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Arrancó ayer el operativo de fin de año
SANTO DOMINGO. Con un total de 34,225 personas en las calles, comenzó ayer la segunda fase del operativo de seguridad «Por la Dominicanidad, los valores y su seguridad», que realizan 22 organismos de socorro, bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).
Brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate, y voluntarios civiles, se movilizan por todo el país, para las labores de prevención de accidentes e incidentes durante las festividades de fin de año que se celebra esta noche. Así lo informó ayer el director del COE, general Juan Manuel Méndez García, al anunciar el inicio del plan que, desde las 2:00 de la tarde de ayer se extiende hasta las 8:00 de la noche de mañana jueves.
Para el operativo, el COE dispuso de 1,600 puestos de socorro ubicados en puntos críticos del país, entre los que se citan varios lugares de las Autopistas Duarte, Las Américas, la 6 de Noviembre, Carretera Santiago Navarrete, Marginal de Las Américas, entre otros. Méndez mencionó esecíficamente varios de los cruces de esas vías, como el del kilómetro 18 de la Duarte, Los Alcarrizos, Villa Altagracia, Piedra Blanca, en Bonao, próximo a San Cristóbal y a Baní, el Cruce de Las Américas hacía Boca Chica, lugares donde se han reforzado la seguridad con personal y equipos de socorro permanente.
El COE cuenta con 164 ambulancias, tres helicópteros ubicados en lugares estratégicos previamente establecidos, un hospital móvil y nueve centros de mando regionales, todo con la encomienda de atender los tres tipos de incidentes que son más frecuentes en estos días: accidentes de tránsito, e intoxicaciones alcohólicas y alimentarias.
Llama a la mesura
«Estamos llamando a la población, a través de los medios de comunicación a la mesura, para que no haya más luto en las familias dominicanas», exclamó Méndez García, al recordar los 28 fallecimientos ocurridos durante el operativo de Navidad.
Aunque las muertes ocurrieron todas en accidentes de tránsito, en los que se lesionaron otras 385 personas, en el feriado navideño también hubo 130 casos de intoxicación por alimento y alcohol, incluyendo a un menor de dos años.
Cabe destacar que desde la semana pasada, los organismos de socorro anunciaron que se estaban tomando medidas para reforzar las medidas del operativo, y tratar de prevenir la cantidad de casos de la primera fase, correspondiente al festivo navideño. Entre esas acciones se destaca el incremento del personal que, de 33 mil del operativo pasado, ahora superó los 34 mil.
También se anunció las acciones especiales que se realizarán en los lugares donde tradicionalmente se reúne una gran cantidad de personas a esperar el Año Nuevo, entre los que se destaca el Malecón de Santo Domingo, la Avenida España, la Venezuela y los alrededores del Monumento en Santiago. Además, se informó que todas las personas que acudan a los lugares de expendio de bebidas alcohólicas serán revisadas para evitar que entren con armas de fuego, y que la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) extenderá su horario hasta las 2:00 a.m.
Autoridades llaman a empresarios a no despachar vehículos pesados
El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Tránsito Terrestre, prohibió el paso de vehículos pesados, por lo que las autoridades estarán fiscalizando, y retendrán a todos los que se movilicen a partir de hoy hora y hasta el día 2 de enero. La medida excluye a los vehículos que cargan alimentos, combustibles y medicamentos.
En este sentido, el director del COE hizo un llamado especial a los empresarios para que se eximan de despachar mercancías en vehículos pesados durante estos días. También extendió el llamado a los ayuntamientos, debido a que dos de los fallecidos en Navidad, colisionaron con un camión de basura, que se suponía tenían vedado su tránsito.
Méndez García también invitó a los sindicatos de transporte, que tienen vehículos de carga del tipo pesado entre sus afiliados, para que colaboren con el cumplimiento a la prohibición, orientando a sus conductores y pidiéndoles que cumplan con la misma, para evitar los accidentes.
Las oficinas públicas y privadas cierran hasta el día 2
Como de costumbre, varias entidades públicas y privadas laboraran en horario especial en estos días, cerrando sus puertas una gran mayoría. Desde ayer 30 de diciembre quedaron cerradas todas las oficialías (exceptuando las que tengan bodas programadas) y la oficina central de la Junta Central Electoral (JCE), que volverán a abrir sus puertas el próximo jueves 2 de enero.
Para hoy, la Asociación Cibao estará abierta hasta las 12:30 p.m., y a partir de entonces se mantendrá cerrada hasta el jueves, estando disponible sólo el servicio de cajeros automáticos y el Internet Banking. La Administradora de Riesgos de Salud Humano anunció que trabajará hoy hasta la 1:00 p.m. y la AFP Reservas cierra a partir de las 12:00 del mediodía.
La Asociación La Nacional trabaja hasta las 3:00 p.m. de hoy y el lunes 6 de enero, sus sucursales de horario extendido laborarán hasta la 1:00 p.m.
La telefónica Viva tendrá sus tiendas abiertas hasta las 5:00 p.m., pero mañana no labora.
En el Año pasado
Durante las festividades del año pasado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó 26 personas muertas durante las celebraciones de Fin año y Año Nuevo. En esa ocasión también se reportó 631 heridos en accidentes de tránsito, 183 intoxicados por alcohol y 16 por indigesta alimentaria, para un total de 831 afectados en todo el operativo.
En total se reportó 50 fallecimientos de personas y unos 1,112 afectados, en las Festividades de Navidad y Año Nuevo del 2012.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.