Una encuesta de ACD Media revela que aumentó a 13.7 % la proporción de ciudadanos que afirma que no votaría si las elecciones fueran hoy, mientras las opiniones negativas sobre la situación del país alcanzan el 57 %.

Por Juana García

SANTO DOMINGO, República Dominicana. — El panorama político dominicano presenta señales de distanciamiento entre una parte de la ciudadanía y las organizaciones partidarias, según los resultados de la más reciente encuesta de ACD Media, que registra un incremento en el porcentaje de personas que manifiestan no tener intención de votar y un deterioro en la percepción sobre la situación nacional.

El estudio, realizado entre el 9 y el 11 de octubre de 2026, establece que el 13.7 % de los entrevistados aseguró que no acudiría a las urnas si las elecciones presidenciales se celebraran en este momento, frente al 10 % registrado en agosto.

La diferencia representa un aumento de 3.7 puntos porcentuales en apenas dos meses.

Al incluir a quienes no saben por quién votarían o prefirieron no responder, el porcentaje alcanza el 25 % de los consultados, superior al 22.5 % registrado en la medición anterior.

Estas cifras describen la disposición expresada por los encuestados al momento del estudio y no constituyen una proyección de la abstención electoral para las elecciones de 2028.

Mayoría de encuestados no se identifica con los partidos

Uno de los datos más relevantes de la investigación es que el 59.9 % de los participantes manifestó no simpatizar con ninguna organización política.

Aunque esta proporción experimentó una ligera disminución frente al 60.6 % de agosto, continúa reflejando una distancia considerable entre los partidos y una parte importante de la población.

El resultado plantea interrogantes sobre la capacidad de las organizaciones políticas para establecer vínculos con ciudadanos que no se identifican con sus propuestas, dirigentes o estructuras tradicionales.

La falta de simpatía partidaria no significa necesariamente que esas personas dejarán de participar en las elecciones, pero constituye un indicador importante para analizar la relación entre ciudadanía y representación política.

PRM registra 29.7 %, Fuerza del Pueblo 21.7 % y PLD 17.2 %

En cuanto a la intención de voto por organizaciones políticas, independientemente de quién sea el candidato, la encuesta presenta al Partido Revolucionario Moderno (PRM) con un 29.7 %, seguido de Fuerza del Pueblo (FP), que obtiene un 21.7 %, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con un 17.2 %.

En agosto, las mismas organizaciones registraban 29.1 %, 20.5 % y 18.5 %, respectivamente.

Los resultados reflejan variaciones relativamente pequeñas entre ambas mediciones.

La distancia entre el PRM y Fuerza del Pueblo se sitúa en ocho puntos porcentuales, ligeramente inferior a los 8.6 puntos registrados anteriormente.

Por su parte, Fuerza del Pueblo amplió su diferencia respecto al PLD, al pasar de dos puntos porcentuales en agosto a 4.5 puntos en octubre.

Estas variaciones deben interpretarse considerando las características y los márgenes de incertidumbre de las encuestas, sin asumir que representan tendencias electorales definitivas.

Aumenta la percepción negativa sobre la situación nacional

El estudio también identifica un cambio importante en la valoración ciudadana de las condiciones del país.

Las opiniones negativas sobre la situación nacional pasaron del 49.5 % en agosto al 57 % en octubre, lo que representa un incremento de 7.5 puntos porcentuales.

En contraste, las valoraciones positivas disminuyeron del 48.7 % al 40.6 %, una caída de 8.1 puntos.

De esta manera, la diferencia entre las percepciones negativas y positivas alcanza 16.4 puntos porcentuales.

Los resultados muestran un deterioro de la valoración general del país entre los participantes, aunque el estudio no permite establecer por sí solo cuáles factores económicos, sociales o políticos explican ese cambio.

Cambian las preferencias entre figuras del PRM

La encuesta también examinó las preferencias presidenciales dentro del Partido Revolucionario Moderno.

