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Condenan en Miami a Miguel Gutiérrez y cuyo caso podría tener otras consecuencias en el país.
Santo Domingo.- Fue condenado este jueves cuatro de abril a 16 años de cárcel en Miami por tráfico internacional de drogas y lavado de activos en Estados Unidos el ex-diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Gutiérrez, cuyo caso podría extenderse a otros personajes de la política nacional de la República Dominicana.
La decisión fue tomada por los fiscales federales luego de que Gutiérrez se declara culpable por los delitos que se le imputaban. Según su declaración, el exdiputado envió la cocaína a los Estados Unidos en contenedores y embarcaciones y la droga era distribuida en varios condados.
Las acciones criminales de Gutiérrez habrían ocurrido entre 2014 y 2017, pero no fue hasta en mayo de 2021 y, a muy poco tiempo de ganar las elecciones congresuales del 2020, cuando fue detenido en el aeropuerto internacional de Miami. Momento en el que tenía previsto acudir a la graduación de uno de sus hijos.
El exdiputado invirtió una gran cantidad de dinero en su campaña política, lo que le permitió convertirse en uno de los legisladores más votados durante la contienda electoral, con 21,177 votos.
Pero la gloria con la que alzó sobre sus contrincantes en la circunscripción 1 de la provincia Santiago, se esfumó solo 11 meses después con su apresamiento en un aeropuerto internacional. Hecho que a su vez, marcó la victoria del recién instalado presidente Luis Abinader y el primer gobierno del PRM.
En mayo del 2021, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y la Procuraduría General de la República habían detenido a un legislador dominicano en el Aeropuerto Internacional de Miami con una orden de arresto vinculado al tráfico internacional de drogas.
Gutiérrez, ya ostentado el título de “diputado por Santiago”, fue arrestado en Miami cuando llegaba en un vuelo comercial desde República Dominicana a la terminal de esta ciudad. Y de inmediato fue puesto a disposición de las autoridades estadounidenses para que respondiera por las acusaciones en su contra.
En marzo de 2022, el exdiputado intentó suicidarse por el que fue puesto bajo vigilancia médica según reportó el diario estadounidense Miami Herald. Tres meses después, en junio, un juez federal declaró a Gutiérrez “incompetente” para ser juzgado en Miami por cargos de tráfico de cocaína debido a presuntos problemas de salud mental.
Para este mismo año la curul en la Cámara Baja de Gutiérrez permanecía vacía, mientras que el partido oficialista se mantenía en silencio en torno al caso.
En abril de 2023, el PRM solicitó mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la sustitución de Miguel Gutiérrez Díaz en el Congreso.
En mayo del mismo año, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), le negó al exdiputado cobrar salarios no trabajados en la Cámara de Diputados, cuatro meses después de esta decisión Gutiérrez Díaz renunció a la posición mediante una carta dirigida a la Cámara Baja.
En diciembre, Miguel Gutiérrez llegó a un acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, declarándose culpable de conspirar para distribuir cocaína y tener conocimientos que esta sustancia ilícita sería posteriormente importada a ese país norteamericano. El acuerdo establecía además que el exlegislador debería declararse culpable de lavado de dinero en el periodo 2014-2020 en República Dominicana y comunidades estadounidenses como Miami.
En enero de 2024, los Estados Unidos informó que devolvería a la República Dominicana el 50% de los bienes confiscados al exdiputado quien firmó un acuerdo de colaboración con la justicia norteamericana para entregar todos los bienes que habría conseguido directa o indirectamente producto del narcotráfico, a cambio de una reducción de la pena a la que tendría que ser condenado.
Este 4 de abril Miguel Gutiérrez fue condenado a 16 años de prisión en Miami por tráfico internacional de drogas y lavado de activos en Estados Unidos. y trascendió en el tribunal donde se celebro la audiencia que otros personajes de la política nacional dominicana podrían ser imputados por complicidad con el presente caso.
Santo Domingo, R.D.-Un decomiso maritimo de drogas, uno de los mayores que se producen en el pais, logró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la madrugada del pasado contra el narcotráfico en la República Dominicana, producido al sur de Baní en colaboración con Estados Unidos.
El cargamento, que se estima podría superar las dos toneladas, era transportado en una lancha rápida procedente de zona de la Guajira, Colombia. Tras la interdicción, la droga fue trasladada a la base militar de Caldera, en Baní, donde quedó bajo custodia de los organismos de seguridad para los análisis y el proceso judicial correspondiente.
En la operación fueron detenidos seis tripulantes, todos de nacionalidad dominicana.
Su geografía (costas extensas, escasa presencia estatal en amplias áreas y cercanía relativa a rutas marítimas internacionales) ha sido aprovechada por organizaciones criminales para enviar cargamentos hacia Centroamérica y el Caribe, desde donde posteriormente se dirigen al mercado norteamericano.
Autoridades antinarcóticos sostienen que el uso de lanchas rápidas es una modalidad frecuente: embarcaciones livianas, de gran potencia y difícil detección que intentan atravesar el Caribe en pocas horas, para evadir los sistemas de vigilancia.
Según informes la detención fue posible gracias al intercambio de información entre agencias, especialmente datos suministrados por Estados Unidos a los organismos dominicanos, lo que permitió ubicar la embarcación antes de su llegada a nuestro territorio.
