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Gobierno busca cerrar brecha del salario mínimo y la canasta familiar.
Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, dijo este lunes que las autoridades del Gobierno han visto que existe una brecha importante entre el salario mínimo más alto, correspondiente al sector privado no sectorizado de las grandes empresas, y la canasta básica familiar más baja del primer quintil, razón por la que entiende que República Dominicana debe abocarse a un pacto social por salarios reales dignos y trabajo decente.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 AM a 9:00 AM, por el canal 37, el funcionario reconoció que el salario mínimo históricamente ha estado por debajo del costo de la canasta básica familiar del primer quintil.
Asimismo, refirió que desde el año pasado vienen proponiendo un pacto social por salarios dignos y trabajo decente, que establezca un mecanismo periódico donde se pueda aumentar de forma sostenible y constante los sueldos mínimos de los ciudadanos. “Serían reajustes salariales preacordados, tal vez no exactamente porcentuales, pero sí en los criterios objetivos, que permita cerrar la brecha en un período de tiempo relativamente corto”, añadió.
El ministro de Trabajo dijo que también están proponiendo reducir la cantidad de salarios mínimos que existen en el sector privado de la economía nacional, ya que tal vez algunos de ellos en la actualidad no se justifican.
Destaca aumentos salariales
Luis Miguel de Camps destacó que en menos de tres años el gobierno que preside Luis Abinader ha producido 18 aumentos a salarios mínimos en las 17 tarifas salariales existentes.
“En estos dos años y medio hemos producido 18 aumentos salariales, es decir, se produjeron los aumentos de los 16 que había, la generación del 17 (el doméstico) y se volvió a incrementar el que ya se había aumentado en verano del 2021, que es el no sectorizado y que, a su vez, es el que implica la mayor cantidad de personas en el sector privado”, expuso.
El funcionario destacó que todos los aumentos salariales en la gestión de Abinader, que implican 1.1 millones de personas aproximadamente, se han hecho por encima de la inflación acumulada, ya que es una política del Gobierno la mejora del salario real de los trabajadores.
“La mejora del salario real de los trabajadores significa, no simplemente ajustar la inflación perdida, o poder adquisitivo perdido por la inflación en los últimos dos años para que las cosas se queden como están, implica también recoger el poder adquisitivo perdido por la inflación, pero también agregar poder adquisitivo”, detalló.
Convocatoria adelantada por inflación
Resaltó que la convocatoria del Comité Nacional de Salarios se hizo antes del tiempo límite que establece la ley, ya que antes se hacía cada dos años, aunque reconoció que el propio Código de Trabajo permite que después de un año de haberse cumplido la resolución de salarios, se convoque nuevamente si las condiciones lo requieren. “Y eso fue lo que sucedió este año”, añadió.
Argumentó que esa convocatoria se adelantó porque con la inflación producto de la guerra europea, todos los países del mundo han tenido efectos inflacionarios extraordinarios.
“Por eso, para no perder la mejora salarial que se produjo en 2021se hizo la convocatoria en el primer día laborable del 2023, que fue el 3 de enero”, añadió. Indicó que de enero a febrero se habían producido cinco reuniones, la sexta exactamente el Día Internacional de la Mujer.
Explicó que cuando se suma nominalmente el aumento del 2021 y en producido en 2023, en menos de 3 años el aumento sería alrededor de un 40%. Cuando se agrega esto a la inflación, el aumento real es considerable. Sin embargo, reconoce que aún persiste la brecha ente el salario mínimo y el precio de la canasta básica familiar.
Los pensionados ganan miseria
Al ser cuestionado por el bajo salario o monto que perciben los pensionados, respondió que uno de los principales problemas que tiene República Dominicana es la informalidad laboral y salarios bajos, al señalar que las pensiones de alguna manera son producto de las cotizaciones, y las cotizaciones, a su vez, se alimentan por la cantidad del salario nominal y por la formalidad laboral.
No obstante, recordó que el 3 de enero de 2022 el presidente Luis Abinader anunció un aumento de las pensiones públicas para que el mínimo sea de RD$10.000. “Es decir, era menos de eso, pero se dispuso que se fije en 10 mil pesos todas las que estaban por debajo de ese monto”, comentó.
Sin embargo, consideró que se debe seguir mejorando la cantidad de recursos a través de la formalización del empleo y mejores cotizaciones a la Seguridad Social, para que los trabajadores se retiren con mejores pensiones.
Indicó que, aunque no tiene el dato preciso, durante la administración de Luis Abinader se han entregado más de 70 mil pensiones, sobre todo pensiones solidarias y pensiones especiales.
No han llegado a la meta
El funcionario sostuvo que no obstante a la alta cantidad de nuevos pensionados, todavía no han superado la meta que se trazaron en esta materia. “La meta es reducir la informalidad, mejorar los salarios, aumentar el monto de las pensiones y la cantidad de personas que las reciben”, señaló.
De Camps aclaró que el Ministerio de Trabajo tiene bajo su competencia las relaciones laborales del sector privado, no así la del sector público. No obstante, reiteró que uno de los objetivos es lograr mejorar las pensiones y salarios en todos los sectores.
Sostuvo que para resolver el problema no se requiere de una reforma a la ley, sino un acuerdo tripartito. En este sentido, indicó que el Comité Nacional de Salarios tiene la competencia legal de crear la cantidad de salarios que entiendan los miembros de ese organismo, razón por la que los salarios sectorizados se han ido creando en diferentes etapas.
Gobierno quiere reducir cantidad de salarios mínimos
El ministro de Trabajo dijo, además, que el Comité Nacional de Salarios tiene la capacidad de reducir la cantidad de salarios mínimos, para lo que se requiere un proceso de diálogo y acuerdo con los sectores que lo conforman.
“El sector gubernamental entiende que la cantidad de salarios sectorizado debe ser reducida. Repito, parte de la propuesta que lanzamos a finales del año pasado de un pacto social por salarios dignos y trabajo decente, pueda incluir un programa de confluencia entre los salarios no sectorizados y algunos sectorizados, para que, de manera ordenada, podamos ir reduciendo la cantidad de salarios”, expuso.
Precisó que corresponde a los demás miembros del Comité Nacional de Salarios que forman el diálogo tripartito expresar su acuerdo o no con el criterio del Gobierno.
“Son demasiados salarios mínimos, eran 16 y con el trabajo doméstico subió a 17. Pero sucede que dentro de algunos de ellos, como el no sectorizado está dividido en cuatro según el tamaño de la empresa. El Turismo está divido en tres, el Construcción con más de 400 tipos de tarifas”, argumentó.
Subrayo que entre tarifas y salarios hay cerca de 500 salarios mínimos, siendo el de construcción el más complejo debido a que las tarifas se fijan de acuerdo a la función que realice el trabajador.
Por otra parte, el funcionario recalcó que en menos de tres años han logrado 18 aumentos salariales, todos de consenso, y señaló que cuando se analiza el comportamiento del empleo en lo que va de gobierno, se observa que en agosto de 2020, en medio de la pandemia cuando Abinader asumió el gobierno, había 400 mil trabajadores con contratos de trabajo suspendidos y otros habían perdido sus empleos.
Sin embargo, resaltó que ya en 2022 se había logrado, no solo recuperar los empleos perdidos y suspendidos, sino que se crearon 125 mil nuevos empleos formales en el sector privado. “Solamente en 2022 se crearon aproximadamente 89 empleos formales en el sector privado”, añadió.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.