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«Nosotros no estamos planteando una reforma general del Código Procesal Penal», revela Antoliano Peralta.
Santo Domingo.-El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo explicó que desde el Gobierno no se impulsa una reforma al Código Procesal Penal, sino que se trabaja en un proyecto para que en los casos de reincidencia en los delitos se aplique prisión preventiva como medida de coerción.
La precisión la hizo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo al ser consultado tras la polémica que ha provocado la información de una posible reforma a la legislación.
El presidente Luis Abinader, en la reunión de seguimiento de seguridad ciudadana del pasado lunes, anunció que, en los próximos días, el Ejecutivo sometería un proyecto de reforma al Código Procesal Penal dirigido a modernizar una normativa excesivamente garantista.
Explicó que para la imposición de la prisión preventiva debe haber razones justificadas y corresponde al juez apreciar si son altas las posibilidades de implicación en los hechos, así como si el imputado representa peligro de fuga o hay peligro para sí mismo.
Peralta aclaró que el proyecto toca en cierto modo al Código Procesal Penal, en lo concerniente a la medida de coerción, pero que en modo alguno se trata de una reforma general.
Controles de seguridad
Actualmente el Poder Ejecutivo trabaja en una serie de proyectos de ley a ser remitidos al Congreso Nacional para contrarrestar el crimen organizado.
Entre ellos uno para controlar la violación de propiedad (invasión de terrenos), el secuestro y otro para evitar que los funcionarios públicos puedan usar las expropiaciones en beneficio propio.
«La República Dominicana no es un lugar donde su principal problema de criminalidad sea el secuestro, pero no hay que esperar que comiencen a registrarse para que haya una ley», detalló Peralta al participar en el Diálogo Libre de DL.
Funcionarios y la licencia
A pesar de que la Ley de Régimen Electoral no obliga a todos los funcionarios que sean candidatos a tomar una licencia de sus funciones, el Gobierno está buscando el mecanismo para obligarlos a hacerlo.
El artículo 45 de la referida norma establece que solamente los funcionarios de organismos autónomos del Estado y de los ayuntamientos cuyas candidaturas sean admitidas por la Junta Central Electoral «quedarán suspendidos en sus funciones, sin disfrute de sueldo, hasta el día siguiente de las elecciones».
En cumplimiento a esa obligación, Antoliano Peralta informó que próximamente se emitirá una circular en la que «exhortará» a los funcionarios en esta categoría a tomar licencia, pero también lo harán con el resto.
Manifestó que «hay la aspiración del Ministerio de Administración Pública, y le han pedido la colaboración a la Consultoría, para emitir una circular recordando a todos los funcionarios que caen dentro de lo que establece la ley para que sepan que quedan suspendidos automáticamente; y aquellos que no pertenecen a esos órganos exhortarlos a que pidan la licencia sin disfrute de sueldo.
Además de la exhortación, Palacio evalúa la manera de crear una obligación. El Consultor recordó que el Ministerio de Administración Pública puede otorgar licencia por un máximo de 60 días, y que ésta puede ser extendidas por más tiempo con la autorización del presidente.
El DNI ha cedido ante preocupación de los bancos
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo aseguró que las autoridades del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) ya han cedido ante las asociaciones de bancos en la mayoría de los aspectos a los que se oponían esas entidades respecto al proyecto de ley que transforma al DNI en la Dirección Nacional de Inteligencia.
«La dirección del DNI que impulsa el proyecto de ley ha ido cediendo en todos los elementos y ha ido consensuando varios elementos de la ley con los intereses de la Asociación de Bancos, a través de la Superintendencia, (y) con los sectores militares que tienen que ver con esto», afirmó.
El DNI también se habría puesto de acuerdo con las telefónicas.
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) había expresado su preocupación sobre el artículo que los obliga a entregar datos de sus bases de datos sobre sus clientes al DNI.
Advertían que esta medida vulneraba la confianza en el sistema bancario, la protección de datos personales y la privacidad.
El artículo 11 establecía: «Las entidades públicas y privadas deberán permitir que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) pueda llevar a cabo la recolección de informaciones que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías».
Peralta enfatizó que esta ley es muy necesaria para organizar el sistema de inteligencia del estado bajo la coordinación del DNI.
Recordó que esa entidad fue creada el siglo pasado con una ley de apenas siete artículos. Los empleados del DNI tampoco tienen un régimen laboral definido, ya que no se rigen bajo el Código Laboral ni la Ley de Administración Pública.
«Aquí existía el SIM y después se creó el DNI con una ley como de siete artículos, que no da margen a ningún desarrollo regulatorios suficiente. Por ejemplo, los empleados del DNI no tienen un régimen laboral definido», amplió el abogado.
SANTO DOMINGO. – El ingeniero Edgar Hernández, acusado de estafar a decenas de personas a través del proyecto inmobiliario “Garden of the Beach”, caso que fue revelado en el programa de investigación El Informe con Alicia Ortega, recibió este jueves tres meses de prisión preventiva.
