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Aprueban norma para embutidos
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12 años agoon
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LA REDACCIÓNLa regulación es para el etiquetado de los salamis, a fin de corregir las irregularidades de más de 100 fabricantes
La Comisión Nacional de Normas del Ministerio de Industria y Comercio (Cominor) aprobó de urgencia un reglamento para regular el etiquetado de los embutidos del país, lo cual servirá de base para mantener un control estricto de la calidad de esos productos de consumo masivo.
El director de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor), Manuel Guerrero, dijo ayer que esa institución participó junto con el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) en la realización del estudio que se le hizo a los embutidos del país a los fines de medir su calidad.
Explicó que la iniciativa de hacerlo fue para atender a una inquietud de los productores de cerdos y de pollos, quienes alegaban que los embutidos de esos cárnicos se estaban fabricando con partes importadas de baja calidad, en detrimento de los productores pecuarios nacionales quienes ofrecen materia prima de alta calidad para producir salami.
La norma de etiquetado exige las especificaciones sobre qué tipo de producto e ingredientes contienen los embutidos, los niveles de nitrato de sodio que usan y otros elementos de especificación de estándares vigentes.
El objetivo fue determinar qué estaban consumiendo los dominicanos en materia de embutidos para luego crear una norma de etiquetado y establecer plazos a las empresas con problemas, a fin de que regularizaran su situación o de lo contrario serían sancionadas.
El análisis se realizó en febrero y los resultados estaban disponibles en marzo. Estuvo a cargo de Pro Consumidor, porque Digenor no tenía los más de un millón de pesos que costó su realización.
Se acordó llamar a las empresas con irregularidad para darles plazos de que se normalizaran. “Y así se hizo”, agregó Guerrero en declaraciones a elCaribe.
Al preguntarle por qué no participó en la rueda de prensa para presentar los resultados del estudio junto con Pro Consumidor, el funcionario respondió que había acordado con su directora, Altagracia Paulino, suspender el encuentro con los medios hasta que estuviera aprobada la norma, “pero finalmente decidieron hacer la rueda de prensa y no asistí, porque ya tenía compromisos”.
Más de 100 embutidoras ilegales
En República Dominicana operan más de 100 empresas fabricantes de salami sin regulación y de forma clandestina, por lo que la Asociación de Fabricantes de Embutidos y Procesadores de Carnes solicitó a las autoridades fortalecer sus sistemas de supervisión.
“Las fábricas informales han tenido un crecimiento de tal magnitud que hoy día existen más de un centenar de este tipo de operaciones”, indica un comunicado de los fabricantes de embutidos, que también es firmado por la Asociación de Embutidores del Cibao.
Agrega que es preciso que las autoridades supervisen esos productos informales y clandestinos con la misma rigurosidad que lo hacen con las empresas que sí cumplen los requisitos de las normativas vigentes. El estudio que realizó Pro Consumidor junto con Digenor indica que el 97% de las muestras tomadas no contiene las proteínas de rigor para ese tipo de producto, mientras que el 15% presenta coliformes fecales.
“La norma del etiquetado nos va a permitir hacer una supervisión más efectiva y directa, pues podremos analizar los embutidos por sus marcas y establecer las sanciones correspondientes de manera directa”, dijo el titular de Digenor.
Agregó que luego que se aplique la norma, los inspectores de Digenor podrán hacer análisis aleatorios a marcas específicas y si encuentran irregularidades se procederá a establecer las medidas de lugar y a informar a la población sobre cuáles productos no cumplen lo dispuesto en sus etiquetas.
Pero el titular de Digenor no especificó cuándo entrará en vigencia la norma del etiquetado, pues ahora es preciso darle un plazo a las empresas embutidoras para que se adapten a la nueva disposición y comiencen a hacer las especificaciones correspondientes del contenido de cada producto que ofrecen.
Luego, tomando en cuenta esos factores, Digenor dispondrá de programas de supervisión regulares, tomando muestras de salamis de las marcas que se comercializan, haciendo los análisis y determinando si están acorde con el contenido que se le informa a los consumidores.
Armonía con Pro Consumidor
Las relaciones entre el titular de Digenor y la directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino, se mantienen armoniosas y no hay diferencias marcadas que impliquen situaciones incómodas entre los titulares de ambas entidades.
Guerrero expresó que en todas las labores que realiza Pro Consumidor, Digenor participa y colabora, además de que se mantiene una comunicación constante entre los técnicos de las dos instituciones.
