor responsabilidad, necesitamos también la parte preventiva, trabajar con las juntas de vecinos, las iglesias, los empresarios, organizaciones comunitarias, deportivas, culturales, el Ministerio Público, los ministerios de la Mujer, Deportes, la sociedad civil y toda la comunidad.
Intervención de barrios
Amarante Baret subrayó que según el mapa de la delincuencia, las autoridades han estado interviniendo los barrios donde ese flagelo se da con mayor frecuencia, tanto de la provincia Santo Domingo como de Santiago, Bávaro y otros lugares.
En esas intervenciones se realizan allanamientos, decomiso y ocupación de armas de fuego, vehículos reportados robados, se ha detenido a fugitivos de la justicia.
Manifestó que mediante estos operativos se está llevando tranquilidad a los barrios intervenidos. Posteriormente se hace una intervención social en esos lugares en acciones emprendidas desde una Mesa de Coordinación en la que convergen alrededor de 20 instituciones.
A través de esa Mesa de Coordinación se identifican las principales necesidades tanto comunitarias como sociales de los barrios intervenidos y se le aportan las soluciones puntuales que cada caso amerita.
“Lo que estamos haciendo es yendo al barrio, trabajando con la gente y en la medida en que los resultados vayan fluyendo, entonces exponerlos a la población, ya como resultados, no como promesas”, dijo Amarante Baret.
El Ministro de Interior agregó que “le estamos dando una mirada estructural al tema de la delincuencia”, aunque aclaró que a veces hay gente que se torna incontrolable, que han decidido vivir una vida violenta con robos, atracos y asesinatos y agreden a las autoridades y entonces estas tienen que reaccionar ante estos violentos incorregibles.
acento.com.do
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.