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Reenvían lectura de sentencia del proceso de apelación sometido por el MP en caso Odebrecht
La lectura de la sentencia del proceso de apelación sometido por el Ministerio Publico en el caso Odebrecht fue aplazado por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para el 31 de marzo, cuya sentencia en primera instancia favoreció a Víctor Diaz Rúa y Conrado Pittaluga.
Los jueces Pedro Sánchez, presidente del tribunal, Nancy Joaquín y Daniel Nolasco, también deberán fallar el recurso que interpuso el empresario Ángel Rondón Rijo en contra de la condena recibida por el mismo tribunal a diez años por el pago de sobornos y que procura revertir.
Durante su participación este jueves frente al tribunal, el empresario Ángel Rondón dijo que el exprocurador Jean Alain Rodríguez «le ofreció un trato» para que testificara en contra de una serie de personas que les idéntifico, pero que él «se negó rotundamente» porque no tenía como probar esos supuestos sobornos.
«El Ministerio Público dice que el soborno no deja un papelito, pero en Perú metieron mucha gente presa, entonces ellos buscaron muchos papelitos y aquí al parecer no han querido buscar, porque no queda nadie», dijo Rondón, haciendo alusión a que están sueltos los supuestos sobornados por él.
El «homicidio sin cuerpo»
Al tratar de desmontar los argumentos de la defensa del empresario Ángel Rondón Rijo de que no pudo haber sobornos en el caso Odebrecht si no se pudo demostrar que hubo sobornados, el Ministerio Público mencionó el ejemplo de los «homicidios sin cuerpos», que ya la jurisprudencia nacional ha validado por no «estar todos los elementos de la vida» porque el victimario la desapareció.
La fiscal coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, sostuvo que no se puede pretender encontrar recibos con las referencias de los sobornos porque, según explicó, esas transacciones se hacen procurando no dejar rastros de la transferencia, “no dejan huellas”.
No obstante, dijo que la revelación de la empresa brasileña sobre las coimas pagadas en el país fueron corroboradas con la Superintendencia de Bancos con el retiro millonarios de Rondón a través de sus cuentas, «dinero de mano en mano» para la adquisición, a favor de la compañía, de proyectos de construcción de obras del Estado. La fiscal sostuvo que el empresario depositaba grandes sumas de dinero a sus empresas, las que utilizaba en sus actividades comerciales para aparentar que eran lícitos.
Al comparar el tipo penal del soborno del acusado con el «homicidio sin cuerpo» dijo que “si esa persona (el victimario) decidió disolver el cuerpo en ácido o quemarlo y esparcir las cenizas ¿no se puede buscar a esa persona por homicidio cuando todos los demás elementos de las pruebas se encuentran reunidas”.
Expuso que los elementos fácticos se completan con la “lógica, la máxima de la experiencia y la unión armónica de todas las pruebas” que muestran “que realmente y efectivamente la acción se completó”.
Ortiz recordó que ya en el país hay sentencias de condenas en casos de homicidios en los que no se han localizado los cuerpos.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.