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Distribución de presupuesto 2020 en gastos sociales.

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Vista panorámica del Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

El Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2020 fue aprobado este jueves en segunda lectura en la Cámara de Diputados.

El mismo alcanza un monto de 997,119,172,943 y sólo falta la promulgación del presidente Danilo Medina para que se convierta en ley.

De esa cifra, RD$861,074.4 millones serán destinados a la ejecución de gastos corrientes y de capital, y RD$136,044.8 millones a la amortización de la deuda, la disminución de cuentas por pagar y adquisición de activos financieros.

Anteriormente, ya se había informado que para el presupuesto de 2020 habrá pocas o limitadas inversiones a nuevos proyectos, sino que se continuarán y terminarán los planes sociales prometidos por el presidente Danilo Medina. El gasto social recibirá el 47 % del presupuesto, unos ‭468,646,011,283.21‬ millones de pesos.

El Ministerio de Educación mantendrá su asignación del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), donde se estarán cubriendo los ajustes en el ministerio para suplir la demanda de nuevos maestros por la inauguración de nuevas aulas.

De igual forma, los efectos de anualizar los salarios del personal administrativo por la medida de aumento salarial en abril de 2019.

“Se continuará impulsando la ‘revolución educativa’, con un presupuesto asignado de RD$200,693.0 millones, a través de la implementación de programas de capacitación que permitan impulsar la eficiencia y la cualificación de los docentes (RD$4,575.5 millones), la integración de más estudiantes en la jornada extendida y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la dotación de uniformes, mochilas y utilería escolar (RD$24,826.5 millones)”, añade el documento sobre el presupuesto en su tomo I.

De igual forma, se ampliará la cobertura de la atención de la primera infancia mediante el Plan Quisqueya Empieza Contigo (RD$5,960.5 millones) y la continuación de los programas de becas nacionales e internacionales para la educación superior (RD$2,608.5 millones), y el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social “Quisqueya Digna”.

Otro eje en educación al cual se le hará énfasis, es la continuidad al programa “República Digital” con un presupuesto estimado de RD$7,724.5 millones, cuya finalidad fundamental “es esquematizar, implementar y promover estrategias inclusivas que integren las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el sistema educativo dominicano”.

“En el sector salud se continúa la reforma integral del sistema de salud, con una inversión estimada de RD$87,035.2 millones para la ampliación de la cobertura del sistema mediante la puesta en funcionamiento de nuevos establecimientos que garanticen el acceso a servicios de calidad para toda la población”, explica.

Además, se incrementa en RD$10,860.5 millones la asignación al Seguro Nacional de Salud (Senasa) para continuar con el incremento del cápita con la finalidad “de disminuir la brecha” entre del regímenes Subsidiado y Contributivo, incrementar la afiliación de personas en el subsidiado, con especial atención a aquellas con discapacidad y niños menores de edad.

Conjuntamente, el presupuesto contempla la implementación del programa “Senasa cuida de ti” que completará los servicios integrales de salud personalizados a la población de 70 años en adelante, con un monto estimado de RD$200.0 millones. Por otro lado, se destinarán RD$1.500.0 millones para la puesta en marcha de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar.

Se incrementa la asignación de nuevas plazas de médicos por un monto de RD$1,000.0 millones; al Programa Ampliado de Inmunización se asigna RD$1,091.3 millones para actividades de prevención de enfermedades; para el acceso a medicamentos de altos costos se estima un presupuesto de RD$2,786.7 millones; y de continuar con el apoyo a la atención integral de personas viviendo con VIH con un gasto estimado de RD$1,270.0 millones.

En 2020, la política de ocupación y salarios contempla mantener el gasto en remuneraciones del Gobierno central en los niveles de julio 2019, con la excepción de incrementos puntuales por RD$22,451.5 millones.

Otros incrementos corresponden al Ministerio de Educación, para cubrir las plazas de nuevos maestros, ajustes de sueldos e incentivos por desempeño incluidos en el incremento del sector educación; el Ministerio de Defensa, principalmente para los sueldos en los puestos de control y vigilancia en la zona fronteriza y para la Unidad de Inteligencia Fronteriza; en la Policía Nacional, principalmente por la expansión del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 en casi la totalidad del territorio nacional y creación de nuevos incentivos en áreas especializadas.

Cabe destacar que para el 2020 se prevén menores apropiaciones por RD$24,102.0 millones en la transferencia a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales para el monto destinado al subsidio eléctrico, resultado de un menor precio del petróleo y por la entrada en funcionamiento de Punta Catalina. Por otro lado, se estima un mayor gasto por RD$149,993.5 millones para el pago de intereses de la deuda pública.

  • Continuación del proyecto urbano Domingo Savio con una inversión de RD$2,400.0 millones.
  • La construcción de la segunda línea del Teleférico de Santo Domingo con un presupuesto estimado de RD$4,000.0 millones.
  • El Proyecto de Recuperación de la Cobertura Vegetal en Cuencas Hidrográficas de la República Dominicana, para el que se estima gastos por RD$4,290.4 millones.
  • El Plan de Manejo Integral de los Residuos Sólidos Dominicana Limpia, con un gasto total de RD$500.0 millones.
  • La ampliación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, con un presupuesto de RD$2,144.0 millones.
  • La construcción de la presa de Monte Grande con un presupuesto asignado de RD$5,829.7 millones.
  • La ampliación del servicio en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo con una inversión de RD$2,561.6 millones.
  • La conclusión de la Línea 2-B del Metro de Santo Domingo desde el Puente de la 17 hasta Megacentro, para lo que se presupuestaron RD$20.0 millones.
  • El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, para el cual se contemplan RD$4,200.0 millones.
  • La construcción, ampliación y rehabilitación de aulas con una inversión de RD$13,367.3 millones.
  • La mejora y construcción de infraestructura vial con un presupuesto estimado de RD$3,625.9 millones.
  • La construcción y remodelación de hospitales del sistema de salud pública con un estimado de RD$6,619.6 millones.
  • Estaciones de pasajeros interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional: RD$1,500.0 millones.
  • El proyecto de construcción de puestos de control y vigilancia de alta tecnología en la zona fronteriza, para el cual se estima un presupuesto de RD$300.0 millones.
  • La construcción del tramo III de la avenida Circunvalación de Santo Domingo, con RD$3,500.0 millones.
  • La puesta en marcha de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, con un presupuesto de RD$884.2 millones.
 
 
 
 
 
 
 

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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.

Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.

Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.

Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.

La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.

Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.

Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.

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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3

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Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.

Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».

«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).

Derechos de Franasyl

La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.

En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.

La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.

  • Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.

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Senado contra la pared con el CPP: aprobar o rechazar

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Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.

El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.

La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.

La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.

El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.

Ejecución del peritaje

Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.

La CD modificó el artículo 48 de la pieza

Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.

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