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Aprueban instalación de seis empresas de zonas francas; invertirán RD$238.3 millones

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SANTO DOMINGO, Rep. Dominicana.- El ministro de Industria y Comercio y presidente del Consejo Nacional de Zonas Francas (CNZF), José del Castillo Saviñón, informó que estas instituciones aprobaron los permisos correspondientes para la instalación  en el país de seis nuevas empresas de zonas francas.

Según Castillo Saviñón estas empresas contribuirán con el  adecuado desarrollo y operación de las actividades productivas de las nuevas firmas se realizará una inversión de RD$238.3 millones, lo que creará 750 empleos directos y se generarán divisas por el orden de los US$3.3 millones.

Asimismo informó que en dicha reunión fue aprobado el permiso correspondiente para el desarrollo y operación de un parque de zona franca, en el que se ejecutará una inversión de RD$90.0 millones, creará divisas por el orden de los US$2.2 millones y contribuirá con la producción de 1,300 empleos directos.

Del Castillo expresó que la decisión de estas nuevas empresas, de escoger a la República Dominicana como destino para inversión, es el resultado de la política económica trazada por el excelentísimo presidente de la República,  Danilo Medina Sánchez.

Las nuevas compañías estarán ubicadas principalmente en las ciudades de Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, específicamente en las Zonas Francas San Isidro, Moca, Jánico y Caribbean Industrial Park.

Durante la asamblea del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Zonas Francas, el ministro del MIC recibió una nutrida comisión de empresarios que operan bajo el régimen de la Ley 56-07, sobre sectores prioritarios, es decir confecciones de textiles y calzados, los cuales les manifestaron sus diferentes pareceres sobre diversos temas.

panoramadigital

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No aceptan recusación contra jueza que conoce medida de coerción a venezolana.

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Santo Domingo, R.D.-Fue rechazada la recusación presentada en contra de la jueza Emely Bruno en la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien se desempeña en el Juzgado de Paz Especial de Tránsito de la referida jurisdicción, donde está  apoderada de la solicitud de medida de coerción en contra de Skarle Valentina Mujica Zapata, acusada de la muerte involuntaria de Julio César de la Rosa Peralta, hijo del presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio.

La decisión de la Corte de Apelación establece que dicha recusación carece de “fundamentos y base legal”, por lo que ordenó que la juez Bruno continúe con el conocimiento de la medida de coerción en contra de la imputada de provocar la muerte a de la Rosa Peralta durante un accidente de tránsito registrado el pasado 15 de junio en la autopista 30 de Mayo.

La recusación en contra de la jueza fue presentada por la imputada, recluida en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a través de su abogado Pável Rodríguez, alegando que le rechazó varios incidentes, lo que provocó que la magistrada se abstuviera de continuar con el conocimiento de la medida de coerción.

El documento, además, establece que tras el atropello, la imputada abandonó a la víctima y no le prestó asistencia, conforme la normativa establece, con el agravante de haber dado declaraciones falsas y de manera tardía ante el Plan Piloto y posteriormente en la Casa del Conductor.

Dentro de las pruebas, que sustentan dicha solicitud, está el acta policial, la certificación de defunción de la víctima, copia de la matrícula del vehículo tipo jeep, marca Hyundai, modelo Santa Fe Sport, año 2018, a nombre de la imputada, testimonios y otras pruebas documentales.

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Advierte el Ministerio Público que no se dejará intimidar

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SANTO DOMINGO .- Con la reiteración de perseguir todos los delitos en Republica Dominicana sin importar quien los cometa, el Ministerio Público (MP) respondió a lo que llamó una campaña en su contra.

Negó categóricamente este domingo que empleados suyos hayan participado en acuerdos que personas imputadas en casos corrupción han suscrito para aceptar su culpabilidad y devolver dinero o bienes obtenidos ilícitamente.

En un documento público remitido a los medios de comunicación, considera que son falsas denuncias que abogados defensores de algunos de los acusados han hecho a través de medios de comunicación en el sentido de que esos acuerdos han sido promovidos por el Ministerio Público, ante la debilidad de las pruebas presentadas contra  imputados.

Por el contrario, aclara, ante la contundencia de las pruebas,  52 oficinas de abogados han representado a imputados de delitos de criminalidad organizada que han firmado acuerdos para aceptar su culpabilidad,   todos los cuales,  sin excepción, han sido judicializados ante los tribunales y en ninguno han participado empleados del Ministerio Público.

Indica que desde 2020 el Ministerio Público, que encabeza la procuradora general Miriam Germán Brito, ha sido extremadamente cuidadoso y transparente con los acuerdos, razón por la cual todos han sido llevados hasta los tribunales y en ningún caso se ha aceptado intermediario alguno.

“Cada abogado que ha firmado un acuerdo en representación de su asistido ha sido testigo de que se le advierte que el documento debe sustentarse sobre la verdad, ser voluntario y que no se lo debe a nadie, sino al resultado de una actitud de cooperación frente a la contundencia de las investigaciones y a la aplicación estricta de la norma procesal penal vigente”, añade

Explica que  todos los acuerdos se encuentran judicializados y fueron elaborados en estricto cumplimiento de la ley, y solo se han firmado para decomisar activos como bienes inmuebles, vehículos, embarcaciones y cheques certificados..  En este sentido, desmiente que haya otros convenios para recibir cesiones u obras futuras.

RECONOCE DERECHO A CUESTIONAR

En su comunicado , el Ministerio Público reconoce el derecho ciudadano de cuestionar las acciones de un órgano constitucional, un ejercicio válido y necesario en un Estado de derecho. Sin embargo, califica de “deshonesto y poco profesional cuestionar al Ministerio Público, de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales”.

