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Reenvían lectura de sentencia del proceso de apelación sometido por el MP en caso Odebrecht

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La lectura de la sentencia del proceso de apelación sometido por el Ministerio Publico en el caso Odebrecht fue aplazado por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para el 31 de marzo, cuya sentencia en primera instancia favoreció a Víctor Diaz Rúa y Conrado Pittaluga.

Los jueces Pedro Sánchez, presidente del tribunal, Nancy Joaquín y Daniel Nolasco, también deberán fallar el recurso que interpuso el empresario Ángel Rondón Rijo en contra de la condena recibida por el mismo tribunal a diez años por el pago de sobornos y que procura revertir.

Durante su participación este jueves frente al tribunal, el empresario Ángel Rondón dijo que el exprocurador Jean Alain Rodríguez «le ofreció un trato» para que testificara en contra de una serie de personas que les idéntifico, pero que él «se negó rotundamente» porque no tenía como probar esos supuestos sobornos.

«El Ministerio Público dice que el soborno no deja un papelito, pero en Perú metieron mucha gente presa, entonces ellos buscaron muchos papelitos y aquí al parecer no han querido buscar, porque no queda nadie», dijo Rondón, haciendo alusión a que están sueltos los supuestos sobornados por él.

El «homicidio sin cuerpo»

Al tratar de desmontar los argumentos de la defensa del empresario Ángel Rondón Rijo de que no pudo haber sobornos en el caso Odebrecht si no se pudo demostrar que hubo sobornados, el Ministerio Público mencionó el ejemplo de los «homicidios sin cuerpos», que ya la jurisprudencia nacional ha validado por no «estar todos los elementos de la vida» porque el victimario la desapareció.

La fiscal coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, sostuvo que no se puede pretender encontrar recibos con las referencias de los sobornos porque, según explicó, esas transacciones se hacen procurando no dejar rastros de la transferencia, “no dejan huellas”.

No obstante, dijo que la revelación de la empresa brasileña sobre las coimas pagadas en el país fueron corroboradas con la Superintendencia de Bancos con el retiro millonarios de Rondón a través de sus cuentas, «dinero de mano en mano» para la adquisición, a favor de la compañía, de proyectos de construcción de obras del Estado. La fiscal sostuvo que el empresario depositaba grandes sumas de dinero a sus empresas, las que utilizaba en sus actividades comerciales para aparentar que eran lícitos.

Al comparar el tipo penal del soborno del acusado con el «homicidio sin cuerpo» dijo que “si esa persona (el victimario) decidió disolver el cuerpo en ácido o quemarlo y esparcir las cenizas ¿no se puede buscar a esa persona por homicidio cuando todos los demás elementos de las pruebas se encuentran reunidas”.

Expuso que los elementos fácticos se completan con la “lógica, la máxima de la experiencia y la unión armónica de todas las pruebas” que muestran “que realmente y efectivamente la acción se completó”.

Ortiz recordó que ya en el país hay sentencias de condenas en casos de homicidios en los que no se han localizado los cuerpos.

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Sigue todavia el debate y los intentos por acabar con la cesantia laboral.

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Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.

El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.

Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.

Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.

Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.

El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.

Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.

Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.

“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.

Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.

Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.

Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.

Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.

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Autoridades Identifican piloto y copiloto fallecidos en accidente de avión en La Romana

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Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.

De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.

Mientras, un equipo técnico de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), encabezada por su presidente Pedro Alberto Piña se trasladó hacia el lugar del incidente para realizar las investigaciones de lugar

La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.

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Imputados en Operacion XL526 en espera de medida de coerción.

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Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes  alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.

Las autoridades señalan como cabecillas a Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
Otros detenidos son: Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Laguar, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.

El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal. 

El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.

Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.

La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.

El Tribunal de Atención Permanente de Santiago deberá fijar en las próximas horas la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.

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