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Amarante Baret: “Somos sensibles a preocupación ciudadana por la delincuencia”
“Somos sensibles a ese problema y estamos trabajando para reducir el impacto de la delincuencia y el crimen en el país”, declaró.
El ministro de Educación, Carlos Amarente Baret, fue el orador invitado al desayuno de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), titulado Retos y avances del sistema educativo dominicano.
Fotos: Carmen Suárez/acento.com.do
Fecha:17/09/2014
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministro de Interior y Policía, licenciado Carlos Amarante Baret, afirmó que las autoridades no son indiferentes a la preocupación que siente la ciudadanía ante los niveles de delincuencia que afectan al país, pero aseguró que se trabaja con fórmulas estructurales para combatir ese flagelo.
“Somos sensibles a ese problema y estamos trabajando para reducir el impacto de la delincuencia y el crimen en el país”, declaró.
El funcionario declaró, no obstante, que el problema es complejo y que las autoridades no tienen una vara mágica, “pero sí estamos tomando medidas estructurales para reducir la preocupación que siente la ciudadanía por los niveles de delincuencia que se advierten en el país”.
Precisó que se trabaja para atacar las causas de la delincuencia como en la persecución de los criminales.
“Por ejemplo, la Policía Nacional es el instrumento fundamental para garantizar la seguridad. Nosotros estamos transformando esa institución. Lo que sucede es que la institución que se llama Policía Nacional viene de una tradición con una estructura bastante militarizada”, manifestó.
Indicó que actualmente se está viviendo un proceso de transformación estructural de la Policía Nacional en base a la Ley Orgánica de la Policía de reciente aprobación y promulgación por el Poder Ejecutivo.
Agregó que esa legislación eliminó cuatro de institutos que a lo interno de la Policía estaban dispersos y representaban pérdida de recursos, por cuya eliminación la institución ha ahorrado unos 400 millones de pesos.
“Pero además, se ha puesto orden en términos del gasto de combustible en la Policía Nacional, que ha significado un ahorro de 600 millones de pesos”, subrayó.
El Ministro de Interior y Policía explicó que ese ahorro de mil millones de pesos, más la aportación que hizo el presidente Danilo Medina al presupuesto de la Policía han servido para aumentar los salarios de agentes y oficiales de la institución y en mejorar sus condiciones de vida en término general.
“Pero además, dentro de la Policía nosotros estamos haciendo que vuelvan a estudiar en la Escuela de Formación Policial. Hay un Instituto Policial Educativo, el IPE, que estamos obligando a los oficiales superiores, a los oficiales subalternos y alistados a que tienen que ir a estudiar las últimas técnicas de investigación, técnicas en término de inteligencia. En fin, queremos profesionalizar a la Policía”, agregó.
Declaró que lamentablemente, durante muchos años la Policía no se ocupó de renovar el pensamiento y se fue quedando atrás, pero ahora se está actualizando para concomitantemente elevar la dignidad de ser policía y para que sus miembros amen a la institución y eviten la tentación de algún delincuente.
Manifestó que el hecho de que un policía tenga acceso a la salud, seguridad social para él y su familia, planes de vivienda y otras conquistas que le dignifican la vida hacen que ame su institución, la profesión y resista cualquier propuesta de un delincuente o un criminal.
“Por otro lado, nosotros, desde el Ministerio (de Interior) estamos creando espacios de participación de la ciudadanía organizada para junto con ella trabajar el tema (de la inseguridad). Son las Mesas de Seguridad Ciudadana y Género, porque el tema de la delincuencia y el crimen es un asunto de todos y aunque el Estado tiene la mayor responsabilidad, necesitamos también la parte preventiva, trabajar con las juntas de vecinos, las iglesias, los empresarios, organizaciones comunitarias, deportivas, culturales, el Ministerio Público, los ministerios de la Mujer, Deportes, la sociedad civil y toda la comunidad.
Intervención de barrios
Amarante Baret subrayó que según el mapa de la delincuencia, las autoridades han estado interviniendo los barrios donde ese flagelo se da con mayor frecuencia, tanto de la provincia Santo Domingo como de Santiago, Bávaro y otros lugares.
En esas intervenciones se realizan allanamientos, decomiso y ocupación de armas de fuego, vehículos reportados robados, se ha detenido a fugitivos de la justicia.
Manifestó que mediante estos operativos se está llevando tranquilidad a los barrios intervenidos. Posteriormente se hace una intervención social en esos lugares en acciones emprendidas desde una Mesa de Coordinación en la que convergen alrededor de 20 instituciones.
A través de esa Mesa de Coordinación se identifican las principales necesidades tanto comunitarias como sociales de los barrios intervenidos y se le aportan las soluciones puntuales que cada caso amerita.
“Lo que estamos haciendo es yendo al barrio, trabajando con la gente y en la medida en que los resultados vayan fluyendo, entonces exponerlos a la población, ya como resultados, no como promesas”, dijo Amarante Baret.
El Ministro de Interior agregó que “le estamos dando una mirada estructural al tema de la delincuencia”, aunque aclaró que a veces hay gente que se torna incontrolable, que han decidido vivir una vida violenta con robos, atracos y asesinatos y agreden a las autoridades y entonces estas tienen que reaccionar ante estos violentos incorregibles.
acento.com.do
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.