La información fue ofrecida por el abogado de las víctimas, Miguel Surún Hernández, quien explicó que en la medida de coerción presentada inicialmente se incluyeron cuatro víctimas, aunque el relato de los hechos describe un esquema de estafa inmobiliaria masiva.
“En esta medida de coerción existieron cuatro víctimas, pero el relato fáctico consagra que se trata de un esquema de estafa inmobiliaria masiva y, por vía de consecuencia, ameritaba la declaratoria de caso complejo”, sostuvo.
- El jurista indicó que el caso involucra alrededor de 210 víctimas en total, muchas de ellas en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo. Según afirmó, el proceso judicial en la provincia de Santo Domingo es el que presenta mayores avances.
Surún Hernández criticó que en el Distrito Nacional el expediente no ha tenido progreso y aseguró que han solicitado que el caso sea remitido a la provincia de Santo Domingo, donde, según dijo, las autoridades han mostrado mayor disposición para investigarlo.
De acuerdo con el abogado, el imputado habría estafado en múltiples ocasiones a las víctimas, incluso entregando certificados de títulos pertenecientes a otras personas y firmando acuerdos sustentados en esos documentos, además de estar involucrado en procesos relacionados con falsedad.
“Hace cuatro meses nos reunimos con la fiscal del Distrito solicitándole que por favor enviara ese expediente a la provincia, que es donde quieren trabajar, porque aquí el magistrado encargado ahora mismo no está haciendo absolutamente nada en ese proceso”, afirmó.
El Informe con Alicia Ortega, expuso cómo lo que comenzó como el sueño de muchos dominicanos residentes en el exterior de adquirir una propiedad frente al mar terminó convirtiéndose en una pesadilla legal y financiera.
El proyecto inmobiliario “Garden of the Beach”, promovido como un moderno condominio turístico en Boca Chica, prometía apartamentos con amenidades de lujo y entrega en un plazo de dos años. Según los contratos firmados, el edificio tendría 12 niveles, más de 200 unidades habitacionales, parqueos techados, piscina, gimnasio, salón multiuso, restaurante, cigar club, ascensores y planta eléctrica, entre otras facilidades.
Los precios de los apartamentos oscilaban entre US$54,000 y US$105,000, y los compradores debían pagar inicialmente cerca del 20 % del valor total, completando el resto en cuotas mientras avanzaba la construcción.
Sin embargo, los testimonios recogidos en la investigación señalan que la obra nunca inició formalmente. Aunque en un momento se colocó maquinaria y se realizaron excavaciones superficiales, no se levantó ninguna estructura ni se inició la cimentación del edificio.
Además, una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos indica que el terreno identificado en los contratos no pertenece a la empresa Boca Chica Garden SRL ni a Edgar Hernández, sino que figura registrado a nombre de un tercero.
Ante la magnitud del caso, el abogado Miguel Surún Hernández, en representación de más de 40 afectados, presentó una querella penal contra Edgar Hernández, Mabel Luciano, gerente general del proyecto, y la empresa Boca Chica Garden SRL.
Los cargos incluyen estafa agravada, lavado de activos y asociación de malhechores, delitos que podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión.
Las víctimas, muchas de ellas dominicanos residentes en el exterior, aseguran haber entregado entre US$2,000 y más de US$40,000 para adquirir apartamentos que nunca se construyeron.
El caso continúa en proceso mientras las autoridades investigan el presunto esquema de estafa que habría afectado a cientos de compradores.
Santo Domingo, R.D.-Leah Francis Campos, embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, anunció este jueves la reapertura de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo a un mes de que un escándalo de corrupción obligara a la suspensión temporal de sus operaciones, así como la destitución y arresto del dominicano Melitón Cordero, que fungía como su supervisor.
«Hoy me complace anunciar que reabriré oficialmente la oficina de la DEA en Santo Domingo bajo un nuevo liderazgo, marcando un nuevo capítulo en nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y la corrupción«, señala Campos en un comunicado oficial colgado en las redes sociales de la misión diplomática.
En el mensaje, la diplomática reitera el compromiso de su país con la relación de lucha contra el narcotráfico establecida con la República Dominicana, así como su decisión personal de «erradicar la corrupción y la criminalidad que amenazan el futuro de nuestros hijos».
En un comunicado adicional, Campos indicó que el cierre de la DEA, anunciado el pasado 12 de febrero, envió un «mensaje claro» de que la corrupción, incluso la percepción de este delito, «no tiene cabida en el Gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro gobierno».
«Los Estados Unidos siempre ha estado comprometido con mantener los más altos estándares de rendición de cuentas, y mi decisión de cerrar temporalmente la oficina de la DEA se tomó en ese espíritu de integridad y transparencia«, reiteró.
Campos informó que durante el proceso de investigación, que inició cuando un exempleado denunció el abuso de un proceso de visa en beneficio de «informantes confidenciales», se ha auxiliado del administrador de la DEA, Terry Cole, con el fin de «asegurar que la oficina de la DEA en Santo Domingo cumpla con los más altos estándares de honestidad e integridad».
