Nacionales
Propietario del Jet Set, Antonio Espaillat, se pone a disposición de la justicia
Santo Domingo, R.D.-El propietario de la desaparecida discoteca Jet Set, Antonio Espaillat, se puso a disposición de la justicia ante la investigación del Ministerio Público para determinar las causas del colapso del techo del centro de diversión la madrugada del pasado martes que causó la muerte 231 personas.
La acción de Espaillat se produjo a través de un comunicado enviado a la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, Espaillat, en nombre de la entidad jurídica “Inversiones E Y L, S. R. L”, la cual figura como la empresa propietaria del Jet Set.
“Esta empresa acoge con seriedad y compromiso el curso de tales investigaciones y reitera su apertura a colaborar con todas las autoridades competentes en el proceso, en especial con el Ministerio Público, garante del interés general y de la búsqueda de la verdad”, reseña el documento firmado por Espaillat.
“Reafirmamos, de forma solemne y sin reservas, nuestro compromiso de atender cualquier requerimiento de esta Procuraduría en el marco de los procedimientos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico, y que resulte necesario para contribuir con transparencia, respeto y dignidad al esclarecimiento de los hechos. Todo ello, conscientes del profundo dolor que embarga a las víctimas, a sus familiares, y a la sociedad dominicana en su conjunto; dolor que compartimos con genuina consternación”, manifiesta el documento recibido por la Fiscalía del Distrito Nacional a las 10:58 de la mañana de este martes 15 de abril, justo una semana después de ocurrida la tragedia.
La carta enviada a la Fiscalía indica que su abogado es Jorge Luis Polanco.
Durante la madrugada del pasado martes ocho de octubre el techo de la discoteca Jet Set colapsó de manera repentina, durante una fiesta amenizada por el merenguero Ruby Pérez, acabando con la vida de 231 personas; entre ellas las del propio artista, el hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, Eduardo Guarionex, entre otras.
Los días subsiguientes, más de 500 rescatistas estuvieron inmersos en la búsqueda y rescate de las personas que quedaron enterradas bajo los escombros.
Justo este lunes el Ministerio Público comunicó a LISTÍN DIARIO que se encuentran en la fase del peritaje en la primera etapa de su investigación; mientras que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) indicó que el estudio técnico – forense estaría listo en alrededor de tres meses.
Jet Set era un ícono de la vida nocturna dominicana, con 50 años de historia, famoso por sus «lunes de merengue» y por ser un punto de encuentro cultural y social en Santo Domingo. La tragedia ha conmocionado profundamente a la sociedad dominicana por la magnitud de las pérdidas y el impacto cultural del lugar.
Nacionales
Gobierno de EEUU crea nuevas regulaciones para visas de estudiantes y de medios de comunicacion.
Reporte de ICE
Santo Domingo, R.D.-El Departamento de Seguridad Nacional a propósito del caso de Johan Efrain Sandoval Rodríguez, de 22 años, publicó este viernes una norma que elimina la «duración del estatus» de estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y representantes de los medios de comunicación, cuya decision afecta a profesionales del periodismo de todo el mundo.
Se recuerda que el joven dominicano fue detenido por el ICE en una “operación de control selectiva” tras presentar supuestos problemas con su visa de estudiante.
De acuerdo a la publicación, la nueva normativa establece un período fijo de admisión para los titulares de visas de no inmigrante de las categorías F, J e I.
Algunos de los cambios son los siguientes:
Cupos de admisión fijos: Los estudiantes no inmigrantes con visa F y los visitantes de intercambio con visa J serán admitidos por la duración de su programa específico, sin exceder un período máximo de cuatro años.
Prórrogas federales obligatorias: Los titulares de visa que necesiten tiempo adicional para completar un programa académico deben solicitar formalmente una prórroga de estadía directamente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
Esto implica que la supervisión pase del personal universitario a las autoridades federales y somete a los solicitantes a controles biométricos, verificación de antecedentes y detección de fraude.
Reducción del período de gracia para la salida: El tiempo permitido para que los estudiantes con visa F-1 se preparen para la salida, el traslado a otra institución educativa o el cambio de estatus después de la graduación se reduce de 60 días a 30 días.
Restricciones a los cambios de programa: La norma introduce limitaciones estrictas a los cambios académicos.
Los actuales titulares de visas de no inmigrante que residen en los EE. UU. bajo el marco anterior de «duración del estatus» pasarán automáticamente al nuevo sistema, y su estadía autorizada se limitará a cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor de esta norma.
Agencia EFE
Redacción América.-Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de México, Claudia Sheinbaum, encabezan por segundo mes consecutivo la lista de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía, aunque ambos registran una caída en sus niveles de aceptación frente a junio, según un sondeo de CB Global Data, en el que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cae al último lugar.
