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Aún no han sido discutidos por la comision bicameral artículos polémicos del Código Penal.
Santo Domingo, R.D.-La primera reunión celebró este martes la Comisión Bicameral designada para el estudio de los proyectos de ley que modifican la Ley núm.74-25 sobre el Código Penal para analizar las propuestas realizadas por legisladores y la sociedad civil.
Tras el encuentro, que se postergó por cinco horas, la comisión bicameral avanzó en el estudio de siete artículos, a los cuales corrigieron errores tipográficos, palabras incorrectas y el mejoramiento de su significado.
Así lo informó el diputado y presidente de la comisión, Wandy Batista, quien aclaró que los artículos estudiados en esta jornada no fueron los “más famosos”.
Asimismo, reconoció que durante la reunión algunos “escollos” les permitieran avanzar solo en siete apartados.
“Donde juntas dos o tres abogados, eso es imposible que no haya escollos. Es normal que haya discusiones retóricas. Lo que prácticamente no ha habido es discusión de fondo, ha habido una correspondencia, y veces estos escollos para aceptar la la palabra devienen principalmente por cuestión de cómo redactar, cómo usar la retórica para el para que el que vaya a usar el Código tenga mejor entendimiento”, expresó.
Ante esto, mencionó como ejemplo el artículo 121, donde se eliminó la palabra «bullying» para sustituirla por el término “hostigamiento”. El diputado sostuvo que esto conllevó un “debate fuerte” respecto de si se desnaturalizaba la intención del legislador respecto qué se estaba tipificando en ese artículo específicamente.
“Preferimos excluir del texto el extranjerismo puro que es el bullying porque ni siquiera es una frase ni es un anglicismo aceptado por el diccionario de la Real Academia Española”, explicó.
Batista afirmó que serán estudiadas todas las propuestas de mejora realizadas por los distintos sectores de la sociedad.
“Y las cosas que sigan llegando, a pesar de que nosotros hemos comenzado los trabajos, van a ser incorporadas al estudio. Incluso si hay que repasar lo que ya está considerado aprobado, lo tenemos que repasar; si lo que vino es bueno y aporta, repasamos y lo rectificamos si que rectificarlo”, indicó Batista a los medios de comunicación luego de que la comisión culminara el encuentro en la Cámara de Diputados.
El legislador reiteró que la comisión tiene el compromiso de culminar el estudio de las propuestas de modificación al Código Penal antes de que concluya la legislatura el próximo 26 de junio. Sin embargo, destacó que no tienen un plazo de término establecido, aún si el marco penal entra en vigencia, como se establece el próximo tres de agosto.
“Ni siquiera la entrada en vigencia del Código Penal, va a constituir o constituye un plazo porque entre en vigencia, los trabajos van a continuar. Si es antes, hasta que terminemos, si terminamos tres días después, igual lo vamos a llevar a cabo”, apuntó.
La reunión estuvo encabezada por los presidentes de ambas cámaras, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco.
Entre estos se encuentra el 310 sobre el ultraje, el cual sancionaba con 15 días o un año de prisión a quienes hicieran gestos, amenazaran o enviaran escritos a un funcionario o servidor público.
Sin embargo, en los cambios realizados por el Gobierno, el ultraje será solo a jueces, secretarios judiciales, representantes del Ministerio Público, alguaciles, intérpretes o peritos judiciales.
El ultraje en el ámbito jurisdiccional será sancionado con pena de quince días a un año de prisión menor y multa de uno a tres salarios mínimos del sector público.
El artículo 211 sobre actos considerados no difamatorios o injuriosos fue modificado para que no se considere difamación ni injuria las opiniones y críticas vinculadas a actos de corrupción, políticas públicas, la función pública o de interés público, siempre que estén sustentadas en pruebas o en una verificación razonable de la información.
En las reformas hechas por el Ejecutivo se encuentra el artículo 354, el cual sanciona con dos o tres años de prisión al médico forense u otro profesional de la medicina que preste servicios en el sector público y expidiera un certificado falso. La propuesta de modificación establece le prisión para los médicos forenses en general y no se limita solo al sector público.
