Nacionales
Ambiente político tenso tras el asueto de la Semana Santa
Cúpula del PLD se reúne, el PRSC arde, la oposición presiona por leyes y los verdes marchan otra vez
Un panorama de tensiones políticas tiene el país tras el asueto de la Semana Mayor, en especial por la agenda de reuniones que tendrá esta semana el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el giro que dio al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el Tribunal Superior Electoral, el debate entre el partido oficial y la oposición por la ley de partidos, las presiones por el impacto del caso Odebrecht y la convocatoria de una nueva manifestación del movimiento verde en San Francisco de Macorís.
El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tiene en agenda una reunión para mañana que fue pautada desde su último encuentro efectuado el 7 de marzo. El objetivo es definir y consensuar la agenda de la reunión del Comité Central convocada para el próximo sábado en la Casa Nacional del partido oficial.
La convocatoria del Comité Central es para aprobar siete reglamentos para aplicar las resoluciones del VIII Congreso Comandante Norge Botello, pero también se ha comentado que es posible que en el encuentro se escoja a un nuevo miembro del Comité Político para cubrir la vacante que dejó Juan de los Santos.
La reunión de la cúpula morada también se da en un ambiente cargado por las presiones que ha generado el caso de Odebrecht y sobre todo, será el primer encuentro luego que el integrante de ese órgano, Félix (Felucho) Jiménez, dijo que supuestamente había denunciado sobrevaluaciones de obras en una reunión del Comité Político. El dirigente peledeísta también ha dicho públicamente que hay “cuatro o cinco ladrones” en el PLD, y que deben responder ante las presiones que recibe la organización.
Igualmente, la dirigencia peledeísta tiene la presión del proceso judicial que desarrolla la Procuraduría general de la República sobre las denuncias de soborno en el caso de la constructora brasileña Odebrecht.
El encuentro también llega en un momento en que vuelve a estar en el tapete la ley de partidos y agrupaciones políticas, y es conocido que hay diferencias entre los sectores del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, sobre temas como las primarias simultáneas y el voto preferencial. Medina apoya tanto las primarias conjuntas como el voto preferencial, pero Fernández no es partidario de esas modalidades.
Los verdes tienen
marcha el domingo
Los gestores del movimiento “fin de la impunidad” convocaron a una marcha en San Francisco de Macorís para el próximo domingo 23 de este mes. Para el lunes también han convocado a “un día verde” con manifestaciones en todos los parques de las provincias y municipios del país. Ese movimiento social se ha convertido en el principal problema del gobierno y el partido morado.
Oposición va a JCE por ley partidos
y Senado hará vistas públicas
Los partidos de oposición volverán a la Junta Central Electoral (JCE) el próximo miércoles, para continuar las conversaciones sobre la solicitud que le hicieron a ese organismo que sirva de mediador para consensuar la ley de partidos y agrupaciones políticas. El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, ha declarado que estaría en disposición de mediar si se lo piden todos los partidos políticos “porque la JCE” es de todos.
Paralelamente a las gestiones de la oposición para que se haga un diálogo político fuera del Congreso Nacional, el Senado convocó vistas públicas sobre el proyecto para el jueves. El Senado conformó una comisión bicameral para el proyecto, en la que están representantes legislativos de todos los partidos con presencia en el Congreso.
El PLD, en la figura del presidente del Senado y secretario general de la organización, Reinaldo Pared Pérez, ha dicho que el diálogo para la ley de partidos se hará en el Congreso, pero la oposición insiste en que se haga fuera con la JCE como mediadora.
La Federación de Partidos Políticos también entregó una comunicación a la JCE en la que solicita que retire los proyectos que depositó en el Senado porque no fueron consensuados.
El PRSC arde
Las sentencias que emitió el Tribunal Superior Electoral (TSE), que echan para atrás varias medidas que había tomado la organización entre ellas la expulsión de dirigentes, generan una nueva situación en el partido rojo, luego que los reformistas expulsados declararan su intención de volver a la organización. Ese panorama reaviva las contradicciones entre el sector del presidente de la organización, Federico (Quique) Antún Batlle y otros sectores de esa organización como el de Ito Bisonó y los que se preparan para regresar.
Los dirigentes que fueron expulsados de la organización todos apoyaron al presidente Danilo Medina en las pasadas elecciones y tienen cargos en el Estado.
El partido del gallo dijo que apelará en revisión las sentencias que echaron para atrás los cambios que había hecho desde el 2016. El PRSC tiene que elegir nuevas autoridades. l
Bloque Progresista exige consenso a PLD para ley
El denominado Bloque Progresista, un grupo de 12 partidos aliados al PLD, envió una comunicación a esa organización dirigidas a los dirigentes Rafael Alburquerque y César Pina Toribio, en la que solicitan la intermediación de ambos para consensuar algunos puntos pendientes de la ley de partidos y agrupaciones políticas y el proyecto de modificación a la Ley Electoral.
“Actuamos con la intención de unificar esfuerzos, simplificar el trabajo y presentar a la Junta Central Electoral y al Congreso Nacional aquellos puntos en los que subsiste disenso”, señala la comunicación deposita el 12 de este mes.
Entre las solicitudes de esos partidos figuran eliminar el voto preferencial, regular el uso de las redes sociales en campañas electorales y que a los partidos se les permita participar aliados.
elcaribe.com.do
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.