Opinión
Ante una grosera manipulación
Por Juan Bolívar Díaz
Es muy penoso que haya grupos y personas que desde que se menciona Haití o los inmigrantes haitianos reaccionan airados y son capaces de las más groseras manipulaciones para estigmatizar, promover exclusiones y atizar odios entre los dos pueblos que habitarán por siempre el espacio insular de 72 mil kilómetros cuadrados, y por tanto condenados a entenderse.
Es lo ocurrido con nuestro análisis publicado en HOY el 14 de noviembre, “Parece necesario renovar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE)”, donde se plantea la disyuntiva del nuevo gobierno con los 196 mil 471 inmigrantes, casi todos haitianos, que se acogieron al mismo desde el 2014 y cuyos carnets provisionales han vencido en el período 2019-20. Sin ningún fundamento algunos difundieron que se pedía la regularización de 500 mil haitianos y en las redes sociales lo equipararon hasta con la nacionalidad dominicana.
En base a esas falsedades han renovado sus viejos reclamos de linchamiento por “traición a la patria”, y han convocado una “Gran marcha nacional contra la nueva regularización de 500 mil haitianos que propone Juan Bolívar Díaz”. Unos cuantos fanáticos colocaron en las redes decenas de mensajes de odio. Uno tuvo la osadía de escribir a mi correo electrónico bajo el seudónimo de ruddy.rom :“Traición a la patria. Jamás el pueblo te va perdonar por querer que el gobierno legalice a los haitianos ilegales, tu eres un hijo de puta! Tu vida no vale nada por traidor espero que un buen patriota te de pa,bajo”.
La pretendida traición fue plantear que el PNRE ejecutado a partir del decreto 327-13 de Danilo Medina, tras ser dispuesto por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, ha quedado en un limbo. Con base en un documento oficial de la Dirección General de Migración se indica que en principio 288,481 se acogieron al llamado a regularización, de los cuales 28,508 no calificaron por falta de documento de identidad, pero 259, 973 fueron acogidos provisionalmente. Que de estos sólo 7,831 llenaron todos los requisitos y recibieron permisos de residencia temporal ordinaria, mientras 252,142 obtuvieron permiso temporal de No residentes, para que pudieran completaros.
Entre 2016 y 2018 los carnets provisionales fueron renovados dos veces, se redujeron porque muchos se fueron del país, pero quedaron 196,471 cuyos carnets ya quedaron vencidos, 12,779 en el 2019, y 183.701 a noviembre del 2020. Después de 6 años de esfuerzos e inversión de cientos de millones de pesos del erario nacional, sólo 14,763 tienen en la actualidad permiso para permanecer legalmente en el país, 8,847 como estudiantes no residentes y 5,916 como residentes temporales.
Ante esas estadísticas oficiales, el análisis planteaba que “el nuevo gobierno tiene dos opciones, volver a renovar la provisionalidad vencida, o si quiere iniciar un control real de la inmigración, sincerar los requisitos para que los 196 mil con permisos vencidos puedan alcanzar un estatus definitivo”. Planteaba más complejidad para los 301 mil haitianos que según la Encuesta de Inmigración 2017 están en el país sin haberse acogido al PNRE, y concluía que “lo peor puede ser mantener el desorden inmigratorio del que sacan enormes ventajas económicas sectores empresariales, políticos y militares”.
Hasta personas racionales han creído la manipulación de la regularización de los 500 mil haitianos que según la ENI-17 vivían en el país, y llegan al extremo de condenar toda regularización, ignorantes de que el objetivo es controlar el desorden migratorio Desconocen el decreto de Balaguer que en 1990 declaró de alto interés nacional un plan de regularización de extranjeros, la ley de Migración del 2004 cuyo artículo 151 lo dispone, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) del 2012 que lo reitera y hasta la polémica sentencia del TC 168-13 que lo ordena.
Para algunos fanáticos, defender el proceso de regularización es traición a la patria. Ignoran el artículo 23 de la Ley de END, que en su numeral 2.3.7 dispone “Ordenar los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo nacional”, asumiendo que los inmigrantes haitianos representan más del 75% de la mano de obra agropecuaria y del 60% en la construcción, y que la buscan hasta para porteros de casas y edificios de apartamentos. La END reclama el registro y control de los inmigrantes, atendiendo a la demanda del desarrollo nacional, pidiendo sanción a la trata de personas y al tráfico ilícito de inmigrantes, alinear los órganos del orden público con el marco jurídico y hasta “asegurar el respeto a los derechos humanos de la población inmigrante”. ¿Es o no una ley, consensuada tras diez años de consultas y debates?
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.