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Amarante Baret:“Padres deben pararse en dos patas contra el alza tarifas de colegios

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El ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, cree que los padres deben evitar que los colegios aumenten las tarifas.

El ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, cree que los padres deben evitar que los colegios aumenten las tarifas.

El ministro de Educación consideró que los padres de niños que estudian en colegios privados deben “pararse en dos patas” y oponerse a las pretensiones de los dueños de esos centros de enseñanza de elevar las tarifas para el año escolar 2014-2015.Carlos Amarante Baret dijo que siempre ha apostado, y así se lo ha expresado a los padres, que deben asociarse y fortalecerse, a fin de evitar que los propietarios de los colegios impongan el aumento de las tarifas.

El ministro observó que “una de las debilidades de la clase media cuyos hijos estudian en colegios privados es que no les gusta asociarse, no les gusta unirse”.

“Siempre he apostado, y así se lo reiteraba cuando el diálogo por el Pacto Educativo, que ellos deben unirse y fortalecerse para evitar que los dueños y directores de los centros educativos privados se impongan”, expresó al ser abordado sobre el tema durante una rueda de prensa en el Ministerio de Educación, en la que estuvo acompañado de la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo, y el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo.

Recordó que entre los padres de los estudiantes, los dueños y directores de los centros educativos privados media un contrato que no puede ser impuesto por una sola parte.

“Si existiera unidad, si los padres de los estudiantes se unen, pueden evitar que los estudiantes de los colegios privados, que son 600 mil en todo el país, se vean perjudicados con el alza de las tarifas”, subrayó.

No obstante, el funcionario aseguró que no tiene información en el sentido de que los dueños y directivos de colegios privados ya han comenzado a informar a los padres y tutores de sus alumnos de que deben pagar las inscripciones del año lectivo 2014-2015, a la vez que le señalen que habrá probables aumentos de las tarifas.

Amarante Baret dijo que aún la dirección de Colegios Privados del Ministerio de Educación no le ha informado sobre quejas en ese sentido, pero que tan pronto reciba alguna actuará de inmediato.

Aplicación de la Ley 86-00

A Carlos Amarante Baret se le hizo la observación de que a pesar de la existencia de la Ley 86-00, que faculta al Ministerio de Educación a regular las tarifas de los centros educativos privados, el Ministerio no la aplica. Al respecto, expresó que está dispuesto a aplicar dicha legislación.

Sobre el tema también se pronunció el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, quien demandó del Ministerio de Educación aplicar la Ley 86-00 para evitar que nuevamente los dueños y directores de colegios privados “les den un palo acechao a los padres y tutores”.

Afirmó que el Ministerio de Educación debe hacer uso del poder que tiene como Estado y aplicar la Ley 86-00, lo que a su juicio “nunca se ha querido hacer”.
Hidalgo se lamentó de que el Pacto Educativo no haya tocado la educación privada preuniversitaria y demandó de la presidenta de Educa, Elena Viyella de Paliza, que opine en ese sentido.

Dijo que en la inmensa mayoría de los colegios privados del país los maestros ganan mucho menos que los del sistema público y que la calidad de la enseñanza no es mejor.

En ese sentido, Hidalgo llamó a los padres de clase media a que vuelvan la mirada a la escuela pública, la cual aseguró mejora cada día más.

Acoge críticas por pabellón

Carlos Amarante Baret se mostró receptivo a las críticas hechas por la inversión de RD$18.5 millones en el pabellón levantado por el Ministerio de Educación en la Feria del Libro.

Aunque el pasado sábado había justificado el gasto y se había adelantado a que en la próxima feria el pabellón de Educación será una réplica de una escuela modelo de tanda extendida, ayer dijo que “soy receptivo a las críticas y observaciones que se nos han hecho, las vamos a tomar y ponderar debidamente para la próxima feria”.

En la ocasión se justificó señalando que el ministerio bajo su gestión “necesita mostrar a la gente lo que se está haciendo en las diferentes líneas de trabajo de la institución”.

Ante la insistencia de los reporteros, Amarante Baret fue tajante al decir que no respondería a más preguntas sobre el tema.

El pabellón de Educación es el más deslumbrante de los existentes en la Feria Internacional del Libro 2014, y es una réplica del Ministerio, cuyo costo ha movido a críticas por parte de la población por el alto costo.

Dará seguimiento junto a ADP al Pacto Educativo

Carlos Amarante Baret anunció ayer que ha convocado al Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para el día 14, a fin da darle seguimiento a los distintos aspectos del Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana 2014-2030. El ministro de Educación señaló que hace la convocatoria porque existe el interés de que el Pacto no se quede en un documento firmado. No obstante, al preguntársele si se tocaría el tema del salario de los maestros, que el Pacto dejó en el aire debido a que la ADP y el Ministerio no se pusieron de acuerdo en el marco del diálogo, Amarante Baret indicó que “el Pacto Educativo no es un Pacto Colectivo”. Al respecto, aseguró que el Ministerio y la ADP sí se pusieron de acuerdo en cuanto a la dignificación de la vida de los docentes.

EL CARIBE.

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Obispos se reunen con Abinader en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.

Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.

“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.

El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.

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Garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa”.

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Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.

La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.

Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.

Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma
Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma

La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.

Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.

El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.

De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.

Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.

El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.

«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».

  • En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
  • Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.

El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.

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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega

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Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público  en las próximas horas la imposición  contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.

El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.

Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.

Instrumentos odontológicos en un consultorio, vinculados al caso de un falso odontólogo acusado de causar lesiones
Instrumentos dentales en un consultorio, en el contexto de la solicitud de prisión preventiva contra un falso odontólogo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.

Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.

La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.

La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.

“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.

Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.

  • El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
  • Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.

El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.

Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.

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