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«Hay que poner un freno al Ministerio Público por instrumentar acusaciones alegres sin investigar», dice Angel Rondón.
Santo Domingo, R.D.-El empresario Ángel Rondón, imputado en el caso Odebrecht, tras el Tribunal Constitucional buscar sentar un precedente contra lo que llama «acusaciones alegres» del Ministerio Público, dice que el dinero de la indemnización de la demanda contra el Estado dominicano será donado a hospitales de alto costo.
A Rondón, durante varios años, se le conoció un proceso judicial junto a exfuncionarios por su implicación en los sobornos por 92 millones de dólares pagados por la constructora brasileña Odebrecht a exfuncionarios para obtener obras del Estado.
Rondón calificó el proceso judicial en su contra como una «necedad» e «irresponsabilidad» del Ministerio Público que se extendió por diez años, tras su vinculación en los sobornos.
Rondón fue enfático al señalar que el sistema judicial debe establecer límites: «Yo creo que hay que ponerle un freno al Ministerio Público. ¿Quién va a pagar la indemnización que se produzca de eso? El Estado ya está pagando muchísimo dinero por la mala instrumentación de los expedientes», expresó el empresario.
El empresario cuestionó la lógica jurídica de su condena inicial: «¿Cómo se puede condenar a una persona por soborno cuando todos los supuestos sobornados fueron absueltos? Como decían en mi campo, hasta el chino de Bonao sabe que eso es imposible».
Ángel Rondón demandará al Estado dominicano por varios millones de dólares por daños derivados del caso Odebrecht
«Para mí fue una necedad del Ministerio Público. Creo que hay que ponerle un freno y que pague la indemnización que corresponda. Deben decirle: ve acá, Ministerio Público, ya el Estado está pagando mucho dinero por la mala instrumentación de los expedientes».
Durante sus declaraciones, Rondón detalló las pérdidas millonarias sufridas, mencionando una comisión pendiente de Odebrecht por Punta Catalina superior a los 20 millones de dólares, la cual no ha podido cobrar pese a sentencias a su favor.
Sin embargo, destacó que el daño más grave fue el familiar. Recordó con dolor que su hijo sufrió profundamente el proceso judicial seguido en su contra por ser acusado por el Ministerio Público, que lo vinculó a los sobornos por 92 millones de dólares pagados por la constructora brasileña Odebrecht a exfuncionarios para obtener obras del Estado.
En ese proceso: «Mi hijo murió en ese proceso… eso no lo puedo olvidar nunca, fue producto de una irresponsabilidad del Ministerio Público. Esa es la realidad»
Rondón aclaró que no busca lucrarse con la demanda. Los fondos obtenidos, descontando los honorarios legales (cuota litis), serán destinados a instituciones de salud: hospitales de cáncer, hospitales del corazón e instituciones benéficas de enfermedades de alto costo.
«El Estado puede decir que está pagando una indemnización, pero que vaya para los hospitales. La justicia dominicana tiene que empoderarse y olvidarse de la propaganda mediática», concluyó.
Ángel Rondón había anunciado que demandará al Estado dominicano por varios millones de dólares como indemnización por los daños y perjuicios sufridos durante los años que se extendió su proceso judicial por presuntos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht, situación que le ocasionó problemas de salud y lo obligó a someterse a tratamientos costosos.
La decisión se tomó luego de que el Tribunal Constitucional ratificara la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró no culpables al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al empresario Rondón, en relación con sobornos por 92 millones de dólares pagados por la constructora brasileña Odebrecht.
El empresario informó que se ha apoderado de la barra de abogados encabezada por el jurista Miguel Minier, quien indicó que está estudiando las sentencias para iniciar el proceso de demanda contra el Estado a través de la Procuraduría General de la República. Aunque no se especificó la cantidad exacta, se indicó que será por varios millones de dólares.
El pasado viernes 20 de febrero se dio a conocer que el Tribunal Constitucional ratificó la sentencia emitida por los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declara no culpables a Díaz Rúa y Rondón por recibir sobornos de Odebrecht para ser favorecida con obras estatales. La decisión original de la Segunda Sala fue emitida en julio de 2024.
El exfuncionario Díaz Rúa había sido condenado a cinco años y el empresario Rondón a ocho años por los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras ser declarados culpables de corrupción y enriquecimiento ilícito relacionado con los 92 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, en octubre de 2021.
