Nacionales
Anulan títulos expedidos en Bahía de Las Águilas
ABOGADOS DE ADQUIRIENTES DE TERRENOS APELARÁN SENTENCIA
Juicio. Tras ser anulados ayer todos los títulos de propiedad expedidos a favor de particulares en miles de metros cuadrados en Bahía de las Águilas, el Estado venció en una litis de 17 años.
La jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional anuló ayer todos los títulos de propiedad expedidos a favor de particulares en miles de metros cuadrados de terrenos en Bahía de las Águilas, por lo que ahora regresan a la propiedad exclusiva del Estado dominicano.
La magistrada Alba Beard Marcos declaró nulas y sin ningún efecto jurídico las transferencias, operaciones inmobiliarias, deslindes, subdivisiones, refundiciones y cualquier operación o transacción realizada desde el alo 1990 a la fecha.
En la sentencia, que consta de 300 páginas y cuya lectura emepezó a las 11 de la mañana y concluyó pasadas las 3:00 de la tarde, el tribunal alega que hubo un concierto de voluntades para defraudar al Estado dominicano.
La magistrada Beard Marcos citó como ejemplo que una resolución fue emitida el mismo día y también se hizo una carta constancia y la transferencia, “produciendo un fraude colosal en contra del Estado Dominicano”.
Aduce, además, que los documentos presentados como títulos de propiedad no otorgan titularidad, pues son fraudulentos y hay contradicciones en los títulos y las constancias de estos.
La magistrada consideró que los 1,200 títulos de propiedad emitidos a favor de unos 600 presuntos campesinos en terrenos ubicados en Bahía de las Águilas, Pedernales, durante la gestión de Jaime Rodríguez Pimentel al frente del Instituto Agrario Dominicano (IAD, se hizo de manera irregular.
Apelarán decisión
De su lado, los abogados que representaron a los adquirientes de los terrenos en Bahías de Las Águilas consideraron que la referida sentencia ha violentado todo el derecho de propiedad, por lo que adelantaron la recurrirán en apelación, por entender que no se sostiene jurídicamente.
Alegan que la jueza suplió de oficio pruebas que les correspondían aportar a las partes. “Estamos dentro de un derecho; este litigio era de carácter privado y entonces eran las partes las que tenían que suministrar las pruebas”.
Sostienen que la jueza, para anular los títulos de propiedad, “utilizó una certificación que ella misma, en su propia sentencia, la descalificó y desechó, y luego la tomó como suya, para alegar que existía una oposición inscrita de la transferencia, además de que anuló derecho de forma general”.
Procurador aplaude sentencia
De su lado, el procurador general de la Republica, Francisco Domínguez Brito, aplaudió la decisión del tribunal y destacó la profesionalidad y valentía con la que la jueza Beard Marcos asumió el caso.
“Ahora lo más importante para nosotros es que esos terrenos pasen al Estado dominicano para que se implemente un plan maestro que convierta a la provincia de Pedernales en un gran polo turístico y de desarrollo como se registra en las regiones Este y Norte del país”, dijo el Procurador.
Agregó que “la voluntad y el esfuerzo finalmente brindaron sus frutos”, para que los terrenos de Bahía de Las Águilas retornaran al control del Estado dominicano, luego de casi dos décadas de lucha.
Destacó también, “la sabia y oportuna decisión del presidente Danilo Medina de permitir que este caso fuera ventilado por la justicia dominicana”, que a su juicio, “ha sido la estafa más escandalosa en materia inmobiliaria del país”.
Esta victoria tiene nombres muy especiales, dijo Domínguez Brito, quien reconoció, “el coraje y la lucha constante de nuestra querida Piky Lora, para que esos terrenos pasaran a ser patrimonio del Estado dominicano”.
Fiscal califica de excelente
Mientras que la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso calificó de excelente la sentencia dictada por la jueza Marcos, la que a su juicio pone de manifiesto el mayor fraude inmobiliario cometido en contra del Estado Dominicano.
“Esa decisión del tribunal no solo deja como consecuencia la nulidad, sino que se establece de forma clara que hubo un concierto de voluntades para defraudar al Estado Dominicano y de ahí es que nosotros hemos insistidos en reiteradas ocasiones que en ese proceso hay muchas personas que no han sido procesado penalmente y la sentencia dictada ahora evidencia que hay que procesarlo y dar cuenta ante la justicia penal de su actuación ilícita”, apuntó la fiscal.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.