Latinoamericanas
Ante la falta de seguridad, los haitianos se atrincheran tras barreras gigantescas
Puerto Príncipe, (EFE).- En numerosos barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe, la población levanta barreras gigantes en las entradas para impedir cualquier forma de invasión o ataque por parte de grupos armados que buscan nuevos territorios en un país asolado por una inseguridad sin precedentes desde 2018.
Hace casi un año, en abril de 2023, el barrio de Turgeau, a pocos kilómetros del Palacio Nacional, fue objeto de un sangriento ataque por parte de grupos armados que pretendían invadirlo y controlarlo.
Ese día, al menos una docena de presuntos bandidos fueron asesinados y luego quemados por la población enfurecida. Desde entonces, el barrio está a la defensiva, como muchos otros, en medio de la crisis general que afecta el país, agravada por los ataques de las bandas, que actualmente controlan el 80 % de la capital.
Indiferencia de la Policía Nacional
«Si la Policía existiera de verdad, no estaríamos pasando por lo que estamos pasando ahora. La Policía es una fuerza legal que deja que las fuerzas ilegales se apoderen cada vez más del territorio», añade este joven veinteañero, muy pesimista sobre el futuro del país, que aguarda el despliegue de una misión multinacional, autorizada por la ONU, para asistir a la Policía.
Turgeau no es el único distrito que ha adoptado una estrategia defensiva de este tipo. Al menos una decena de barreras han sido detectadas por los periodistas de EFE en las entradas de varios barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe, en particular en Tabarre, Delmas y Pétion-ville, transformando los barrios en pueblos en los que todas las entradas y salidas son examinadas con lupa.
Poco a poco, la situación ha ido cambiando: en algunas calles se han multiplicado los badenes, luego las barricadas, más tarde las barreras gigantescas y, en algunos barrios ya, auténticos muros levantados por personas abandonadas a su suerte.
Una respuesta a la pasividad del Estado
Estas iniciativas son especialmente comunes en Estados frágiles como Haití. «Estados en los que el Gobierno no tiene ni la capacidad ni la voluntad de responder a las necesidades de la población, ni de garantizar la soberanía de su territorio», explica a EFE el profesor universitario Djems Olivier.
En gestación desde 2018, este fenómeno se ha generalizado recientemente en muchos barrios nuevos en Puerto Príncipe. Ya en la década de 2000, o incluso mucho antes, los llamados barrios residenciales -donde viven los ricos- construían barreras para atrincherarse, pero también para darse autonomía frente al resto de los habitantes que viven en los alrededores.
«Es una estrategia de respuesta a lo que llamamos ‘territorios perdidos’, aunque «en realidad, no son ‘territorios perdidos’, son zonas grises, espacios que escapan al control del Estado», añade Olivier.
Estas barreras se construyen con la contribución de cada habitante del barrio en cuestión. En algunos barrios, brigadas se encargan de la vigilancia, pero en otros se contrata a agentes de empresas de seguridad para que hagan el trabajo.
El urbanismo del miedo
Desde 2018, Haití se enfrenta a un meteórico aumento de la inseguridad, marcado por el incremento del número de secuestros, ataques armados, robos y violaciones, por no hablar de los conflictos armados entre bandas que luchan por nuevos territorios.
La situación está obligando a miles de personas a huir de los barrios donde nacieron y refugiarse en campamentos improvisados en condiciones inhumanas.
En torno a este formato han surgido numerosos barrios. Se trata principalmente de los barrios acomodados de las colinas. Pero desde 2018, los barrios más pobres lo han adoptado para contrarrestar la espiral de inseguridad. Algunas barreras solo permiten cruzar a los peatones, por lo que no hay forma de pasar en vehículos.
«La práctica de levantar barreras para hacer los barrios más seguros viene de lejos. Se inscribe en la emergencia de un urbanismo del miedo, sobre todo con la construcción de barrios cerrados, es decir, complejos residenciales cerrados como Belvil, Vivy Mitchell, etc.», afirma Olivier, doctor en Geografía.
