Nacionales
Distribución de presupuesto 2020 en gastos sociales.
Vista panorámica del Distrito Nacional y Santo Domingo Este.
El Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2020 fue aprobado este jueves en segunda lectura en la Cámara de Diputados.
El mismo alcanza un monto de 997,119,172,943 y sólo falta la promulgación del presidente Danilo Medina para que se convierta en ley.
Anteriormente, ya se había informado que para el presupuesto de 2020 habrá pocas o limitadas inversiones a nuevos proyectos, sino que se continuarán y terminarán los planes sociales prometidos por el presidente Danilo Medina. El gasto social recibirá el 47 % del presupuesto, unos 468,646,011,283.21 millones de pesos.
El Ministerio de Educación mantendrá su asignación del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), donde se estarán cubriendo los ajustes en el ministerio para suplir la demanda de nuevos maestros por la inauguración de nuevas aulas.
De igual forma, los efectos de anualizar los salarios del personal administrativo por la medida de aumento salarial en abril de 2019.
“Se continuará impulsando la ‘revolución educativa’, con un presupuesto asignado de RD$200,693.0 millones, a través de la implementación de programas de capacitación que permitan impulsar la eficiencia y la cualificación de los docentes (RD$4,575.5 millones), la integración de más estudiantes en la jornada extendida y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la dotación de uniformes, mochilas y utilería escolar (RD$24,826.5 millones)”, añade el documento sobre el presupuesto en su tomo I.
De igual forma, se ampliará la cobertura de la atención de la primera infancia mediante el Plan Quisqueya Empieza Contigo (RD$5,960.5 millones) y la continuación de los programas de becas nacionales e internacionales para la educación superior (RD$2,608.5 millones), y el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social “Quisqueya Digna”.
Otro eje en educación al cual se le hará énfasis, es la continuidad al programa “República Digital” con un presupuesto estimado de RD$7,724.5 millones, cuya finalidad fundamental “es esquematizar, implementar y promover estrategias inclusivas que integren las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el sistema educativo dominicano”.
“En el sector salud se continúa la reforma integral del sistema de salud, con una inversión estimada de RD$87,035.2 millones para la ampliación de la cobertura del sistema mediante la puesta en funcionamiento de nuevos establecimientos que garanticen el acceso a servicios de calidad para toda la población”, explica.
Además, se incrementa en RD$10,860.5 millones la asignación al Seguro Nacional de Salud (Senasa) para continuar con el incremento del cápita con la finalidad “de disminuir la brecha” entre del regímenes Subsidiado y Contributivo, incrementar la afiliación de personas en el subsidiado, con especial atención a aquellas con discapacidad y niños menores de edad.
Conjuntamente, el presupuesto contempla la implementación del programa “Senasa cuida de ti” que completará los servicios integrales de salud personalizados a la población de 70 años en adelante, con un monto estimado de RD$200.0 millones. Por otro lado, se destinarán RD$1.500.0 millones para la puesta en marcha de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar.
Se incrementa la asignación de nuevas plazas de médicos por un monto de RD$1,000.0 millones; al Programa Ampliado de Inmunización se asigna RD$1,091.3 millones para actividades de prevención de enfermedades; para el acceso a medicamentos de altos costos se estima un presupuesto de RD$2,786.7 millones; y de continuar con el apoyo a la atención integral de personas viviendo con VIH con un gasto estimado de RD$1,270.0 millones.
En 2020, la política de ocupación y salarios contempla mantener el gasto en remuneraciones del Gobierno central en los niveles de julio 2019, con la excepción de incrementos puntuales por RD$22,451.5 millones.
Otros incrementos corresponden al Ministerio de Educación, para cubrir las plazas de nuevos maestros, ajustes de sueldos e incentivos por desempeño incluidos en el incremento del sector educación; el Ministerio de Defensa, principalmente para los sueldos en los puestos de control y vigilancia en la zona fronteriza y para la Unidad de Inteligencia Fronteriza; en la Policía Nacional, principalmente por la expansión del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 en casi la totalidad del territorio nacional y creación de nuevos incentivos en áreas especializadas.
Cabe destacar que para el 2020 se prevén menores apropiaciones por RD$24,102.0 millones en la transferencia a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales para el monto destinado al subsidio eléctrico, resultado de un menor precio del petróleo y por la entrada en funcionamiento de Punta Catalina. Por otro lado, se estima un mayor gasto por RD$149,993.5 millones para el pago de intereses de la deuda pública.
- Continuación del proyecto urbano Domingo Savio con una inversión de RD$2,400.0 millones.
- La construcción de la segunda línea del Teleférico de Santo Domingo con un presupuesto estimado de RD$4,000.0 millones.
- El Proyecto de Recuperación de la Cobertura Vegetal en Cuencas Hidrográficas de la República Dominicana, para el que se estima gastos por RD$4,290.4 millones.
- El Plan de Manejo Integral de los Residuos Sólidos Dominicana Limpia, con un gasto total de RD$500.0 millones.
- La ampliación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, con un presupuesto de RD$2,144.0 millones.
- La construcción de la presa de Monte Grande con un presupuesto asignado de RD$5,829.7 millones.
- La ampliación del servicio en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo con una inversión de RD$2,561.6 millones.
- La conclusión de la Línea 2-B del Metro de Santo Domingo desde el Puente de la 17 hasta Megacentro, para lo que se presupuestaron RD$20.0 millones.
- El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, para el cual se contemplan RD$4,200.0 millones.
- La construcción, ampliación y rehabilitación de aulas con una inversión de RD$13,367.3 millones.
- La mejora y construcción de infraestructura vial con un presupuesto estimado de RD$3,625.9 millones.
- La construcción y remodelación de hospitales del sistema de salud pública con un estimado de RD$6,619.6 millones.
- Estaciones de pasajeros interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional: RD$1,500.0 millones.
- El proyecto de construcción de puestos de control y vigilancia de alta tecnología en la zona fronteriza, para el cual se estima un presupuesto de RD$300.0 millones.
- La construcción del tramo III de la avenida Circunvalación de Santo Domingo, con RD$3,500.0 millones.
- La puesta en marcha de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, con un presupuesto de RD$884.2 millones.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.