Nacionales
Ambiente político tenso tras el asueto de la Semana Santa
Cúpula del PLD se reúne, el PRSC arde, la oposición presiona por leyes y los verdes marchan otra vez
Un panorama de tensiones políticas tiene el país tras el asueto de la Semana Mayor, en especial por la agenda de reuniones que tendrá esta semana el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el giro que dio al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el Tribunal Superior Electoral, el debate entre el partido oficial y la oposición por la ley de partidos, las presiones por el impacto del caso Odebrecht y la convocatoria de una nueva manifestación del movimiento verde en San Francisco de Macorís.
El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tiene en agenda una reunión para mañana que fue pautada desde su último encuentro efectuado el 7 de marzo. El objetivo es definir y consensuar la agenda de la reunión del Comité Central convocada para el próximo sábado en la Casa Nacional del partido oficial.
La convocatoria del Comité Central es para aprobar siete reglamentos para aplicar las resoluciones del VIII Congreso Comandante Norge Botello, pero también se ha comentado que es posible que en el encuentro se escoja a un nuevo miembro del Comité Político para cubrir la vacante que dejó Juan de los Santos.
La reunión de la cúpula morada también se da en un ambiente cargado por las presiones que ha generado el caso de Odebrecht y sobre todo, será el primer encuentro luego que el integrante de ese órgano, Félix (Felucho) Jiménez, dijo que supuestamente había denunciado sobrevaluaciones de obras en una reunión del Comité Político. El dirigente peledeísta también ha dicho públicamente que hay “cuatro o cinco ladrones” en el PLD, y que deben responder ante las presiones que recibe la organización.
Igualmente, la dirigencia peledeísta tiene la presión del proceso judicial que desarrolla la Procuraduría general de la República sobre las denuncias de soborno en el caso de la constructora brasileña Odebrecht.
El encuentro también llega en un momento en que vuelve a estar en el tapete la ley de partidos y agrupaciones políticas, y es conocido que hay diferencias entre los sectores del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, sobre temas como las primarias simultáneas y el voto preferencial. Medina apoya tanto las primarias conjuntas como el voto preferencial, pero Fernández no es partidario de esas modalidades.
Los verdes tienen
marcha el domingo
Los gestores del movimiento “fin de la impunidad” convocaron a una marcha en San Francisco de Macorís para el próximo domingo 23 de este mes. Para el lunes también han convocado a “un día verde” con manifestaciones en todos los parques de las provincias y municipios del país. Ese movimiento social se ha convertido en el principal problema del gobierno y el partido morado.
Oposición va a JCE por ley partidos
y Senado hará vistas públicas
Los partidos de oposición volverán a la Junta Central Electoral (JCE) el próximo miércoles, para continuar las conversaciones sobre la solicitud que le hicieron a ese organismo que sirva de mediador para consensuar la ley de partidos y agrupaciones políticas. El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, ha declarado que estaría en disposición de mediar si se lo piden todos los partidos políticos “porque la JCE” es de todos.
Paralelamente a las gestiones de la oposición para que se haga un diálogo político fuera del Congreso Nacional, el Senado convocó vistas públicas sobre el proyecto para el jueves. El Senado conformó una comisión bicameral para el proyecto, en la que están representantes legislativos de todos los partidos con presencia en el Congreso.
El PLD, en la figura del presidente del Senado y secretario general de la organización, Reinaldo Pared Pérez, ha dicho que el diálogo para la ley de partidos se hará en el Congreso, pero la oposición insiste en que se haga fuera con la JCE como mediadora.
La Federación de Partidos Políticos también entregó una comunicación a la JCE en la que solicita que retire los proyectos que depositó en el Senado porque no fueron consensuados.
El PRSC arde
Las sentencias que emitió el Tribunal Superior Electoral (TSE), que echan para atrás varias medidas que había tomado la organización entre ellas la expulsión de dirigentes, generan una nueva situación en el partido rojo, luego que los reformistas expulsados declararan su intención de volver a la organización. Ese panorama reaviva las contradicciones entre el sector del presidente de la organización, Federico (Quique) Antún Batlle y otros sectores de esa organización como el de Ito Bisonó y los que se preparan para regresar.
Los dirigentes que fueron expulsados de la organización todos apoyaron al presidente Danilo Medina en las pasadas elecciones y tienen cargos en el Estado.
El partido del gallo dijo que apelará en revisión las sentencias que echaron para atrás los cambios que había hecho desde el 2016. El PRSC tiene que elegir nuevas autoridades. l
Bloque Progresista exige consenso a PLD para ley
El denominado Bloque Progresista, un grupo de 12 partidos aliados al PLD, envió una comunicación a esa organización dirigidas a los dirigentes Rafael Alburquerque y César Pina Toribio, en la que solicitan la intermediación de ambos para consensuar algunos puntos pendientes de la ley de partidos y agrupaciones políticas y el proyecto de modificación a la Ley Electoral.
“Actuamos con la intención de unificar esfuerzos, simplificar el trabajo y presentar a la Junta Central Electoral y al Congreso Nacional aquellos puntos en los que subsiste disenso”, señala la comunicación deposita el 12 de este mes.
Entre las solicitudes de esos partidos figuran eliminar el voto preferencial, regular el uso de las redes sociales en campañas electorales y que a los partidos se les permita participar aliados.
elcaribe.com.do
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.