Nacionales
Rondon y Diaz Rua, condenados por caso Odebrecht
Santo Domingo, R.D.-Los dos principales imputados en el caso Odebrecht fueron condenados por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional este jueves.
Ángel Rondón, ocho años de prisión y el pago de una multa de 200 salarios mínimos; Víctor Díaz Rúa, cinco años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos.
Mientras que el tribunal absolvió de toda responsabilidad penal a Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista García y Roberto Rodríguez.
El grupo ha acudido al juicio de fondo desde noviembre de 2020.
Las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo dieron su veredicto tras casi un año de conocimiento del juicio de fondo en contra de los seis implicados en el caso de sobornos por unos por 92 millones de dólares.
Todos dijeron durante el proceso de audiencias son inocentes de los actos que se les imputan, mientras que el Ministerio Público había pedido para Rondón y Díaz Rúa, 10 años de prisión; Conrado Pittaluga, 7 años de prisión; Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez, 5 años de prisión.
Asimismo, los fiscales solicitaron el decomiso de los bienes de cada uno.
Acusaciones:
A los seis que fueron involucrados en el caso para el juicio de fondo se les acusó de delitos de soborno en el comercio, proscripción de la corrupción, lavado de activos, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación y falsedad en declaración de bienes.
En marzo del 2021, dos de las juezas fueron recusadas, por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que alegó que las magistradas Yunes Sánchez y Naranjo Tejada habían adoptado decisiones favorables a los acusados, durante la fase de presentación de testigos. La recusación fue rechazada por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación.
Santo Domingo, R.D.-Esta tarde estuvo supuesto a conocerse por parte de la jueza que maneja el caso seguido al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10 mil dólares de soborno la medida de coercion que se le impuso en virtud de lo que dispone la ley sobre la materia.
La magistrada Nancy Joaquín fijó para las 2:00 de la tarde el conocimiento de dicha revisión, la cual fue presentada por el abogado Valentín Medrano, quien encabeza la defensa del fiscal.
Se recuerda que el pasado mes de mayo, la jueza Isis Muñoz impuso contra Valdez Alcántara la medida de prisión preventiva por un espacio de tres meses.
Dicha medida fue dictada por la jueza del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, tras acoger un pedimento del ministerio público y de rechazar varios incidentes presentados por la defensa del encartado.
Las imputaciones
El Ministerio Público acusa e al fiscal de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, así como la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Conforme a las investigaciones del órgano persecutor, Valdez Alcántara presuntamente exigió a Pedro Canaán, testigo en caso Senasa, la suma inicial de 200,000 dólares.
Tras una negociación, el monto fue reducido a US$150,000. Asimismo, el expediente señala que el imputado mostró interés en obtener un reloj marca Rolex y exigió la entrega de un vehículo Mercedes Benz, modelos 350 o 450.
Santo Domingo, R.D.-Se apartó del caso del Jet Set la jueza Clara Luz Almonte de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional por alegadamente tener vínculos con una de las victimas de la tragedia que cobró la vida de 236 personas y que dejó más de 180 heridos en abril del 2025,
Tras declararse la inhibición, la jueza dispuso la remisión inmediata del expediente a la presidenta de la Cámara Penal del Distrito Nacional, para que valore la inhibición y designar a un nuevo magistrado que asuma el control del juicio contra Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, imputados por la violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.
El tribunal había sido apoderado del caso el pasado 19 de junio de 2026. Sin embargo, la magistrada tomó la decisión fundamentada en el artículo 80, numeral 8, del Código Procesal Penal Dominicano, el cual faculta a los jueces a inhibirse cuando exista una amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato con alguna de las partes involucradas en el proceso.
Explicó que entre las personas fallecidas en el siniestro se encontraba su entrañable amiga, Margarita Herminia Robles Reyes (identificada como la víctima número 49 en la acusación). Sostiene que estaba íntimamente ligada emocionalmente tanto a la víctima fallecida Margarita Herminia Robles Reyes, como a sus familiares.
“No nos sentimos en condiciones de conocer dicho proceso con absoluta imparcialidad, por haber desarrollado un vínculo afectivo profundo, y mi corazón haberse lacerado con ambas muertes«, manifestó la magistrada.
Asimismo, relató el fuerte impacto colateral del suceso. La madre de la víctima, Margarita Reyes —quien además era su colega y amiga—, se encontraba en un delicado estado de salud y falleció poco tiempo después debido al agravamiento de sus dolencias provocado por la pena.
La magistrada confesó haber sido el «hombro en que su madre se apoyó para juntas llorar su muerte», llegando incluso a vestir el cadáver y asistir de cerca a la familia.
Afirmó que los procesos judiciales no solo deben ser justos, sino también parecerlo, por lo que apartarse busca preservar la confianza de la ciudadanía en la integridad del sistema.
Santo Domingo, R.D.-Regresaron este lunes 65 personas que permanecían en las zonas afectadas por los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela a bordo de un vuelo humanitario organizado por el Gobierno dominicano.
La aeronave de la línea aérea dominicana Sky High aterrizó a las 5:40 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) José Francisco Peña Gómez, procedente del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, Venezuela.
A su llegada, los viajeros fueron recibidos por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), así como por representantes de distintas instituciones civiles y militares, quienes coordinaron el proceso de asistencia y recepción de los dominicanos que lograron abandonar las zonas afectadas por los movimientos telúricos.
La operación fue realizada por instrucciones del presidente Luis Abinader, en coordinación con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, como parte de las acciones desplegadas por el Gobierno dominicano para brindar asistencia a sus ciudadanos residentes o de visita en las áreas impactadas por los sismos.
Los terremotos, ocurridos el pasado 24 de junio, provocaron una emergencia nacional en Venezuela, dejando a su paso cientos de víctimas mortales, numerosos heridos y cuantiosos daños materiales en viviendas, edificios públicos, carreteras y otras infraestructuras, situación que motivó la puesta en marcha del operativo de evacuación de ciudadanos extranjeros, entre ellos dominicanos.
El vuelo humanitario fue habilitado con el propósito de facilitar el retorno oportuno de los nacionales que solicitaron ayuda para salir de las zonas afectadas, utilizando un avión comercial con capacidad para 90 pasajeros.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los dominicanos interesados en acogerse a este programa de retorno deben acreditar su identidad mediante la presentación de su cédula de identidad y electoral o de un pasaporte dominicano vigente.
Asimismo, explicó que aquellos connacionales que hayan extraviado sus documentos personales o no dispongan de ellos recibirán asistencia de una delegación de la Junta Central Electoral (JCE), que inició labores a partir de este martes 30 de junio para facilitar los procesos de identificación y documentación, permitiéndoles regresar al país en vuelos humanitarios posteriores.
Con la llegada de este primer grupo de repatriados, las autoridades dominicanas no descartan la realización de nuevas operaciones aéreas humanitarias en los próximos días.