Nacionales
Anulan títulos expedidos en Bahía de Las Águilas
ABOGADOS DE ADQUIRIENTES DE TERRENOS APELARÁN SENTENCIA
Juicio. Tras ser anulados ayer todos los títulos de propiedad expedidos a favor de particulares en miles de metros cuadrados en Bahía de las Águilas, el Estado venció en una litis de 17 años.
La jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional anuló ayer todos los títulos de propiedad expedidos a favor de particulares en miles de metros cuadrados de terrenos en Bahía de las Águilas, por lo que ahora regresan a la propiedad exclusiva del Estado dominicano.
La magistrada Alba Beard Marcos declaró nulas y sin ningún efecto jurídico las transferencias, operaciones inmobiliarias, deslindes, subdivisiones, refundiciones y cualquier operación o transacción realizada desde el alo 1990 a la fecha.
En la sentencia, que consta de 300 páginas y cuya lectura emepezó a las 11 de la mañana y concluyó pasadas las 3:00 de la tarde, el tribunal alega que hubo un concierto de voluntades para defraudar al Estado dominicano.
La magistrada Beard Marcos citó como ejemplo que una resolución fue emitida el mismo día y también se hizo una carta constancia y la transferencia, “produciendo un fraude colosal en contra del Estado Dominicano”.
Aduce, además, que los documentos presentados como títulos de propiedad no otorgan titularidad, pues son fraudulentos y hay contradicciones en los títulos y las constancias de estos.
La magistrada consideró que los 1,200 títulos de propiedad emitidos a favor de unos 600 presuntos campesinos en terrenos ubicados en Bahía de las Águilas, Pedernales, durante la gestión de Jaime Rodríguez Pimentel al frente del Instituto Agrario Dominicano (IAD, se hizo de manera irregular.
Apelarán decisión
De su lado, los abogados que representaron a los adquirientes de los terrenos en Bahías de Las Águilas consideraron que la referida sentencia ha violentado todo el derecho de propiedad, por lo que adelantaron la recurrirán en apelación, por entender que no se sostiene jurídicamente.
Alegan que la jueza suplió de oficio pruebas que les correspondían aportar a las partes. “Estamos dentro de un derecho; este litigio era de carácter privado y entonces eran las partes las que tenían que suministrar las pruebas”.
Sostienen que la jueza, para anular los títulos de propiedad, “utilizó una certificación que ella misma, en su propia sentencia, la descalificó y desechó, y luego la tomó como suya, para alegar que existía una oposición inscrita de la transferencia, además de que anuló derecho de forma general”.
Procurador aplaude sentencia
De su lado, el procurador general de la Republica, Francisco Domínguez Brito, aplaudió la decisión del tribunal y destacó la profesionalidad y valentía con la que la jueza Beard Marcos asumió el caso.
“Ahora lo más importante para nosotros es que esos terrenos pasen al Estado dominicano para que se implemente un plan maestro que convierta a la provincia de Pedernales en un gran polo turístico y de desarrollo como se registra en las regiones Este y Norte del país”, dijo el Procurador.
Agregó que “la voluntad y el esfuerzo finalmente brindaron sus frutos”, para que los terrenos de Bahía de Las Águilas retornaran al control del Estado dominicano, luego de casi dos décadas de lucha.
Destacó también, “la sabia y oportuna decisión del presidente Danilo Medina de permitir que este caso fuera ventilado por la justicia dominicana”, que a su juicio, “ha sido la estafa más escandalosa en materia inmobiliaria del país”.
Esta victoria tiene nombres muy especiales, dijo Domínguez Brito, quien reconoció, “el coraje y la lucha constante de nuestra querida Piky Lora, para que esos terrenos pasaran a ser patrimonio del Estado dominicano”.
Fiscal califica de excelente
Mientras que la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso calificó de excelente la sentencia dictada por la jueza Marcos, la que a su juicio pone de manifiesto el mayor fraude inmobiliario cometido en contra del Estado Dominicano.
“Esa decisión del tribunal no solo deja como consecuencia la nulidad, sino que se establece de forma clara que hubo un concierto de voluntades para defraudar al Estado Dominicano y de ahí es que nosotros hemos insistidos en reiteradas ocasiones que en ese proceso hay muchas personas que no han sido procesado penalmente y la sentencia dictada ahora evidencia que hay que procesarlo y dar cuenta ante la justicia penal de su actuación ilícita”, apuntó la fiscal.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.