Nacionales
Reenvían lectura de sentencia del proceso de apelación sometido por el MP en caso Odebrecht
La lectura de la sentencia del proceso de apelación sometido por el Ministerio Publico en el caso Odebrecht fue aplazado por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para el 31 de marzo, cuya sentencia en primera instancia favoreció a Víctor Diaz Rúa y Conrado Pittaluga.
Los jueces Pedro Sánchez, presidente del tribunal, Nancy Joaquín y Daniel Nolasco, también deberán fallar el recurso que interpuso el empresario Ángel Rondón Rijo en contra de la condena recibida por el mismo tribunal a diez años por el pago de sobornos y que procura revertir.
Durante su participación este jueves frente al tribunal, el empresario Ángel Rondón dijo que el exprocurador Jean Alain Rodríguez «le ofreció un trato» para que testificara en contra de una serie de personas que les idéntifico, pero que él «se negó rotundamente» porque no tenía como probar esos supuestos sobornos.
«El Ministerio Público dice que el soborno no deja un papelito, pero en Perú metieron mucha gente presa, entonces ellos buscaron muchos papelitos y aquí al parecer no han querido buscar, porque no queda nadie», dijo Rondón, haciendo alusión a que están sueltos los supuestos sobornados por él.
El «homicidio sin cuerpo»
Al tratar de desmontar los argumentos de la defensa del empresario Ángel Rondón Rijo de que no pudo haber sobornos en el caso Odebrecht si no se pudo demostrar que hubo sobornados, el Ministerio Público mencionó el ejemplo de los «homicidios sin cuerpos», que ya la jurisprudencia nacional ha validado por no «estar todos los elementos de la vida» porque el victimario la desapareció.
La fiscal coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, sostuvo que no se puede pretender encontrar recibos con las referencias de los sobornos porque, según explicó, esas transacciones se hacen procurando no dejar rastros de la transferencia, “no dejan huellas”.
No obstante, dijo que la revelación de la empresa brasileña sobre las coimas pagadas en el país fueron corroboradas con la Superintendencia de Bancos con el retiro millonarios de Rondón a través de sus cuentas, «dinero de mano en mano» para la adquisición, a favor de la compañía, de proyectos de construcción de obras del Estado. La fiscal sostuvo que el empresario depositaba grandes sumas de dinero a sus empresas, las que utilizaba en sus actividades comerciales para aparentar que eran lícitos.
Al comparar el tipo penal del soborno del acusado con el «homicidio sin cuerpo» dijo que “si esa persona (el victimario) decidió disolver el cuerpo en ácido o quemarlo y esparcir las cenizas ¿no se puede buscar a esa persona por homicidio cuando todos los demás elementos de las pruebas se encuentran reunidas”.
Expuso que los elementos fácticos se completan con la “lógica, la máxima de la experiencia y la unión armónica de todas las pruebas” que muestran “que realmente y efectivamente la acción se completó”.
Ortiz recordó que ya en el país hay sentencias de condenas en casos de homicidios en los que no se han localizado los cuerpos.
Santo Domingo, R.D.-El Quinto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo envió a juicio de fondo a un profesor acusado de agredir sexualmente a una menor, de 13 años de edad, en el sector Brisa del Este en Santo Domingo Este.
La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada este martes contra Eliezer Vargas Villamar, de aproximadamente 35 años, luego de que el tribunal determinara que las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la parte querellante son suficientes para que el proceso sea ventilado en un juicio de fondo.
Según explicó el abogado de la madre de la menor, Danilo Santo Méndez, el imputado habría aprovechado su condición de docente para manipular a la adolescente desde la Escuela Básica República de Japón, ubicada en el sector Brisas del Este.
Alerta
La situación fue descubierta en diciembre por la progenitora luego de que otra hija de cuatro años alertara sobre un presunto vínculo que el profesor mantenía con su hermana.
«La niña me dijo que su hermana tenía un novio, y por favor no se lo dijera para que no se molestara con ella», expresó.
La mujer cuyo nombre se hace reserva por temas legales, dijo que ante lo dicho procedió a revisar la tablet y vio «que tenía una conversación con el profesor y le dijo nos vemos esta noche con un signo de interrogación«.
El litigante indicó que el imputado también acudía con frecuencia a las inmediaciones de la vivienda de la familia y en ocasiones trasladaba a la menor en su vehículo.
Méndez afirmó que los delitos sexuales contra menores no tienen cabida en la sociedad, y mucho menos en los centros educativos donde los estudiantes deben contar con garantías de protección.
Añadió que existen otras víctimas de nacionalidad haitiana que no hablan por miedo a represalias ante sus estatus migratorios.
