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«Nosotros no estamos planteando una reforma general del Código Procesal Penal», revela Antoliano Peralta.
Santo Domingo.-El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo explicó que desde el Gobierno no se impulsa una reforma al Código Procesal Penal, sino que se trabaja en un proyecto para que en los casos de reincidencia en los delitos se aplique prisión preventiva como medida de coerción.
La precisión la hizo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo al ser consultado tras la polémica que ha provocado la información de una posible reforma a la legislación.
El presidente Luis Abinader, en la reunión de seguimiento de seguridad ciudadana del pasado lunes, anunció que, en los próximos días, el Ejecutivo sometería un proyecto de reforma al Código Procesal Penal dirigido a modernizar una normativa excesivamente garantista.
Explicó que para la imposición de la prisión preventiva debe haber razones justificadas y corresponde al juez apreciar si son altas las posibilidades de implicación en los hechos, así como si el imputado representa peligro de fuga o hay peligro para sí mismo.
Peralta aclaró que el proyecto toca en cierto modo al Código Procesal Penal, en lo concerniente a la medida de coerción, pero que en modo alguno se trata de una reforma general.
Controles de seguridad
Actualmente el Poder Ejecutivo trabaja en una serie de proyectos de ley a ser remitidos al Congreso Nacional para contrarrestar el crimen organizado.
Entre ellos uno para controlar la violación de propiedad (invasión de terrenos), el secuestro y otro para evitar que los funcionarios públicos puedan usar las expropiaciones en beneficio propio.
«La República Dominicana no es un lugar donde su principal problema de criminalidad sea el secuestro, pero no hay que esperar que comiencen a registrarse para que haya una ley», detalló Peralta al participar en el Diálogo Libre de DL.
Funcionarios y la licencia
A pesar de que la Ley de Régimen Electoral no obliga a todos los funcionarios que sean candidatos a tomar una licencia de sus funciones, el Gobierno está buscando el mecanismo para obligarlos a hacerlo.
El artículo 45 de la referida norma establece que solamente los funcionarios de organismos autónomos del Estado y de los ayuntamientos cuyas candidaturas sean admitidas por la Junta Central Electoral «quedarán suspendidos en sus funciones, sin disfrute de sueldo, hasta el día siguiente de las elecciones».
En cumplimiento a esa obligación, Antoliano Peralta informó que próximamente se emitirá una circular en la que «exhortará» a los funcionarios en esta categoría a tomar licencia, pero también lo harán con el resto.
Manifestó que «hay la aspiración del Ministerio de Administración Pública, y le han pedido la colaboración a la Consultoría, para emitir una circular recordando a todos los funcionarios que caen dentro de lo que establece la ley para que sepan que quedan suspendidos automáticamente; y aquellos que no pertenecen a esos órganos exhortarlos a que pidan la licencia sin disfrute de sueldo.
Además de la exhortación, Palacio evalúa la manera de crear una obligación. El Consultor recordó que el Ministerio de Administración Pública puede otorgar licencia por un máximo de 60 días, y que ésta puede ser extendidas por más tiempo con la autorización del presidente.
El DNI ha cedido ante preocupación de los bancos
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo aseguró que las autoridades del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) ya han cedido ante las asociaciones de bancos en la mayoría de los aspectos a los que se oponían esas entidades respecto al proyecto de ley que transforma al DNI en la Dirección Nacional de Inteligencia.
«La dirección del DNI que impulsa el proyecto de ley ha ido cediendo en todos los elementos y ha ido consensuando varios elementos de la ley con los intereses de la Asociación de Bancos, a través de la Superintendencia, (y) con los sectores militares que tienen que ver con esto», afirmó.
El DNI también se habría puesto de acuerdo con las telefónicas.
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) había expresado su preocupación sobre el artículo que los obliga a entregar datos de sus bases de datos sobre sus clientes al DNI.
Advertían que esta medida vulneraba la confianza en el sistema bancario, la protección de datos personales y la privacidad.
El artículo 11 establecía: «Las entidades públicas y privadas deberán permitir que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) pueda llevar a cabo la recolección de informaciones que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías».
Peralta enfatizó que esta ley es muy necesaria para organizar el sistema de inteligencia del estado bajo la coordinación del DNI.
