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¿Aplazar sentencia de Melgen traerá problemas para el senador Menéndez?
La fiscalía y la defensa acuerdan postergar la sentencia de fraude del oftalmológico de la Florida, Salomón Melgen, hasta después de la aparición del juicio por corrupción en Nueva Jersey.
Dr. Salomon Melgen
West Palm Beach.- Una audiencia de sentencia en la que el Dr. Salomón Melgen enfrenta una posible condena de 30 años o cadena perpetua fue repentinamente pospuesta el jueves, lo que ha desatado especulaciones de que el ahora en desgracia especialista en retinas del Condado de Palm Beach podría estar cooperando con fiscales federales en un caso de corrupción contra su viejo amigo, el senador estadounidense Robert Menéndez.
El juez de distrito Kenneth Marra acordó el jueves retrasar la audiencia hasta después de que el oftalmólogo de 63 años y Menéndez, un poderoso demócrata de Nueva Jersey, sean juzgados en septiembre bajo la acusación de operar lo que los fiscales describen como un esquema de soborno mutuamente beneficioso.
Mientras que Marra a principios de este mes rechazó la solicitud de Melgen para un retraso de la audiencia de sentencia, este jueves lo aprobó sin comentarios y sin fijar una fecha futura.
En una demanda presentada después de que se concediera el aplazamiento, los abogados de Melgen dijeron que se debía a problemas de programación. Y, añadieron, los fiscales federales lo firmaron.
“Las partes en este asunto han conferido y están de acuerdo en que la sentencia en este asunto es probable que tome más de un día”, escribieron los abogados de Melgen Matthew Menchel y Kirk Ogrosky. “Después de consultar con la fiscalía, todas las partes están de acuerdo en que es necesaria una prolongación”.
Sin embargo, los observadores políticos y abogados no afiliados al caso dijeron que la demora podría indicar que Melgen ha acordado testificar contra Menéndez.
“Creo que sería lo primero en lo que pensarías: ‘Oh, él debe estar cooperando con la fiscalía’, dijo Richard Lubin, un abogado de defensa de West Palm Beach. “Me imagino que todo el mundo pensaría eso”.
Pero, reconoció, hay otras razones justificadas para el retraso.
Un consultor político de Nueva Jersey, que pidió no ser nombrado, dijo que desde que Melgen fue condenado en abril por fraude a la atención de la salud por sacarle al Medicare un estimado de US$105 millones, se ha manejado que el médico se volvería contra Menéndez con la esperanza de ganar un sentencia indulgente
“Nosotros vemos eso (la demora) como prueba de que pudiera cooperar”, dijo el consultor demócrata. Si Menéndez es condenado o renuncia como resultado del proceso federal, las ramificaciones serían enormes, agregó.
El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, nombraría al reemplazo de Menéndez, lo que inclinaría el equilibrio de poder en el Senado de Estados Unidos, y posiblemente alteraría el destino de una legislación clave, como la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Costo. “Esto tiene implicaciones nacionales”, dijo.
El consultor político republicano Michael DuHaime, quien se desempeñó como estratega principal para las campañas de gobernadores de 2009 y 2013 de Christie, señaló que cualquier reemplazo republicano probablemente sería de corta duración. El mandato de Menéndez termina en 2018. Por lo tanto, incluso si Christie tuviera que escoger un reemplazo, pronto seguiría una elección. Señaló, además, que los votantes de Nueva Jersey no envían a un republicano al Senado desde 1972.
DuHaime alertó contra la fuerte especulación sobre la razón por la cual la sentencia de Melgen se retrasó. “Con los procedimientos legales, usted no sabe totalmente qué es lo que está pasando”, dijo. “Así que, tienes que conformarse con lo que dicen”.
Sin embargo, el abogado de West Palm Beach, Val Rodríguez, dijo que el tono duro de los memorandos de sentencia escritos por los fiscales federales y los abogados de Melgen es revelador. Ninguna de las partes mostró inclinación alguna a doblarse.
Para incrementar el castigo de Melgen hasta unos posibles 30 años, los ayudantes fiscales federales Carolyn Bell, Roger Stefin y Alexandra Chase argumentaron que el médico oftalmólogo le costó al Medicare, las aseguradoras privadas y los pacientes entre US$65 millones y US$150 millones al diagnosticar mal y maltratar a decenas de personas con degeneración macular húmeda. En algunos casos, facturó para el tratamiento de prótesis y ojos ciegos.
Los abogados de Melgen rechazaron que los fiscales inflaron groseramente las fechorías del entonces muy respetado médico, que trató a personalidades como el gobernador de la Florida Lawton Chiles. El monto que el Medicare perdió, basado en los cargos por los cuales fue condenado, fue de aproximadamente US$125,000, dijeron. Elogiando los logros de Melgen, nunca expresaron remordimiento o simpatía por sus víctimas, quienes los fiscales afirman que sufrieron tratamientos innecesarios, dolorosos y potencialmente peligrosos.
Puntos de vista tan diferentes rara vez benefician a un acusado, dijo Rodríguez. Como abogado de la defensa, “lo que uno hace es dar un paso atrás y reevaluar tu posición sobre la conducta de tu cliente y si puedes usarla”, dijo Rodríguez. Parece que Melgen podría estar “trabajando hacia un acuerdo global donde la cooperación tiene que ser un factor”.
“Si usted coopera, su condena va mucho más suave”, dijo. Y los términos se vuelven mucho más atractivos. Dijo que él ha tenido clientes, como Melgen, que enfrentaban posibles 30 años o cadena perpetua. Después de aceptar cooperar con las autoridades federales, se les dio periodos de cuatro años, dijo.
A pesar de la demora en la audiencia de sentencia, los abogados de Melgen no han mostrado señales de renuncia. Ellos se unieron en una moción presentada esta semana por los abogados de Menéndez, pidiendo que los cargos en el caso de Nueva Jersey sean rechazados. Citando una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 2016 que restringe la capacidad del Gobierno de acusar a los funcionarios electos de soborno, afirman que las relaciones de Menéndez con Melgen estaban dentro de los nuevos parámetros establecidos por el tribunal supremo del país.
Se espera que se celebre una audiencia sobre esa moción antes de que comience el juicio el 6 de septiembre.
Mientras tanto, los abogados de Melgen afirman que él está enfrentando una serie de problemas médicos y emocionales mientras está encarcelado en Miami. “El Dr. Melgen tuvo una cirugía de bypass gástrico, y por lo tanto requiere una cuidadosa vigilancia de su nutrición”, escribieron. “También sufre de depresión severa y ha tenido problemas con la dependencia química”.
Al pedir una condena indulgente, dijeron que ya pagó un alto precio por sus acciones y que no es una amenaza para la sociedad.
“Nunca más podrá practicar la medicina. Nunca volverá a tener ‘credibilidad profesional’”, argumentaron. “Nunca más podrá sostener a su esposa, hijos y nietos. (…) No hay posibilidad de que el Dr. Melgen pueda reincidir. La naturaleza de su delito lo obligaba a llevar una práctica médica. Ya nunca volverá a hacerlo”.
acento.com.do
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
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US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
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US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
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US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.