¿Quiénes conforman la comisión?
Los senadores que integran la comisión son María Ortiz, vicepresidenta; Pedro Catrain, Santiago Zorilla, Omar Fernández, Cristóbal Castillo, Rogelio Genao, Félix Bautista, Franklin Romero, Aracelis Villanueva, Rafael Duluc, Pedro Tineo, Aneudys Ortiz y Lía Díaz.
Mientras que los diputados Ramón Mayobanex Martínez, Jorge Leonardo Tavárez Valdez, Carlos de Pérez Juan, Carmen Lidia Williams, Carolin Mercedes de la Cruz, Eugenio Cedeño Areché, Jesús Manuel Sánchez Martínez, José Alberto Jiménez Santos, Luis Alcides Báez, Luis Gómez Benzo, Miguel Arredondo Quezada, Rosendy Joel Polanco, Rubén Darío Peñaló Torres y Sadoky Duarte Suárez.
Santo Domingo, R.D.-El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá este martes el juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán alias «Jochi Gómez» y demás imputados en el denominado caso Camaleón.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana.
El proceso inicia luego de que la jueza Yanibet Rivas, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió la acusación presentada por el Ministerio Público y ordenará la apertura a juicio contra los encartados.
Al emitir el auto de apertura a juicio, el tribunal de la fase preliminar introdujo ajustes a la acusación original, y mantuvo de manera definitiva los cargos por asociación de malhechores, estafa, desfalco y lavado de activos.
Mientras que fueron descartadas las imputaciones de terrorismo y contrabando formuladas inicialmente contra dos de los principales encartados, al considerarse que existían inconsistencias técnicas en su formulación.
El juicio de fondo sentará en el banquillo de los acusados a los implicados, quienes cuentan con un amplio equipo de abogados para sus medios de defensa.
Gómez Canaán , Aurix S.A.S. y OML Inversiones S.R.L, serán defendidos por Carlos Balcácer, Juan Hirohito Reyes Cruz y Johanny Elizabeth Castillo Sabari.
Mientras que Hugo Beras, será asistido por Laura Acosta Lora, Nassef Roberto Perdomo Cordero, Luis Rivas, Olianna García Mateo, Jennifer Gómez Caraballo e Ivan Chevaleár.
Frank Rafael Atilano Díaz Warden (Excoordinador de Despacho del Intrant), asistido por Nolasco Rivas Fermín y Michelle Pérez.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda (Exdirector de Tecnología del Intrant), defendido por Ingrid Melania Hidalgo Martínez y Joaquín Jáquez.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia (Exdirector Administrativo del Intrant), asistid por Juan Francisco Álvarez Guzmán, Jhon Manuel Frías Frías y Jossy Mariel Pimentel Rodríguez.
Pedro Vinicio Padovani Báez y Transcore Latam S.R.L, defendidos por Cristian Jesús Cabrera Heredia y Jorge Abraham Morilla Holguín.
Mariano Gustini Ponce, Manuel Eduardo Mora Vázquez y PagoRD Xchange S.R.L, asistidos por Eduardo Núñez, Mario Guilera y Nicole Espinal.
Carlos José Peguero Vargas e Inprosol S.R.L.: representados por Ricardo Alcántara Méndez y Milagros Reyes Rocha.
Henry Darío Féliz Casso, asistido por Emmanuel Martínez Acevedo y Carlos Olivares.
Empresa Dekolor S.R.L, defendida por Vicmary García y Marino Féliz Rodríguez.
Santo Domingo.- La acusacion formal y solicitud de apertura a juicio presentó el Ministerio Público en contra de Aurelio Valdez Alcántara, el fiscal procesado por pedir un soborno a una persona bajo investigación y que recibió US$10,000 en una entrega controlada.
El Ministerio Público, representado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez; el procurador adjunto Wilson Manuel Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, con funciones en la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, depositó la acusación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El órgano acusador solicitó fijar la audiencia preliminar a los fines de conocer el acto conclusivo consistente en acusación y solicitud de auto de apertura a juicio en contra del acusado Valdez Alcántara por su participación en el hecho punible al que se contrae la acusación.
