Nacionales
Aprueban norma para embutidos
La regulación es para el etiquetado de los salamis, a fin de corregir las irregularidades de más de 100 fabricantes
El salami es un producto de consumo masivo.
La Comisión Nacional de Normas del Ministerio de Industria y Comercio (Cominor) aprobó de urgencia un reglamento para regular el etiquetado de los embutidos del país, lo cual servirá de base para mantener un control estricto de la calidad de esos productos de consumo masivo.
El director de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor), Manuel Guerrero, dijo ayer que esa institución participó junto con el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) en la realización del estudio que se le hizo a los embutidos del país a los fines de medir su calidad.
Explicó que la iniciativa de hacerlo fue para atender a una inquietud de los productores de cerdos y de pollos, quienes alegaban que los embutidos de esos cárnicos se estaban fabricando con partes importadas de baja calidad, en detrimento de los productores pecuarios nacionales quienes ofrecen materia prima de alta calidad para producir salami.
La norma de etiquetado exige las especificaciones sobre qué tipo de producto e ingredientes contienen los embutidos, los niveles de nitrato de sodio que usan y otros elementos de especificación de estándares vigentes.
El objetivo fue determinar qué estaban consumiendo los dominicanos en materia de embutidos para luego crear una norma de etiquetado y establecer plazos a las empresas con problemas, a fin de que regularizaran su situación o de lo contrario serían sancionadas.
El análisis se realizó en febrero y los resultados estaban disponibles en marzo. Estuvo a cargo de Pro Consumidor, porque Digenor no tenía los más de un millón de pesos que costó su realización.
Se acordó llamar a las empresas con irregularidad para darles plazos de que se normalizaran. “Y así se hizo”, agregó Guerrero en declaraciones a elCaribe.
Al preguntarle por qué no participó en la rueda de prensa para presentar los resultados del estudio junto con Pro Consumidor, el funcionario respondió que había acordado con su directora, Altagracia Paulino, suspender el encuentro con los medios hasta que estuviera aprobada la norma, “pero finalmente decidieron hacer la rueda de prensa y no asistí, porque ya tenía compromisos”.
Más de 100 embutidoras ilegales
En República Dominicana operan más de 100 empresas fabricantes de salami sin regulación y de forma clandestina, por lo que la Asociación de Fabricantes de Embutidos y Procesadores de Carnes solicitó a las autoridades fortalecer sus sistemas de supervisión.
“Las fábricas informales han tenido un crecimiento de tal magnitud que hoy día existen más de un centenar de este tipo de operaciones”, indica un comunicado de los fabricantes de embutidos, que también es firmado por la Asociación de Embutidores del Cibao.
Agrega que es preciso que las autoridades supervisen esos productos informales y clandestinos con la misma rigurosidad que lo hacen con las empresas que sí cumplen los requisitos de las normativas vigentes. El estudio que realizó Pro Consumidor junto con Digenor indica que el 97% de las muestras tomadas no contiene las proteínas de rigor para ese tipo de producto, mientras que el 15% presenta coliformes fecales.
“La norma del etiquetado nos va a permitir hacer una supervisión más efectiva y directa, pues podremos analizar los embutidos por sus marcas y establecer las sanciones correspondientes de manera directa”, dijo el titular de Digenor.
Agregó que luego que se aplique la norma, los inspectores de Digenor podrán hacer análisis aleatorios a marcas específicas y si encuentran irregularidades se procederá a establecer las medidas de lugar y a informar a la población sobre cuáles productos no cumplen lo dispuesto en sus etiquetas.
Pero el titular de Digenor no especificó cuándo entrará en vigencia la norma del etiquetado, pues ahora es preciso darle un plazo a las empresas embutidoras para que se adapten a la nueva disposición y comiencen a hacer las especificaciones correspondientes del contenido de cada producto que ofrecen.
Luego, tomando en cuenta esos factores, Digenor dispondrá de programas de supervisión regulares, tomando muestras de salamis de las marcas que se comercializan, haciendo los análisis y determinando si están acorde con el contenido que se le informa a los consumidores.
Armonía con Pro Consumidor
Las relaciones entre el titular de Digenor y la directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino, se mantienen armoniosas y no hay diferencias marcadas que impliquen situaciones incómodas entre los titulares de ambas entidades.
Guerrero expresó que en todas las labores que realiza Pro Consumidor, Digenor participa y colabora, además de que se mantiene una comunicación constante entre los técnicos de las dos instituciones.
Los vendedores de embutidos cocidos alegan que sus ventas han bajado después que se publicó el estudio sobre el contenido de los salamis que se comercializan. Los productores de embutidos organizados aseguran que operan respetando las normas de calidad vigentes.
Tanto la Asociación de Fabricantes de Embutidos y Procesadores de Carnes, como la Asociación de Embutidores del Cibao denunciaron que en los últimos años ha habido una gran proliferación de “fábricas de patio, clandestinas”, las cuales no tienen inspección, no tienen permisos para operar y la mayoría de sus productos no tiene identificación.
Porcicultores y avicultores
Los productores de cerdos y de pollos han estado denunciando desde hace más de un año, que las empresas embutidoras están importando, de forma masiva, despojos de pollo y de cerdo desde Estados Unidos para utilizarlos en la producción de salami. Alegaban que esa práctica da como resultado la fabricación y comercialización de salamis de pavo y de pollo que en realidad estaban elaborados con materia prima de desecho en otros países industrializados. Sus exigencias se basaban en el hecho de que como productores locales, tienen en oferta materia prima de mejor calidad para la elaboración de embutidos, pero las empresas procesadoras preferían traer productos de otras naciones que les resultaba más barato. Sin embargo, para comprobar si era cierto que se estaba elaborando salamis con materia prima cárnica que no cumple los estándares nutritivos requeridos, Digenor ordenó un estudio de análisis de los embutidos en coordinación con Pro Consumidor.
Digenor no contaba con los recursos necesarios y por eso Pro Consumidor asumió los costos (poco más de un millón de pesos). Los resultados presentados esta semana parecen confirmar la veracidad de las denuncias que venían haciendo los porcicultores y polleros que exigen a los embutidores que les compren materia prima a ellos y no importada.
La rueda de prensa había sido suspendida
La rueda de prensa en la que Pro Consumidor se dispuso a presentar los resultados del estudio a los salamis estaba pautada para el martes 24, fecha en que se realizó. Pero un día antes, el lunes 23, la institución informó vía correo electrónico que la convocatoria había sido suspendida.
Sin embargo, al día siguiente, el martes 24, volvieron a llamar a los medios para decir que la rueda de prensa como quiera se iba a realizar. Esa es la razón por la que muchos medios no asistieron a la presentación del estudio. Esta situación concuerda con la versión del titular de Digenor, en el sentido de que previamente la rueda de prensa había sido suspendida y por eso no asistió.
La directora de Pro Consumidor defiende el estudio y no ha atendido al llamado de diversos sectores del país, incluyendo empresarios y hasta el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, para que identifique a las empresas de salami que cumplen y las que no cumplen las normas.
Regulación
Cuando apliquemos la norma del etiquetado podremos aplicar controles a las procesadoras que operan de manera irregular”.
Relaciones
Nosotros en Digenor trabajamos en armonía con Pro Consumidor y hacemos los análisis juntos. No hay diferencias en los procesos”.
Manuel Guerrero
Titular de Digenor
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.