Nacionales
Amet atribuye caos a obsoleta Ley Tránsito
El director del organismo aboga por cambios significativos en la normativa que regula el tránsito en el país, a fin de adecuarla a los nuevos tiempos
El director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) declaró hoy que no posee un marco legal adecuado para resolver el problema del caos en el transporte público, pero están implementando medidas para enfrentar la situación en Santo Domingo y las principales ciudades. El general de brigada Juan Jerónimo Brown Pérez explicó que la Ley 241 de Tránsito de Vehículos es arcaica porque fue aprobada en 1967, cuando existía un flujo de vehículos limitados, pero 46 años después ya no responde a la realidad social para enfrentar la problemática del transporte en el país, y esa situación complica el trabajo de los policías de Amet.
Dijo que a pesar de las limitaciones de la Ley 241 la Policía no se quedará de brazos cruzados y están implementando programas para sancionar las violaciones de tránsito que tanto daño hacen a la población.
Recordó que en la Cámara de Diputados tienen seis años estudiando un proyecto de ley y no hay forma de que sea aprobado.
El oficial superior habló en el programa Uno + Uno que conducen los periodistas Juan Bolívar Díaz y Rafael Toribio, donde el general Brown Pérez dijo que entre las medidas que están implementando es firmando acuerdos con todos los organismos que tienen que ver con el tránsito para mejorar la circulación de vehículos en las principales avenidas y paradores.
Dijo que lleva dos meses en el cargo, pero ya han resuelto el problema del tránsito en las avenidas Isabel Aguiar con 27 de Febrero, donde la Amet llegó a un acuerdo con los conductores para que sólo existan dos guaguas cargando pasajeros en el lugar, situación que ha dado que no se “observen las hileras de guaguas y carros esperando pasajeros que había antes”.
Además, en el kilómetro 12 de de la carretera Sánchez, y en la Independencia próximo a la universidad Metodología y Método (O&M) y en el kilómetro nueve de la Charles de Gaulle en Santo Domingo Este “eran lugares caóticos, pero en la actualidad se ha resuelto el desorden que habían en esas vías públicas”.
Citó que también tienen contemplado tomar medidas contra los taxistas que están ocupando áreas verdes, otros que limitan tránsito a los residentes de urbanizaciones y otros tienen paradas en avenidas y llegan al extremo de ocupar dos carriles, dificultando el desplazamiento de los conductores.
Dijo que de los temas de agenda está el problema de algunas rutas que están registradas con 20 carros y poseen 140 guaguas, situación que están enfrentando.
Acuerdos
El director de la Amet informó que han firmado acuerdos de colaboración con las autoridades de Impuesto Internos, las direcciones de Tránsito Terrestre, Ministerio de Obras Públicas, Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), entre otras, para implementar programas de trabajo.
También están conversando con los ayuntamientos para tomar medidas para mejorar el tránsito en las provincias.
Al responder la pregunta de un televidente de ¿Porqué hay tantos vehículos circulando en las calles sin placa? el general Brown respondió “lamentablemente esas acciones corresponden a una cultura que tenemos de violación a la ley de tránsito, pero nosotros estamos combatiendola ”.
UN APUNTE
Las modificaciones
La actual Ley 241 que data de 1967 ha sido modificada en dos ocasiones para adecuar algunos de sus artículos.
La primera modificación fue promulgada el 16 de diciembre de 1999, mientras la segunda se hizo 10 años después, o sea, en junio del 2009. Sin embargo, ambas modificaciones no contribuyeron a mejorar el tránsito. No obstante, los problemas fundamenteles de irrespeto en el tránsito están considerados como violaciones en la actual legislación, pero en ocasiones Amet privilegia a los gremios de choferes, permitiéndoles acciones que son prohibidas para otros choferes.
El Nacional
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.