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Línea aérea extiende suspensión de vuelos hacia Haití sin fecha para el regreso
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada la reapertura de sus servicios por parte de la aerolínea estadounidense American Airlines en el aeropuerto de la capital de Haití, Puerto Príncipe, la cual estaba pautada para febrero, sin anunciar una nueva fecha, según informó este domingo 8 de diciembre el Miami Herald citando a un portavoz de la compañía.
El medio estadounidense señaló que la aerolínea, que suspendió sus operaciones en noviembre pasado por tres meses tras descubrir un impacto de bala en una de sus aeronaves que había salido del Aeropuerto internacional Toussaint Louverture, evaluará una posible reanudación de vuelos a finales de 2025.
La suspensión de American Airlines, que opera un único servicio diario desde Miami a Haití, culminaba 12 de febrero de 2025.
«American Airlines ha tomado la difícil decisión de suspender el servicio diario entre Miami (MIA) y Puerto Príncipe, Haití (PAP)», dijo el portavoz al medio. «Estamos orgullosos de nuestro compromiso de más de 50 años con Haití y continuaremos monitoreando la situación, evaluando la seguridad y la demanda de los clientes, para evaluar el regreso del servicio. Nos comunicaremos de manera proactiva con los clientes afectados para ofrecerles un reembolso completo de su itinerario de viaje», dijo, según cita el medio.
American fue la tercera aerolínea, tras Spirit y JetBlue, que reportó daños por disparos en una de sus aeronaves mientras volaban el espacio aéreo de Puerto Príncipe el 11 de noviembre. En el caso de American, el avión despegó del aeropuerto Toussaint Louverture y aterrizó en la terminal aérea de Miami, donde fue sometido a una inspección que reveló que el exterior de la aeronave había sufrido un impacto de bala.
Tras los incidentes, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) anunció la prohibición de todos los vuelos hacia territorio haitiano por unos 30 días. Medida que se modificó nueve días después para permitir el aterrizaje en los aeropuertos ubicados en Cabo Haitiano y la ciudad de Jacmel, ambos situados a las afueras de la capital.
JetBlue y Spirit también anunciaron la suspensión de sus servicios hacia el vecino país y no han informado sobre reanudar los vuelos. Spirit opera vuelos entre Fort Lauderdale a Cabo Haitiano y Puerto Príncipe, mientras que JetBlue vuela desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a Puerto Príncipe.
«Seguiremos monitoreando la situación y evaluando el retorno del servicio para finales de 2025″, dijo el portavoz de American Airlines al Herald.
Actualmente, el único servicio directo a los Estados Unidos desde Haití lo ofrece la aerolínea haitiana Sunrise Airways.
Los ataques a las aeronaves de las aerolíneas estadounidenses provocaron que las autoridades haitianas suspendieran los vuelos hacia el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture en Puerto Príncipe antes de que la FAA tomara la medida de prohibición de vuelos. El Miami Herald informa que todavía se encuentra cerrado, pero asegura que varias fuentes afirman que el gobierno considera una posible reapertura a principios de esta semana.
Esta es la segunda suspensión que enfrenta el principal aeropuerto de Haití este año, después de que en marzo las pandillas ejecutarán una serie de ataques con el objetivo de derrocar al gobierno liderado por el ex primer ministro Ariel Henry, escalada de violencia que terminó con la renuncia del mandatario desde el extranjero.
El aeropuerto y el puerto marítimo estuvieron cerrados durante unos dos meses.
En ese momento, el gobierno de Estados Unidos ayudó con la reapertura del Toussaint Louverture, esfuerzos que incluyeron la demolición de casas cercanas al aeropuerto para reducir el acceso de las pandillas a las instalaciones y a las aeronaves.
En esta ocasión, el cierre y los ataques a los aviones ocurrieron unos meses después del despliegue del primer batallón de la misión multinacional, autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y liderada por Kenia, que busca ayudar a las autoridades haitianas en el restablecimiento de la seguridad.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.