Nacionales
Aseguran Hamlet Otáñez dejó a CORAASAN quebrada
SANTIAGO.- La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) fue encontrada por su nuevo incumbente en un estado de quiebra, con una pérdida de más de mil 500 millones de pesos, producto de una avería en la planta de La Noriega que permaneció desde la pasada gestión, informó una fuente.
De acuerdo al informante, el anterior director de CORAASAN, ingeniero Hamlet Otáñez, habría dejado esa institución prácticamente en la quiebra a causa del descuido institucional y averías sin corregir como la fuga de agua en La Noriega que elevó el déficit a 14 millones de galones diarios, que constituye una perdida anual de 144 millones de pesos.
La fuga de los 14 millones de galones de agua está siendo establecida por el nuevo director de la institución, ingeniero Silvio Durán, con una inversión de dos millones de pesos.
El problema se hubiera resuelto con menos recursos económicos si desde el principio se le hubiera puesto la atención adecuada, agregó la fuente.
“En CORAASAN no hay un centavo ni siquiera para pagarle las prestaciones al ex director Hamlet Otáñez. Es una situación difícil que complica la gestión del actual director, quien ha tenido que cargar con los errores de las pasadas autoridades”, afirmó la fuente en condición de anonimato.
Trascendió que la situación económica de la empresa que administra el acueducto de la ciudad es difícil y que la situación es tan complicada que no hay recursos ni para entregar las prestaciones laborales al antiguo director y al equipo que le acompaña.
Pero además, hasta los recursos correspondientes a la regalía pascual están disminuidos porque la administración pasada no hizo el ahorro como lo expone la ley.
Otra de las medidas que acarrea serios problemas a CORAASAN, es alegadamente la contratación de tres compañías de corte y reconexión que recaudaban dos millones de pesos que manejaron personas que habían sido empleadas de la entidad y disfrutaban ya de su pensión.
Sostuvo el informante que durante las elecciones pasadas y el periodo de transición se hicieron los amarres para dejar atado el contrato por cinco años más.
Explicó que es un contrato que avaló de manera incorrecta la gerencia comercial y la dirección, el cual ha sido perjudicial para las recaudaciones de la institución.
Es por ello, que la grave situación económica de CORAASAN obliga al director, ingeniero Silvio Durán a movilizarse con cautela, a fin de que no se ponga en peligro la entrega de la regalía pascual o sueldo número 13.
CORAASAN, tiene una nómina de mil 800 empleados dejada por la administración pasada que es superflua para el manejo de la institución y que fue creada “con mala fe” para atar al actual incúmbete.
La fuente dijo que el descuido en mucho tiempo de la empresa fue tan grande que el director no visitaba las oficinas periféricas para percatarse de los problemas y disponer su inmediata solución.
“Se generó mucha distancia entre el director Otañez, el pueblo y el PLD, porque no recibía a nadie en sus oficinas que mantenía herméticamente cerradas, lo que fue parte del descuido que afecta las arcas de la institución”, manifestó. .
En CORAASAN, lo que se produjo fue una situación de vagancia que casi hace colapsar la institución, por lo que el acueducto de Santiago quedó “explotado” y la reparación de La Noriega se prevé que será terminada a finales del 2013.
No obstante, se puso de manifiesto que se corrige el problema en esa fecha si se construye la planta de tratamiento par el esperado acueducto de Cienfuegos siempre.
Asimismo, la ciudad de Santiago ha elogiado la responsabilidad del nuevo director de CORAASAN, Silvio Durán, a quien se le atribuye haber enfrentado los problemas heredades y ahora se espera que el presidente Danilo Medina acuda en su auxilio económico.
Roberto Pérez
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.