Esta condena fue ratificada por los magistrados de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en mayo de 2023, que además eximió de responsabilidad penal al imputado Conrado Pittaluga Arzeno.
Al inicio del proceso fueron sometidas 14 personas, incluyendo funcionarios, exfuncionarios y empresarios, por recibir sobornos de Odebrecht. La empresa brasileña admitió el pago de sobornos y fue condenada a indemnizar al Estado con 184 millones de dólares, que deberían ser pagados en ocho cuotas parciales de 30 millones de dólares. Hasta la fecha se desconoce si la empresa ha cumplido con estos pagos.
Nacionales
El 85 % de las amenazas de violencia son cometidas por jóvenes menores de 34 años, segun Procuraduría
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, presentó cifras de violencia que afectan a la sociedad dominicana, haciendo un llamado urgente a desmontar la cultura del conflicto y a centrar las políticas públicas en la juventud.
La magistrada, al presentar su rendición de cuentas 2026, dijo que el Ministerio Público recibió «la abrumadora cifra» de 73,291 casos relacionados exclusivamente con violencia de género, intrafamiliar y sexual durante el último año.
Reynoso destacó que, más allá de los delitos graves, las denuncias por amenazas alcanzaron los 25,024 casos.
Reynoso señaló que 6 de cada 10 homicidios en el país se originan por conflictos sociales y que, según los datos validados al 100 %, el 59 % de las muertes violentas no son producto del crimen organizado, sino de altercados ciudadanos; una cifra que revela una profunda crisis en la resolución pacífica de diferencias.
«De cada 10 homicidios, seis son por conflictos sociales. Si a esto le sumamos que el 80 % de los involucrados son menores de 35 años, tenemos datos suficientes para entender que debemos trabajar como sociedad», advirtió Reynoso.
La magistrada anunció que, como parte de la iniciativa «Vitaria», el Ministerio Público publicará cada tres meses un boletín especializado en violencia de género e intrafamiliar.
Explicó que este documento servirá como herramienta de análisis para las 31 instituciones aliadas y la sociedad civil, permitiendo una persecución basada en datos científicos y no en reacciones mediáticas.
«Rendir cuentas es nuestra obligación. La transparencia no es solo colgar datos, es permitir que la sociedad cuestione, pregunte y evalúe la meritocracia y el sistema de consecuencias que estamos consolidando», concluyó.
Para el 2026, la magistrada prometió una transformación total en la metodología de investigación criminal, incluyendo una nueva sede de investigación.
Sostuvo que, por disposición del presidente Luis Abinader, las unidades de investigación y procuradurías especializadas se trasladarán en menos de 90 días al edificio donde opera actualmente el Instituto Postal Dominicano (Inposdom), el cual será convertido en una sede moderna y tecnificada.
Manifestó que, junto a la Policía Nacional y la Dicrim, se implementará un modelo más técnico, fortaleciendo los laboratorios y digitalizando procesos para garantizar una «calidad técnica sin precedentes».
Reynoso también se refirió a los procesos judiciales por corrupción administrativa. Aseguró que la institución no se dejará amedrentar por presiones externas ni por la coyuntura política.
Asimismo, anunció que el país alcanzará este año la independencia científica en materia forense.
Sostuvo que antes de que concluya el 2026, el país contará con la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) más avanzada de la región y tendrá la capacidad de procesar el 100 % de las pruebas de ADN en territorio nacional.
«Tener que pedir asistencia a Puerto Rico para realizar pruebas de ADN será cosa del pasado», sentenció la magistrada, al tiempo que anunció la creación de un fondo especial para que ningún caso se quede sin esta prueba científica por falta de recursos.
La procuradora reveló que se han ejecutado más de 34 operaciones de alto impacto contra el narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y cibercriminalidad.
Además, anunció que a partir del 1 de abril, la interoperabilidad con la Policía Científica será del 100 % y el 100 % de los allanamientos realizados por fiscales serán grabados con cámaras corporales (bodycams) de última generación para garantizar la transparencia y el respeto al debido proceso.
La institución ha sistematizado el 70 % de sus procesos con el objetivo de llegar al 100 % en línea para el cierre de 2026. Se eliminarán los libros de récords físicos, utilizando firmas digitales y registros biométricos.
