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«Nosotros no estamos planteando una reforma general del Código Procesal Penal», revela Antoliano Peralta.
Santo Domingo.-El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo explicó que desde el Gobierno no se impulsa una reforma al Código Procesal Penal, sino que se trabaja en un proyecto para que en los casos de reincidencia en los delitos se aplique prisión preventiva como medida de coerción.
La precisión la hizo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo al ser consultado tras la polémica que ha provocado la información de una posible reforma a la legislación.
El presidente Luis Abinader, en la reunión de seguimiento de seguridad ciudadana del pasado lunes, anunció que, en los próximos días, el Ejecutivo sometería un proyecto de reforma al Código Procesal Penal dirigido a modernizar una normativa excesivamente garantista.
Explicó que para la imposición de la prisión preventiva debe haber razones justificadas y corresponde al juez apreciar si son altas las posibilidades de implicación en los hechos, así como si el imputado representa peligro de fuga o hay peligro para sí mismo.
Peralta aclaró que el proyecto toca en cierto modo al Código Procesal Penal, en lo concerniente a la medida de coerción, pero que en modo alguno se trata de una reforma general.
Controles de seguridad
Actualmente el Poder Ejecutivo trabaja en una serie de proyectos de ley a ser remitidos al Congreso Nacional para contrarrestar el crimen organizado.
Entre ellos uno para controlar la violación de propiedad (invasión de terrenos), el secuestro y otro para evitar que los funcionarios públicos puedan usar las expropiaciones en beneficio propio.
«La República Dominicana no es un lugar donde su principal problema de criminalidad sea el secuestro, pero no hay que esperar que comiencen a registrarse para que haya una ley», detalló Peralta al participar en el Diálogo Libre de DL.
Funcionarios y la licencia
A pesar de que la Ley de Régimen Electoral no obliga a todos los funcionarios que sean candidatos a tomar una licencia de sus funciones, el Gobierno está buscando el mecanismo para obligarlos a hacerlo.
El artículo 45 de la referida norma establece que solamente los funcionarios de organismos autónomos del Estado y de los ayuntamientos cuyas candidaturas sean admitidas por la Junta Central Electoral «quedarán suspendidos en sus funciones, sin disfrute de sueldo, hasta el día siguiente de las elecciones».
En cumplimiento a esa obligación, Antoliano Peralta informó que próximamente se emitirá una circular en la que «exhortará» a los funcionarios en esta categoría a tomar licencia, pero también lo harán con el resto.
Manifestó que «hay la aspiración del Ministerio de Administración Pública, y le han pedido la colaboración a la Consultoría, para emitir una circular recordando a todos los funcionarios que caen dentro de lo que establece la ley para que sepan que quedan suspendidos automáticamente; y aquellos que no pertenecen a esos órganos exhortarlos a que pidan la licencia sin disfrute de sueldo.
Además de la exhortación, Palacio evalúa la manera de crear una obligación. El Consultor recordó que el Ministerio de Administración Pública puede otorgar licencia por un máximo de 60 días, y que ésta puede ser extendidas por más tiempo con la autorización del presidente.
El DNI ha cedido ante preocupación de los bancos
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo aseguró que las autoridades del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) ya han cedido ante las asociaciones de bancos en la mayoría de los aspectos a los que se oponían esas entidades respecto al proyecto de ley que transforma al DNI en la Dirección Nacional de Inteligencia.
«La dirección del DNI que impulsa el proyecto de ley ha ido cediendo en todos los elementos y ha ido consensuando varios elementos de la ley con los intereses de la Asociación de Bancos, a través de la Superintendencia, (y) con los sectores militares que tienen que ver con esto», afirmó.
El DNI también se habría puesto de acuerdo con las telefónicas.
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) había expresado su preocupación sobre el artículo que los obliga a entregar datos de sus bases de datos sobre sus clientes al DNI.
Advertían que esta medida vulneraba la confianza en el sistema bancario, la protección de datos personales y la privacidad.
El artículo 11 establecía: «Las entidades públicas y privadas deberán permitir que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) pueda llevar a cabo la recolección de informaciones que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías».
Peralta enfatizó que esta ley es muy necesaria para organizar el sistema de inteligencia del estado bajo la coordinación del DNI.
Recordó que esa entidad fue creada el siglo pasado con una ley de apenas siete artículos. Los empleados del DNI tampoco tienen un régimen laboral definido, ya que no se rigen bajo el Código Laboral ni la Ley de Administración Pública.
«Aquí existía el SIM y después se creó el DNI con una ley como de siete artículos, que no da margen a ningún desarrollo regulatorios suficiente. Por ejemplo, los empleados del DNI no tienen un régimen laboral definido», amplió el abogado.
Por EFE
Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.
Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.
En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.
Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.
an/am
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Pruebas demoledoras dice tener el Ministerio Público contra madre acusada de asfixiar a su hija
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.
La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.
«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.
Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.
Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.
En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.
![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/aplazan-coercion-contra-mujer-acusada-de-asfixiar-a-su-hija-5e5f222a.jpeg)
El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.
En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.
El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).
Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la menor.
Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.
A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.
Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida.
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Segun pruebas balísticas pistola incautada en caso Masha fue robada a agente de la Policía en 2018.
Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha», quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta ilegal en que ha incurrido.
Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica, acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.
Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.
“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.
No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.
Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.
El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.
Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa
¿Cómo funciona la depuración?
“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.