Asimismo, criticó que algunas personas vinculadas al ámbito escolar acudieran al tribunal para respaldar al imputado durante el proceso.
El hombre guardaba prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, medida que posteriormente le fue variada por garantía económica y presentación periódica.
SANTO DOMINGO.- La República Dominicana se colocó en el primer lugar del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2025, con una puntuación de 82.17 sobre 100, convirtiéndose en el único país del continente ubicado en la categoría “Con Libertad de Expresión” dentro de la medición que evalúa la situación de estos derechos en 23 naciones de las Américas.
El informe, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en alianza con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, analiza el período comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025 y concluye que el país mejoró su desempeño respecto al año anterior, al incrementar su puntuación en 4.92 puntos y avanzar una posición en el ranking regional.
La SIP reporta uno de los “peores” años para la libertad de prensa en las Américas
De acuerdo con el documento, la República Dominicana obtuvo 26.40 puntos de 30 en la dimensión “Ciudadanía informada y libre de expresarse”, 27.57 de 40 en la actuación del Estado frente a la violencia e impunidad contra periodistas, y 28.20 de 30 en el indicador sobre control de medios y periodismo.
Estabilidad del ecosistema mediático dominicano sigue siendo frágil
Aunque el país encabeza el índice, el informe advierte que la estabilidad del ecosistema mediático dominicano sigue siendo frágil y enfrenta amenazas estructurales. Entre los principales desafíos señalados están la debilidad económica de los medios de comunicación, el uso discrecional de la publicidad estatal y el impacto de nuevas propuestas legislativas, como el proyecto para crear el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM).
Los evaluadores indican que estos factores pueden generar presiones indirectas sobre la independencia editorial, en un contexto donde la inversión publicitaria migra cada vez más hacia plataformas digitales globales, reduciendo la sostenibilidad financiera de los medios tradicionales.
El documento también menciona que durante el período analizado se registraron protestas de periodistas por mayores barreras informativas, y destaca como evento relevante la celebración en Punta Cana de la 81ª Asamblea General de la SIP, donde se firmó la Declaración de Salta II, un documento que reafirma los principios de la libertad de prensa en el continente.
Panorama regional
A pesar de la posición destacada de República Dominicana, el informe presenta un panorama preocupante para el periodismo en las Américas. El promedio regional del índice descendió a 47.10 puntos, el nivel más bajo desde que comenzó la medición hace seis años.
El estudio advierte que ocho países se encuentran en la franja de “Alta Restricción” a la libertad de expresión citando entre ellos Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador, mientras que Nicaragua y Venezuela aparecen en la categoría de “Sin libertad de expresión”.
Entre los países con mejor desempeño después de República Dominicana figuran Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica, todos ubicados en la categoría de “Baja restricción”, aunque con retrocesos o tensiones relacionadas con presiones económicas, judicialización del periodismo o concentración de la propiedad de los medios.
El informe concluye que el continente atraviesa uno de los momentos más difíciles para el ejercicio del periodismo, marcado por asesinatos, agresiones, exilio de periodistas, presiones económicas y restricciones legales en distintos países.
Nacionales
Defensa de maestra acusada de maltrato a niña en un colegio alega: «No era vómito, era brócoli»
Santo Domingo, R.D.-La defensa de la profesora Yamelsy Matos Beltré, acusada de agredir a una menor en el preescolar Mi Segundo Hogar/Little Steps, afirmó este martes que no se trató de ingesta de vómito, sino trozos de brócoli, los alimentos que la niña consumía al momento de los hechos.
Al salir de la Oficina de Atención Permanente de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, el abogado Billy Gerónimo sostuvo que varias de las versiones que han circulado tras la difusión del video viral no se corresponden con lo ocurrido.
Según explicó, los fragmentos visibles en las imágenes corresponden a restos de brócoli que la menor habría expulsado mientras comía y que cayeron sobre su propio cuerpo.
En ese contexto, indicó que cuando la docente se inclina en el video, lo que recoge son esos mismos trozos de comida, descartando que se tratara de alimentos tomados del suelo o de un desagüe, como se ha interpretado en redes sociales.
Totalmente arrepentida
El jurista también afirmó que la profesora se encuentra «completamente arrepentida y muy avergonzada» por la situación que enfrenta, e insistió que muchas de las afirmaciones difundidas públicamente sobre el caso no se corresponden con la realidad.
Gerónimo detalló que el documento carecía de algunas páginas, entre ellas que medida buscaban lo que impedía conocer de manera íntegra el contenido del documento.
Agregó que, incluso, una de las partes faltantes correspondería al apartado donde el órgano acusador especifica qué medida de coerción está solicitando, aunque presume que se trata de prisión preventiva.