El principal imputado del caso Odebrecht, Ángel Rondón, solicitó este jueves al tribunal que conoce el juicio su absolución declarándolo, por insuficiencia de pruebas, no culpable de haber incurrido en soborno y lavado de activos.
A través de sus abogados, el imputado, además, pidió rechazar el pedimento del Ministerio Público, de que sea condenado a 10 años de prisión y se le decomisen decenas de bienes y cuentas bancarias, por improcedente, mal fundado y carente de base legal y la solicitud de que se le mantenga la inmovilización de sus fondos y le se varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
Rondón pidió, también, que declaren la extinción de la acusación presentada en su contra por el tiempo que ha transcurrido desde que fue sometido a la justicia. La defensa dijo que el cómputo de la acción penal comenzó desde que Rondón fue interrogado en enero del 2017, por lo que van cuatro años y ocho meses.
Las solicitudes fueron hechas a las magistradas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes componen el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, y tienen la responsabilidad de dictar un fallo en este caso, donde están implicados otros cinco imputados.
Rondón, está acusado de, en su función de representante comercial de Odebrecht, sobornar por 92 millones de dólares a legisladores y funcionarios para que la constructora brasileña fuera favorecida con adjudicaciones de obras públicas.
La defensa de Rondón se tomó cinco días para presentar sus alegatos finales y conclusiones.
En la jornada de hoy, antes de externar sus peticiones a las juezas, el jurista José Miguel Minier, coordinador de la defensa de este imputado, afirmó que la acusación que presentaron los fiscales no fue probada y la presunción de inocencia del que está revisto Rondón quedó intacta.
“Tenemos la plena seguridad que cuando este tribunal en su soberana apreciación y valoración integral de cada uno de los elementos de pruebas producidos en juicio pronunciará la absolución de Rondón sobre insuficiencia de prueba”, dijo.
Minier indicó que el Ministerio Público pudo, pero no lo hizo, retirar las proposiciones fácticas contra Rondón y que lo que ha hecho el órgano acusador es un juicio paralelo en los medios de comunicación para que el tribunal acoja su petición y condene a Rondón 10 años de prisión, y se le decomisen bienes y cuentas bancarias.
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