Santo Domingo.- Fue condenado este jueves cuatro de abril a 16 años de cárcel en Miami por tráfico internacional de drogas y lavado de activos en Estados Unidos el ex-diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Gutiérrez, cuyo caso podría extenderse a otros personajes de la política nacional de la República Dominicana.
La decisión fue tomada por los fiscales federales luego de que Gutiérrez se declara culpable por los delitos que se le imputaban. Según su declaración, el exdiputado envió la cocaína a los Estados Unidos en contenedores y embarcaciones y la droga era distribuida en varios condados.
Las acciones criminales de Gutiérrez habrían ocurrido entre 2014 y 2017, pero no fue hasta en mayo de 2021 y, a muy poco tiempo de ganar las elecciones congresuales del 2020, cuando fue detenido en el aeropuerto internacional de Miami. Momento en el que tenía previsto acudir a la graduación de uno de sus hijos.
El exdiputado invirtió una gran cantidad de dinero en su campaña política, lo que le permitió convertirse en uno de los legisladores más votados durante la contienda electoral, con 21,177 votos.
Pero la gloria con la que alzó sobre sus contrincantes en la circunscripción 1 de la provincia Santiago, se esfumó solo 11 meses después con su apresamiento en un aeropuerto internacional. Hecho que a su vez, marcó la victoria del recién instalado presidente Luis Abinader y el primer gobierno del PRM.
En mayo del 2021, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y la Procuraduría General de la República habían detenido a un legislador dominicano en el Aeropuerto Internacional de Miami con una orden de arresto vinculado al tráfico internacional de drogas.
Gutiérrez, ya ostentado el título de “diputado por Santiago”, fue arrestado en Miami cuando llegaba en un vuelo comercial desde República Dominicana a la terminal de esta ciudad. Y de inmediato fue puesto a disposición de las autoridades estadounidenses para que respondiera por las acusaciones en su contra.
En marzo de 2022, el exdiputado intentó suicidarse por el que fue puesto bajo vigilancia médica según reportó el diario estadounidense Miami Herald. Tres meses después, en junio, un juez federal declaró a Gutiérrez “incompetente” para ser juzgado en Miami por cargos de tráfico de cocaína debido a presuntos problemas de salud mental.
Para este mismo año la curul en la Cámara Baja de Gutiérrez permanecía vacía, mientras que el partido oficialista se mantenía en silencio en torno al caso.
En abril de 2023, el PRM solicitó mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la sustitución de Miguel Gutiérrez Díaz en el Congreso.
En mayo del mismo año, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), le negó al exdiputado cobrar salarios no trabajados en la Cámara de Diputados, cuatro meses después de esta decisión Gutiérrez Díaz renunció a la posición mediante una carta dirigida a la Cámara Baja.
En diciembre, Miguel Gutiérrez llegó a un acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, declarándose culpable de conspirar para distribuir cocaína y tener conocimientos que esta sustancia ilícita sería posteriormente importada a ese país norteamericano. El acuerdo establecía además que el exlegislador debería declararse culpable de lavado de dinero en el periodo 2014-2020 en República Dominicana y comunidades estadounidenses como Miami.
En enero de 2024, los Estados Unidos informó que devolvería a la República Dominicana el 50% de los bienes confiscados al exdiputado quien firmó un acuerdo de colaboración con la justicia norteamericana para entregar todos los bienes que habría conseguido directa o indirectamente producto del narcotráfico, a cambio de una reducción de la pena a la que tendría que ser condenado.
Este 4 de abril Miguel Gutiérrez fue condenado a 16 años de prisión en Miami por tráfico internacional de drogas y lavado de activos en Estados Unidos. y trascendió en el tribunal donde se celebro la audiencia que otros personajes de la política nacional dominicana podrían ser imputados por complicidad con el presente caso.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.