Bukele lidera la tabla con un 67,4 % de favorabilidad y un 28,3 % de imagen negativa. Aunque conserva el primer lugar, su respaldo cayó 1,7 puntos porcentuales respecto a junio, cuando alcanzó el 69,1 %. El mandatario salvadoreño mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción como eje de su política de seguridad contra las pandillas.
Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, ocupa el segundo lugar con una imagen positiva del 65,1 % y un 30,2 % de rechazo, 0,4 puntos porcentuales menos que el 65,5 % obtenido en junio. Durante el período evaluado, México fue anfitrión, junto con EE.UU. y Canadá, del Mundial de Fútbol de 2026.
Completa el podio Laura Fernández, quien asumió recientemente la Presidencia de Costa Rica, con un 55,5 % de favorabilidad frente a un 38,2 % de imagen negativa, 0,6 puntos porcentuales por debajo del 56,1 % registrado el mes anterior.
Además, fue la mandataria que más cayó en la medición de julio, al perder 6,8 puntos porcentuales respecto al 29,5 % de junio. Venezuela sufrió dos devastadores terremotos el 24 de junio que han dejado cerca de 5.000 muertos y miles de heridos, además de una compleja emergencia humanitaria y de reconstrucción.
En el penúltimo lugar está el mandatario interino de Perú, José María Balcázar, con un 23 % de aceptación y un 68,5 % de rechazo. No obstante, fue el presidente que más mejoró en la medición mensual, al ganar 4,8 puntos porcentuales respecto al 18,2 % de junio. Balcázar entregará el poder el próximo 28 de julio a la derechista Keiko Fujimori, vencedora de las elecciones presidenciales.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, completa el grupo de mandatarios peor valorados, con un 30,8 % de apoyo y un 63,4 % de imagen negativa, 2,3 puntos porcentuales menos que en junio, cuando registró un 33,1 % de favorabilidad.
En cuarto lugar figura el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con un 51,2 % de imagen positiva y un 45,7 % de rechazo, tras mejorar respecto al 48,3 % de junio. Le sigue el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con un 50,6 % de favorabilidad y un 47,1 % de imagen negativa, por encima del 47,6 % registrado el mes anterior.
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia desde noviembre pasado, ocupa el sexto lugar con un 49,1 % de imagen positiva y un 47,7 % de rechazo, también por encima del 46,4 % que obtuvo en junio.
En la mitad de la tabla aparecen el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 48,7 % de favorabilidad y un 48,1 % de imagen negativa; el hondureño Nasry Asfura, con un 45,3 % de respaldo y un 50,3 % de rechazo; y el chileno José Antonio Kast, con un 44,6 % de aceptación frente a un 52,8 % de imagen negativa.
Les siguen el ecuatoriano Daniel Noboa, con un 41 % de apoyo y un 55,9 % de rechazo, y el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien comparte el cargo con su esposa, Rosario Murillo, con un 40,2 % de favorabilidad y un 58,6 % de imagen negativa.
También integran la parte baja del sondeo el uruguayo Yamandú Orsi, con un 37,4 % de apoyo y un 57,5 % de imagen negativa; el argentino Javier Milei, con un 36,8 % de favorabilidad y un 61,3 % de rechazo; y el panameño José Raúl Mulino, con un 34,2 % de aceptación frente a un 61,2 % de imagen negativa.
El sondeo de CB Global Data fue realizado entre el 3 y el 8 de julio de 2026 a ciudadanos de 18 países de Latinoamérica, con muestras de entre 4.625 y 6.271 casos por país, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de entre ±1,2 % y ±1,4 %.
Santo Domingo, R.D.-El Séptimo Juzgado de Instruccion del Distrito Nacional, presidido por el juez Deiby Timoteo Peguero, fue apoderado para el conocimiento del juicio preliminar en contra de 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar una red criminal que distribuyó sobornos por más de RD$108 millones para agenciarse contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
El apoderamiento fue realizado por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante sorteo aleatorio computarizado, en cumplimiento con el procedimiento establecido para la asignación de expedientes.
Con el caso ya en manos del magistrado, ahora corresponde que el juez Timoteo Peguero fije la fecha para la celebración de la audiencia preliminar, en la cual el Ministerio Público solicitará que se dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados.
También fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
De acuerdo con la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin fiscalización efectiva.
Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, delitos que fueron identificados durante la Operación Lobo, puesta en marcha en julio de 2025, cuando el Ministerio Público arrestó a militares y civiles señalados de integrar la estructura delictiva.