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Nadie puede renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial».
Santo Domingo.-El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana respondió al comunicado emitido este jueves 24 de abril por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, sobre el trato a los inmigrantes haitianos indocumentados que son deportados y afirmó que el país respeta los derechos humanos.
A la vez reafirmó el derecho de la República Dominicana como estado soberano independiente a aplicar sus propias leyes migratorias.
«República Dominicana, como país fundador de las Naciones Unidas, comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad. No obstante, reitera su derecho soberano —como todo Estado independiente— de aplicar sus leyes migratorias de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico vigente», cita el comunicado emitido desde el Mirex.
El Gobierno dijo que las repatriaciones de ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley, «con apego a los procedimientos establecidos, y responden a la responsabilidad irrenunciable del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos».
La información precisa que RD continuará combatiendo las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que vulneran los derechos de los más frágiles y perpetúan ciclos de violencia y explotación.
Al mismo tiempo, reitera su voluntad de mantener un diálogo franco, respetuoso y orientado a soluciones duraderas con las autoridades haitianas y las instituciones intergubernamentales pertinentes.
«Nuestro país ha demostrado reiteradamente su disposición a colaborar con Haití en el marco de una visión solidaria y constructiva. Pero ninguna nación puede ni debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial y a tomar las medidas que las circunstancias exigen para salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en su territorio», resalta el Gobierno.
Conforme al protocolo establecido, inspectores y agentes migratorios verificarán en los hospitales que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos.
Las personas que no cumplen los requisitos son atendidos en emergencia y luego detenidos por agentes de Migración, que procede con su deportación.
En el primer día, las autoridades deportaron a 135 migrantes haitianos, en el grupo había 48 embarazadas y 39 mujeres recién paridas.
La medida ha sido criticada por organismos internacionales y el gobierno haitiano, que consideran, que vulnera derechos humanos.
Amnistía y secretario de la ONU se pronuncian
La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Gobierno de la República Dominicana poner fin «de inmediato» a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, que se comenzó a aplicarse el lunes como parte de unas medidas puesta en marcha por el país frente a la inmigración irregular desde el vecino Haití.
Por su parte, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, también criticó la medida.
«(La medida) puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria, entre ellas mujeres a punto de dar a luz, y que no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros», afirmó el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
Nacionales
PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.