Recordó que esa entidad fue creada el siglo pasado con una ley de apenas siete artículos. Los empleados del DNI tampoco tienen un régimen laboral definido, ya que no se rigen bajo el Código Laboral ni la Ley de Administración Pública.
«Aquí existía el SIM y después se creó el DNI con una ley como de siete artículos, que no da margen a ningún desarrollo regulatorios suficiente. Por ejemplo, los empleados del DNI no tienen un régimen laboral definido», amplió el abogado.
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Pepca asegura que pruebas del caso Calamar sustentarán solicitud de condena contra imputados
Mirna Ortiz afirmó que el Ministerio Público presentará pruebas testimoniales y periciales para sustentar su acusación; la lectura del expediente continuará el lunes 21 de septiembre
SANTO DOMINGO.– La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público considera que las pruebas que presentará durante el juicio de fondo del denominado caso Calamar permitirán sustentar su solicitud de condena contra los imputados.
“Indiscutiblemente, frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que en su momento vamos a solicitar”, declaró Ortiz al referirse a la acusación que conoce el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La procuradora de Corte sostuvo que, conforme a la tesis del órgano acusador, el expediente describe una presunta estructura que habría utilizado instituciones del Estado para desarrollar un esquema de corrupción destinado a obtener beneficios económicos.
“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método y el lucro para enriquecerse y permanecer en el poder”, manifestó.
Acusación contiene 3,383 páginas
Ortiz explicó que las distintas líneas de investigación contenidas en las 3,383 páginas de la acusación están acompañadas de referencias a pruebas testimoniales y periciales que el Ministerio Público pretende incorporar y debatir durante el juicio.
Entre los procesados figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero, junto a otros imputados incluidos en el expediente del caso Calamar.
La lectura de la acusación estuvo encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, acompañado por el equipo de fiscales litigantes.
El conocimiento del expediente continuará el lunes 21 de septiembre, cuando está previsto proseguir con la lectura de la acusación.
Ministerio Público dice que investigaciones continúan
Consultada sobre empresarios y una empresa que hasta el momento no forman parte del proceso, Ortiz indicó que las investigaciones relacionadas con el caso permanecen abiertas.
“El Ministerio Público sigue investigando, seguimos avanzando. Ustedes saben que las investigaciones no se agotan en un solo proceso y más adelante veremos”, expresó.
Por su parte, el abogado José Martínez Hoepelman señaló que la jornada judicial transcurrió con normalidad y que las defensas permitieron que el Ministerio Público desarrollara sus alegatos de apertura sin interrupciones.
Tribunal deberá valorar las pruebas
Las declaraciones de Ortiz representan la posición y teoría acusatoria del Ministerio Público. Corresponderá al Tercer Tribunal Colegiado valorar durante el juicio las pruebas presentadas por la acusación y las defensas, así como los argumentos de todas las partes, antes de determinar si existe o no responsabilidad penal.
Los imputados en el caso Calamar mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva dictada conforme al debido proceso.
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Expresidente de la JCE defiende permanencia de partidos minoritarios en el sistema político dominicano
Julio César Castaños Guzmán sostiene que las organizaciones pequeñas representan sectores minoritarios y forman parte de la tradición democrática del país
SANTO DOMINGO.– El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán se pronunció a favor de preservar la participación de los partidos políticos minoritarios en República Dominicana, al considerar que estas organizaciones contribuyen a la representación de distintos sectores de la sociedad.
“Esos partidos deben mantenerse todos por el bien de la democracia”, expresó el jurista al referirse al papel que desempeñan las organizaciones de menor tamaño dentro del sistema político dominicano, según declaraciones publicadas este miércoles por El Día.
Castaños Guzmán argumentó que los partidos pequeños no constituyen un fenómeno reciente y señaló que han formado parte de la vida política nacional desde los orígenes de la República.
A su juicio, eliminar esas organizaciones reduciría las alternativas disponibles para determinados sectores del electorado.
Defiende representación de las minorías
El expresidente de la JCE sostuvo que la importancia de una organización política no debería analizarse exclusivamente a partir de su tamaño o de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.
Según explicó, también deben considerarse aspectos como sus ideas, estructuras internas y capacidad para establecer alianzas.
