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Solicitan a Gobierno dominicano parar políticas migratorias contra haitianos
AGENCIA EFE
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano fue llamado este martes por Amnistía Internacional instó este martes a poner fin a las violaciones de derechos humanos de personas haitianas, dominicanos de ascendencia haitiana y de raza negra en la aplicación de sus políticas migratorias, que la organización calificó de racistas.
En una carta abierta dirigida al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y a instituciones estatales, Amnistía Internacional, en compañía de otras seis organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmó que esas políticas migratorias se basan en la discriminación racial y generan efectos discriminatorios para la exclusión racializada de personas haitianas y dominicanas.
“El propio gobierno dominicano ha comunicado que deportó a más de 250,000 personas haitianas en 2023, incluyendo a personas que están en necesidad de protección internacional», afirmó en un comunicado, en relación a esta «carta abierta», la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.
Estas expulsiones colectivas «son una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana, ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas. Los retornos forzados a Haití deben cesar”, apuntó.
“La drástica decisión del gobierno de suspender todas las formas legales para que las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha traído consecuencias significativas, afectando a familias que ahora se encuentran separadas, y dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre migratoria”, agregó Piquer.
En la carta se destaca que la exclusión de personas negras de origen haitiano y dominicano es el resultado de un conjunto de políticas migratorias discriminatorias, principalmente de detenciones y expulsiones colectivas de personas haitianas, incluyendo menores y mujeres embarazadas y puérperas.
Amnistía Internacional también pidió a las autoridades investigar las denuncias de violencia racista y otras violaciones de derechos humanos supuestamente cometidas por agentes migratorios, policías y fuerzas armadas.
Asimismo, que se abstengan de detener y deportar mujeres embarazadas, menores y personas dominicanas de ascendencia haitiana, así como garantizar el derecho a defender los derechos humanos.
“Tenemos información de actos graves que habrían sido cometidos por funcionarios estatales dominicanos contra la dignidad e integridad física de personas haitianas, dominicanas negras y de ascendencia haitiana afectadas por prácticas racistas», reza el texto.
Según la organización, en lugar de proteger a estas personas «del acoso, estigmatización y amenazas, las autoridades dominicanas han favorecido discursos y políticas que discriminan en su contra”.
Para Piquer, “en este momento crucial, es imperativo que la República Dominicana se comprometa a construir una sociedad antirracista, donde los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, el origen de sus antepasados o su estatus migratorio, sean plenamente respetados y protegidos”.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.