Entre los miembros del partido consultados, David Collado registró un 49.9 %, por debajo del 59.9 % obtenido en agosto.

Carolina Mejía, por su parte, pasó del 20.5 % al 24.6 %, mientras Raquel Peña aumentó del 6.5 % al 9.5 %.

Con estos resultados, la diferencia entre Collado y Mejía dentro del grupo evaluado se redujo de 39.4 a 25.3 puntos porcentuales.

Sin embargo, las preferencias entre la población general presentan un comportamiento distinto, con Collado en 39.4 % y Mejía en 18.3 %, cifras que se mantienen relativamente estables respecto a la medición anterior.

Estos resultados corresponden a preguntas sobre figuras políticas y no deben confundirse con la intención de voto por partidos.

Disminuye el interés por candidaturas surgidas de plataformas digitales

Otro elemento abordado por ACD Media fue la disposición ciudadana a respaldar figuras provenientes de medios digitales o ajenas a los partidos tradicionales.

Según la investigación, ese indicador pasó del 48.6 % en agosto al 35.8 % en octubre, una diferencia de 12.8 puntos porcentuales.

No obstante, las preguntas utilizadas en ambas mediciones presentan ligeras diferencias de formulación, por lo que la comparación requiere cautela.

El resultado permite observar la respuesta de los encuestados ante posibles candidaturas externas a las estructuras partidarias, pero no establece por sí solo el comportamiento que tendrían esos aspirantes en un proceso electoral.

Los resultados plantean desafíos para la representación política

El incremento de quienes manifiestan que no votarían, unido al elevado porcentaje de ciudadanos sin simpatía partidaria y al aumento de las opiniones negativas sobre el país, ofrece elementos para examinar la relación entre la población y el sistema político dominicano.

Aunque los tres principales partidos mantienen porcentajes relativamente próximos a los registrados en agosto, una parte considerable de los entrevistados continúa sin expresar identificación con esas organizaciones.

Esto plantea preguntas sobre la representación política, la confianza pública y los mecanismos que pueden fortalecer la participación ciudadana.

De cara a los comicios de 2028, los resultados constituyen una fotografía del momento político, sin que puedan utilizarse como una predicción de la participación electoral o del resultado de las próximas elecciones.

Ficha técnica de la encuesta

Las dos mediciones de ACD Media fueron realizadas con muestras declaradas de 1,200 entrevistados cada una y un nivel de confianza del 95 %.

El trabajo de campo de agosto se desarrolló entre los días 8 y 11, mientras que el correspondiente a octubre tuvo lugar del 9 al 11 de 2026.

Las cifras permiten comparar las respuestas obtenidas en ambos períodos, aunque su interpretación debe considerar los procedimientos de muestreo, los márgenes de error y la formulación de las preguntas.

Los hallazgos muestran que, más allá de las preferencias por partidos o dirigentes, una cuestión relevante para la democracia dominicana será comprender las razones por las que una proporción considerable de ciudadanos expresa distancia frente a las organizaciones políticas y dudas sobre su participación electoral.

El presidente asegura que las medidas fueron discutidas previamente con los representantes del sector arrocero, mientras persisten preocupaciones por la competencia estadounidense y el futuro de la producción nacional.

Por José Rodríguez

SANTO DOMINGO, República Dominicana. — El presidente Luis Abinader respondió este miércoles 21 de octubre a los cuestionamientos de representantes del sector arrocero por las recientes decisiones del Gobierno sobre las importaciones del cereal, asegurando que los productores conocían las medidas y habían participado en conversaciones previas a su adopción.

El mandatario defendió la estrategia gubernamental frente a las críticas surgidas tras la derogación del Decreto 693-24, disposición que establecía un régimen de protección arancelaria para determinadas importaciones de arroz, en medio de las negociaciones comerciales entre República Dominicana y Estados Unidos.

Abinader afirmó que las autoridades sostuvieron reuniones con los principales actores de la actividad arrocera para explicar las decisiones y discutir los mecanismos destinados a proteger la producción nacional.

