Santo Domingo, RD.-A continuación cómo serán juzgados los imputados del caso Odebrecht, siempre de acuerdo con la decisión tomada esta tarde por la Suprema Corte de Justicia:Más Noticias
Como serán juzgados los acusados de sobornos por la Odebrech.
Santo Domingo, RD.-A continuación cómo serán juzgados los imputados del caso Odebrecht, siempre de acuerdo con la decisión tomada esta tarde por la Suprema Corte de Justicia:– Tommy Galán: Senador desde 2006 por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Será conocido en la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, compuesta por cinco miembros.
El Ministerio Público asegura que, desde el cargo de presidente de la comisión de finanzas del Senado, influyó entre sus colegas para que se aprobaran contratos de obras millonarias a favor de Odebrecht a cambio de grandes sumas de dinero.
La presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por Teófilo Andújar, que deberá designar uno de los cuatro tribunales colegiados para conocer el proceso de:
– Ángel Rondón: Representante comercial de Odebrecht en la República Dominicana. Acusado de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos.
Es señalado como la persona que distribuía los sobornos a funcionarios y legisladores para conseguir proyectos y agilizar su financiación. La acusación asegura que creó un complejo entramado corporativo a través del cual introducía al país los fondos de origen ilícito, en un evidente esquema de lavado de activos.
– Andrés Bautista: Empresario del sector agropecuario, ocupó la presidencia del Senado en tres períodos en la década pasada y fue presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM). Acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
De acuerdo con el Ministerio Público, tenía estrechas relaciones con Rondón, facilitó la red de sobornos a favor de Odebrecht y movilizó millonarias sumas de dinero en cuentas no declaradas, «detentando hoy un multimillonario patrimonio que sencillamente no puede justificar».
– Víctor Díaz Rúa: Empresario del sector construcción, exministro de Obras Públicas (2007-2012) y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (2004-2007). Al momento de su arresto en mayo de 2017 era secretario de finanzas del PLD.
Acusado de recibir sobornos y prevaricación en el ejercicio de sus funciones. Según la Fiscalía, Díaz Rúa presenta «un patrimonio de proporciones exorbitantes, imposible de justificar con los salarios que devengó» como director y ministro de las citadas instituciones.
– Conrado Pittaluga: Abogado. Acusado de soborno, enriquecimiento patrimonial ilícito y lavado de activos.
Según el Ministerio Público, sirvió como testaferro y cómplice de Díaz Rúa, recibiendo sobornos millonarios para la adjudicación a Odebrecht de la Autopista del Coral, en el este del país.
– Roberto Rodríguez: Exsenador, exdiputado y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, miembro del PRM.
La lectura completa de la resolución, cuyo dispositivo fue leído hoy, se dará el próximo 28 de enero de 2020, a las 3:00 de la tarde.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.