Nacionales
Aprueban norma para embutidos
La regulación es para el etiquetado de los salamis, a fin de corregir las irregularidades de más de 100 fabricantes
El salami es un producto de consumo masivo.
La Comisión Nacional de Normas del Ministerio de Industria y Comercio (Cominor) aprobó de urgencia un reglamento para regular el etiquetado de los embutidos del país, lo cual servirá de base para mantener un control estricto de la calidad de esos productos de consumo masivo.
El director de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor), Manuel Guerrero, dijo ayer que esa institución participó junto con el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) en la realización del estudio que se le hizo a los embutidos del país a los fines de medir su calidad.
Explicó que la iniciativa de hacerlo fue para atender a una inquietud de los productores de cerdos y de pollos, quienes alegaban que los embutidos de esos cárnicos se estaban fabricando con partes importadas de baja calidad, en detrimento de los productores pecuarios nacionales quienes ofrecen materia prima de alta calidad para producir salami.
La norma de etiquetado exige las especificaciones sobre qué tipo de producto e ingredientes contienen los embutidos, los niveles de nitrato de sodio que usan y otros elementos de especificación de estándares vigentes.
El objetivo fue determinar qué estaban consumiendo los dominicanos en materia de embutidos para luego crear una norma de etiquetado y establecer plazos a las empresas con problemas, a fin de que regularizaran su situación o de lo contrario serían sancionadas.
El análisis se realizó en febrero y los resultados estaban disponibles en marzo. Estuvo a cargo de Pro Consumidor, porque Digenor no tenía los más de un millón de pesos que costó su realización.
Se acordó llamar a las empresas con irregularidad para darles plazos de que se normalizaran. “Y así se hizo”, agregó Guerrero en declaraciones a elCaribe.
Al preguntarle por qué no participó en la rueda de prensa para presentar los resultados del estudio junto con Pro Consumidor, el funcionario respondió que había acordado con su directora, Altagracia Paulino, suspender el encuentro con los medios hasta que estuviera aprobada la norma, “pero finalmente decidieron hacer la rueda de prensa y no asistí, porque ya tenía compromisos”.
Más de 100 embutidoras ilegales
En República Dominicana operan más de 100 empresas fabricantes de salami sin regulación y de forma clandestina, por lo que la Asociación de Fabricantes de Embutidos y Procesadores de Carnes solicitó a las autoridades fortalecer sus sistemas de supervisión.
“Las fábricas informales han tenido un crecimiento de tal magnitud que hoy día existen más de un centenar de este tipo de operaciones”, indica un comunicado de los fabricantes de embutidos, que también es firmado por la Asociación de Embutidores del Cibao.
Agrega que es preciso que las autoridades supervisen esos productos informales y clandestinos con la misma rigurosidad que lo hacen con las empresas que sí cumplen los requisitos de las normativas vigentes. El estudio que realizó Pro Consumidor junto con Digenor indica que el 97% de las muestras tomadas no contiene las proteínas de rigor para ese tipo de producto, mientras que el 15% presenta coliformes fecales.
“La norma del etiquetado nos va a permitir hacer una supervisión más efectiva y directa, pues podremos analizar los embutidos por sus marcas y establecer las sanciones correspondientes de manera directa”, dijo el titular de Digenor.
Agregó que luego que se aplique la norma, los inspectores de Digenor podrán hacer análisis aleatorios a marcas específicas y si encuentran irregularidades se procederá a establecer las medidas de lugar y a informar a la población sobre cuáles productos no cumplen lo dispuesto en sus etiquetas.
Pero el titular de Digenor no especificó cuándo entrará en vigencia la norma del etiquetado, pues ahora es preciso darle un plazo a las empresas embutidoras para que se adapten a la nueva disposición y comiencen a hacer las especificaciones correspondientes del contenido de cada producto que ofrecen.
Luego, tomando en cuenta esos factores, Digenor dispondrá de programas de supervisión regulares, tomando muestras de salamis de las marcas que se comercializan, haciendo los análisis y determinando si están acorde con el contenido que se le informa a los consumidores.
Armonía con Pro Consumidor
Las relaciones entre el titular de Digenor y la directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino, se mantienen armoniosas y no hay diferencias marcadas que impliquen situaciones incómodas entre los titulares de ambas entidades.
Guerrero expresó que en todas las labores que realiza Pro Consumidor, Digenor participa y colabora, además de que se mantiene una comunicación constante entre los técnicos de las dos instituciones.
Los vendedores de embutidos cocidos alegan que sus ventas han bajado después que se publicó el estudio sobre el contenido de los salamis que se comercializan. Los productores de embutidos organizados aseguran que operan respetando las normas de calidad vigentes.
Tanto la Asociación de Fabricantes de Embutidos y Procesadores de Carnes, como la Asociación de Embutidores del Cibao denunciaron que en los últimos años ha habido una gran proliferación de “fábricas de patio, clandestinas”, las cuales no tienen inspección, no tienen permisos para operar y la mayoría de sus productos no tiene identificación.
Porcicultores y avicultores
Los productores de cerdos y de pollos han estado denunciando desde hace más de un año, que las empresas embutidoras están importando, de forma masiva, despojos de pollo y de cerdo desde Estados Unidos para utilizarlos en la producción de salami. Alegaban que esa práctica da como resultado la fabricación y comercialización de salamis de pavo y de pollo que en realidad estaban elaborados con materia prima de desecho en otros países industrializados. Sus exigencias se basaban en el hecho de que como productores locales, tienen en oferta materia prima de mejor calidad para la elaboración de embutidos, pero las empresas procesadoras preferían traer productos de otras naciones que les resultaba más barato. Sin embargo, para comprobar si era cierto que se estaba elaborando salamis con materia prima cárnica que no cumple los estándares nutritivos requeridos, Digenor ordenó un estudio de análisis de los embutidos en coordinación con Pro Consumidor.
Digenor no contaba con los recursos necesarios y por eso Pro Consumidor asumió los costos (poco más de un millón de pesos). Los resultados presentados esta semana parecen confirmar la veracidad de las denuncias que venían haciendo los porcicultores y polleros que exigen a los embutidores que les compren materia prima a ellos y no importada.
La rueda de prensa había sido suspendida
La rueda de prensa en la que Pro Consumidor se dispuso a presentar los resultados del estudio a los salamis estaba pautada para el martes 24, fecha en que se realizó. Pero un día antes, el lunes 23, la institución informó vía correo electrónico que la convocatoria había sido suspendida.
Sin embargo, al día siguiente, el martes 24, volvieron a llamar a los medios para decir que la rueda de prensa como quiera se iba a realizar. Esa es la razón por la que muchos medios no asistieron a la presentación del estudio. Esta situación concuerda con la versión del titular de Digenor, en el sentido de que previamente la rueda de prensa había sido suspendida y por eso no asistió.
La directora de Pro Consumidor defiende el estudio y no ha atendido al llamado de diversos sectores del país, incluyendo empresarios y hasta el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, para que identifique a las empresas de salami que cumplen y las que no cumplen las normas.
Regulación
Cuando apliquemos la norma del etiquetado podremos aplicar controles a las procesadoras que operan de manera irregular”.
Relaciones
Nosotros en Digenor trabajamos en armonía con Pro Consumidor y hacemos los análisis juntos. No hay diferencias en los procesos”.
Manuel Guerrero
Titular de Digenor
Nacionales
Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.