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Apresan a Jochy Gomez
Santo Domingo, R.D.-La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) ha llevado a cabo la citación de José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, para un interrogatorio que se realizó este miércoles 2 de octubre a las 3:00 de la tarde y quedo en calidad de detenido tras cinco horas de interrogatorio.
Este procedimiento se centro en la licitación del contrato destinado a la modernización, supervisión y gestión del sistema integral de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Acusaciones que afectan la movilidad de la ciudad
Gómez Canaán, uno de los dueños de la empresa Transcore Latam, ha sido acusado de sabotear el sistema de semáforos que opera en la capital. Este supuesto sabotaje provocó un grave caos en el tráfico, generando preocupación entre los ciudadanos.
Contexto del interrogatorio
El abogado de Jochi Gómez, Hiroito Reyes, confirmó que su cliente había solicitado ser entrevistado por el Ministerio Público, lo que llevó a la citación de la Pepca y a su detención en este encuentro.
Este interrogatorio se llevó a cabo en el edificio que alberga la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia, un lugar emblemático que subraya la seriedad del caso.
Un Historial Controversial
Este no es el primer escándalo en el que se ve envuelto Jochi Gómez. En ocasiones anteriores, ha enfrentado denuncias relacionadas con hackeos y manipulación de datos en procesos electorales. El expresidente Leonel Fernández ha señalado a Gómez en múltiples ocasiones, relacionándolo con la adulteración de resultados en las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Estas circunstancias han generado un contexto de desconfianza y preocupación en la ciudadanía respecto a la transparencia en la gestión pública. La situación actual de Jochi Gómez pone de relieve la necesidad urgente de abordar la corrupción en las instituciones públicas.
Los ciudadanos esperan que esta investigación se lleve a cabo de manera transparente y que se tomen las medidas necesarias para restaurar la confianza en el sistema de transporte y las autoridades responsables.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la Pepca se enfrenta al desafío de demostrar su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes tuvo lugar en la Junta Central Electoral (JCE) una audiencia pública con la participación de representantes de organizaciones políticas, de la sociedad civil y de instituciones del Estado, para debatir el borrador del Reglamento de Aplicación de la Ley 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil.
El encuentro se desarrolló en cumplimiento del artículo 31 de la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo. Fue presidido por el Pleno de la JCE, integrado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Fernández, Samir Chami Isa, Hirayda Fernández y Rafael Armando Vallejo Santelises, así como el secretario general Sonne Beltré.
Durante la audiencia, diversos sectores expresaron sus observaciones al borrador del reglamento. Al cierre de la jornada, Jáquez Liranzo informó que el Pleno evaluará tanto las opiniones presentadas de forma oral como las remitidas por escrito a través de la Secretaría General de la institución, antes de oficializar el documento.
El secretario Sonne Beltré indicó que el borrador fue publicado en la página web de la JCE y que se otorgó un plazo hasta el 28 de marzo para recibir sugerencias. Además, se notificó a las instituciones convocadas mediante correo electrónico, mensajería instantánea y comunicación física.
Entre las entidades invitadas se encuentran: los partidos políticos, Ministerio de Salud Pública, Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales, Poder Judicial, Procuraduría General, Ministerio de Educación, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, Supérate, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la primera dama Raquel Arbaje, la vicepresidenta Raquel Peña, Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, Consejo Nacional de Discapacidad, Ministerio de Relaciones Exteriores, Participación Ciudadana, Defensor del Pueblo, Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) y diversas universidades y órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.
Algunas de las organizaciones que enviaron sus consideraciones por escrito fueron Unicef, la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el Defensor del Pueblo, la Consultoría Jurídica de Supérate, la Suprema Corte de Justicia, la Fuerza Nacional Progresista, el Partido Generación de Servidores y varios juristas.
La JCE reiteró su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en la formulación de reglamentos que fortalezcan el sistema de registro civil y garanticen derechos fundamentales.
Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader, presidente de la República, consideró este lunes que el país debe ser exonerado del arancel del 10% impuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a productos dominicanos.
Durante el espacio La Semanal con la Prensa, Abinader manifestó su preocupación por el sector productivo nacional y el sector industrial, calificando este último como “fundamental para nuestro país”.
Ante esto, el mandatario declaró han discutido el tema de los aranceles de manera bilateral, al momento que apuntó que el 10% es el nivel de impuesto más bajo que ha colocado Estados Unidos, por lo que República Dominicana posee una ventaja competitiva referente a otras naciones.
“Nosotros discutimos bilateralmente parte de esa preocupación para que ese 10% que quiero decir, es el nivel de impuesto más bajo que colocó Estados Unidos, o sea que tenemos una ventaja competitiva relativa con otros países”, expresó el presidente.
De igual forma, sostuvo que “nosotros pensamos que se nos debe exonerar y por eso estamos luchando para que se exonere, con este contacto bilateral”.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez indicó que el pasado viernes se contactó con el enviado especial de Donald Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone, quien le dio la información de que el arancel que se había aplicado al país era el mínimo, por lo que veía “muchas ventajas”.
“Por ejemplo: República Dominicana en los últimos 10 años, de 2015 al 2024, en el intercambio comercial con Estados Unidos, unos 152 mil millones de dólares, de los cuales 42 mil millones fueron un excedente a favor de estados Unidos. Por lo que estamos en una situación en cuanto al comercio que privilegia a Estados Unidos”, dijo Álvarez.
Santo Domingo, R.D.-A 20 años de cárcel pidió el Ministerio Público a los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenar a Alexis Medina y el decomiso de los bienes ilícitos por su culpabilidad en el caso de la Operación Antipulpo.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), encabezada por su titular, Mirna Ortiz, solicitan al tribunal que la condena impuesta a Alexis Medina se cumpla en la cárcel de Najayo.
También pidieron al tribunal el decomiso de todos los bienes ilícitos, la inhabilitación por el mismo período para prestar servicios o ser contratado por intermediarias de intermediación financiera, mercados de valores y entidades públicas, así como la degradación cívica.
Mientras que, en cuanto a Fernando Rosa (exdirector de Fonper) y Carmen Magaly Medina Sánchez, pidieron que sean condenados a 10 años de prisión para ser cumplidos en la cárcel de Najayo Hombres y Mujeres, así como el pago de una multa de 400 salarios mínimos para cada uno, el decomiso de sus bienes y la inhabilitación.
En tanto, en torno a los imputados Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel, Lina de la Cruz Vargas, Liny Valenzuela Paola, Carlos Andrés Monte de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino, Fulvio Antonio Gómez y Sergio Alfonso Brea Martínez, solicitaron que sean condenados a 10 años de prisión para ser cumplidos en Najayo Hombres y Mujeres, el decomiso de sus bienes, multas de 200 salarios mínimos y su inhabilitación por el mismo período.
En cuanto a Freddy Hidalgo (exdirector de Salud Pública) y Antonio Germosen Andújar (excontralor general de la República), pidieron que sean condenados a 5 años de prisión para ser cumplidos en la cárcel de Najayo.
En tanto que, en cuanto a Aquiles Alejandro Crisfopfer Sánchez (exfiscalizador de la Oficina Supervisora de Obras del Estado – OISOE), solicitaron que sea condenado a 3 años de prisión cumplida, y para Víctor Encarnación Montero, una condena de 3 años de prisión suspendida y el decomiso de sus bienes por 15 millones de pesos.