Indica que “pretender que el Ministerio Público le atribuya a miembros del nivel medio de una estructura criminal toda la responsabilidad cuando las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano acusador que tome las decisiones más fáciles y que se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado estuvo disfrutado históricamente”.

ADVIERTE NO SE DEJARÁ INTIMIDAR

“Es necesario que estén claros que por más campañas nacionales o internacionales que pongan en marcha, por más lobistas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni a intimidarnos”, afirma el documento enviado a la prensa.

A su juicio, estas campañas tienen todas las características de no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos.

Dice que “han llegado al extremo de querer fabular respeto a una persona contratada por el Ministerio Público a través de un proceso de evaluación y reclutamiento agotado mediante una firma consultora externa de gestión humana”, a pesar de que ella no labora hace meses en la institución y nunca tuvo nada que ver con las áreas de persecución.

“Es preciso establecer que, el Ministerio Público no ha firmado ni un solo acuerdo con la oficina en la que laboró la persona en cuestión antes, durante o después de ser contratada. De modo que, además de constituirse en delito tipificado y sancionado por la Ley 53-07 esta fábula es deshonesta y nada profesional”, añade

Puntualiza: “Escudarse en un micrófono para atribuir al Ministerio Público pactos con empresas con las que no ha firmado ningún acuerdo y mezclar líneas de investigación de un caso judicializado con otros en etapa de investigación, lo menos que evidencia es un nulo esfuerzo profesional al informar a la ciudadanía y un gran interés en mantenerse ajeno a comunicar de manera objetiva”.

Resalta que los s acuerdos de culpabilidad se realizan en todas las materias, siempre amparados en la normativa procesal penal.

El MP reitera ante la población dominicana su “ compromiso de perseguir todos los delitos, sin importar quienes los cometan, como lo han venido haciendo y como lo comprueban los distintos procesos que han puesto en marcha, porque así como la ley no distingue entre seres humanos, no lo puede hacer ni lo hará este Ministerio Público”.

Sp-am

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Gobierno adquiriría 300 autobuses eléctricos para Transporte Estudiantil

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Santo Domingo. – El Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) ha permitido que las familias beneficiadas ahorren entre cinco mil y 9 mil pesos mensuales, por lo que el presidente Luis Abinader anunció la adquisición de unos 300 autobuses eléctricos  este lunes para ser incorporados al referido proyecto.

Dijo que la proyección futura de este programa busca llegar a las 31 provincias del territorio nacional, que se pretende lograr en octubre de este 2024, es decir, para el próximo año escolar, y que para ello se adquirirían 300 autobuses eléctricos cuyos costos de operación diaria son cinco veces menores que el de los autobuses de combustibles fósiles.

Para esto se están planificando 602 rutas escolares con un recorrido de 7,956 km y 1,770 autobuses. De estos, el jefe de Estado indicó se comprarían 800 a través del Ministerio de Educación (MINERD) y otros 469 se alquilarían a empresas privadas, con una inversión de 7,961 millones de pesos.

Bajo el tema “Transportando el porvenir”, en LA Semanal, el mandatario recordó que TRAE fue creado mediante el decreto 616-22 para garantizar los desplazamientos seguros y gratuitos de niños y niñas desde y hacia las escuelas.

Otro aspecto destacado de este programa es que previene que niños, adolescentes y jóvenes en edades escolares se vean afectados por accidentes de tránsito.

Esto para contrarrestar las estadísticas del Observatorio Vial del INTRANT que promedió anualmente, entre el 2016 y el 2022, el fallecimiento de 460 niños y jóvenes entre 0 y 20 años.

A la fecha, TRAE dispone de más de 650 autobuses que comenzaron a transportar estudiantes el 10 de enero de 2023 en horarios de 6 a 8 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde.

Impacto

Abinader indicó que, desde la fecha de inicio, se han beneficiado 942,950 estudiantes, para un 49.77 % del total planificado, distribuidos en 42 distritos educativos en 11 provincias y el Distrito Nacional.

Dichas provincias son: Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Hato Mayor, La Altagracia, Peravia, San José de Ocoa, Pedernales, Elías Piña, Barahona y San Juan.

Las próximas a ser incluidas son Espaillat y La Romana.

Capacitación

Para el correcto funcionamiento del programa, se han capacitado 4,030 personas en movilidad, tránsito y seguridad vial, relaciones humanas, derechos humanos y primeros auxilios. Además se realizan evaluaciones con pruebas psicométricas y antidopaje.

Empleos directos

Un total de 1,350 personas han sido empleadas de manera directa como choferes, auxiliares y supervisores, generando 41 millones de pesos en masa salarial.

Seguro de vida

Todos los usuarios cuentan con un seguro de vida con cobertura para cualquier accidente dentro y fuera de los autobuses.

Tecnología

La tecnología es otro aspecto importante del programa Trae, licitándose actualmente un centro de control de geolocalización de los autobuses, carnets RFID con biometría para cada estudiante, video en tiempo real para detectar comportamientos anormales y tomar acciones preventivas, así como una App Padres que informará en tiempo real sobre el estatus y localización de sus hijos.

Reconocimiento

El impacto de Trae motivó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a crear un fondo especial para implementar un sistema de transporte escolar en otras 4 ciudades latinoamericanas.

Autoridades de Panamá, Honduras, Bahamas, Monterrey, entre otros, desean implantarlo en sus territorios.

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