Sus declaraciones se producen después de que dirigentes agrícolas expresaran preocupación por las consecuencias que podría tener una mayor entrada de arroz estadounidense al mercado dominicano.

Presidente afirma que los productores conocían las decisiones

Al referirse a las críticas, Abinader sostuvo que los representantes del sector, incluida la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), habían sido informados sobre las disposiciones gubernamentales.

El jefe de Estado aseguró que durante las reuniones se abordaron tanto el contenido del decreto como las estrategias que desarrollaría el Gobierno ante los cambios en las condiciones comerciales.

También expresó su desacuerdo con los cuestionamientos formulados posteriormente por algunos dirigentes, insistiendo en que estos conocían previamente las decisiones anunciadas.

La respuesta presidencial se produjo en un contexto de preocupación entre productores que consideran necesario establecer garantías concretas para enfrentar la competencia del arroz importado.

Derogación del decreto reabre discusión sobre protección arancelaria

El centro de la controversia es el Decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo derogó el Decreto 693-24, del 17 de diciembre de 2024.

La disposición eliminada establecía un tratamiento arancelario específico para el arroz, incluyendo una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas procedentes de Estados Unidos con arancel de cero por ciento y gravámenes aplicables a determinadas importaciones que excedieran los contingentes establecidos.

Su derogación modificó ese régimen particular de protección, en momentos en que Estados Unidos y República Dominicana mantienen conversaciones relacionadas con las condiciones comerciales previstas en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

El cambio ha generado inquietudes sobre la capacidad de los agricultores dominicanos para competir con productores estadounidenses que operan bajo condiciones diferentes de financiamiento, tecnología, escala de producción y apoyo estatal.

Productores reclaman garantías para mantener su competitividad

Las declaraciones del presidente se producen después de que representantes del sector manifestaran insatisfacción con las medidas presentadas por el Gobierno el pasado 16 de octubre.

Marco Rodríguez, presidente de Fenarroz, expresó que las disposiciones anunciadas no ofrecían respuestas suficientemente concretas para garantizar la competitividad de los agricultores nacionales.

Las preocupaciones se concentran en los posibles efectos de las importaciones sobre los precios internos, la rentabilidad de las cosechas y la sostenibilidad económica de los productores.

Aunque las autoridades aseguran que mantienen conversaciones con el sector, las diferencias reflejan la necesidad de precisar cuáles mecanismos se utilizarán para proteger la producción dominicana frente a las nuevas condiciones comerciales.

Gobierno asegura que defenderá el arroz dominicano

Durante sus declaraciones, Abinader reiteró que la producción arrocera representa un componente estratégico para la seguridad alimentaria nacional.

El mandatario afirmó que su administración continuará defendiendo los intereses de los agricultores dominicanos durante las negociaciones con Estados Unidos.

El Gobierno sostiene que su estrategia busca preservar la producción local, mientras cumple con los compromisos comerciales internacionales asumidos por el país.

La discusión, sin embargo, trasciende la derogación de una disposición arancelaria, debido a que el arroz constituye uno de los principales productos de consumo de los hogares dominicanos y una actividad económica relevante para numerosas comunidades rurales.

Seguridad alimentaria y comercio exterior, los principales desafíos

La controversia plantea un desafío para las autoridades: conciliar los compromisos derivados del DR-CAFTA con la protección de una actividad agrícola estrechamente vinculada al abastecimiento nacional.

La entrada de arroz importado en condiciones más competitivas puede incidir sobre los precios del mercado, pero también generar presiones económicas para los productores locales si sus costos de producción son superiores.

Por esa razón, las decisiones gubernamentales deberán ser evaluadas tanto por sus efectos sobre los consumidores como por sus consecuencias para la producción nacional, el empleo rural y la capacidad del país de mantener su abastecimiento alimentario.

