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Opinión

Arando con los mismos bueyes

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Danilo Medina asumió la Presidencia de República Dominicana y las predicciones sobre cómo gobernará el país, no se hicieron esperar.  Amigos y adversarios opinan en función de sus deseos y prejuicios. Pronosticar el futuro no es una asignatura que alguien pueda asegurar que ha aprobado. Unos y otros, pudieran tener razón en sus opiniones así como podrían estar totalmente equivocados.

Me picó entonces la curiosidad por saber cómo yo había opinado en cada cambio de gobierno en las tres décadas recientes. Como referencia, revisé mis artículos periodísticos, tratando de descubrir aciertos y errores.

En 1986 escribí: “hemos despedido a Salvador Jorge Blanco con un suspiro de alivio, cuando no con un ¡zape!  Establecí que “muy difícil es la situación en que los perredeístas han dejado las arcas del Estado, al mismo tiempo que los mercados internacionales no son favorables”. Pronostiqué entonces que “los reformistas buscarían enterrar al PRD”, haciendo un gobierno relativamente diferente, acelerando la circulación del dinero en manos del pueblo. Y no lo hicieron.

En 1994 los reformistas, “enriquecidos a la carrera, muerden como hicotea los mecanismos del poder para no entregar, voluntariamente, lo que tan fácil les ha llegado en un gobierno en el que predomina la impunidad”. Y en cuanto a los peledeístas escribí entonces: “por el otro lado de la rosca están los que, supuestamente en la oposición a Balaguer, entienden que para llegar a un cargo público, tienen que renegar de lo que tanto han pregonado. Esos tienden a ser más exagerados que los propios balagueristas en los ataques al enemigo común de este momento (el PRD)”.

En 1996, me forjé ilusiones con Leonel Fernández cuando escribí: “Creo que para lograr la verdadera gobernabilidad, el nuevo Presidente cuenta con una habilidad como la de Juan Bosch de 1962: la forma de comunicarse con el pueblo y lograr su apoyo.” Confiando en la buena fe de Leonel dije: “Por supuesto que uno tiene que entender que es tanto lo que ha sido arruinado este país durante la década reciente que, antes de empezar a construir lo mejor, hay que desarticular lo peor”. Y no lo desarticuló.

En el 2000, después del frustrado experimento de fusión peledeísta=balaguerista, hice un llamado a no evaluar con mucha severidad.  Decía: “no hay que olvidar que de las transiciones en el cuadro presidencial, ésta ha sido la más pacífica y la menos traumática, luego del gacetazo de 1978, el sacrificio de Guzmán, el carcelazo de Jorge Blanco y los reiterados fraudes electorales de Balaguer”.

En el 2004, consideré que “muchos dominicanos tienen más esperanzas depositadas en Leonel Fernández para que, por lo menos, frene la crisis que sufre el país. Además, esos sabrán de sobra que no puede desperdiciarse un minuto ante la magnitud de la debacle”. Y me equivoqué.

Defraudado hasta los extremos, en el 2008 publiqué: “por enésima vez, el presidente Leonel Fernández  contrae el compromiso de ejecutar un Plan Estratégico Nacional de Ética y Sanción de la Corrupción.  Lamentablemente, los resultados de promesas anteriores solo han conducido a la pérdida de credibilidad. La corrupción no parece molestar a las autoridades a cargo de esa responsabilidad”.

Hoy en el 2012, luego de tres décadas en que diversos estilos han primado en la Presidencia, podemos concluir que cada gobierno que hemos soportado, ha sido peor que el anterior. Para los dominicanos eso no necesita demostración. Ahora toma posesión Danilo Medina, coincidente políticamente con Leonel Fernández a pesar de sus estilos. Asume la posición de “pitcher tapón”, el lanzador relevista que tiene la misión de que su equipo continúe manteniendo el “score” y evitando que los adversarios anoten carreras. Como considera que está ganando el juego, Danilo mantiene la misma alineación que han mantenido hasta ahora.

De lo que tiene que cuidarse es de que no se le esté considerando sólo como relevista intermedio, dado que la Vicepresidenta podría considerarse “la cerradora”. Por eso, no le queda más remedio que apretarse el cinturón y hacer saber que no es muñeco de nadie.

Y, a veces, recordar que hay un pueblo azotado por la corrupción y la impunidad, que sufre hambre, ignorancia y discrimen gracias a los gobiernos que sus nuevos millonarios han aplicado.

Artículo publicado originalmente en el periódico HOY

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Opinión

La Procuraduría General de la República y el MP deben amarrar el toro por los cuernos.

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Por José Cabral

Nadie sabe cómo se produce la formación de jueces y fiscales en la República Dominicana, a pesar de la existencia de las escuelas nacional de la judicatura y del Ministerio Público.

Cuantos disparates jurídicos se ven en los tribunales y las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del territorio nacional, en unos más que en otros.

Cuando se tiene que litigar o acudir a los tribunales, por la razón que sea, llena de mucha amargura al que tiene que hacerlo.

Pero la asistencia a un palacio de justicia no sólo causa preocupación con ver a simple vista lo que allí ocurre, sino también por la forma en que se manejan las leyes en estas instancias.

Es un escenario donde los fiscales y los jueces hacen las cosas como a ellos les da la gana, muchas veces por irresponsabilidad y otras por incapacidad.

Tanto es así, que hay fiscales que tienen el cliché de que todo lo penal que proviene de una ley del derecho civil no es competencia del Ministerio Público.

Es decir, que el que comete fraude o falsifica documentos en el marco de una junta directiva de un condominio, el caso no es penal, sino civil, siempre de acuerdo a la visión del Ministerio Público.

Entonces, frente a esa incapacidad es como si no existiera la razonabilidad para determinar que cualquier ley del derecho civil tiene situaciones que por sus propias características entran en el derecho penal.

Esta situación genera en la actualidad una verdadera crisis con las actuaciones del Ministerio Público, cuyos miembros tienen unas actitudes que van a generar muchas vías de hecho por el manejo equivocado que se les da a los casos.

En el próximo artículo buscaré analizar el comportamiento de los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación, quienes siempre recurren a la palabra clave para evitar la consecuente queja por una sentencia arbitraria emitida en contra de una serie de valores, principios y derechos constitucionales fundamentales, que es si no está de acuerdo con la decisión, recurra.

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

[email protected]

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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