Son sectores habitados por gente acomodada. El grueso de la población, que sobrevive como puede, no tiene medios para construir barrios cerrados. «Estos residentes han tenido que recurrir a esta estrategia de erigir barreras. No pueden contar con un Estado que no existe», subraya Olivier.
Según la ONG Centro de Análisis y de Investigación en derecho humano (Cardh), más de 200 personas fueron linchadas en Haití en 2023 en el marco del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale (pene pelado), entre ellos miembros de bandas y civiles.
Esto puede considerarse un epifenómeno que se ha desarrollado en un contexto de expansión territorial de las bandas. Al no contar con la protección del Estado, los vecinos desarrollan mecanismos de protección alternativos, como levantar vallas, formar brigadas de vigilancia, añade Olivier.
«Mucho antes de este fenómeno, el Estado ya estaba ausente en todo el país. En algunas zonas, incluso urbanas, son los notables, los grupos de base y las ONG quienes sustituyen al Estado», agrega Olivier, quien concluye sus declaraciones afirmando que son «son zonas del país abandonadas por el Estado». EFE
Agencia AFP
Perú.-El resultado de la elección presidencial de Perú era aún incierto este lunes, con la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez en empate técnico para convertirse en el noveno mandatario del país en una década.
Con más del 93% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,02% de los votos, frente a un 49,98% de Sánchez.
Esa ventaja de menos de medio punto corre el riesgo de evaporarse a medida que sigan llegando los votos de las zonas rurales, donde Sánchez ha dominado. Para declarar un ganador deberán además ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 400.000 votos, lo que puede llevar días.
«Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea», dijo Fujimori a la prensa este lunes al salir de su vivienda.
Entre cantos de «¡Sí se pudo!», Sánchez dijo reconocer que hay un «empate». «Que prosiga el conteo en los estándares de una elección transparente», expresó la noche del domingo en una plaza ante cientos de seguidores.
Muchos dijeron esperar que las elecciones pongan fin a la criminalidad que azota al país y la turbulencia política que dejó al Perú con ocho presidentes desde 2016.
«Es un empate técnico, está para cualquiera. Es un resultado que se puede revertir en las siguientes horas, no se está hablando todavía de ganador o ganadora», aseguró este lunes a la AFP el especialista en temas electorales José Tello.
– Festejos en los dos bandos –
Administradora de 51 años, Fujimori apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía y derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
«Estoy alegre porque sé que va a hacer un buen gobierno. ¿Por qué? Porque ella quiere limpiar la imagen de su padre», aseguró Gladys Silva, ama de casa de 56 años, en la concentración en Lima.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó al expresidente Castillo. Como lealtad, lleva el sombrero campesino que le regaló, prometió indultarlo, y lo visitó el domingo en la cárcel.
«Queremos un cambio porque estamos cansados de la corrupción, del fujimorismo que maneja al país como su chacra (hacienda)», dijo Marlene Veramendi, de 46 años, en el otro festejo.
La votación, a la que estuvieron llamados 27 millones de electores, transcurrió sin incidentes a diferencia de la caótica primera ronda de abril.
– «Débil legitimidad» –
Keiko, como la llaman, prometió «orden» y prosperidad, y advirtió del peligro del «comunismo».
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso -donde ella tiene influencia- que derriba presidentes.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana tendría inmunidad, pero quedaría vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
«El ganador tendrá a la mitad del país en contra y una débil legitimidad» por lo que, sin mayoría legislativa, deberá «construir una coalición para gobernar», dijo a la AFP el politólogo Paulo Vilca.
El vencedor sustituirá, a partir del 28 de julio, al presidente interino José María Balcázar por un mandato de cinco años.
– Delincuencia imparable –
Pese al hartazgo político, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad. Han proliferado las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar con la criminalidad con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propuso encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de las élites políticas con los criminales.
Su base social está en el campo empobrecido, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, donde la tasa de homicidios se triplicó entre 2020 y 2025, hasta los 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4%. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori aboga por el neoliberalismo y la atracción de inversiones, y Sánchez ofreció alzas salariales y una economía más estatal.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.