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Amarante Baret: “Somos sensibles a preocupación ciudadana por la delincuencia”
“Somos sensibles a ese problema y estamos trabajando para reducir el impacto de la delincuencia y el crimen en el país”, declaró.
El ministro de Educación, Carlos Amarente Baret, fue el orador invitado al desayuno de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), titulado Retos y avances del sistema educativo dominicano.
Fotos: Carmen Suárez/acento.com.do
Fecha:17/09/2014
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministro de Interior y Policía, licenciado Carlos Amarante Baret, afirmó que las autoridades no son indiferentes a la preocupación que siente la ciudadanía ante los niveles de delincuencia que afectan al país, pero aseguró que se trabaja con fórmulas estructurales para combatir ese flagelo.
“Somos sensibles a ese problema y estamos trabajando para reducir el impacto de la delincuencia y el crimen en el país”, declaró.
El funcionario declaró, no obstante, que el problema es complejo y que las autoridades no tienen una vara mágica, “pero sí estamos tomando medidas estructurales para reducir la preocupación que siente la ciudadanía por los niveles de delincuencia que se advierten en el país”.
Precisó que se trabaja para atacar las causas de la delincuencia como en la persecución de los criminales.
“Por ejemplo, la Policía Nacional es el instrumento fundamental para garantizar la seguridad. Nosotros estamos transformando esa institución. Lo que sucede es que la institución que se llama Policía Nacional viene de una tradición con una estructura bastante militarizada”, manifestó.
Indicó que actualmente se está viviendo un proceso de transformación estructural de la Policía Nacional en base a la Ley Orgánica de la Policía de reciente aprobación y promulgación por el Poder Ejecutivo.
Agregó que esa legislación eliminó cuatro de institutos que a lo interno de la Policía estaban dispersos y representaban pérdida de recursos, por cuya eliminación la institución ha ahorrado unos 400 millones de pesos.
“Pero además, se ha puesto orden en términos del gasto de combustible en la Policía Nacional, que ha significado un ahorro de 600 millones de pesos”, subrayó.
El Ministro de Interior y Policía explicó que ese ahorro de mil millones de pesos, más la aportación que hizo el presidente Danilo Medina al presupuesto de la Policía han servido para aumentar los salarios de agentes y oficiales de la institución y en mejorar sus condiciones de vida en término general.
“Pero además, dentro de la Policía nosotros estamos haciendo que vuelvan a estudiar en la Escuela de Formación Policial. Hay un Instituto Policial Educativo, el IPE, que estamos obligando a los oficiales superiores, a los oficiales subalternos y alistados a que tienen que ir a estudiar las últimas técnicas de investigación, técnicas en término de inteligencia. En fin, queremos profesionalizar a la Policía”, agregó.
Declaró que lamentablemente, durante muchos años la Policía no se ocupó de renovar el pensamiento y se fue quedando atrás, pero ahora se está actualizando para concomitantemente elevar la dignidad de ser policía y para que sus miembros amen a la institución y eviten la tentación de algún delincuente.
Manifestó que el hecho de que un policía tenga acceso a la salud, seguridad social para él y su familia, planes de vivienda y otras conquistas que le dignifican la vida hacen que ame su institución, la profesión y resista cualquier propuesta de un delincuente o un criminal.
“Por otro lado, nosotros, desde el Ministerio (de Interior) estamos creando espacios de participación de la ciudadanía organizada para junto con ella trabajar el tema (de la inseguridad). Son las Mesas de Seguridad Ciudadana y Género, porque el tema de la delincuencia y el crimen es un asunto de todos y aunque el Estado tiene la mayor responsabilidad, necesitamos también la parte preventiva, trabajar con las juntas de vecinos, las iglesias, los empresarios, organizaciones comunitarias, deportivas, culturales, el Ministerio Público, los ministerios de la Mujer, Deportes, la sociedad civil y toda la comunidad.
Intervención de barrios
Amarante Baret subrayó que según el mapa de la delincuencia, las autoridades han estado interviniendo los barrios donde ese flagelo se da con mayor frecuencia, tanto de la provincia Santo Domingo como de Santiago, Bávaro y otros lugares.
En esas intervenciones se realizan allanamientos, decomiso y ocupación de armas de fuego, vehículos reportados robados, se ha detenido a fugitivos de la justicia.
Manifestó que mediante estos operativos se está llevando tranquilidad a los barrios intervenidos. Posteriormente se hace una intervención social en esos lugares en acciones emprendidas desde una Mesa de Coordinación en la que convergen alrededor de 20 instituciones.
A través de esa Mesa de Coordinación se identifican las principales necesidades tanto comunitarias como sociales de los barrios intervenidos y se le aportan las soluciones puntuales que cada caso amerita.
“Lo que estamos haciendo es yendo al barrio, trabajando con la gente y en la medida en que los resultados vayan fluyendo, entonces exponerlos a la población, ya como resultados, no como promesas”, dijo Amarante Baret.
El Ministro de Interior agregó que “le estamos dando una mirada estructural al tema de la delincuencia”, aunque aclaró que a veces hay gente que se torna incontrolable, que han decidido vivir una vida violenta con robos, atracos y asesinatos y agreden a las autoridades y entonces estas tienen que reaccionar ante estos violentos incorregibles.
acento.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.