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Asamblea Nacional proclamará nueva modificación constitucional
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2 años agoon
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LA REDACCIÓN
Santo Domingo, R.D.-La cuadragésima modificación constitucional será proclamada a finales de esta semana en la Asamblea Nacional Revisora.
Así lo informó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien adelantó que este sábado los asambleístas deberán asistir al Congreso Nacional a la 2:00 de la tarde, para concluir con la etapa semifinal del proceso.
Mientras que para la proclama de la Carta Magna transformada, el presidente Luis Abinader, junto a los asambleístas, están convocados a las 10:00 de la mañana del domingo para proclamar la norma suprema.
También, el primer mandatario comunicó ayer, durante su participación en el espacio gubernamental La Semanal, que cuando coloque su firma la Constitución le garantizará tranquilidad a los dominicanos.
¿Qué dice la norma?
De acuerdo con el reglamento de la Asamblea Nacional Revisora, la proclama constitucional se desarrollará en un acto solemne en el Salón de Asamblea Nacional, donde deberán leer el texto completo.
Según establece el primer párrafo del artículo 74, para esta ocasión deberán disparar salvas de 21 cañonazos, al iniciar y concluir la lección Carta Magna adoptada.
Firmas
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y su homólogo del Senado de la República, Ricardo de los Santos, firmaron el pasado viernes, como parte de los 222 asambleístas que deberán sellar con su nombre el nuevo libro.
Pacheco y De los Santos coincidieron en que las diversas modificaciones que logró alcanzar el Poder Ejecutivo, por medio de la Asamblea, representaran un paso fundamental para la consolidación de la democracia en el país.
Desde el pasado miércoles, la biblioteca Juan Pablo Duarte situada en el Senado se encuentra a la espera de que los congresistas terminen el proceso, para certificar el manuscrito.
Modificación a la Constitución
La aprobación comprende la alteración de 10 artículos, la adición de una disposición general como artículo y la revisión de los párrafos transitorios que se encuentra en la Carta Magna vigente, promulgada en 2015.
Establece una reducción en la lista de integrantes de la Cámara de Diputados.
Esto se encuentra en el artículo 81 que versa sobre la representación y composición, donde se acordó reducir a 158 la cantidad de diputados elegidos por circunscripción territorial.
Por igual, no fue variado la matrícula de diputados representante de la diáspora dominicana en países del exterior, que en la actualidad cuenta con 7 congresistas.
Unifica las elecciones municipales, congresuales y presidenciales para el periodo 2032; ordena al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) seleccionar mediante propuesta del presidente, al procurador general de la República (PGR).
Retira al procurador del CNM, para incluir al presidente del Tribunal Constitucional (TC).
“Petrifica” las reglas de elección del presidente de la República establecidas en el 124, mencionándolo en el 268, donde indica que ninguna modificación constitucional podrá versar sobre la forma de gobierno que es civil, republicano, democrático y representativo.
Al igual que otras modificaciones como la aplicación de un transitorio para que el presidente no pueda aspirar nunca jamás al mismo puesto o el de la Vicepresidencia.
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Justiniano Montero impulsa tribunales móviles y anuncia reformas para agilizar la justicia dominicana
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16 horas agoon
noviembre 11, 2026El presidente de la Suprema Corte de Justicia propone llevar audiencias a los centros penitenciarios, fortalecer la lucha contra la corrupción y reformar los procedimientos disciplinarios contra abogados y notarios.
Santo Domingo, República Dominicana.– El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Justiniano Montero, presentó una serie de propuestas orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema judicial dominicano, reducir el hacinamiento penitenciario y fortalecer la transparencia en la administración de justicia.
Entre las principales iniciativas anunciadas se encuentra la reactivación de los tribunales móviles, un mecanismo que permitiría celebrar audiencias directamente en los centros penitenciarios con mayores niveles de sobrepoblación, evitando traslados innecesarios de los privados de libertad hacia los palacios de justicia.
La propuesta contempla una coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Oficina Nacional de la Defensa Pública, con el propósito de disminuir los aplazamientos, agilizar el conocimiento de los expedientes y reducir las dificultades logísticas y de seguridad que representan los traslados de los internos.
Con esta modalidad, las autoridades procurarían facilitar el desarrollo de los procesos judiciales y contribuir a una respuesta más oportuna para las personas sometidas a la justicia.
Medidas para enfrentar la congestión penitenciaria
Montero también planteó establecer una mesa de gobernanza penal que permita mejorar la coordinación entre las instituciones vinculadas al sistema de justicia.
Este mecanismo buscaría impulsar soluciones alternativas a determinados conflictos, mediante acuerdos y conciliaciones en aquellos casos autorizados por la legislación dominicana.