Finalmente, destacó la creación del Sistema Automatizado de Información Penitenciaria, que ha captado los datos biométricos de toda la población carcelaria en los 51 centros del país.
Este sistema será entregado al Ministerio de Justicia para interoperar con las agencias de inteligencia y defensa del Estado.
Santo Domingo, R.D.-El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional exoneró de responsabilidad penal a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de un violento ataque con arma blanca que resultó en la muerte de una mujer de 70 años y dejó a otras cinco personas heridas en el Ensanche Naco.
De inmediato, el abogado Miguel Valerio, representante legal de los familiares de la víctima, criticó el fallo.
Por otro lado, el abogado defensor, Richard Martínez, se mostró conforme con la decisión. Alegó que existe un informe forense que establece que, el día de los hechos, Pumarol se encontraba bajo un brote psicótico, argumentando que ante una enfermedad de tal magnitud no existe culpabilidad penal.
Martínez añadió que, tras su salida de prisión, su cliente será trasladado a un centro especializado para recibir tratamiento, aunque no especificó la duración del mismo.
Cabe destacar que un informe pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) contradice la premisa de la defensa, al establecer que el imputado posee la capacidad cognitiva necesaria para comprender los hechos, prestar testimonio y afrontar un juicio de fondo.
El incidente ocurrió el miércoles 23 de julio de 2025, cuando Pumarol Fernández atacó con un arma blanca a varias personas. En la tragedia falleció la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años. Además, resultaron heridos Guillermo Pumarol (padre del agresor), Teresa Fabián Heredia (cuidadora), y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.
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Con una inversion mayor de más de US$600 millones de dólares construiran puerto espacial.
Santo Domingo, R.D.-Un proyecto de puerto espacial comercial contempla construir la República Dominicana en Pedernales con una inversion que supera los 600 millones de dólares, según informó Burton Catledge, CEO de la empresa Launch On Demand (LOD Holdings), durante el acto de presentación en el Palacio Nacional.
El proyecto tendrá como ubicación el municipio de Oviedo, en la provincia de Pedernales, como lo había anunciado el presidente Luis Abinader en la rendición de cuentas del 27 de febrero de este año.
«El futuro del espacio dependerá de quien se atreva a construirlo hoy; la República Dominicana da ese paso decisivo, liderando con visión, creando oportunidades para su talento y mostrando a los jóvenes y niños que soñar con el espacio es posible», expresó Catledge.
Reveló que el diseño del proyecto inició hace apenas dos semanas, mientras que el primer lanzamiento espacial se estima que será en mayo de 2028.
El proyecto contempla la construcción de un puerto espacial comercial acompañado de un hub energético integrado, con capacidad estimada de 200 megavatios, orientado tanto a las operaciones aeroespaciales como al fortalecimiento de la red eléctrica nacional, de acuerdo a la Presidencia de la República.
Asimismo, se prevé el desarrollo de infraestructura logística, hídrica y tecnológica, incluyendo una planta desalinizadora y sistemas avanzados para la mitigación acústica durante los lanzamientos.
La Presidencia informó en un comunicado de prensa que en el ámbito legal, el proyecto se desarrollará conforme a un marco regulatorio adaptado a las mejores prácticas internacionales, tomando como referencia modelos como los de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, con el objetivo de garantizar operaciones seguras, transparentes y competitivas. Este enfoque busca facilitar la inversión extranjera y promover la participación de la República Dominicana en acuerdos estratégicos como CAFTA-DR.
El modelo financiero estará basado en inversión privada, alianzas estratégicas y mecanismos internacionales de financiamiento para infraestructura, con una inversión estimada de más de 600 millones de dólares, orientados a asegurar la sostenibilidad y viabilidad a largo plazo del proyecto.
El plan incluye una planta energética híbrida de 200 megavatios para abastecer las operaciones, así como infraestructura complementaria que abarcaría desalinización de agua, producción de propelentes y servicios logísticos.
De acuerdo con el CEO de Launch On Demand, el modelo de negocio generaría ingresos a través de diversas áreas, entre ellas la generación energética, producción de gases industriales, desalinización, licenciamiento, lanzamientos espaciales y servicios de mantenimiento y soporte satelital.
Durante la exposición también se hizo referencia a casos como Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, destacando que este tipo de infraestructuras puede desarrollarse en armonía con el medio ambiente, bajo estrictas evaluaciones.