Destacan que la cooperación bilateral continúa activa, pese a la suspensión temporal anunciada la semana pasada por la embajada estadounidense respecto a la oficina local de la DEA. Esa medida, según se explicó, no implicó el cese de operaciones conjuntas, sino la separación provisional de agentes bajo investigación por un presunto fraude vinculado al programa de visas.
O sea, los mecanismos de asistencia técnica, intercambio de datos e interdicción marítima permanecen en funcionamiento.
El pasado sábado las autoridades del Ministerio Público y de la DNCD también informaron que persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos, en relación a un gran cultivo de marihuana desmantelado en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa de Baní, provincia Peravia.
El operativo se desarrolló con un equipo de fiscales y agentes de la DNCD que contaron con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).
Las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería, Baní.
Santo Domingo, R.D.-Un nuevo reglamento emitió la Junta Central Electoral (JCE) mediante el cual busca regular las afiliaciones y desafiliaciones de los partidos.
Las disposiciones generales señalan que el plazo anual establecido para la entrega de duplicados de los registros de afiliados actualizados de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos será cada día uno de agosto o el siguiente día hábil, a partir del año 2026.
El reglamento señala que los partidos tendrán la potestad de decidir el procedimiento de registro de sus afiliados, a través de una plataforma digital desarrollada por estos (la cual deberá ser compatible con la JCE y cuya utilización deberá ser notificada por escrito) o de utilizar la plataforma digital desarrollada por el órgano electoral.
El mismo, aprobado por el pleno encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, la JCE, de común acuerdo con las organizaciones políticas, podrá incorporar las medidas que considere oportunas o necesarias para implementar las iniciativas que faciliten el proceso de afiliación y la comprobación del mismo, incluyendo pruebas de vida técnicamente disponibles en la institución.
La Junta Central Electoral, una vez reciba los registros de afiliados, realizará los cruces pertinentes, para determinar que los mismos cumplen con lo establecido en este artículo y comunicarlo a las respectivas organizaciones.
“La JCE entregará a más tardar cinco días laborables las observaciones detalladas de los casos con los/las ciudadanos/as que no reunieron los requisitos para pertenecer a una organización política”, reseña el documento.
La JCE establece que para afiliarse a un partido, agrupación o movimiento político se requiere ser ciudadano inscrito y habilitado en el Padrón Electoral.
Mientras que no podrán afiliarse a partidos, agrupaciones o movimientos políticos los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse los representantes del Ministerio Público, miembros, funcionarios y colaboradores de JCE, juntas electorales, miembros de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y adjuntos.
Cuando los aspirantes ingresen a esos órganos previamente señalados, deberán presentar una declaración jurada sobre el hecho de estar o no afiliados a un partido, agrupación o movimiento político, con cuya declaración, la institución o el organismo correspondiente, comunicará por escrito tal circunstancia a la JCE y esta al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, el cual procederá a cancelar la afiliación de la persona a la organización política.
La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, la participación en actividades o la aceptación de candidaturas por otras organizaciones implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior.
“Hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán la renuncia automática de los militantes que procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso”, indica el documento.
El documento señala que todo afiliado a un partido, agrupación o movimiento político podrá renunciar a él, en cualquier momento, sin expresión de causa.
“La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por la Junta Central Electoral dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción”, dice la propuesta.
Por igual se indica los afiliados podrá renunciar, en cualquier momento, sin expresión de causa.
La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por JCE dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción o ante el órgano electoral, quien remitirá copia y el debido reporte con los datos personales de los renunciantes cada 30 días calendario a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos correspondientes.
El reglamento realizado por el órgano electoral indica que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos realizarán el procedimiento de registro a través de la Plataforma Digital habilitada en la página web de la JCE.
La Dirección de Partidos Políticos otorgará un acceso a cada organización política que haya decidido utilizar la plataforma de la JCE, la cual operará a través y bajo la responsabilidad de un/a Administrador/a, quien tendrá a su cargo crear el/los usuarios/s necesarios para sus registros.
“Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos usuarios de la referida plataforma, mediante instancia firmada por su presidente o secretario general, designarán un Administrador/a que será la persona autorizada y responsable de crear el/los usuario/s necesarios para realizar sus registros a través de la Plataforma Digital. El/La Delegado/a Político/a será el/la encargado/a de tramitar dicha designación ante la Junta Central Electoral”, señala el nuevo reglamento.
La plataforma de la JCE operará de forma permanente. En el caso de que la Junta Central Electoral requiera suspender temporalmente dicha Plataforma, se informará por los medios correspondientes a los partidos.
El formato establecido para la entrega del Registro de Afiliaciones, en cumplimiento con lo indicado en la Ley núm. 33-18, contendrá el logo y nombre del Partido, Agrupación o Movimiento Político; el Nombre del/ de la afiliado/a o desafiliado/a; la Cédula de Identidad y Electoral; el municipio /Distrito Municipal que corresponda; el código de circunscripción; la fecha de afiliación y la documentación soporte de las afiliaciones o desafiliaciones.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta descartó hablar sobre el caso del exsupervisor dominicano de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
Raful respondió a una pregunta de uno de los periodistas durante la conferencia de prensa celebrada después de la reunión en el Palacio de la Policía Nacional. La funcionaria no amplió sus comentarios sobre este caso.
También asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.
“Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero”, reveló la fiscalía.
Cordero “presuntamente recibió miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, indicó la fiscalía federal.
Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en el país.
“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, añadió.
En 2024, el presidente Abinader otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Cordero, según el decreto 520-24 archivado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.