Latinoamericanas
Ambientalistas e indígenas chilenos llaman a la desobediencia civil contra ley de Pesca
Organizaciones indígenas y sociales de Chile denuncian que el proyecto de ley de Pesca no fue consultado y que éste entregará los recursos mineros a un grupo de siete familias de empresarios, con posibilidades de herencia, lo que se traduciría en un dominio del sector a perpetuidad.
Desde principios de este mes de noviembre las protestas contra la ley de Pesca se intensificaron. (Foto: araucaniacuenta.cl)
Las organizaciones indígenas y ambientalistas de Chile han llamado a la población chilena a la «desobediencia civil» ante el avance del proyecto de ley de Pesca, que actualmente se discute en el Senado de esa nación. Algunos de los puntos de la normativa ya fueron aprobados por los legisladores.
El corresponsal de teleSUR en Chile, Raúl Martínez informó que los indígenas y ambientalistas «denuncian que la discusión de la ley de Pesca no se consultó a los pueblos originarios», como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por Chile.
Martínez señaló que según organismos indígenas y sociales, esa normativa «entregará los recursos marinos a un grupo de siete familias de empresarios» con posibilidades de ser heredados, lo que se traduciría en un dominio del sector a perpetuidad.
Este miércoles, continúa la discusión del proyecto en el Senado y de acuerdo a un convenio entre el Gobierno de Sebastián Piñera y de un grupo de senadores el debate avanzará hasta su término.
El Gobierno chileno y los senadores decidieron resolver la suerte del artículo primero del proyecto que determina que el Estado de Chile tiene derechos de soberanía para los fines de exploración, explotación y conservación de los recursos hidrobiológicos, en la Zona Económica Exclusiva.
El ministro de Economía, Pablo Longueira, señaló que también se debe discutir temas pendientes como la licencia de pesca: las renovables y no renovables.
Entre tanto, los parlamentarios ya votaron a favor de que el proyecto quite las facultades resolutivas al Consejo Nacional de Pesca y a cambio cree 11 comités científicos que determinen el estado de los recursos.
En materia de conservación, los parlamentarios respaldaron prohibir la pesca de arrastre en los ecosistemas marinos vulnerables, incluyendo el cierre preventivo de los 118 montes submarinos que se conocen en Chile.
Aprobaron también, que los caladeros históricos de la pesca artesanal, que corresponden a áreas de mayor productividad, donde las especies desovan y se reproducen, se alternarán entre artesanales e industriales para no competir y permitir que especies como la merluza se recupere.
También fue respaldada la creación de una cuota de reserva para consumo humano.
Por otra parte, ratificaron la implementación de planes de reducción de pesca incidental y de práctica del descarte. Esta consiste en arrojar de vuelta al mar, muertas o moribundas, las especies que se capturaron involuntariamente debido a la poca selectividad de las redes.
«Desde nuestra mirada esta Ley como ha sido tramitada, deja un poco atrás o bastante atrás, lo ambiental y lo social. Prueba de ello, es que es una Ley que no ha sido consultada a los pueblos originarios» explicó Flavia Liberona, licenciada en Ciencias Biológicas y directora ejecutiva de la Fundación Terram.
El Gobierno de Piñera ha alegado que con la ley de Pesca se «asegura» la sustentabilidad de los recursos marinos, así como el acceso a la actividad pesquera, sus regulaciones y fiscalización.
En julio pasado se iniciaron las protestas en contra de este proyecto de ley, que continuaron a principios de este mes de noviembre con movilizaciones en las rutas de acceso a las ciudades de Talcahuano y Coronel, 550 kilómetros al sur de Santiago (capital).
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.
PUERTO PRINCIPE.- Más de ochenta personas han perdido la vida y cerca de un centenar han resultado heridas a causa de los enfrentamientos que mantienen desde el pasado domingo bandas armadas en Cité-Soleil, a unos cinco kilómetros al norte de la capital de Haití, denunciaron este jueves organizaciones de derechos humanos citadas por la prensa local.
Muchas viviendas han sido incendiadas y cientos de personas han huido hacia otras zonas menos expuestas, indicó -al medio local Magik9- Fritznel Pierre, responsable de la organización Combite Pour la Paix et le Développement.
CHIEN MÉCHANT, 400 MAWAZO Y LOS TALIBANES
El activista denunció que los ataques son perpetrados por una coalición de bandas armadas, entre ellas Chien Méchant, 400 Mawazo y los Talibanes, que se disputan el control de territorios en los que funcionan empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional.
Las hostilidades se reanudaron el pasado domingo entre las bandas Canaan -lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant-, en la Plaine du Cul de Sac, y los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por pandillas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.
MEDICOS SIN FRONTERAS ALERTO DE COMBATES
La oficina en Haití de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el pasado martes sobre estos combates y decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales en Cité-Soleil, por el empeoramiento de la situación.
Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad, y dio «instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia».
Las autoridades no han dado una cifra de muertos ni heridos por estos recientes enfrentamientos.
Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1,642 muertos y 745 heridos, según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país caribeño (BINUH).
an/am