La finalidad es evitar que procesos susceptibles de soluciones menos complejas continúen acumulándose en los tribunales y contribuyan a incrementar la presión sobre el sistema penitenciario.
Anuncia pacto interinstitucional contra la corrupción
Otro de los aspectos centrales de la agenda presentada por el magistrado es la promoción de un pacto interinstitucional dirigido a prevenir y combatir las prácticas de corrupción dentro del sistema de administración de justicia.
La iniciativa involucraría a organismos como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía, la Oficina Nacional de la Defensa Pública y el Colegio de Abogados de la República Dominicana.
El presidente de la Suprema Corte sostuvo que la integridad judicial no depende únicamente de las actuaciones de los jueces, sino también del comportamiento ético de los distintos profesionales e instituciones que intervienen en los procesos.
En ese sentido, destacó la necesidad de impulsar acciones conjuntas que contribuyan a preservar la credibilidad de la justicia y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Mayor control disciplinario para abogados y notarios
Dentro de las reformas anunciadas también figura el fortalecimiento de la jurisdicción disciplinaria, especialmente en los procedimientos relacionados con las actuaciones de abogados y notarios.
Montero manifestó preocupación por las demoras que afectan la tramitación de estos expedientes y planteó la necesidad de garantizar decisiones dentro de plazos razonables.
Precisó que los procedimientos deberán desarrollarse con pleno respeto al debido proceso y al derecho de defensa, estableciendo las responsabilidades correspondientes cuando se comprueben violaciones a las normas éticas y profesionales.
Asimismo, llamó la atención sobre las consecuencias de las promesas engañosas y los cobros indebidos por servicios profesionales, prácticas que perjudican a los ciudadanos y afectan la imagen del ejercicio jurídico.
Primeros 100 días de gestión
Como parte de su programa institucional, el magistrado anunció la conformación de una comisión especial integrada por dos funcionarios judiciales y un consejero del Poder Judicial.
Esta comisión tendrá la responsabilidad de supervisar los avances de las iniciativas y presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de las metas correspondientes a los primeros 100 días de gestión.
Entre las prioridades identificadas se encuentran la modernización de la Ley del Poder Judicial, la ampliación de la transformación digital, el fortalecimiento de los mecanismos antisoborno y la implementación de mejoras administrativas y operativas.
Las propuestas anunciadas por Justiniano Montero representan una agenda de cambios cuya efectividad dependerá de su implementación, la coordinación entre las instituciones y la capacidad de producir resultados concretos.
La reducción de los retrasos judiciales, la protección de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el fortalecimiento de la ética profesional figuran entre los principales desafíos que deberá enfrentar esta nueva etapa de la administración de justicia dominicana.
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Tribunal dispone juicio separado en caso Camaleón y reenvia audiencia.
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23 horas agoon
noviembre 11, 2026La decisión fue adoptada a solicitud del Ministerio Público ante dificultades relacionadas con la representación legal de empresas imputadas en el expediente que involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó separar el proceso judicial seguido contra la empresa Inprosol, S.R.L., del expediente de presunta corrupción administrativa conocido como Operación Camaleón, en el que figuran como principales acusados el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez.
La decisión fue adoptada durante la audiencia celebrada el martes 10 de noviembre, a solicitud del Ministerio Público, debido a dificultades relacionadas con la representación legal de algunas de las sociedades comerciales incluidas en el proceso.
Con esta disposición, el procedimiento contra Inprosol continuará de manera independiente, mientras el tribunal mantiene el conocimiento del expediente respecto de los demás acusados.
Dificultades con representación legal provocan aplazamiento
Durante la audiencia, representantes de las empresas imputadas plantearon situaciones que impidieron avanzar con el conocimiento del juicio de fondo.
En el caso de Inprosol, sus representantes alegaron que la compañía carecía de defensa técnica y que habían solicitado asistencia a la Oficina Nacional de Defensa Pública.
Sin embargo, esa institución sostuvo que sus funciones de representación están dirigidas a personas físicas, mientras se encuentra pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la cuestión.
Por otra parte, el representante de Pago Xchange, S.R.L., empresa vinculada a PagoRD, solicitó el aplazamiento del proceso tras comunicar el fallecimiento de quien identificó como el único propietario de la sociedad comercial.
Ante estas circunstancias, el tribunal otorgó una última oportunidad para que la empresa imputada regularice su situación de representación legal y pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
Las juezas Arlin Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez fijaron la continuación de la audiencia para el 1 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.
