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Distribución de presupuesto 2020 en gastos sociales.

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Vista panorámica del Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

El Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2020 fue aprobado este jueves en segunda lectura en la Cámara de Diputados.

El mismo alcanza un monto de 997,119,172,943 y sólo falta la promulgación del presidente Danilo Medina para que se convierta en ley.

De esa cifra, RD$861,074.4 millones serán destinados a la ejecución de gastos corrientes y de capital, y RD$136,044.8 millones a la amortización de la deuda, la disminución de cuentas por pagar y adquisición de activos financieros.

Anteriormente, ya se había informado que para el presupuesto de 2020 habrá pocas o limitadas inversiones a nuevos proyectos, sino que se continuarán y terminarán los planes sociales prometidos por el presidente Danilo Medina. El gasto social recibirá el 47 % del presupuesto, unos ‭468,646,011,283.21‬ millones de pesos.

El Ministerio de Educación mantendrá su asignación del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), donde se estarán cubriendo los ajustes en el ministerio para suplir la demanda de nuevos maestros por la inauguración de nuevas aulas.

De igual forma, los efectos de anualizar los salarios del personal administrativo por la medida de aumento salarial en abril de 2019.

“Se continuará impulsando la ‘revolución educativa’, con un presupuesto asignado de RD$200,693.0 millones, a través de la implementación de programas de capacitación que permitan impulsar la eficiencia y la cualificación de los docentes (RD$4,575.5 millones), la integración de más estudiantes en la jornada extendida y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la dotación de uniformes, mochilas y utilería escolar (RD$24,826.5 millones)”, añade el documento sobre el presupuesto en su tomo I.

De igual forma, se ampliará la cobertura de la atención de la primera infancia mediante el Plan Quisqueya Empieza Contigo (RD$5,960.5 millones) y la continuación de los programas de becas nacionales e internacionales para la educación superior (RD$2,608.5 millones), y el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social “Quisqueya Digna”.

Otro eje en educación al cual se le hará énfasis, es la continuidad al programa “República Digital” con un presupuesto estimado de RD$7,724.5 millones, cuya finalidad fundamental “es esquematizar, implementar y promover estrategias inclusivas que integren las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el sistema educativo dominicano”.

“En el sector salud se continúa la reforma integral del sistema de salud, con una inversión estimada de RD$87,035.2 millones para la ampliación de la cobertura del sistema mediante la puesta en funcionamiento de nuevos establecimientos que garanticen el acceso a servicios de calidad para toda la población”, explica.

Además, se incrementa en RD$10,860.5 millones la asignación al Seguro Nacional de Salud (Senasa) para continuar con el incremento del cápita con la finalidad “de disminuir la brecha” entre del regímenes Subsidiado y Contributivo, incrementar la afiliación de personas en el subsidiado, con especial atención a aquellas con discapacidad y niños menores de edad.

Conjuntamente, el presupuesto contempla la implementación del programa “Senasa cuida de ti” que completará los servicios integrales de salud personalizados a la población de 70 años en adelante, con un monto estimado de RD$200.0 millones. Por otro lado, se destinarán RD$1.500.0 millones para la puesta en marcha de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar.

Se incrementa la asignación de nuevas plazas de médicos por un monto de RD$1,000.0 millones; al Programa Ampliado de Inmunización se asigna RD$1,091.3 millones para actividades de prevención de enfermedades; para el acceso a medicamentos de altos costos se estima un presupuesto de RD$2,786.7 millones; y de continuar con el apoyo a la atención integral de personas viviendo con VIH con un gasto estimado de RD$1,270.0 millones.

En 2020, la política de ocupación y salarios contempla mantener el gasto en remuneraciones del Gobierno central en los niveles de julio 2019, con la excepción de incrementos puntuales por RD$22,451.5 millones.

Otros incrementos corresponden al Ministerio de Educación, para cubrir las plazas de nuevos maestros, ajustes de sueldos e incentivos por desempeño incluidos en el incremento del sector educación; el Ministerio de Defensa, principalmente para los sueldos en los puestos de control y vigilancia en la zona fronteriza y para la Unidad de Inteligencia Fronteriza; en la Policía Nacional, principalmente por la expansión del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 en casi la totalidad del territorio nacional y creación de nuevos incentivos en áreas especializadas.

Cabe destacar que para el 2020 se prevén menores apropiaciones por RD$24,102.0 millones en la transferencia a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales para el monto destinado al subsidio eléctrico, resultado de un menor precio del petróleo y por la entrada en funcionamiento de Punta Catalina. Por otro lado, se estima un mayor gasto por RD$149,993.5 millones para el pago de intereses de la deuda pública.

  • Continuación del proyecto urbano Domingo Savio con una inversión de RD$2,400.0 millones.
  • La construcción de la segunda línea del Teleférico de Santo Domingo con un presupuesto estimado de RD$4,000.0 millones.
  • El Proyecto de Recuperación de la Cobertura Vegetal en Cuencas Hidrográficas de la República Dominicana, para el que se estima gastos por RD$4,290.4 millones.
  • El Plan de Manejo Integral de los Residuos Sólidos Dominicana Limpia, con un gasto total de RD$500.0 millones.
  • La ampliación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, con un presupuesto de RD$2,144.0 millones.
  • La construcción de la presa de Monte Grande con un presupuesto asignado de RD$5,829.7 millones.
  • La ampliación del servicio en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo con una inversión de RD$2,561.6 millones.
  • La conclusión de la Línea 2-B del Metro de Santo Domingo desde el Puente de la 17 hasta Megacentro, para lo que se presupuestaron RD$20.0 millones.
  • El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, para el cual se contemplan RD$4,200.0 millones.
  • La construcción, ampliación y rehabilitación de aulas con una inversión de RD$13,367.3 millones.
  • La mejora y construcción de infraestructura vial con un presupuesto estimado de RD$3,625.9 millones.
  • La construcción y remodelación de hospitales del sistema de salud pública con un estimado de RD$6,619.6 millones.
  • Estaciones de pasajeros interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional: RD$1,500.0 millones.
  • El proyecto de construcción de puestos de control y vigilancia de alta tecnología en la zona fronteriza, para el cual se estima un presupuesto de RD$300.0 millones.
  • La construcción del tramo III de la avenida Circunvalación de Santo Domingo, con RD$3,500.0 millones.
  • La puesta en marcha de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, con un presupuesto de RD$884.2 millones.
 
 
 
 
 
 
 

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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.

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Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.

La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.

Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.

El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.

Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.

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Asesino de conductor de camión recolector de basura es apresado en Jamaica.

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Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.

La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.

En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.

Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.

Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.

Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.

El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.

En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.

El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.

Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.

Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.

Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.

Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.

Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.

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Tribunal Constitucional rechaza amparo contra embargo inmobiliario.

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Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.

La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.

La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.

El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.

En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.

Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.

Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.

Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.

El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.

La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.

Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.

El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.

En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.

El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.

Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.

El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.

Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.

También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.

Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medinahermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.

La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.

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