“La fortaleza de un partido se evalúa por su pensamiento, por sus estructuras y las alianzas que hace”, manifestó Castaños Guzmán, de acuerdo con el reporte periodístico suministrado.
El jurista vinculó además su posición con la representación política de los grupos minoritarios, señalando que estos tienen reconocimiento dentro del orden constitucional dominicano.
“Las minorías están en la Constitución”, afirmó al defender la continuidad de espacios políticos que permitan canalizar distintas expresiones de la sociedad.
Partidos políticos y democracia
Castaños Guzmán sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial del régimen democrático y relacionó la existencia de organizaciones políticas institucionalmente sólidas con la calidad de la democracia.
Sus declaraciones se producen en medio de discusiones públicas sobre el funcionamiento, reconocimiento y permanencia de las organizaciones políticas en República Dominicana.
El régimen de partidos dominicano está regulado, entre otras normas, por la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, mientras que la Constitución reconoce el papel de estas organizaciones en el fortalecimiento de la democracia y establece principios relativos a su organización y funcionamiento.
La posición expresada por Castaños Guzmán constituye su valoración sobre el sistema de partidos y la representación de las minorías, dentro del debate sobre el papel que deben desempeñar las organizaciones políticas de menor tamaño en la democracia dominicana.
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Abinader rechaza propuesta para hacer obligatoria la enseñanza del creole en escuelas dominicanas
El mandatario calificó la iniciativa como un “despropósito” y afirmó que el Gobierno apuesta por fortalecer la enseñanza del inglés
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, rechazó la propuesta legislativa que busca establecer como obligatoria la enseñanza del creole en las escuelas públicas y privadas de República Dominicana, iniciativa que también contempla incorporar el inglés y el francés al modelo educativo. El mandatario calificó la enseñanza obligatoria del creole como un “despropósito” y aseguró que la propuesta no cuenta con el respaldo de su administración.
Abinader manifestó que el Gobierno tiene interés en fortalecer la enseñanza del inglés en los centros educativos, pero marcó distancia respecto a la inclusión obligatoria del creole. También señaló que la iniciativa no fue discutida ni respaldada por el Gobierno ni por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
¿Qué plantea el proyecto?
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por Julio César Beltré Méndez, diputado del PRM por la provincia Azua. El proyecto propone incorporar obligatoriamente la enseñanza de creole, inglés y francés desde el nivel primario hasta el secundario.
De acuerdo con el contenido de la propuesta, la medida abarcaría centros educativos públicos, privados y de gestión mixta autorizados por el Ministerio de Educación y no estaría limitada exclusivamente a las provincias fronterizas.
El legislador fundamenta la inclusión del creole en las relaciones históricas, comerciales, culturales y migratorias existentes entre República Dominicana y Haití, así como en la dinámica de las comunidades fronterizas. En el caso del inglés, destaca su importancia para sectores como turismo, comercio, tecnología y servicios, mientras que al francés le atribuye relevancia internacional, diplomática y cultural.
Aplicación sería gradual
El proyecto contempla que, en caso de convertirse en ley, el Ministerio de Educación disponga de 12 meses para elaborar el currículo, establecer contenidos, carga horaria y estándares de competencia lingüística.
Su implementación sería progresiva, con un período máximo de cinco años, comenzando por el primer ciclo del nivel primario. También contempla programas para la formación y certificación de docentes capaces de impartir los idiomas.
Una propuesta que genera debate
La iniciativa ha provocado posiciones diferentes entre sectores políticos, educativos y sociales. Mientras sus promotores argumentan que el conocimiento de otros idiomas ampliaría las competencias de los estudiantes y facilitaría la comunicación y las relaciones internacionales, otros sectores cuestionan que el creole deba establecerse como materia obligatoria en todo el sistema educativo.
Incluso dentro del sector magisterial se han divulgado posiciones distintas. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aclaró posteriormente que su Comité Ejecutivo Nacional no había adoptado una posición institucional oficial sobre la propuesta.
Por el momento, la enseñanza obligatoria del creole no está vigente en República Dominicana. Se trata de una propuesta legislativa que deberá agotar el procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional antes de que pueda convertirse en ley.