Ministerio Público mantiene acusación por corrupción
En representación del órgano acusador participaron la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a los fiscales Arolin Lemos y Emmanuel Ramírez.
El Ministerio Público mantiene su acusación contra los imputados por presuntas irregularidades relacionadas con procesos de contratación pública desarrollados durante la gestión del exdirector del Intrant, Hugo Beras.
De acuerdo con la investigación, los acusados habrían integrado una estructura que supuestamente utilizaba sociedades comerciales, intermediarios y documentación irregular para favorecer intereses particulares mediante contrataciones estatales.
Entre las operaciones cuestionadas figura la adjudicación de un contrato valorado en RD$1,317,350,997, que, según el órgano persecutor, habría beneficiado a empresas vinculadas al empresario Jochi Gómez.
Principales acusados en la Operación Camaleón
La Operación Camaleón fue puesta en marcha en 2024 y dio origen a una investigación sobre presuntas actuaciones ilícitas vinculadas con contrataciones tecnológicas y administrativas en instituciones estatales.
En junio de 2026, los imputados fueron enviados a juicio de fondo para responder por los hechos atribuidos por el Ministerio Público.
Además de Hugo Beras y Jochi Gómez, en el expediente figuran Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quienes desempeñaron funciones relacionadas con el Centro de Control de Tráfico y la Dirección de Tecnología del Intrant.
También están incluidos Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Entre las sociedades comerciales mencionadas en el proceso se encuentran Transcore Latam, S.R.L.; Aurix, S.A.S.; Inprosol, S.R.L.; OML Inversiones, S.R.L.; PagoRD Xchange, S.R.L.; Industria Soltex Dominicana, S.R.L., y Dekolor, S.R.L.
Separación del proceso no implica absolución
La decisión de conocer separadamente el expediente de Inprosol constituye una medida de carácter procesal que no representa una absolución ni una declaración de culpabilidad.
La empresa continuará sometida al procedimiento correspondiente, en el que deberán garantizarse sus derechos fundamentales, particularmente el derecho de defensa y las garantías del debido proceso.
La controversia sobre la representación judicial de personas jurídicas también pone de relieve los desafíos que surgen cuando las sociedades comerciales son procesadas penalmente y alegan dificultades para contratar asistencia legal.
Mientras tanto, el Ministerio Público deberá presentar sus pruebas ante el tribunal para sustentar las imputaciones formuladas contra los acusados.
Juicio continuará el primero de diciembre
El proceso judicial continuará el próximo 1 de diciembre, fecha en la que se espera que sean superadas las dificultades de representación legal que han impedido avanzar con el conocimiento de las acusaciones.
La Operación Camaleón constituye uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa vinculados con contrataciones públicas que permanecen bajo conocimiento de los tribunales dominicanos.
La continuación del juicio será determinante para establecer el curso del proceso y permitir que las partes presenten sus argumentos y pruebas, bajo los principios de contradicción, igualdad procesal y presunción de inocencia.
Hasta que exista una sentencia firme, las personas físicas y jurídicas imputadas conservan su condición de inocentes conforme a la Constitución y las leyes de la República Dominicana.
Fuente informativa: Periódico El Día, 11 de noviembre de 2026. Informaciones sobre la audiencia del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional correspondiente al caso Operación Camaleón.
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Abinader incurre en violación constitucional con apoyo militar indirecto a El Salvador en Haití
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23 horas agoon
noviembre 11, 2026El presidente dominicano aseguró que el país continuará ofreciendo asistencia logística y de inteligencia a las tropas salvadoreñas, mientras mantiene reforzada la vigilancia fronteriza ante la crisis de seguridad haitiana.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El presidente Luis Abinader confirmó que el Gobierno dominicano mantiene una cooperación activa con El Salvador en materia de logística e inteligencia para respaldar las operaciones de las tropas enviadas por el mandatario Nayib Bukele a Haití, al tiempo que planteó la necesidad de coordinar sus actuaciones con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).
Durante declaraciones ofrecidas a periodistas en el Palacio Nacional, el jefe de Estado expresó su respaldo a las acciones del Gobierno salvadoreño contra las organizaciones criminales que mantienen amplias zonas del territorio haitiano bajo su influencia.
Abinader consideró que la colaboración internacional resulta fundamental para enfrentar la crisis de inseguridad del vecino país, pero advirtió que las diferencias entre las fuerzas desplegadas deben superarse mediante mecanismos efectivos de coordinación.
El mandatario explicó que República Dominicana ha recomendado, a través de sus canales diplomáticos, una mayor articulación operativa entre los militares salvadoreños y la fuerza internacional encargada de combatir las pandillas.
