Nacionales
Aprueban norma para embutidos
La regulación es para el etiquetado de los salamis, a fin de corregir las irregularidades de más de 100 fabricantes
El salami es un producto de consumo masivo.
La Comisión Nacional de Normas del Ministerio de Industria y Comercio (Cominor) aprobó de urgencia un reglamento para regular el etiquetado de los embutidos del país, lo cual servirá de base para mantener un control estricto de la calidad de esos productos de consumo masivo.
El director de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor), Manuel Guerrero, dijo ayer que esa institución participó junto con el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) en la realización del estudio que se le hizo a los embutidos del país a los fines de medir su calidad.
Explicó que la iniciativa de hacerlo fue para atender a una inquietud de los productores de cerdos y de pollos, quienes alegaban que los embutidos de esos cárnicos se estaban fabricando con partes importadas de baja calidad, en detrimento de los productores pecuarios nacionales quienes ofrecen materia prima de alta calidad para producir salami.
La norma de etiquetado exige las especificaciones sobre qué tipo de producto e ingredientes contienen los embutidos, los niveles de nitrato de sodio que usan y otros elementos de especificación de estándares vigentes.
El objetivo fue determinar qué estaban consumiendo los dominicanos en materia de embutidos para luego crear una norma de etiquetado y establecer plazos a las empresas con problemas, a fin de que regularizaran su situación o de lo contrario serían sancionadas.
El análisis se realizó en febrero y los resultados estaban disponibles en marzo. Estuvo a cargo de Pro Consumidor, porque Digenor no tenía los más de un millón de pesos que costó su realización.
Se acordó llamar a las empresas con irregularidad para darles plazos de que se normalizaran. “Y así se hizo”, agregó Guerrero en declaraciones a elCaribe.
Al preguntarle por qué no participó en la rueda de prensa para presentar los resultados del estudio junto con Pro Consumidor, el funcionario respondió que había acordado con su directora, Altagracia Paulino, suspender el encuentro con los medios hasta que estuviera aprobada la norma, “pero finalmente decidieron hacer la rueda de prensa y no asistí, porque ya tenía compromisos”.
Más de 100 embutidoras ilegales
En República Dominicana operan más de 100 empresas fabricantes de salami sin regulación y de forma clandestina, por lo que la Asociación de Fabricantes de Embutidos y Procesadores de Carnes solicitó a las autoridades fortalecer sus sistemas de supervisión.
“Las fábricas informales han tenido un crecimiento de tal magnitud que hoy día existen más de un centenar de este tipo de operaciones”, indica un comunicado de los fabricantes de embutidos, que también es firmado por la Asociación de Embutidores del Cibao.
Agrega que es preciso que las autoridades supervisen esos productos informales y clandestinos con la misma rigurosidad que lo hacen con las empresas que sí cumplen los requisitos de las normativas vigentes. El estudio que realizó Pro Consumidor junto con Digenor indica que el 97% de las muestras tomadas no contiene las proteínas de rigor para ese tipo de producto, mientras que el 15% presenta coliformes fecales.
“La norma del etiquetado nos va a permitir hacer una supervisión más efectiva y directa, pues podremos analizar los embutidos por sus marcas y establecer las sanciones correspondientes de manera directa”, dijo el titular de Digenor.
Agregó que luego que se aplique la norma, los inspectores de Digenor podrán hacer análisis aleatorios a marcas específicas y si encuentran irregularidades se procederá a establecer las medidas de lugar y a informar a la población sobre cuáles productos no cumplen lo dispuesto en sus etiquetas.
Pero el titular de Digenor no especificó cuándo entrará en vigencia la norma del etiquetado, pues ahora es preciso darle un plazo a las empresas embutidoras para que se adapten a la nueva disposición y comiencen a hacer las especificaciones correspondientes del contenido de cada producto que ofrecen.
Luego, tomando en cuenta esos factores, Digenor dispondrá de programas de supervisión regulares, tomando muestras de salamis de las marcas que se comercializan, haciendo los análisis y determinando si están acorde con el contenido que se le informa a los consumidores.
Armonía con Pro Consumidor
Las relaciones entre el titular de Digenor y la directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino, se mantienen armoniosas y no hay diferencias marcadas que impliquen situaciones incómodas entre los titulares de ambas entidades.
Guerrero expresó que en todas las labores que realiza Pro Consumidor, Digenor participa y colabora, además de que se mantiene una comunicación constante entre los técnicos de las dos instituciones.
Los vendedores de embutidos cocidos alegan que sus ventas han bajado después que se publicó el estudio sobre el contenido de los salamis que se comercializan. Los productores de embutidos organizados aseguran que operan respetando las normas de calidad vigentes.
Tanto la Asociación de Fabricantes de Embutidos y Procesadores de Carnes, como la Asociación de Embutidores del Cibao denunciaron que en los últimos años ha habido una gran proliferación de “fábricas de patio, clandestinas”, las cuales no tienen inspección, no tienen permisos para operar y la mayoría de sus productos no tiene identificación.
Porcicultores y avicultores
Los productores de cerdos y de pollos han estado denunciando desde hace más de un año, que las empresas embutidoras están importando, de forma masiva, despojos de pollo y de cerdo desde Estados Unidos para utilizarlos en la producción de salami. Alegaban que esa práctica da como resultado la fabricación y comercialización de salamis de pavo y de pollo que en realidad estaban elaborados con materia prima de desecho en otros países industrializados. Sus exigencias se basaban en el hecho de que como productores locales, tienen en oferta materia prima de mejor calidad para la elaboración de embutidos, pero las empresas procesadoras preferían traer productos de otras naciones que les resultaba más barato. Sin embargo, para comprobar si era cierto que se estaba elaborando salamis con materia prima cárnica que no cumple los estándares nutritivos requeridos, Digenor ordenó un estudio de análisis de los embutidos en coordinación con Pro Consumidor.
Digenor no contaba con los recursos necesarios y por eso Pro Consumidor asumió los costos (poco más de un millón de pesos). Los resultados presentados esta semana parecen confirmar la veracidad de las denuncias que venían haciendo los porcicultores y polleros que exigen a los embutidores que les compren materia prima a ellos y no importada.
La rueda de prensa había sido suspendida
La rueda de prensa en la que Pro Consumidor se dispuso a presentar los resultados del estudio a los salamis estaba pautada para el martes 24, fecha en que se realizó. Pero un día antes, el lunes 23, la institución informó vía correo electrónico que la convocatoria había sido suspendida.
Sin embargo, al día siguiente, el martes 24, volvieron a llamar a los medios para decir que la rueda de prensa como quiera se iba a realizar. Esa es la razón por la que muchos medios no asistieron a la presentación del estudio. Esta situación concuerda con la versión del titular de Digenor, en el sentido de que previamente la rueda de prensa había sido suspendida y por eso no asistió.
La directora de Pro Consumidor defiende el estudio y no ha atendido al llamado de diversos sectores del país, incluyendo empresarios y hasta el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, para que identifique a las empresas de salami que cumplen y las que no cumplen las normas.
Regulación
Cuando apliquemos la norma del etiquetado podremos aplicar controles a las procesadoras que operan de manera irregular”.
Relaciones
Nosotros en Digenor trabajamos en armonía con Pro Consumidor y hacemos los análisis juntos. No hay diferencias en los procesos”.
Manuel Guerrero
Titular de Digenor
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.