Puerto Príncipe, (EFE).- En numerosos barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe, la población levanta barreras gigantes en las entradas para impedir cualquier forma de invasión o ataque por parte de grupos armados que buscan nuevos territorios en un país asolado por una inseguridad sin precedentes desde 2018.

Hace casi un año, en abril de 2023, el barrio de Turgeau, a pocos kilómetros del Palacio Nacional, fue objeto de un sangriento ataque por parte de grupos armados que pretendían invadirlo y controlarlo.

Ese día, al menos una docena de presuntos bandidos fueron asesinados y luego quemados por la población enfurecida. Desde entonces, el barrio está a la defensiva, como muchos otros, en medio de la crisis general que afecta el país, agravada por los ataques de las bandas, que actualmente controlan el 80 % de la capital.

Indiferencia de la Policía Nacional

«Si la Policía existiera de verdad, no estaríamos pasando por lo que estamos pasando ahora. La Policía es una fuerza legal que deja que las fuerzas ilegales se apoderen cada vez más del territorio», añade este joven veinteañero, muy pesimista sobre el futuro del país, que aguarda el despliegue de una misión multinacional, autorizada por la ONU, para asistir a la Policía.

Turgeau no es el único distrito que ha adoptado una estrategia defensiva de este tipo. Al menos una decena de barreras han sido detectadas por los periodistas de EFE en las entradas de varios barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe, en particular en Tabarre, Delmas y Pétion-ville, transformando los barrios en pueblos en los que todas las entradas y salidas son examinadas con lupa.

Poco a poco, la situación ha ido cambiando: en algunas calles se han multiplicado los badenes, luego las barricadas, más tarde las barreras gigantescas y, en algunos barrios ya, auténticos muros levantados por personas abandonadas a su suerte.

Una respuesta a la pasividad del Estado

Estas iniciativas son especialmente comunes en Estados frágiles como Haití. «Estados en los que el Gobierno no tiene ni la capacidad ni la voluntad de responder a las necesidades de la población, ni de garantizar la soberanía de su territorio», explica a EFE el profesor universitario Djems Olivier.

En gestación desde 2018, este fenómeno se ha generalizado recientemente en muchos barrios nuevos en Puerto Príncipe. Ya en la década de 2000, o incluso mucho antes, los llamados barrios residenciales -donde viven los ricos- construían barreras para atrincherarse, pero también para darse autonomía frente al resto de los habitantes que viven en los alrededores.

«Es una estrategia de respuesta a lo que llamamos ‘territorios perdidos’, aunque «en realidad, no son ‘territorios perdidos’, son zonas grises, espacios que escapan al control del Estado», añade Olivier.

Estas barreras se construyen con la contribución de cada habitante del barrio en cuestión. En algunos barrios, brigadas se encargan de la vigilancia, pero en otros se contrata a agentes de empresas de seguridad para que hagan el trabajo.

El urbanismo del miedo

Desde 2018, Haití se enfrenta a un meteórico aumento de la inseguridad, marcado por el incremento del número de secuestros, ataques armados, robos y violaciones, por no hablar de los conflictos armados entre bandas que luchan por nuevos territorios.

La situación está obligando a miles de personas a huir de los barrios donde nacieron y refugiarse en campamentos improvisados en condiciones inhumanas.

En torno a este formato han surgido numerosos barrios. Se trata principalmente de los barrios acomodados de las colinas. Pero desde 2018, los barrios más pobres lo han adoptado para contrarrestar la espiral de inseguridad. Algunas barreras solo permiten cruzar a los peatones, por lo que no hay forma de pasar en vehículos.

«La práctica de levantar barreras para hacer los barrios más seguros viene de lejos. Se inscribe en la emergencia de un urbanismo del miedo, sobre todo con la construcción de barrios cerrados, es decir, complejos residenciales cerrados como Belvil, Vivy Mitchell, etc.», afirma Olivier, doctor en Geografía.

Son sectores habitados por gente acomodada. El grueso de la población, que sobrevive como puede, no tiene medios para construir barrios cerrados. «Estos residentes han tenido que recurrir a esta estrategia de erigir barreras. No pueden contar con un Estado que no existe», subraya Olivier.

Según la ONG Centro de Análisis y de Investigación en derecho humano (Cardh), más de 200 personas fueron linchadas en Haití en 2023 en el marco del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale (pene pelado), entre ellos miembros de bandas y civiles.

Esto puede considerarse un epifenómeno que se ha desarrollado en un contexto de expansión territorial de las bandas. Al no contar con la protección del Estado, los vecinos desarrollan mecanismos de protección alternativos, como levantar vallas, formar brigadas de vigilancia, añade Olivier.

«Mucho antes de este fenómeno, el Estado ya estaba ausente en todo el país. En algunas zonas, incluso urbanas, son los notables, los grupos de base y las ONG quienes sustituyen al Estado», agrega Olivier, quien concluye sus declaraciones afirmando que son «son zonas del país abandonadas por el Estado». EFE