También, que se mantenga la medida de coerción impuesta al acusado Aurelio Valdez Alcántara, a través de la Resolución Penal núm. 027-2026-SMDC-00001 y que se mantengan además todas las medidas cautelares impuestas sobre los bienes.
Aurelio Valdez Alcántara al momento en que ocurrieron los hechos formaba parte del equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Señala que en el marco del proceso judicial la persona que hizo la entrega controlada fue interrogada por el ahora acusado Aurelio Valdez en el mes de diciembre del pasado año. Después de concluido el interrogatorio el ahora acusado le solicitó el número de teléfono al investigado, procediendo después a escribirle un mensaje vía la aplicación WhatsApp.
Establece que, luego de una serie de acciones intimidatorias relacionadas al proceso judicial, el acusado le dijo al investigado que podía ayudarlo y a estos fines le propuso de manera explícita que le buscara 200 mil dólares, suma que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un auto marca Mercedes Benz. Posteriormente, acordaron la entrega de los 10 mil dólares el pasado mes de marzo, tras lo cual se le ejecutó una orden de arresto.
Posteriormente, se procedió con su sometimiento a la justicia y le fue impuesta el pasado mes de mayo prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
La prisión le fue ratificada el pasado mes de julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual fijó la revisión obligatoria para el próximo 3 de septiembre.
El Ministerio Público establece en la acusación que Valdez Alcántara incurrió en conducta típica a las disposiciones de los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano y los artículos 2, numeral 11, literales k, n y o; 3, 4 y 9 numerales 1, 15 y 16 de la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Santo Domingo, R.D.-Muchas expectativas hay entre los funcionarios del Gobierno por la llegada del 16 de agosto, fecha en la que regularmente se producen cambios en el tren gubernamental.
Una de las miradas está puesta en el canal de WhatsApp del mandatario, que actualmente cuenta con 278,038 seguidores, una plataforma que el jefe de Estado ha utilizado para mantener comunicación directa con la ciudadanía y divulgar informaciones de interés. El uso de este canal forma parte de la estrategia digital desarrollada por Abinader para conectar directamente con la población.
Y hay un antecedente reciente que alimenta las expectativas. El 17 de agosto de 2025, un día después de la conmemoración de la Restauración, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 461-25, mediante el cual realizó importantes cambios en instituciones estratégicas del Gobierno.
Fue entonces cuando, como se dice popularmente, “se remeneó la mata”.
Entre los movimientos estuvo la designación de Leonardo Aguilera Batista como presidente ejecutivo del Banco de Reservas, mientras que Samuel Pereyra Rojas, quien hasta ese momento encabezaba Banreservas, pasó a presidir el Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).
Los cambios también alcanzaron áreas sensibles de la administración pública. Rafael Adolfo Pérez de León fue designado director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), posición en la que fue juramentado al día siguiente de emitirse el decreto.
En el área de comunicación, Abinader nombró a Félix Antonio Reyna Echevarría como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) y a Carlos Alberto Caminero Sánchez al frente de la Dirección de Prensa del Presidente.
Otro de los movimientos de mayor impacto fue la designación de Edward Rafael Guzmán Padilla como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). El decreto también incluyó cambios en otras dependencias gubernamentales.
La experiencia de agosto de 2025 explica por qué, al llegar nuevamente este mes, aumenta la atención sobre cualquier señal procedente del Palacio Nacional y, especialmente, sobre las publicaciones que puedan aparecer en las plataformas oficiales del mandatario.
Por ahora, no existe confirmación de que el presidente Abinader vaya a realizar nuevos cambios en agosto de 2026. Sin embargo, el antecedente inmediato mantiene viva la expectativa y convierte cada publicación en su canal de WhatsApp, especialmente al caer la tarde, en motivo de atención para quienes siguen de cerca los movimientos del Gobierno.
Agosto apenas comienza su segunda semana y, en los pasillos políticos, vuelve la misma pregunta: ¿se remeneará otra vez la mata?