En ese sentido, la embajadora indicó que estará reabriendo la oficina «bajo un nuevo liderazgo«, que marcará un nuevo capitulo en la lucha contra el narcoterrorismo y la corrupción.
- Campos no especificó desde cuando estará abierta la oficina de la DEA ni quienes serán sus nuevos líderes, pero advirtió que tanto los programas de visas, como los procesos internos de la embajada estarán auditados, lo que permitirá que salgan «más fuertes y resilientes».
«Nuestra prioridad es restaurar la integridad y la confianza con un renovado enfoque en nuestros programas críticos. No permitiré que las acciones deshonrosas de unos pocos empañen la misión y el trabajo vital de los hombres y mujeres que sirven en la DEA«, expresó.
Comunicado íntegro de la embajadora
- La Embajadora de los Estados Unidos
Leah F. Campos reabre la Oficina de la DEA en Santo DomingoEl cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo envió un mensaje claro: la corrupción, o incluso su percepción, no tiene cabida en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro gobierno. Los Estados Unidos siempre ha estado comprometido con mantener los más altos estándares de rendición de cuentas, y mi decisión de cerrar temporalmente la oficina de la DEA se tomó en ese espíritu de integridad y transparencia.Mientras la investigación continúa y la justicia sigue su curso, los programas de visas y otros procesos internos están siendo auditados para asegurar que salgamos de este proceso más fuertes y resilientes.A lo largo de este proceso, he trabajado estrechamente con el administrador de la DEA, Terry Cole, para asegurar que la oficina de la DEA en Santo Domingo cumpla con los más altos estándares de honestidad e integridad que espero de cada persona que sirve en la embajada que lidero. Nuestra prioridad es restaurar la integridad y la confianza con un renovado enfoque en nuestros programas críticos. No permitiré que las acciones deshonrosas de unos pocos empañen la misión y el trabajo vital de los hombres y mujeres que sirven en la DEA.Hoy me complace anunciar que reabriré oficialmente la oficina de la DEA en Santo Domingo bajo un nuevo liderazgo, marcando un nuevo capítulo en nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y la corrupción. Los Estados Unidos está plenamente comprometido con la colaboración que mantenemos con la República Dominicana en la continua e importante lucha contra los narcotraficantes, y sigo tan decidida como siempre a erradicar la corrupción y la criminalidad que amenazan el futuro de nuestros hijos.Este compromiso fue resaltado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, durante la histórica Conferencia de las Américas contra los Cárteles, celebrada la semana pasada en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos en Doral, Florida. Acompañado por líderes de toda la región, incluida la República Dominicana, el secretario Hegseth reafirmó la importancia de la soberanía, las fronteras fuertes y el compromiso regional contra el flagelo del narcoterrorismo.La participación activa de la República Dominicana demuestra la solidez de nuestra alianza y nuestro compromiso mutuo con un hemisferio más seguro, próspero y estable. Juntos seguiremos defendiendo el Estado de derecho, protegiendo a nuestros ciudadanos y avanzando en nuestras prioridades compartidas.Leah F. Campos
Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana
El pasado 12 de febrero, Campos informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado oficial en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública», posición que la misión diplomática mantenía la semana pasada, según un respuesta a una solicitud de información de este medio.
La acusación sostiene que el dominicano Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Cada año, la DEA, el FBI y otras agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley patrocinan el ingreso a Estados Unidos de cientos de extranjeros que, de otro modo, podrían ser considerados inadmisibles debido a su asociación con actividades delictivas y quienes, con el tiempo, pueden convertirse en elegibles para obtener la residencia permanente.
La primera comparecencia de Cordero estaba programa para el 6 de marzo, pero la misma fue aplazada para el 6 de abril después de que la defensa solicitara una prórroga debido a la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
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Solicitan prisión preventiva contra hombres atropellados por hombre para evitar atraco en Santiago
Santiago, R.D.-Dos hombres implicados en un asalto en perjuicio de una mujer a la que interceptaron en una via pública el pasado 8 de marzo fueron presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, en cuyo caso el Ministerio Público solicitó que se les imponga medidas de coerción consistente en prisión preventiva.
De acuerdo a una nota de prensa de la institución, los imputados fueron identificados como David Jiménez Feliz y Christopher Torres Ortiz (el Mosquito). Se trata de los dos hombres que el conductor de un vehículo atropelló la motocicleta en que se desplazaban para impedir el atraco. El hecho quedó captado en un video que circuló en las redes sociales.
El órgano persecutor les acusa de arrebataron la cartera a la víctima, una mujer de nacionalidad haitiana, que se trasladaba a pie por un tramo de la calle Salvador Cucurullo, en el centro de la ciudad, mientras iban a bordo de la motocicleta Z3000 CG200 color negro, conducida por Jiménez Feliz.