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Condenan en Miami a Miguel Gutiérrez y cuyo caso podría tener otras consecuencias en el país.
Santo Domingo.- Fue condenado este jueves cuatro de abril a 16 años de cárcel en Miami por tráfico internacional de drogas y lavado de activos en Estados Unidos el ex-diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Gutiérrez, cuyo caso podría extenderse a otros personajes de la política nacional de la República Dominicana.
La decisión fue tomada por los fiscales federales luego de que Gutiérrez se declara culpable por los delitos que se le imputaban. Según su declaración, el exdiputado envió la cocaína a los Estados Unidos en contenedores y embarcaciones y la droga era distribuida en varios condados.
Las acciones criminales de Gutiérrez habrían ocurrido entre 2014 y 2017, pero no fue hasta en mayo de 2021 y, a muy poco tiempo de ganar las elecciones congresuales del 2020, cuando fue detenido en el aeropuerto internacional de Miami. Momento en el que tenía previsto acudir a la graduación de uno de sus hijos.
El exdiputado invirtió una gran cantidad de dinero en su campaña política, lo que le permitió convertirse en uno de los legisladores más votados durante la contienda electoral, con 21,177 votos.
Pero la gloria con la que alzó sobre sus contrincantes en la circunscripción 1 de la provincia Santiago, se esfumó solo 11 meses después con su apresamiento en un aeropuerto internacional. Hecho que a su vez, marcó la victoria del recién instalado presidente Luis Abinader y el primer gobierno del PRM.
En mayo del 2021, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y la Procuraduría General de la República habían detenido a un legislador dominicano en el Aeropuerto Internacional de Miami con una orden de arresto vinculado al tráfico internacional de drogas.
Gutiérrez, ya ostentado el título de “diputado por Santiago”, fue arrestado en Miami cuando llegaba en un vuelo comercial desde República Dominicana a la terminal de esta ciudad. Y de inmediato fue puesto a disposición de las autoridades estadounidenses para que respondiera por las acusaciones en su contra.
En marzo de 2022, el exdiputado intentó suicidarse por el que fue puesto bajo vigilancia médica según reportó el diario estadounidense Miami Herald. Tres meses después, en junio, un juez federal declaró a Gutiérrez “incompetente” para ser juzgado en Miami por cargos de tráfico de cocaína debido a presuntos problemas de salud mental.
Para este mismo año la curul en la Cámara Baja de Gutiérrez permanecía vacía, mientras que el partido oficialista se mantenía en silencio en torno al caso.
En abril de 2023, el PRM solicitó mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la sustitución de Miguel Gutiérrez Díaz en el Congreso.
En mayo del mismo año, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), le negó al exdiputado cobrar salarios no trabajados en la Cámara de Diputados, cuatro meses después de esta decisión Gutiérrez Díaz renunció a la posición mediante una carta dirigida a la Cámara Baja.
En diciembre, Miguel Gutiérrez llegó a un acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, declarándose culpable de conspirar para distribuir cocaína y tener conocimientos que esta sustancia ilícita sería posteriormente importada a ese país norteamericano. El acuerdo establecía además que el exlegislador debería declararse culpable de lavado de dinero en el periodo 2014-2020 en República Dominicana y comunidades estadounidenses como Miami.
En enero de 2024, los Estados Unidos informó que devolvería a la República Dominicana el 50% de los bienes confiscados al exdiputado quien firmó un acuerdo de colaboración con la justicia norteamericana para entregar todos los bienes que habría conseguido directa o indirectamente producto del narcotráfico, a cambio de una reducción de la pena a la que tendría que ser condenado.
Este 4 de abril Miguel Gutiérrez fue condenado a 16 años de prisión en Miami por tráfico internacional de drogas y lavado de activos en Estados Unidos. y trascendió en el tribunal donde se celebro la audiencia que otros personajes de la política nacional dominicana podrían ser imputados por complicidad con el presente caso.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.