Mientras el presidente asegura que las medidas fueron previamente discutidas y que continuará defendiendo al sector, los productores esperan conocer con mayor precisión las acciones que permitirán sostener su competitividad.

El debate permanece abierto entre las garantías ofrecidas por el Gobierno y las preocupaciones expresadas por organizaciones agrícolas ante los cambios en el régimen comercial del arroz.

Las organizaciones advierten que el proyecto de Presupuesto General del Estado contempla recursos inferiores a los que consideran establecidos por la legislación electoral, en momentos en que se preparan para los comicios de 2028.

Por Rosa Hernández

SANTO DOMINGO, República Dominicana. — El financiamiento público de las organizaciones políticas volvió a generar controversia luego de que representantes del Foro Permanente de Partidos Políticos acudieran este miércoles al Congreso Nacional para reclamar una revisión de los recursos contemplados en el proyecto de Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2027.

La propuesta presupuestaria establece una asignación de RD$1,750 millones para los partidos políticos, cantidad que, según sus representantes, resulta insuficiente frente a los aproximadamente RD$3,498 millones que entienden les corresponden conforme a la legislación electoral dominicana.

La diferencia, calculada a partir de esas cifras, asciende a unos RD$1,748 millones, equivalentes a casi la mitad de los fondos reclamados por las organizaciones.

Dirigentes solicitan intervención del Congreso

Durante su visita al Poder Legislativo, los representantes políticos sostuvieron un encuentro con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

En la reunión entregaron una comunicación formal mediante la cual solicitaron que las autoridades legislativas canalicen ante el Poder Ejecutivo su preocupación por la distribución de los recursos destinados al sostenimiento de las organizaciones partidarias.

José Dantés, representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), explicó que la asignación prevista para 2027 no alcanza el monto que, a juicio de las organizaciones, debería establecerse de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral núm. 20-23.

Los partidos consideran que mantener la partida presupuestaria en los niveles propuestos implicaría una reducción significativa respecto de los fondos que reclaman legalmente.

Financiamiento genera debate ante las elecciones de 2028

La discusión surge en una etapa importante para el calendario político dominicano, debido a que las organizaciones comienzan a organizar sus estructuras y actividades internas con miras a los procesos electorales de 2028.

Estas labores comprenden la preparación institucional, la organización territorial y los mecanismos internos de selección de candidaturas.

En ese contexto, los representantes partidarios plantean que una disminución de los recursos públicos disponibles podría afectar su capacidad para desarrollar las actividades previstas.

Sin embargo, el reclamo también sitúa en la discusión pública la necesidad de examinar los criterios legales utilizados para determinar las asignaciones presupuestarias y las prioridades del gasto estatal.

La controversia gira en torno al cumplimiento de la ley electoral

El punto central del desacuerdo consiste en determinar si los RD$1,750 millones incluidos en el proyecto presupuestario cumplen con las obligaciones legales aplicables al financiamiento público de las organizaciones políticas.

Los dirigentes sostienen que la cantidad propuesta representa aproximadamente el 50 % de los recursos que deberían recibir.

La discusión deberá analizarse a la luz de las disposiciones de la Ley 20-23, así como de los mecanismos presupuestarios que regulan la asignación de recursos públicos.

El financiamiento estatal de los partidos constituye un componente del sistema electoral dominicano, cuya administración está sujeta a las obligaciones de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas establecidas en la legislación.

Congreso recibe solicitud de revisión presupuestaria

Con la entrega de la comunicación a los presidentes de ambas cámaras, las organizaciones buscan que su planteamiento sea considerado durante el proceso de conocimiento del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027.

Hasta el momento de la información suministrada, no se había anunciado una decisión del Poder Ejecutivo sobre la solicitud ni modificaciones a la partida inicialmente contemplada.

El reclamo abre una nueva discusión sobre la distribución de los recursos públicos destinados a la actividad partidaria y el alcance de las obligaciones legales del Estado en el financiamiento de las organizaciones políticas, a menos de dos años de las próximas elecciones generales.