Los vendedores de embutidos cocidos alegan que sus ventas han bajado después que se publicó el estudio sobre el contenido de los salamis que se comercializan. Los productores de embutidos organizados aseguran que operan respetando las normas de calidad vigentes.
Tanto la Asociación de Fabricantes de Embutidos y Procesadores de Carnes, como la Asociación de Embutidores del Cibao denunciaron que en los últimos años ha habido una gran proliferación de “fábricas de patio, clandestinas”, las cuales no tienen inspección, no tienen permisos para operar y la mayoría de sus productos no tiene identificación.
Porcicultores y avicultores
Los productores de cerdos y de pollos han estado denunciando desde hace más de un año, que las empresas embutidoras están importando, de forma masiva, despojos de pollo y de cerdo desde Estados Unidos para utilizarlos en la producción de salami. Alegaban que esa práctica da como resultado la fabricación y comercialización de salamis de pavo y de pollo que en realidad estaban elaborados con materia prima de desecho en otros países industrializados. Sus exigencias se basaban en el hecho de que como productores locales, tienen en oferta materia prima de mejor calidad para la elaboración de embutidos, pero las empresas procesadoras preferían traer productos de otras naciones que les resultaba más barato. Sin embargo, para comprobar si era cierto que se estaba elaborando salamis con materia prima cárnica que no cumple los estándares nutritivos requeridos, Digenor ordenó un estudio de análisis de los embutidos en coordinación con Pro Consumidor.
Digenor no contaba con los recursos necesarios y por eso Pro Consumidor asumió los costos (poco más de un millón de pesos). Los resultados presentados esta semana parecen confirmar la veracidad de las denuncias que venían haciendo los porcicultores y polleros que exigen a los embutidores que les compren materia prima a ellos y no importada.
La rueda de prensa había sido suspendida
La rueda de prensa en la que Pro Consumidor se dispuso a presentar los resultados del estudio a los salamis estaba pautada para el martes 24, fecha en que se realizó. Pero un día antes, el lunes 23, la institución informó vía correo electrónico que la convocatoria había sido suspendida.
Sin embargo, al día siguiente, el martes 24, volvieron a llamar a los medios para decir que la rueda de prensa como quiera se iba a realizar. Esa es la razón por la que muchos medios no asistieron a la presentación del estudio. Esta situación concuerda con la versión del titular de Digenor, en el sentido de que previamente la rueda de prensa había sido suspendida y por eso no asistió.
La directora de Pro Consumidor defiende el estudio y no ha atendido al llamado de diversos sectores del país, incluyendo empresarios y hasta el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, para que identifique a las empresas de salami que cumplen y las que no cumplen las normas.
Regulación
Cuando apliquemos la norma del etiquetado podremos aplicar controles a las procesadoras que operan de manera irregular”.
Relaciones
Nosotros en Digenor trabajamos en armonía con Pro Consumidor y hacemos los análisis juntos. No hay diferencias en los procesos”.
Manuel Guerrero
Titular de Digenor
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Proyecto para modificar Ley de aviación civil fue enviada a la Comisión de Justicia del Senado.
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1 día agoon
abril 16, 2024Santo Domingo, R.D.-El proyecto que modifica la Ley 491-06 fue enviado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República la tarde de este martes, el cual fue sometida por el Poder Ejecutivo con el objetivo de modernizar y someter a los nuevos tiempos con la inclusión de controles para regular el uso de drones en el país.
El proyecto fue citado por Ricardo de los Santos, presidente de la Cámara Alta, quien, de inmediato, la remitió a la comisión para sus análisis y rendición de informe favorable en las próximas asambleas.
Una vez la pieza sea estudiada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos será sometida a votación por el Pleno. Luego, pasará a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión, y más adelante volverá al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación o su observación.
La Comisión de Justicia está integrada por Pedro Catrain, presidente; Yván Lorenzo, vicepresidente; y los miembros Dionis Sánchez, José Manuel del Castillo, Alexis Victoria Yeb, Franklin Romero, Félix Bautista y Faride Raful.
Cambios propuestos a ley Aviación Civil
Entre los cambios que busca el Ejecutivo es que operadores de drones, vehículos aéreos muy de moda en la actualidad, deban tener una licencia y, que, en caso de cometer faltas, estos deberán pagar entre RD$25,000 hasta RD$500,000 de multas.
Además, los operarios podrían pagar una multa de hasta un millón de pesos si el dron obstruye o desvía el objetivo de cualquier inspección o investigación.
