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Antún Batlle gana en el PRSC; Amable y Hazim se retiraron

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QUIQUE-ANTUN-JURAMENTADO-PRESIDENTE-PRSCSANTO DOMINGO. Federico Antún Batlle (Quique) fue electo ayer presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) durante la celebración de la Novena Asamblea Ordinaria de esa organización, luego que sus dos adversarios, Amable Aristy Castro y José Hazim Frappier, declinaran a sus aspiraciones.

Aunque en principio los tres candidatos hablaban de su triunfo, el panorama cambió cuando se consultó a la asamblea para que decidiera si las nuevas autoridades se escogerían por cargos o uninominal, o por plancha o plurinominal.

La fórmula uninominal solo obtuvo 547 votos de los 1,747 asambleístas presentes. Una vez conocida la intención del voto, Amable Aristy Castro anunció el retiro de sus aspiraciones luego de evocar su fe, su sentimiento balaguetista-reformista y la unidad.

«Retiro mis aspiraciones a presidente del Partido para que, a partir de mañana (hoy), nos sentemos y hagamos por Balaguer un verdadero Partido Reformista Social Cristiano. Que Dios los cuide y que la Virgen de La Altagracia derrame muchas bendiciones sobre todos ustedes», dijo.

Acto seguido José Hazim Frappier anunció: «Lo que está a la vista, no necesita espejuelos», ganando un gran aplauso y agregó: «Ahora lo más importante es que el Partido Reformista salga unido de esta asamblea, por lo tanto, retiro mis aspiraciones y apoyo la plancha que dirige el ingeniero Federico Antún Batlle».

Inmediatamente se hizo la elección, la plancha que encabezó Antún Batlle fue juramentada por el presidente en funciones del PRSC, Joaquín Ricardo, quien dirigió la asamblea ante la ausencia del presidente del partido, Carlos Morales Tronco.

Antún Batlle, presidente del PRSC por segunda ocasión, llamó a sus compañeros a trabajar para hacer de esa organización una fuerza beligerante, para que vuelva a ocupar los espacios estelares.

Además de Quique Antún, dirigirá el partido reformisra Ramón Rogelio Genao, secretario general; Luis Bogaert, primer vicepresidente; Rafaela Alburquerque, segunda vicepresidente; Miguel Bogaert, secretario de organización; Máximo Castro Silverio, de Asuntos Electorales, y Ramón Félix Madera, secretario de Actas. Todo el proceso fue en orden, el único incidente fue la caída accidental de la tarima de José Ramón González.

Supervisión JCE

La verificación de los delegados la hizo la Junta Central Electoral con 25 máquinas, en la que buscaban a cada persona en el padrón. También hubo ocho supervisores de la JCE encabezados por Mario Núñez, subdirector de elecciones.

La seguridad interna estaba a cargo de la JCE, mientras que en la periferia, el orden lo imponían agentes de la Policía.

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Tres meses de prisión imponen contra imputados en muerte del chofer en Santiago.

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Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión  preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.

El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.

Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

En tanto que el principal sospechoso, fue identificado por el Ministerio Público como Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, sigue prófugo de la justicia.

Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.

“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.

Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.

El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.

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Juez explica error cometido por el Ministerio Público durante peritaje del caso Jet Set.

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Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional,  aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.

Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.

“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.

Tras esto el juez indicó que cuando la parte acusadora llevó a cabo el peritaje, el equipo de defensa legal de los hermanos Espaillat solicitó intervenir, algo que no le fue permitido, catalogando esta decisión como un “error”.

Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.

“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.

También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.

Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.

“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.

Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.

El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.

Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.

El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.

Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.

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Ex-empleado del Jet Set dice: » ahí no debió morir una sola persona».

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Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.

Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.

Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.

Dijo que tras un incendio previo en el área de la planta eléctrica, se instalaron cables provisionales que, según técnicos consultados, no eran aptos para la operación continua.

«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.

El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.

El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.

«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.

Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.

«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.

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