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Amet atribuye caos a obsoleta Ley Tránsito
El director del organismo aboga por cambios significativos en la normativa que regula el tránsito en el país, a fin de adecuarla a los nuevos tiempos
El director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) declaró hoy que no posee un marco legal adecuado para resolver el problema del caos en el transporte público, pero están implementando medidas para enfrentar la situación en Santo Domingo y las principales ciudades. El general de brigada Juan Jerónimo Brown Pérez explicó que la Ley 241 de Tránsito de Vehículos es arcaica porque fue aprobada en 1967, cuando existía un flujo de vehículos limitados, pero 46 años después ya no responde a la realidad social para enfrentar la problemática del transporte en el país, y esa situación complica el trabajo de los policías de Amet.
Dijo que a pesar de las limitaciones de la Ley 241 la Policía no se quedará de brazos cruzados y están implementando programas para sancionar las violaciones de tránsito que tanto daño hacen a la población.
Recordó que en la Cámara de Diputados tienen seis años estudiando un proyecto de ley y no hay forma de que sea aprobado.
El oficial superior habló en el programa Uno + Uno que conducen los periodistas Juan Bolívar Díaz y Rafael Toribio, donde el general Brown Pérez dijo que entre las medidas que están implementando es firmando acuerdos con todos los organismos que tienen que ver con el tránsito para mejorar la circulación de vehículos en las principales avenidas y paradores.
Dijo que lleva dos meses en el cargo, pero ya han resuelto el problema del tránsito en las avenidas Isabel Aguiar con 27 de Febrero, donde la Amet llegó a un acuerdo con los conductores para que sólo existan dos guaguas cargando pasajeros en el lugar, situación que ha dado que no se “observen las hileras de guaguas y carros esperando pasajeros que había antes”.
Además, en el kilómetro 12 de de la carretera Sánchez, y en la Independencia próximo a la universidad Metodología y Método (O&M) y en el kilómetro nueve de la Charles de Gaulle en Santo Domingo Este “eran lugares caóticos, pero en la actualidad se ha resuelto el desorden que habían en esas vías públicas”.
Citó que también tienen contemplado tomar medidas contra los taxistas que están ocupando áreas verdes, otros que limitan tránsito a los residentes de urbanizaciones y otros tienen paradas en avenidas y llegan al extremo de ocupar dos carriles, dificultando el desplazamiento de los conductores.
Dijo que de los temas de agenda está el problema de algunas rutas que están registradas con 20 carros y poseen 140 guaguas, situación que están enfrentando.
Acuerdos
El director de la Amet informó que han firmado acuerdos de colaboración con las autoridades de Impuesto Internos, las direcciones de Tránsito Terrestre, Ministerio de Obras Públicas, Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), entre otras, para implementar programas de trabajo.
También están conversando con los ayuntamientos para tomar medidas para mejorar el tránsito en las provincias.
Al responder la pregunta de un televidente de ¿Porqué hay tantos vehículos circulando en las calles sin placa? el general Brown respondió “lamentablemente esas acciones corresponden a una cultura que tenemos de violación a la ley de tránsito, pero nosotros estamos combatiendola ”.
UN APUNTE
Las modificaciones
La actual Ley 241 que data de 1967 ha sido modificada en dos ocasiones para adecuar algunos de sus artículos.
La primera modificación fue promulgada el 16 de diciembre de 1999, mientras la segunda se hizo 10 años después, o sea, en junio del 2009. Sin embargo, ambas modificaciones no contribuyeron a mejorar el tránsito. No obstante, los problemas fundamenteles de irrespeto en el tránsito están considerados como violaciones en la actual legislación, pero en ocasiones Amet privilegia a los gremios de choferes, permitiéndoles acciones que son prohibidas para otros choferes.
El Nacional
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.