De igual manera, la nueva ley también suspenderá las licencias de los pilotos que operen un avión bajo los efectos del alcohol o las drogas, al igual que penaliza a los que usen aviones para el narcotráfico y transporte ilegal de armas.
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Defensa de Jean Alain exponen presuntas violaciones al debido proceso por parte del MP.
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1 día agoon
abril 16, 2024Santo Domingo, R.D.-La defensa del ex-procurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado en la Operación Medusa, Carlos Balcácer, Nelys Rivas y Gustavo Biaggi, acusaron al Ministerio Público de violentar el debido proceso.
Los abogados presentaron varios incidentes en los que detallaron las presuntas infracciones que anularían la acusación contra el imputado.
De acuerdo con Biaggi, la primera de las violaciones fue el arresto del exprocurador en el 2021, en la cual no se le permitió la libertad de tránsito, impidiendo que viajara y, posteriormente, ejecutando un arresto sin ninguna orden o investigación formal en su contra.
Asimismo, señaló los «embargos ilegales» realizados por la Procuraduria Especializada Contra la Corrupción (Pepca) durante el arresto del exprocurador, sin haber alegadamente presentado documentos que avalaran esa acción.
También manifestó que al exprocurador ( (2016-2020) le fueron incautados bienes, los cuales fueron adquiridos de forma licita y previo al período de investigación, que es cuando él desempeñaba como funcionario público (2016-2020).
«Si usted persigue bienes ilícitos tiene que ser bienes que fueron adquiridos durante el período en que se le imputa haber hecho esas previsiones»
Entre ellos fueron señalados un apartamento en el residencial Las Gabrielas, que el exprocurador adquirió hace 22 años, además de una villa adquirida en 2006 y la embarcación Carpe Diem, comprada en 2014.
«Al momento de la Pepca incautar de forma irregular ha violentado las disposiciones de la Constitución dominicana, específicamente el articulo 51 cuando se habla de derecho fundamental a la propiedad», intervino Rivas.
Asimismo, comentó sobre la incautación de un local propiedad de la empresa Jurinvest Abogados SRL.
También, un inmueble en Casa de Campo, dos solares y un vehículo propiedad de otra compañía denominada Inversiones Cavalieri.
Indicó que la Pepca incautó, incluso, una vivienda de los padres de la esposa de Rodríguez, la cual no forma parte de los bienes de ambos
Filtración a la prensa
Otros señalamiento hechos por la barra de defensa contra el MP, fue la presunta filtración de información a la prensa.
De acuerdo con los alegatos de Biaggi, el órgano persecutor facilito la acusación a la prensa antes de la defensa conocerla, premisa que el Ministerio desmintió.
Pepca
Otros de los incidentes, expuestos por Balcácer fue «la falta de competencia del Pepca» para llevar la acusación y la investigación del acusado, indicando que a quien le corresponde es a la Fiscalia de Distrito Nacional, por una cuestión de jurisdicción.
Por esto, solicitaron al juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, anular la acusación contra Rodríguez.
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Prisión preventiva contra neerlandés reclamado por el Reino de los Países Bajos
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1 día agoon
abril 16, 2024Santo Domingo, R.D.-Un ciudadano neerlandés recibió prisión preventiva por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, quien es reclamado en extradición por narcotráfico y blanqueo de dinero por el Reino de los Países Bajos.
El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Francisco Ortega Polanco, Fran Soto, María Garabito, dispuso que Enriq Girigori Martha, cumpla la medida de coerción en el pabellón de extraditable del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo.
Los jueces tomaron la decisión, tras acoger una solicitud de medida de coerción presentada por el procurador adjunto Andrés Chalas, director del Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República.
Asimismo, el tribunal fijó para el 9 de mayo a las 12 del mediodía el conocimiento de la solicitud de extradición en contra de Girigori Martha, remitida a la Procuraduría por el Reino de los Países Bajos, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De acuerdo al pedido de extradición Girigori Martha es requerido para procesarlo penalmente por estar implicado en la importación de aproximadamente 200 kilos de cocaína y blanqueo de dinero, en violación de varias disposiciones del Código Penal neerlandés.
Los instrumentos jurídicos internacionales en que se fundamenta la solicitud de extradición son la conversación de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000 (Convención de Palermo).
También está sustentada la solicitud de extradición en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada el 19 de diciembre de 1988, en Viena, Austria.