Karin L. Contreras deberá devolver más de 551 mil dólares tras declararse culpable de participar en una red que utilizaba identidades robadas para obtener fraudulentamente beneficios económicos durante la pandemia de covid-19.
WASHINGTON, Estados Unidos.– Una ciudadana dominicana fue condenada a 27 meses de prisión por su participación en un esquema de fraude contra el programa de seguro de desempleo estadounidense, mediante el cual una organización obtuvo cientos de miles de dólares utilizando identidades ajenas durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.
La sentenciada fue identificada como Karin L. Contreras, de 45 años, quien también deberá cumplir dos años de libertad supervisada después de finalizar su condena y restituir 551,675 dólares, según las informaciones del proceso judicial.
La Fiscalía federal había solicitado una pena de 41 meses de prisión, pero el tribunal impuso una condena menor.
Contreras se declaró culpable el pasado 10 de julio del delito de conspiración para cometer fraude electrónico, relacionado con actividades ilícitas desarrolladas entre junio de 2020 y marzo de 2021.
Utilizaban identidades robadas para obtener beneficios
De acuerdo con los documentos judiciales, la dominicana participó junto a otras personas en una operación destinada a conseguir fraudulentamente ayudas económicas del seguro de desempleo, mediante solicitudes presentadas con información personal sustraída a terceros.
El esquema aprovechaba los programas de asistencia económica habilitados durante la pandemia, cuando las autoridades estadounidenses ampliaron los mecanismos de protección financiera para trabajadores que habían perdido sus empleos.
A través de las solicitudes fraudulentas, los involucrados consiguieron que fueran emitidas tarjetas prepagadas cargadas con beneficios por un valor superior al millón de dólares.
Estas tarjetas permitían retirar dinero en efectivo mediante cajeros automáticos, facilitando el acceso a los fondos obtenidos ilegalmente.
Tarjetas eran enviadas cerca de su residencia
Las investigaciones establecieron que gran parte de las tarjetas emitidas como resultado de las solicitudes fraudulentas fueron enviadas por correo a una dirección ubicada en Washington D. C., próxima a la vivienda de Contreras.
Posteriormente, la acusada y otros participantes realizaban retiros de efectivo utilizando las tarjetas.
Según el expediente, muchas de las transacciones se efectuaban por cantidades de 1,000 dólares, correspondientes al límite diario permitido para las extracciones en los cajeros automáticos.
Las autoridades documentaron que, entre el primero y el 14 de julio de 2020, Contreras utilizó 12 tarjetas vinculadas con el esquema para retirar aproximadamente 23,000 dólares en distintos cajeros de Washington.
Fraude superó los 550 mil dólares
Aunque las tarjetas obtenidas mediante el esquema fueron cargadas con más de un millón de dólares en beneficios, las investigaciones determinaron que los participantes lograron apropiarse efectivamente de más de 550,000 dólares.
Como parte de la sentencia, Contreras deberá restituir 551,675 dólares por los perjuicios económicos ocasionados.
El caso evidencia las vulnerabilidades que enfrentaron determinados programas de asistencia gubernamental durante la pandemia, cuando el incremento de solicitudes y la necesidad de distribuir recursos con rapidez facilitaron la actuación de organizaciones dedicadas al fraude.
Las autoridades federales estadounidenses han desarrollado investigaciones sobre la utilización de identidades robadas, solicitudes falsas y mecanismos electrónicos para obtener recursos públicos destinados a personas afectadas económicamente por la emergencia sanitaria.
Cumplirá libertad supervisada tras salir de prisión
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia establece que la ciudadana dominicana permanecerá bajo supervisión de las autoridades federales durante dos años después de cumplir su condena.
La restitución económica impuesta constituye una obligación adicional dirigida a recuperar los fondos desviados mediante las operaciones fraudulentas.
El expediente pone de manifiesto las consecuencias penales que pueden enfrentar las personas involucradas en delitos financieros contra programas de asistencia pública en Estados Unidos.
Con esta condena, la justicia estadounidense responsabilizó penalmente a Contreras por su participación en una conspiración que utilizó información personal robada para desviar recursos destinados a trabajadores desempleados durante la crisis del coronavirus.
Fuente informativa: Almomento.net, publicación del 10 de noviembre de 2026, basada en informaciones del proceso judicial federal estadounidense.