Nacionales
Aprueban unificar niveles de elecciones y petrificar reglas presidenciales en Constitución
Santo Domingo, R.D.-La Asamblea Nacional en un segundo día de sesión aprobó en primera lectura unificar todos los niveles de las elecciones y petrificar las diversas regulas para blindar la reelección presidencial.
Con la presencia de 196 asambleístas, este órgano revisor de la Constitución modificó en una primera discusión varios artículos depositados por el Poder Ejecutivo.
Sin importar la férrea posición implantada en la sesión por algunos representantes de partidos políticos de oposición, la moción para celebrar el segundo domingo de mayo durante cada cuatro años los comicios municipales, congresuales y presidenciales contó con el voto favorable de 168 asambleístas.
Los opositores coincidieron en que esta decisión sería un error, apuntando a las dificultades que le ocasionaría a la Junta Central Electoral (JCE).
Dos años de separación, mientras que el bloque de asambleístas del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD) presentó una modificación para proponer que los siete niveles de elección sean realizados con una división de dos años.
Colocando al nivel congresual y presidencial en un periodo distinto al municipal.
No obstante, la moción no fue favorecida por la mayoría requerida.
«Candados a la Constitución»
Por otro lado, los asambleístas también aprobaron un renombrado candado en la Carta Magna para bloquear el mandato presidencial y garantizar que ningún funcionario se beneficie en el futuro de transformación constitucional.
Asimismo, aprobaron incluir que en el artículo 268, sobre la forma de gobierno en las reformas constitucionales, ninguna transformación pueda verse sobre los términos de elección presidencial.
El presidente de la Asamblea Nacional Revisora, Ricardo de los Santos, aseveró que estos puntos vienen a asegurar el «nunca jamás» instaurados en el artículo 124 sobre elección presidencial, durante la modificación constitucional de 2015. Vacío legal Además, también fue aprobada la propuesta de la asambleísta Olfany Méndez de modificar el artículo 274 sobre el período constitucional de los funcionarios electivos para solucionar un vacío legal. El artículo no varió pero se le adiciona un párrafo para indicar que en caso de un vacío en la sucesoría de la línea municipal se establecerá en la ley el mecanismo a utilizar para solucionar la vacante. Aunque esta sería una respuesta permanente, la asambleísta Soraya Suárez, representante PRM, presentó una disposición transitoria para que en la actualidad sea elegido por el Poder Ejecutivo. Pero, la legisladora decidió momentos después retirarla.
Durante la primera sesión desarrollada el pasado lunes se aprobó readecuar la matrícula de la Cámara de Diputados, para generar una reducción de 190 a 170 representantes. Lo consensuado por el Poder Legislativo tuvo como resultado que la escogencia de los diputados sea por medio de las circunscripciones territoriales.
Además, que estos sean distribuidos en 158 por territorio, cinco a nivel nacional, siete por las provincias del exterior. En otro orden, se aprobó la creación del artículo 166 para establecer la posición del Abogado General de la Administración Pública. Esto ocasionó que se modificara que la oficina del Procurador General Administrativo pase a llamarse «Oficina del Abogado General de la Administración Pública».
En lo que respecta al artículo 169 sobre Definición y Funciones del Ministerio Público, el único cambio que se hizo fue agregar la frase “formular e implementar la política de persecución penal” dentro del texto, dejando el resto igual.
En el artículo 171 que versa sobre la integración de la Procuraduría General de la República (PGR), se modificó para que el titular sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Partiendo del candidato que deberá presentar el presidente de la República con el objetivo de ser evaluado por quienes integran este órgano constitucional. El aspirante seleccionado por el primer mandatario no podrá tener ningún tipo de vinculación a una organización política durante los cinco años pasados y tendrá un período de inamovilidad de dos años.
En caso de continuar en la posición tendrá que ser rectificado por el CNM.
Tribunal Constitucional
En lo que respecta al artículo 178, sobre la integración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) actualmente compuesto por ocho miembros, se sustituyó el último escaño, ocupado por el procurador general de la República, para colocar en su lugar al presidente del Tribunal Constitucional. Mientras que al artículo 179 de la Constitución, sobre las funciones que tendrá el CNM, se le agregó el deber de escoger al procurador general de la República, después de recibir la propuesta de candidato por parte del presidente de la República.
Transitorios
En los trabajos legislativos de este martes, los asambleístas presentaron 12 sugerencias de modificaciones transitorias, a las cuales el presidente de la Asamblea dio lectura y presentó para su posterior rechazo o aprobación.
El presidente de la Asamblea Nacional Revisora, Ricardo de los Santos, recordó a la Comisión de Estilo y Verificación que tienen 48 horas para entregar el resultado de las verificaciones sobre las modificaciones realizadas.
También convocó a la Asamblea Nacional Revisora para el próximo lunes 14, a las 2:00 de la tarde. Las labores legislativas concluyeron pasada las 5:40 de la tarde, después de seis horas corridas de trabajos con un quorum de 182 asambleístas presentes en el Salón de la Asamblea Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.