República Dominicana mantiene cooperación con El Salvador
El presidente aseguró que su administración continuará brindando apoyo logístico y de inteligencia a las autoridades salvadoreñas, como parte de los esfuerzos relacionados con la situación haitiana.
Asimismo, reveló que los ministros de Defensa de República Dominicana y El Salvador mantienen comunicación prácticamente diaria para intercambiar informaciones y dar seguimiento a los acontecimientos.
El gobernante sostuvo que la cooperación responde a la necesidad de contribuir a los esfuerzos de estabilización de Haití y proteger los intereses de seguridad nacional dominicanos.
No obstante, insistió en que las operaciones de las diferentes fuerzas deben desarrollarse de manera coordinada para evitar conflictos y fortalecer la efectividad de las intervenciones contra las bandas armadas.
Preocupación por diferencias entre fuerzas militares
Las declaraciones de Abinader se producen en medio de cuestionamientos internacionales sobre la actuación de las tropas salvadoreñas fuera de la estructura operativa de la Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por las Naciones Unidas.
De acuerdo con informaciones divulgadas por el medio estadounidense Axios, funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos han expresado preocupación por la falta de coordinación entre ambos contingentes.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también se refirió a los riesgos que representa la presencia de fuerzas militares que desarrollan operaciones separadas en un mismo territorio.
La preocupación radica en la posibilidad de que unidades pertenecientes a diferentes estructuras puedan confundirse durante las operaciones, lo que incrementaría los riesgos de enfrentamientos accidentales.
En ese contexto, el presidente dominicano llamó a establecer mecanismos de entendimiento y cooperación que permitan desarrollar acciones conjuntas sin comprometer la seguridad de los efectivos ni de la población civil.
Refuerzan vigilancia en la frontera dominico-haitiana
Abinader aseguró que las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la crisis haitiana, particularmente en las zonas consideradas de mayor riesgo para la seguridad fronteriza.
El mandatario explicó que las Fuerzas Armadas han reforzado su presencia en la frontera sur y disponen de vehículos blindados, drones y personal preparado para responder ante posibles situaciones de emergencia.
Precisó que el Gobierno evalúa diariamente los acontecimientos en Haití y mantiene las medidas preventivas necesarias para preservar la tranquilidad en territorio dominicano.
Asimismo, señaló que la mayor concentración de las organizaciones criminales haitianas continúa localizada en Puerto Príncipe y sus alrededores, donde las bandas armadas mantienen una importante capacidad de actuación.
El presidente reiteró que la responsabilidad fundamental de su administración consiste en garantizar la paz y la seguridad de República Dominicana frente a cualquier consecuencia derivada del deterioro institucional y social del país vecino.
Despliegue salvadoreño genera atención internacional
La presencia militar de El Salvador en Haití ha adquirido mayor relevancia después del despliegue de un numeroso contingente destinado a enfrentar las estructuras criminales.
Según informaciones divulgadas sobre las operaciones, el envío de militares salvadoreños se intensificó después del secuestro de cuatro aerotécnicos de ese país, ocurrido el 18 de octubre.
Las tropas han desarrollado acciones contra organizaciones armadas, entre ellas la banda conocida como 400 Mawozo, una de las estructuras criminales que operan en territorio haitiano.
Sin embargo, la actuación de fuerzas militares fuera de un mando internacional unificado ha generado interrogantes sobre los mecanismos de coordinación, supervisión y responsabilidad aplicables a sus operaciones.
Crisis haitiana continúa representando desafío regional
La prolongada inseguridad de Haití mantiene en alerta a la comunidad internacional debido a sus consecuencias humanitarias, económicas y políticas.
La expansión de las bandas criminales y las dificultades de las instituciones haitianas para recuperar el control territorial constituyen factores de preocupación para los países de la región, especialmente República Dominicana, que comparte una extensa frontera terrestre con esa nación.
El respaldo dominicano a las operaciones salvadoreñas representa una expresión de cooperación en materia de seguridad, aunque también plantea la importancia de que las actuaciones internacionales estén debidamente coordinadas y sujetas a las normas aplicables.
En ese sentido, las autoridades dominicanas consideran indispensable fortalecer los esfuerzos diplomáticos y operativos para contribuir a la estabilización haitiana.
El Gobierno dominicano reafirmó que continuará colaborando con El Salvador en inteligencia y logística, mientras insiste en la necesidad de que las tropas salvadoreñas y la fuerza internacional antipandillas coordinen sus acciones para evitar incidentes y fortalecer la seguridad en Haití.
Fuente informativa: Declaraciones del presidente Luis Abinader del 10 de noviembre de 2026, difundidas por la Presidencia de la República y medios nacionales.
